La Jornada, Masiosare 338, domingo
13 de junio de 2004
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El gobierno no cumple el Acuerdo
Nacional para el Campo ARMANDO BARTRA A un año de la firma del acuerdo para
el campo, "es claro que Vicente Fox no piensa cumplir lo básico:
recuperar la soberanía alimentaria, empezando por renegociar el apartado
agropecuario del TLCAN, impulsar mediante políticas de Estado un desarrollo
agropecuario justiciero y sostenible y, en esta tesitura, reformar
radicalmente las instituciones públicas de incumbencia rural".
1.EL 28 DE ABRILDE 2003, cuando se firmó el Acuerdo Nacional para el Campo
(ANC), las organizaciones del Movimiento El campo no aguanta más (Mecnam), definieron su postura: “La actual correlación de fuerzas y la
posición política adoptada por el Ejecutivo redujeron las expectativas de un
verdadero cambio estructural como el que demandaron los campesinos...,
quedando en su lugar un acuerdo limitado... El que hoy firmamos no es el
Acuerdo Nacional para el Campo, aunque así se llama, es sólo un documento
útil para iniciar el proceso que nos permita consolidar los resultados hasta
hoy consensados y... construir las condiciones
necesarias para alcanzar aquellas propuestas programáticas que no están
incluidas... Hacemos un llamado a todas las organizaciones campesinas... a
mantener la unidad y la movilización, para que éste y posteriores acuerdos no
sean letra muerta.” El 28 de abril de 2004, transcurridos 12
meses, el Mecnam hizo su propia evaluación: “A un año de su firma, los resultados del
ANC no son satisfactorios... el Ejecutivo federal ha incumplido lo esencial
del acuerdo y se ha preocupado por el cumplimiento de los aspectos inmediatos
de forma... puramente cosmética... El gobierno no honró la palabra
empeñada...” Entre “lo esencial” que el gobierno
escamotea está lo establecido en el primer numeral del apartado B de la
sección III del ANC, donde se compromete a realizar una “evaluación integral
de los impactos” que sobre nuestra agricultura han tenido y tendrán, tanto el
TLCAN como de la Ley de Seguridad Agropecuaria e Inversión Rural 2002, de
Estados Unidos. Evaluaciones que debieron terminarse a más tardar el 31 de
diciembre de 2003 “con la participación de las organizaciones campesinas y de
productores”, como sustento de la utilización inmediata por parte de México
de “todos los mecanismos de defensa establecidos en las leyes” para combatir
el dumping, y base de nuevas negociaciones con Estados Unidos y
Canadá, orientadas a “revisar lo establecido en el TLCAN”. Hasta la fecha no hay resultados oficiales
de la evaluación que encargó, pero según filtraciones periodísticas, cuando
menos algunos de los “expertos” contratados concluyeron que el apartado
agropecuario del tratado no debe revisarse pues fue más benéfico que dañino.
De ser así, será éste un diagnóstico light,
penosamente contrastante con las conclusiones de organismos multilaterales
como la Conferencia de Naciones Unidas para el Comercio y Desarrollo
(UNCTAD), según la cual el TLCAN ha traído consecuencias catastróficas para
nuestra agricultura y “son los pobres del campo quienes llevan en sus
espaldas el peso de los ajustes del acuerdo comercial”. Pero lo más grave es
que el gobierno excluyó de la evaluación al conjunto de las organizaciones
firmantes del ANC, quienes rechazan unánimemente el intento de escamotear la
renegociación de los aspectos agropecuarios del tratado, escudándose en un
balance amañado. Tampoco se ha concretado lo establecido en
el apartado C de la sección E del capítulo III del acuerdo, referente a una
iniciativa de Ley Federal de Planeación Agropecuaria y Soberanía y Seguridad
Alimentaria. Propuesta que desde el año pasado debió presentarse al
Legislativo. La reforma jurídica debiera tener como “sustento el concepto de
soberanía y seguridad alimentarias”; además de
incluir y concretar el “derecho a la alimentación”; reconocer el “principio
de paridad urbano rural”; establecer “inversiones estructurales, productivas
y sociales para regiones atrasadas”; y crear un “sistema de ingresos objetivo
para los productos considerados como básicos y estratégicos por la Ley de
Desarrollo Rural Sustentable”. Todo esto como base para una “planeación, programación
y presupuestación multianual”.
Una Ley como esta sería marco jurídico de un nuevo desarrollo rural; vía
alterna con la que, obviamente, Vicente Fox no quiere comprometerse. En el apartado 1 de la sección F del
capítulo III, se acordó una reforma estructural de las instituciones y
programas públicos rurales, que “buscará concentrar, coordinar y especializar
los instrumentos clave para el desarrollo del campo”. De este radical
reordenamiento administrativo, cuya propuesta debió de estar terminada a
mediados de 2003, ni sus luces. 2. El ANC no da respuesta a demandas fundamentales del movimiento, como
restablecer el espíritu agrarista en el artículo 27 de la Carta Magna y
llevar a la Constitución la ley Cocopa,
mientras que en lo tocante a recuperar la soberanía alimentaria es más proclamativo que sustantivo. Por eso el Mecnam lo consideró valioso pero limitado, y llamó a
exigir su cumplimiento mientras se trabajaba por objetivos mayores. Sin
embargo, a un año de distancia es claro que Fox no piensa cumplir lo básico:
recuperar la soberanía alimentaria con campesinos empezando por renegociar el
apartado agropecuario del TLCAN, impulsar mediante políticas de Estado un
desarrollo agropecuario justiciero y sostenible y, en esta tesitura, reformar
radicalmente las instituciones públicas de incumbencia rural. Sólo se avanzó algo en las llamadas
Acciones Inmediatas, que se enumeran en el apartado A del capítulo III, y
particularmente en la tarea de reformular, “con base en lo estipulado en el
ANC”, las Reglas de Operación de casi medio centenar de programas
gubernamentales. Campesinizar normatividades que,
como están, propician que los escasos recursos públicos resulten aún más
insuficientes para los pequeños productores, pues van principalmente a
sectores agropecuarios privilegiados, parece menor pero tiene una enorme
relevancia. Es, sin embargo, una tarea farragosa que se complica aún más
cuando el lado institucional es reticente y en el bando campesino deben
conciliar posturas decenas de organizaciones. Lo conseguido no es
irrelevante, pero en 2003 tuvo el efecto de retrasar aún más de lo habitual
la liberación de los recursos destinados al campo, con la consecuente
indignación de las organizaciones locales y regionales, que en el mero año
del pacto veían retrocesos en vez de avances. Para hacer más fácilmente perdedizo lo sustantivo del acuerdo, el gobierno se
deshizo de la fiscalización campesina encarnada en la Comisión de Seguimiento
del ANC, y pese a que la mayor parte de lo pactado estaba por cumplirse, en
octubre de 2003 transfirió el seguimiento al Consejo Nacional para el
Desarrollo Rural Sustentable, instancia formal dominada por la Sagarpa. La propuesta de Presupuesto de Egresos que
el Ejecutivo federal envió a los diputados a fines de 2003 es la expresión
más cruda de que a Fox los acuerdos firmados con los campesinos le tienen sin
cuidado. Pese a que el quinto de los principios rectores del ANC, referente a
presupuestación, establece que “el Ejecutivo
federal... asignará recursos multianuales... para
crear las condiciones básicas del desarrollo de las regiones marginadas y la
competitividad de los sistemas producto reconocidos como básicos y
estratégicos...”, la propuesta de gasto fiscal rural para 2004 era menor al
de 2003, y si se logró un incremento sustantivo es porque el Mecnam impulsó con los legisladores sus propias
iniciativas. 3. El incumplimiento gubernamental del ANC se explica en parte por el
reflujo del movimiento desde mediados de 2003. Pero, además, “fue muy
desafortunado que la amplia coalición campesina que se formó para impulsar
las demandas... no se sostuviera”, afirma el Mecnam.
Y, efectivamente, la inusitada alianza de movimiento de los autónomos, El
Barzón, la Confederación Nacional Campesina (CNC) y el Congreso Agrario
Permanente (CAP) se debilita en la segunda mitad de 2003 y especialmente a
partir de octubre, cuando la CNC y el CAP aceptan que se disuelva la Comisión
de Seguimiento, donde confluían todos los bloques. El cansancio es normal después de las
intensas jornadas de invierno y las desgastantes negociaciones de mediados de
2003, y el distanciamiento de los bloques era previsible pues desde hace tres
años los priístas del campo vienen jugando su propio juego neocorporativo con el gobierno del PAN y fueron
arrastrados al movimiento por la irresistible iniciativa de los autónomos.
Sin embargo, el debilitamiento del frente rural responde también al uso
divisionista y clientelar que del acuerdo hace la administración foxista.
Panistas desnaturalizados que, adoptando las mañas del PRI, utilizan la
reformulación de los programas y la asignación de los recursos para generar
rebatiñas por el presupuesto; carreras de ratas donde cada organización ve
por lo suyo, pasando a segundo plano las solidaridades y a veces hasta los
ideales. Consustancial a los dinosaurios
corporativos del viejo régimen, tampoco los autónomos son inmunes a esta
perversa dinámica. Y no por debilidades ocasionales sino por las inercias
provenientes de la históricamente viciosa relación entre el Estado mexicano y
la sociedad organizada: un orden paternalista donde los programas y recursos
públicos no aparecen como derechos ciudadanos sino como patrimonio del
gobierno; haberes que el proverbial “ogro filantrópico” –ora dadivoso ora
mezquino– asigna de manera discrecional y siempre a cambio de sumisiones y
fidelidades. En la primera reunión de evaluación del
ANC convocada por las comisiones unidas de la Cámara de Diputados, el Mecnam denunció a las organizaciones que apelan a
“...lamentaciones y denostaciones hacia el gobierno
como una estrategia de presión y de chantaje para obtener beneficios de grupo
o particulares, y perpetuar la práctica del clientelismo en el campo”. Un
documento del Frente Democrático Campesino de Chihuahua (FDC), integrante del
Mecnam, afirma igualmente que: “Si no actuamos
contra las inercias de la dispersión y del reflujo... lo más probable es que
el gobierno federal... consolide una política de negociaciones bilaterales
con cada una de nuestras organizaciones para hacer concesiones-hormiga,
desactivar inconformidades y evitar la reactivación de un movimiento
nacional”. Finalmente, en un balance de la Asociación Nacional de Empresas
Comercializadoras (ANEC) se establece que: “... el Mecnam
no puede... consolidarse reproduciendo las mismas prácticas de las
organizaciones de Estado... buscando sólo un espacio de interlocución para
tener nuestra propia cuota para ‘bajar’ recursos y prebendas...” Previsible, y hasta inevitable, la
fragmentación del movimiento a la hora en que cada una de las organizaciones
entró a negociar sus específicas demandas, pone de manifiesto que se trata de
sujetos gremiales cuya sobrevivencia depende de los resultados tangibles que
reporten a sus bases; pero sobre todo destaca, por contraste, las virtudes de
las jornadas de invierno 2002-2003, cuando se consensó
un programa común y se impuso una concertación multilateral con el gobierno.
La enseñanza es que la fuerza de los campesinos está en negociar de común
acuerdo hasta el final, si no las demandas particulares de cada agrupación,
sí, cuando menos, unas reglas de juego que contrarresten la proclividad
gubernamental a hacer del inevitable regateo bilateral un mecanismo de
cooptación. Y esto es precisamente lo que en estos meses ha impulsado el Mecnam, mientras que vociferantes pero neocorporativos, la CNC y el CAP se incorporaban al maiceo
clientelar. 4. Como los soneros viejos, que los daban por
muertos pero el día menos pensado regresan con más filin
que nunca, el Mecnam está vivo y bien. Y es su
terca persistencia lo que ha permitido sacarle algún provecho al ANC, pero
sobre todo ha hecho posibles otros avances fuera del marco del acuerdo.
Veamos la propia evaluación del Movimiento: “En los tres años de la presente administración
hemos sido capaces de frenar el avance de las reformas neoliberales en el
campo... Nos hemos mantenido como movimiento alternativo y... (conservamos) nuestra vinculación con las organizaciones
sindicales y los movimientos contra las reformas neoliberales... (así como) nuestra participación en... la construcción del
Movimiento Indígena y Campesino Mesoamericano Moicam...
(y) nuestras alianzas internacionales con el movimiento campesino y con el
movimiento antiglobalización neoliberal. (Y) algo
muy importante: mantenemos nuestra autonomía, independencia y compromiso...
así como nuestra capacidad de crítica y autocrítica.” En la misma línea va el balance del FDC,
una de las organizaciones del Mecnam que decidió no
firmar el pacto con el gobierno: “El ANC fue un logro muy importante del
movimiento campesino. Sin embargo constituye sólo una etapa en nuestro
camino... (Ahora bien)... más allá del ANC, el Mecnam,
a veces en conjunto con otras organizaciones, a veces solos, hemos tenido
(otros) logros muy importantes: incidimos en la modificación de la postura
del gobierno federal ante las negociaciones de la OMC con motivo de la Ronda
de Cancún, logrando que nuestro país se integrara al Grupo de los 20.
Colocamos a miembros del movimiento en posiciones clave en la Cámara de
Diputados. A partir de ahí se logró modificar en el sentido de nuestras
demandas el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2004, habiendo
logrado un incremento de alrededor de 10 mil millones de pesos. Ultimamente logramos que, por fin, la Secretaría de
Hacienda aceptara traducir en los programas concretos el incremento
logrado... Hemos tenido logros que ningún agrupamiento nacional tan
heterogéneo había tenido. Por lo pronto, a pesar de todo, nos mantenemos
unidos y activos...Gozamos de gran legitimidad; tenemos el apoyo de
importantes sectores y grupos de influencia; contamos con una presencia
nacional y regional muy significativa... (Así pues) podemos volver a
reactivar el movimiento nacional (y) constituirnos en su polo de atracción.”
5. En los últimos meses el Mecnam está
buscando definir las líneas de su relanzamiento. La lucha por la salvación y
revalorización del campo a través de un nuevo pacto entre el México urbano y
el México rural, un nuevo trato entre el Estado y los pequeños productores
rurales, y una nueva política pública comprometida con la soberanía laboral y
la soberanía alimentaria con campesinos, son cuestiones que ya forman parte
de su patrimonio programático; mientras que autonomía, autogestión y
pluralidad son principios básicos irrenunciables. Ahora de lo que se trata es
de afinar estrategias, revisar tácticas y trabajar en la correlación de
fuerzas. Estos son algunos planteos del foro del Mecnam del 26 de abril: reivindicar el Plan Campesino
para el siglo XXI como plataforma programática, pero entre tanto seguir
exigiendo el cumplimiento del ANC, en particular la renegociación del TLC y
una nueva política rural, además de impulsar las demandas campesinas e
indígenas primordiales que el acuerdo no incluye. Para ello, se dijo, es
indispensable fortalecer al Mecnam mediante una restructuración interna y sobre todo propiciando la
participación de más organizaciones regionales. Porque “las expresiones
globales y nacionales de la lucha agraria no podrán caminar adecuadamente si
no se adoptan nuevas formas de lucha regional... (Pues) si bien estuvimos
presentes en las etapas de movilización, en la etapa de negociaciones ya no
tanto y... más distante aún nos fue quedando la necesidad de dar un
seguimiento estatal y local al cumplimiento de los limitados acuerdos...”,
señaló con justeza la Coalición de Organizaciones Autónomas del Estado de
Chiapas (Coaech). Pero también se ratificó la
necesidad de trabajar en la línea de un bloque nacional y multisectorial
de organizaciones populares, como el Frente Sindical, Campesino, Popular y
Social (FSCPS). Finalmente se insistió en que, en tiempos de globalización
salvaje, es indispensable estrechar relaciones con redes globales como Vía
Campesina; continentales, como la Coordinadora Latinoamericana de
Organizaciones Campesinas (CLOC), y convergencias más recientes impulsadas
expresamente por el Mecnam, como el Moicam, hacia el sur, y los acercamientos con
asociaciones de granjeros estadunidenses, hacia el norte. Y algo se ha avanzado:
el año pasado los campesinos estuvieron presentes en todas las marchas del
FSCSP; el Mecnam participó en las movilizaciones
coordinadas por Vía Campesina con motivo de la reunión de la OMC en Cancún;
asistió al Encuentro Campesino Mesoamericano realizado en Honduras; intervino
en dos reuniones con granjeros estadunidenses, una en ese país, y otra en
México, donde casi 30 organizaciones firmaron la Declaración del II Foro
sobre Agricultura y Libre Comercio; y en marzo de este año participó como coorganizador en el taller Los indígenas y campesinos
mesoamericanos frente a los tratados comerciales: por una integración
regional equitativa, donde las organizaciones de base emitieron el Manifiesto
de Xochimilco.
6. Si al ANC le ha ido un poco mejor que a los Acuerdos de San Andrés,
es porque aquellos se centraron en hacer constitucional la ley Cocopa, y más allá de esto nada había que negociar;
mientras que en el caso de los campesinos el pacto es pluridimensional
y forma parte de una lucha más extensa, con diferentes frentes y múltiples
movilizaciones y negociaciones parciales, donde a veces se avanza y otras se
retrocede. Así, dado que el gobierno no cumplió, el EZLN ha suspendido todo
trato con el Estado mexicano; en cambio el movimiento campesino no canceló la
negociación institucional, pese a que Fox no ha honrado su firma en el ANC. Y
no es diferencia táctica, es que el EZLN es un actor político, mientras que
el Mecnam es una convergencia gremial que no puede
renunciar al regateo en el ámbito institucional sin ilegitimarse ante sus
bases. Pero hay un sustrato común: cuando se
trata de reivindicaciones trascendentes, reformas profundas que ponen en
cuestión aspectos importantes del modelo, los gobiernos neoliberales –del PRI
o del PAN– pueden ser obligados circunstancialmente a pactar gracias a la
movilización y la coyuntura, pero es prácticamente imposible forzarlos a
cumplir acuerdos que supondrían comportamientos antinatura.
Los derechos autonómicos de los pueblos indios y la soberanía alimentaria con
campesinos, y en otros ámbitos: una reforma fiscal progresiva, una política
energética nacionalista y una nueva y democrática Ley Federal del Trabajo,
son cuestiones que atentan contra los más sagrados principios del Consenso de
Washington. Y pese a los multitudinarios, combativos y persistentes
movimientos sociales de la última década, ni Ernesto Zedillo cedió ni Fox ha
dado su brazo a torcer. Algunos concluyen que “allá arriba no hay
nada que hacer”, que los Estados nacionales están desfondados y el sistema
político no sirve más. Otros pensamos que la presente coyuntura se asemeja a
la de los ochenta, cuando tras más de 15 años de movilizaciones
estudiantiles, campesinas, obreras, magisteriales y de colonos, los
inconformes llegaron a la conclusión de que la presión de los gremios y
movimientos sociales no bastaba para cambiar a México de carril y era
necesario mudar de terreno la disputa por la nación. Así, a fines de la
década, las insurgencias gremiales devinieron multitudinaria insurgencia
cívica y en 1988 Cuauhtémoc Cárdenas ganó las elecciones. Hoy muchas cosas han cambiado: el PRI ya
no está en Los Pinos; realizar fraudes electorales es más difícil; tenemos un
partido progresista, que aunque desfondado es algo más que testimonial; la
izquierda gobierna a millones de compatriotas; y las reformas neoliberales,
que a fines de los ochenta eran amenaza, hoy son desastrosa realidad,
repudiada por la enorme mayoría de los mexicanos; hartazgo que se expresa en
la amplia simpatía por el neozapatismo chiapaneco y
la adhesión creciente a las propuestas altermundistas. Con todo, algo comparten las dos coyunturas:
en ambos casos la resistencia popular y la presión de abajo se han mostrado
insuficientes para enderezar el rumbo del país. Quizá por ello hoy, como en
1988, muchos mexicanos sienten que el cambio –ciertamente indispensable– no
puede darse por la derecha, y empiezan a pensar que ya va siendo hora de que
las mudanzas justicieras se impulsen desde abajo, pero también desde arriba,
desde afuera, pero también desde dentro. Calculan, con razón, que el otro
México que necesitamos con urgencia requiere de la acción concertada de la
izquierda gremial y de la izquierda política, de la sociedad movilizada y de
un nuevo gobierno. |