La Jornada, México D.
F., jueves 4 de septiembre de 2003
John Saxe-Fernández
El maximato imperial
Desde la
instauración de un régimen acreedor a ultranza, resultado de los desaciertos en
los que incurrieron los encargados de la "negociación" de la crisis
deudora, esto es, de 1982 a la fecha, se han mantenido impertérritos los ejes
centrales de la política económica de México, tanto en su dimensión macro,
impactada por los recetarios del Fondo Monetario Internacional (FMI), como
"por rama", impulsados por el Banco Mundial (BM) mediante un
encadenamiento de empréstitos altamente condicionados.
Tanto el
FMI como el BM establecen así una suerte de maximato,
para usar un término de nuestra cultura política derivado de la experiencia
política con el sonorense Plutarco Elías Calles, quien después que dejar el
poder creó el Partido Nacional Revolucionario y fue llamado el jefe máximo
de la Revolución, aceptado como tal durante los gobiernos de Portes Gil,
Ortiz Rubio y Abelardo L. Rodríguez. Durante ese periodo su influencia fue
determinante sobre el presidente de turno, generales, diputados, senadores y
secretarios de Estado.
El
actual maximato imperial incide en el
proceso de toma de decisiones, en especial, aunque no exclusivamente, en
materia de diseño presupuestal, fundamentado en tres condiciones que se
retroalimentan. Primero, por el desvío masivo de la inversión pública al gasto
no productivo (servicio de la deuda externa, rescates tipo Fobaproa-IPAB,
derivados del fracaso del programa privatizador), lo que crea enormes
"boquetes" presupuestales, que se llenan con préstamos. Ante la
reticencia oficial para renegociar los términos de la deuda y el cambio requerido
en la política económica, crece la dependencia y urgencia de los préstamos y la
desnacionalización del proceso de toma de decisiones. Segundo, por el
"cruce" de las condicionalidades, es decir,
de los parámetros fondomonetaristas con las
exigencias de los programas crediticios del BM. Y, finalmente, pero no menos
importante, por el impacto en la correlación de fuerzas, derivado de los
grandes intereses, internos y externos, así como de relaciones clientelares de los principales beneficiarios locales de
esta política económica y de las empresas extranjeras. No es tanto la
"terquedad" de Fox la que explica su insistencia en facilitar y
otorgar cobertura legal y constitucional al desmantelamiento de los derechos
sindicales y a la privatización de facto y extranjerización
del complejo petro-eléctrico-gasero,
manejado por Pemex, la Comisión Federal de Electricidad y la Compañía de Luz y
Fuerza del Centro -programa que se presenta a la opinión pública bajo la
rúbrica de la "globalización" y la cobertura lingüística del paquete
de "reformas estructurales" que el BM impulsa en México y en toda la
región latinoamericana-, sino de la codicia, compromisos, negocios y
contubernios, establecidos por los regímenes neoliberales en materia petrolera
y eléctrica, al margen de la normatividad constitucional.
Esta
suerte de maximato incluye la acción del
Estado imperial (FMI-BM) y de manera imprescindible la del Estado periférico e
incide en la correlación de fuerzas mediante fuertes cañonazos (como el
más reciente paquete de préstamos por 5 mil millones de dólares). Si
consideráramos al FMI-BM como meras "instituciones financieras
internacionales" estaríamos incapacitándonos para dar cuenta de la
realidad. Son mucho más que eso. Fueron concebidas en Bretton
Woods (1944) como instrumentos fundamentales de
proyección de poder de la pax americana,
y operan en función del interés privado nacional de Estados Unidos y de las
empresas de sus "socios" primermundistas.
Como he documentado en un estudio que realicé con Gian
Carlo Delgado (Banco Mundial y desnacionalización
integral en México, UNAM-CEIICH, 2003), son instrumentos de Estado y de
"clase" diseñados en forma tal que Washington pueda dominar sus
políticas e impulsar programas favorables a su aparato empresarial por la vía de
sus mecanismos de votación y los requisitos de membresía. Estos últimos enrocan
la actuación y fomentan la sinergia de ambas instituciones al exigir que para
ser miembro -y recibir empréstitos- del BM es
necesario, primero, serlo del FMI y operar bajo su condicionalidad
macroeconómica. En este contexto téngase presente que, según sus creadores y
promotores, estas instituciones fueron diseñadas para proporcionar un marco de
referencia gubernamental seguro para promover la inversión privada y,
ciertamente, el "desarrollo económico" de los países capitalistas
centrales, encargándose de mantener y acrecentar el carácter
tributario-colonial de nuestras economías.
Aunque
el FMI-BM y el GATT (ahora OMC) fueron diseñados para sustituir el sistema
colonial de preguerra, en ningún momento tal medida fue considerada para
inducir un tipo de transformación colonial que negara a Estados Unidos el
acceso a los recursos naturales, fuerza de trabajo y mercados de nuestros
países. Es un esquema que ha operado el margen de cualquier tipo de control
democrático y popular. Eso, como ocurrió al maximato
de Calles, hoy puede y debe acabar.