agosto 28 2003

LAS JUNTAS DE BUEN GOBIERNO ZAPATISTAS

Y LA AUTONOMIA

Guillermo Almeyra

 

En la decisión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) de formar las llamadas Juntas de Buen Gobierno se yuxtaponen importantes cuestiones de diversa índole que conviene tratar por separado.

En primer lugar, está el agudo problema de la relación entre “las bases” y el organismo político-militar que expresa y dirige el movimiento indígena zapatista chiapaneco. O sea, la cuestión de quién adopta las decisiones y controla su aplicación, la cual es fundamental para la democracia, y la de la forma que adopta el proceso mismo de la elaboración de dichas decisiones y de la formación de los cuadros y dirigentes políticosociales. 

Está también la urgencia de distinguir claramente las ventajas y peligros respectivos de la descentralización político-administrativa, no teóricamente y en abstracto, sino en medio del conflicto, por un lado, entre los indígenas que son también campesinos productores y consumidores, artesanos o jornaleros además de ciudadanos empeñados en construir la autonomía de sus comunidades, y el poder estatal y sobre todo  el mercado, por el otro.

Se añade igualmente la cuestión de las alianzas a nivel local y nacional. La cual implica, por definición, reconocer las diferencias que existen con el aliado eventual pero también encontrar puntos comunes de acuerdo y de acción. O sea, un proceso de discusión-negociación donde ambas partes hagan concesiones y dejen  que la experiencia y la lucha conjunta diriman los problemas o faciliten una discusión posterior, más madura, de los mismos.

Otro de los problemas esenciales es el del objetivo: ¿el EZLN y las Juntas de Buen Gobierno zapatistas buscan sólo construir un poder local en un sector del mundo indígena o aspiran a construir en éste una base sólida para luchar por otro proyecto de país para todos los oprimidos y explotados del mismo ? En ese caso, ¿cuáles serían las bases de dicho proyecto, desde el punto de vista social (es decir, la posición ante el sistema capitalista, por ejemplo), político (la definición frente a la forma concreta que históricamente fue asumiendo el Estado mexicano), económico (el tipo de distribución de los recursos y de desarrollo local y nacional, la relación con el resto del mundo)?

Uno más, importante, es el de las vías y medios para obtener el fin que se proponen. ¿El EZLN seguirá siendo un movimiento político-militar chiapaneco, intentará ser un movimiento político-social indígena, o sea regional y minoritario por definición en un país donde los núcleos indígenas representan sólo entre el 10 y el 15 por ciento de la población y están desperdigados en todo el territorio, o tratará de funcionar como movimiento-partido, buscando apoyos y afinidades en todo México en torno a posiciones políticas sobre todos los problemas fundamentales, nacionales e internacionales, y alrededor de propuestas concretas en todos los terrenos de la lucha política?

La cuestión de las formas de la política en la mundialización, que ha modificado profundamente lo político y la política, es también fundamental. El EZLN siempre ha actuado políticamente y no sólo con la rebelión, manteniendo las armas, construyendo zonas fuera del control estatal, buscando construir Frentes y organizaciones nacionales que le dieran apoyo, tendiendo lazos con grupos solidarios internacionales. También ha recorrido el camino de la lucha institucional, tratando de dar carácter legal a los Acuerdos de San Andrés, combinando su gran Marcha y su presión con su intervención en San Lázaro. Pero después se refugió en un apoliticismo no bien definido –cuya teorización oficial pareció ser el libro de  John Holloway Cómo cambiar el mundo sin tomar el poder- y que se caracterizaba por el silencio y la ausencia total en la discusión de todas las grandes cuestiones nacionales e internacionales, hasta que ahora, con las Juntas de Buen Gobierno, parece combinar la institucionalización alternativa del poder local con una apertura al mundo, simbolizada en su decisión de acudir a Cancún, para protestar contra la política del capital financiero mundial, y de reconocer que existe el problema del campo y el de los campesinos, más allá del problema de los indígenas, que son rurales y productores agrícolas. Ese nuevo curso que se esboza ¿llevará, como sucedió en Bolivia o en Ecuador, a combinar la lucha y la consolidación de las comunidades con la construcción de un instrumento nacional –el Movimiento al Socialismo boliviano, con su base en los cocaleros del Chapare, o el Pachakutik de la CONAIE- para disputar también en el terreno de las elecciones y de la elaboración de proyectos de leyes o del gobierno local?

Por último, está la definición de qué debe ser la autonomía, que las Juntas de Buen Gobierno tratan de reforzar: ¿debe limitarse a la administración de las comunidades

indígenas o de los municipios?, ¿debe tener por objetivo sólo las bases sociales zapatistas o por el contrario debería extenderse a todo el territorio nacional, región por región, municipio por municipio, colonia urbana por barrio, de modo de construir el tejido político eststal desde abajo y de generalizar la construcción de ciudadanía mediante una participación activa de la población en la toma de decisiones políticas?

 

EZLN y Juntas

Los municipios autónomos zapatistas han estado siempre bajo la supervisión del EZLN que, según el subcomandante Marcos interviene “cuando hay conflictos o desviaciones”[1]

y, por supuesto, ha determinado siempre cuál era el carácter de dichos conflictos y qué consideraba “desviaciones”. Ahora, por decisión del Comité Clandestino Revolucionario Indígena (CCRI), se forman las Juntas de Buen Gobierno, cuyo funcionamiento vigilará siempre el CCRI[2] .Marcos mismo ha asumido “la vocería” (el carácter de vocero) de las comunidades zapatistas, que pasará a las Juntas. Y el 8 de agosto en la inauguración de éstas, en Oventic, no habló ninguno de sus integrantes pues los oradores fueron comandantes zapatistas, varones y mujeres, que intervinieron, no sobre los problemas generales, sino disciplinadamente sobre temas bien diferenciados. Las Juntas, por consiguiente, sólo  son parcialmente organismos autónomos, ya que están vigiladas y controladas estrechamente por el aparato político-militar que sobre los grandes problemas habla en su nombre. Aunque ellas dependen de asambleas, que nombran y revocan  sus integrantes si es necesario, de hecho son aún, en la realidad, una “correa de transmisión” de quienes deciden en los municipios y en ese piso superior de los municipios en rebeldía. Ellas buscan regular el ingreso proveniente del comercio o de los aportes de las ONGs, así como funcionar de instancia superior para fijar normas y resolver litigios entre las comunidades o los campesinos mercado y repartir de modo más justo, entre las diferentes regiones y localidades, los zapatistas. Son, sin duda, un progreso en el camino de la reglamentación de una vida económica y social marcada, según expresó reiteradamente Marcos, por una realidad bastante anárquica “donde cada uno hace lo que quiere”. Pero esa centralización depende del EZLN sobre todo porque las comunidades carecen de experiencia administrativa, de cuadros formados, de visión regional, nacional, internacional y están internamente debilitadas por el proceso de pérdida de autoridad de los ancianos y cargos tradicionales –entre otras cosas por la misma acción y presencia del EZLN y por los cambios que éste ha comenzado a introducir en las relaciones entre los sexos y en los derechos de las mujeres[3]. EL EZLN, por su parte, aunque haya retirado sus retenes en la zona, sigue en estado de alerta ante el peligro constante de una invasión del ejército o de los paramilitares sostenidos por éste y, por consiguiente, sigue siendo una estructura monolítica, con mandos verticales, que no estimula la discusión ni la democracia. Según el mismo Marcos[4] en las comunidades persisten elementos políticos, religiosos y culturales que dificultan la construcción de una vida democrática. Ello dificulta la tarea fundamental para la construcción de cuadros político-administrativos, o sea, el desarrollo de la independencia de criterio y del espíritu crítico, la ruptura total con la tradición del sometimiento a las autoridades para pasar a seguirlas con conciencia  o a criticarlas si resultase necesario.

 

Centralización y descentralización

La creación de las Juntas, que reúnen sobre una base regional municipios poblados por diferentes etnias tiene, entre otros objetivos, evitar que la organización política se construya principalmente sobre bases étnicas como estaba sucediendo en algunos municipios autónomos en los que los zapatistas tojolabales y los tzeltales, inicialmente unidos, habían terminado por separarse sobre una base étnico-lingüística. El peligro del esencialismo indígena y de las diferenciaciones y resistencias étnicas es constante y el EZLN, consciente de ello, busca con las Juntas conjurarlo.

Pero esta centralización, que concede a las Juntas poderes jurídicos superiores a los de los municipios y la posibilidad de regular los ingresos y el comercio de los mismos con un criterio regional, reduce los poderes de las asambleas locales, por un lado, y concentra más poder en las Juntas (y, por consiguiente, en el EZLN que las “vigila y controla”) y, al mismo tiempo, da a la sede de cada una de ellas un papel económico-político mayor, pues en ellas se realizarán los litigios importantes, las tratativas comerciales decisivas, las negociaciones con las ONGs. Si la creación de las Juntas tiene como objetivo reducir esa especie de “renta diferencial” de que disponen los municipios más comunicados o más conocidos por las ONGs, el reforzamiento del papel político-económico de las cabeceras regionales donde funcionan las Juntas tendrá, gracias a esta centralización, un nuevo efecto diferenciador entre las comunidades, a pesar del esfuerzo por reducir las desigualdades entre ellas mediante el “impuesto hermano” del 10% sobre las transacciones para ayudar a los municipios más necesitados.

La República Federativa Yugoslava ejercía en efecto una discriminación positiva y daba a la región autónoma de Kosovo, en Serbia, una parte superior de los ingresos generales que a otras regiones o repúblicas más desarrolladas. Pero eso no fue suficiente ni para evitar que los que partían de mejores condiciones creciesen más que los que con la ayuda general estaban tratando de reducir la diferencia en el grado de desarrollo ni tampoco para consolidar los lazos entre las repúblicas y regiones cuando la presión del mercado (y de la política que acompaña y sirve a éste) fue demasiado grande sobre las “soldaduras” creadas entre ellas y que las mantenían juntas. Por importante que sea el intento redistributivo (de la pobreza) que realizarán las Juntas la relación con el mercado (y con la presión del Estado) no puede dejar de tenerse en cuenta y, ya que la autarquía de las zonas zapatistas es imposible, sólo puede ser compensada políticamente, con una vasta política nacional de alianzas, con una elevación cultural y política acelerada de las zonas zapatistas para romper una visión localista y hacer de ellas promotoras de un proyecto alternativo de país, por una vida en ellas lo más democrática que permita la escasez y, sobre todo, el cerco o la agresión constante del ejército y de los paramilitares.

 No se trata, por consiguiente, de encerrarse en un mundo indígena sino de, respondiendo a las necesidades y reivindicaciones de los indígenas, unir a los zapatistas chiapanecos en un amplio frente con los demás zapatismos del país (como el guerrerense, el de la Coordinadora Nacional Plan de Ayala y otros) en la lucha por construir, con la autonomía, las bases de una economía que privilegie las necesidades populares y el mercado interno, asegurando trabajo con agroindustrias locales, y por sentar  las bases, simultáneamente, de un Estado construido democráticamente desde abajo y que sea realmente federal al responder a las necesidades regionales. Es decir, aunque la centralización administrativa puede “blindar” momentáneamente las zonas zapatistas y permite, además de una acción social más eficiente, economías de escala, la autonomía significa extender a todo el territorio nacional la descentralización, centralizada por una común voluntad política antimperialista y anticapitalista.

 

Las alianzas y la autonomía

Los movimientos sociales, en México, se presentarán con fuerza pero en los próximos años con la agravación de la crisis económica y política a nivel nacional. Hoy aún no se puede hablar de un movimiento estudiantil, entre otras cosas porque el sectarismo del CCH “vacunó”, a partir de la huelga en la UNAM, contra la organización de los estudiantes y despilfarró energías y capacidades. Tampoco  hay – con excepción de los electricistas del SME- un movimiento obrero y ni siquiera una presencia obrera en la política nacional. En cambio, hay un movimiento campesino –El campo no aguanta más- capaz de mover a cientos de miles de ejidatarios, pequeños propietarios e incluso jornaleros sin tierra. No abarca a todos los campesinos (los campesinos del Sureste, en particular, salvo los cafetaleros, no se han movilizado) y tiene una dirección heterogénea en la que pesa mucho la visión negociadora del PRD, además de que su programa carece de las consignas que puedan asegurar una transición para cambiar radicalmente el sistema social en México y el campo en particular. Por lo tanto, ofrece el flanco a muchas críticas. Pero es lo que hay y es un paso importante en la organización nacional de los campesinos para la lucha directa. No puede ser ignorado ni es posible hablar de los campesinos, como el comandante Tacho, ignorando esa realidad con la que es necesario hacer las cuentas, discutir, actuar en común aunque cada uno con sus propias posiciones. ¿Cómo, si no, hacer las alianzas necesarias no sólo para asegurar la defensa de las regiones chiapanecas bajo control del EZLN sino también para romper el aislamiento de éste? ¿Sólo se puede trabajar con la gente que no sabe más que decir SI o con los pocos que puedan presentar un análisis de sangre impecable?   

Además, ¿cómo construir la autonomía en algunas regiones de Chiapas si la misma no existe en el resto del país, incluso en las zonas indígenas del mismo o en las regiones cercanas a las zonas zapatistas chiapanecas? Si no se quiere construir ghettos étnicos la autonomía, como la autogestión (que no es lo mismo) debe generalizarse a todo el país y a todos, indios, mestizos y criollos.

En el Val d’Aosta, en Italia, hay autonomía, como la hay también en el Tirol o en Cerdeña. Pero esa autonomía consiste en la elección de una justicia local, en la utilización en la misma y en la escuela y trámites públicos de la lengua local, además de la predominante a nivel nacional, en la elección de parlamentarios locales. El País Vasco o Catalunya o Galiza también tienen una autonomía similar. Sin duda sería un progreso si las regiones indígenas tuviesen una justicia propia, una educación en sus lenguas y el reconocimiento de sus usos y costumbres en el marco de los derechos humanos. Pero no por ello dejarían de estar sometidas al capital, que es lo que ha causado su miseria, absolutamente funcional para el sistema, ya que el desarrollo del gran capital nacional o extranjero exige la exclusión de quienes no son mercado y ni siquiera corresponden al perfil de los trabajadores que exigen las nuevas tecnologías. La autonomía es una justa reivindicación democrática, pero no es la varita mágica para el cambio social. Es una precondición del mismo, nada más y nada menos.

Lo que califica a la autonomía (e impide la división racista entre quienes gozan de ella y los fuereños, como en Catalunya, el Tirol o como lo que querría ETA) es la autogestión, un paso ulterior en la profundización de la democracia. O sea, la dirección diaria de toda la vida local por los ciudadanos de la misma (en el terreno económico, social, político, cultural) mediante la democracia directa que hoy es posible gracias a los instrumentos informáticos que han cambiado profundamente el tiempo y el espacio. Así como no es posible ser “un poco virgen”, no es posible tampoco ser “un poco autonómico” o “un poco autogestionario” sólo porque se administran algunos recursos mientras se sigue dependiendo en todo lo demás. Es evidente que sería un gran progreso si muchas comunidades comenzasen a resolver sus propios asuntos directamente, a hacer un balance de todos sus recursos (humanos, monetarios, materiales, técnicos) para intentar responder a sus necesidades en la prioridad por ellas mismas fijadas. Pero las comunidades generalmente, como en las Cañadas chiapanecas, son pluriétnicas y pluriculturales. Por lo tanto en ellas también se impone una política de alianzas entre los creyentes de diferentes religiones, los que siguen diferentes partidos, los que tienen diferentes culturas. La construcción de la unidad y de la identidad se hace en el conflicto  y en medio de cambios diarios de los actores del mismo, experimentando, negociando, pero en el marco de un programa común aceptado por todos. Y esa vida comunitaria, autonómica a medias, autogestionaria en sus comienzos, para afirmarse debe extenderse como mancha de aceite a toda la cuenca del río común, a todo el valle, a toda la región, de modo de cumplir con el sueño de Marx de una “federación de libres comunas asociadas”, donde la centralización centralice los transportes, el comercio de insumos, etc., pero no a las personas y se construyan así las bases de un Estado democrático y federal.

Las Juntas no son el punto de llegada, como no lo son los municipios autónomos zapatistas: son sólo el punto de partida. Para ir más lejos –e incluso para cambiar las relaciones de poder entre los géneros, entre los ancianos y los jóvenes, entre el EZLN y sus bases de apoyo y comenzar así a “cambiar el mundo”- es necesario hacer consciente que se está haciendo política y no dejar de hacerla a todos los niveles (la discusión internacional, la formulación de propuestas para el campo, la educación, la democracia, la cultura, incluso la formulación de leyes).

De nuevo se plantea el problema de la apertura, de las alianzas sobre la base de principios, y no del oportunismo o la búsqueda de dinero o de prebendas, para llegar a los sectores, hoy mayoritarios, que en el país no ven ninguna perspectiva de cambio y por eso emigran o caen el pasividad o aceptan caciques, caudillos, tránsfugas de todo tipo. Tarde o temprano, y sobre la base de la discusión de los aspectos positivos o negativos de la experiencia del MAS boliviano o del Pachakutik ecuatoriano, que son instrumentos subordinados al movimiento social campesino-indígena, habrá que construir un instrumento no militar, democrático, pluriétnico, que sea el movimiento-partido (en el sentido de promotor de una corriente de ideas) de la Democracia, la Justicia, la Autodeterminación, la Autogestión, la Libertad.

 

México, D.F. 28 de agosto del 2003