La
Jornada, México, D.F., 2 marzo 2004
Bolivia,
una revolución del siglo XXI
Adolfo
Gilly
La Revolución es lo que ha de venir bien a todos. Es como el Viejo Cóndor
de los altos cerros con su penacho blanco y que nos ha de cobijar a todos con
sus poderosas alas.
Francisco Chipana
Ramos, 1945 (Silvia Rivera, cit.)
1 El movimiento insurreccional de
septiembre-octubre 2003 en Bolivia aparece, en sus formas, sus protagonistas y
sus contenidos, como un producto de las transformaciones impuestas por la
reestructuración neoliberal de fines del siglo XX en la sociedad, en la economía
y, sobre todo, en la vida, los territorios y las relaciones de las clases
subalternas. Es un movimiento nuevo, con actores antes inexistentes, con una
capacidad fresca para unir las demandas más inmediatas a las propuestas
nacionales más generales -gas, agua, hidrocarburos, coca, república- y con
métodos de organización y de enfrentamiento de antigua estirpe, pero también
nutridos por cuanto las nuevas tecnologías han puesto a su alcance.
En la insurrección boliviana despuntó una combinación inédita de rasgos
antiguos y modernos y un uso nuevo de la violencia popular. Más que explicar la
insurrección del altiplano por comparación con las revoluciones del pasado, hay
que analizarla en relación con las transformaciones de la sociedad y de las
formas de dominación del capital establecidas desde la última década del siglo
XX.
Si esto es así, en la violenta y victoriosa insurrección boliviana que
culminó en octubre de 2003 estaríamos ante la primera revolución del siglo XXI.
Conviene tratar de descifrar sus contenidos, sus motivaciones y sus presagios.
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2 El 17 de octubre de 2003, aymaras, campesinos, trabajadores y trabajadoras con empleo
y sin empleo, vendedoras de los mercados y de las calles, estudiantes
indígenas, mineros, migrantes de los cuatro rumbos
-la indiada, pues, la indiada tan temidda- con la violencia de sus cuerpos y sus
muertos tomaron La Paz y derribaron al Presidente de la República de los
Señores y los Ricos, don Gonzalo Sánchez de Lozada.
Ellos, pues, esos mismos, que estaban bloqueando caminos desde inicios de
septiembre y en huelga general desde el 8 de octubre. Con la violencia de sus
cuerpos, sí, porque a más de piedras, palos, hondas, tres fusiles viejos y unos
cachorros de dinamita, armas no tenían. Con la violencia de sus muertos, sí,
porque el ejército, que para romper bloqueos había recomenzado a matar indios
el 20 de septiembre en la localidad de Warisata,
altiplano paceño, el domingo 12 de octubre ya los había masacrado en El Alto.
Esos, los mismos y las mismas que el lunes 13, mientras el ejército allá
abajo en La Paz seguía matando, habían llevado sus muertos a los atrios de sus
iglesias y a los patios de sus casas; y los habían velado; y se habían contado
y habían contado a quien quisiera oír las atrocidades del ejército y la
resistencia con las manos desnudas; y con la ira en los ojos habían mostrado a
los reporteros, como quien presenta una ofrenda, las manos juntas llenas de
casquillos vacíos recogidos por las calles de El Alto; y habían hablado entre
ellos en voz baja y se habían aconsejado toda la noche. Y el martes 14, a la
mañana, en cortejos por las calles polvorientas habían llevado a sus muertos
ante sus iglesias y habían asistido en masa a las misas de cuerpo presente; y
habían conversado en las juntas vecinales de cada esquina con sus dirigentes; y
ha-bían decidido, entonces, que ahora sí baja-rían a
La Paz y, así costara 500 muertos más, esa cifra dijeron, esta vez tumbarían al
odiado presidente asesino. Con la violencia de sus muertos, dije, con la
violencia de sus cuerpos.
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3 Bajarían a La Paz, dije. La
Paz está en una hoyada, 400 metros más abajo que el altiplano, donde, al borde
mismo de la hondonada, se encuentra El Alto con casi 800 mil habitantes, sus
casas de autoconstrucción y los espléndidos nevados de la Cordillera Real en su
horizonte. Las laderas caen hacia la capital en forma abrupta, y por ese lado
están totalmente cubiertas por los antiguos barrios de los trabajadores -Munaypata, Pura Pura, Villa
Victoria- que también tienen su historia de luchas y masacres: Villa Victoria
fue bombardeada por aire en 1950.
Por sus avenidas, calles, callejuelas y senderos empezó a bajar la
torrentera aymara el día miércoles 15. A su paso, los
vecinos de las laderas los reciben con júbilo, les dan refrescos, agua, comida,
y se van sumando a ellos. El 16 llegarían los mineros de Huanuni,
después de sortear, amenazando y negociando, el bloqueo del ejército 100
kilómetros atrás, en Patacamaya, donde al fin el
destacamento militar había dejado pasar sin atacarlos a los 60 camiones de
mineros, hombres y mujeres (palliris), que venían
desde Oruro, la capital minera. Dejado pasar, dije, señal de duda que todos
percibieron.
Ya habían llegado para entonces por decenas de miles los campesinos aymaras de la provincia Omasuyos
y de otros rumbos del altiplano, que desde hacía un mes mantenían el bloqueo
carretero. También llegaban los de su capital rebelde, Achacachi,
varias veces masacrada a lo largo del tiempo, donde se alza una estatua de Tupaj Katari, el jefe aymara que en 1781 puso cerco a La Paz y estuvo al borde de
tomarla antes de ser derrotado por los españoles. Venían también destacamentos
de cocaleros de los Yungas y de otras regiones templadas o calientes. Los
estudiantes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA) se movían por todas
partes, entre las fogatas de llantas viejas y las barricadas hechas con los
puentes peatonales tumbados sobre las avenidas a fuerza de muchos brazos
jalando sogas.
Esta vez, octubre de 2003, La Paz estaba bajo el cerco indio, aymara, el cerco del cierre de caminos y la huelga general.
No permitían entrar alimentos ni mercancías ni gasolina. Exigían la renuncia
del presidente, la no venta del gas al exterior por los puertos chilenos; la no
erradicación de los cultivos de coca, sustento de los cocaleros, artículo de
consumo popular y planta sagrada de las antiguas civilizaciones; una Asamblea
Constituyente para refundar la República; y otras 80
demandas, entre las más diversas, que cada sector y comunidad traía consigo. El
idioma, los gestos y hasta la bandera aymara, la wiphala, se habían hecho receptáculos y portadores
de las grandes demandas nacionales.
Desde 1781, el cerco indio de la ciudad es el fantasma que alucina la
imaginación de las clases dominantes: "La pesadilla del asedio indio sigue
incomodando el sueño del criollaje boliviano", escribía hace 20 años
Silvia Rivera Cusicanqui. Ahora parecía hacerse
realidad. Mientras tanto desde el sur, allá donde el cauce de La Paz desciende
hacia lugares más templados, allá por donde están las casas de los ricos,
cerraban el cerco y venían avanzando los indios de los valles de más abajo, los
comuneros de Ovejuyos, que subían por los barrios
bonitos sin tirar a su paso una piedra ni romper un cristal ni cortar una flor.
Nomás su-bían como río en reversa para ir a tumbar al
presidente.
***
4 Para romper el cerco, disipar
la pesadilla, hacer un escarmiento y permitir el ingreso a la ciudad de
gasolina y abastos, había entrado el ejército el día 12 a masacrar a El Alto,
esa enorme ciudad autoconstruida en dos décadas por
los desplazados y las víctimas del neoliberalismo: migrantes
rurales del Altiplano, obreros mineros y fabriles "relocalizados"
de Oruro y Potosí, empleados de oficinas de La Paz, comerciantes pobres y
medianos, el 80 por ciento de todos los cuales en el último censo (2001) se
declararon a sí mismos "indígenas", aymaras
y quechuas, de comunidades diversas.
En 1950, cuando los aviones andaban bombardeando a los pobladores de Villa
Victoria, El Alto tenía 11 mil habitantes, colgados allá arriba al borde de la
hoyada. En el 2001, según el censo, tenía ya 650 mil, en un país de 8 millones
de habitantes. En estos años siguió creciendo. "Del total de la población
trabajadora de El Alto, el 69 por ciento lo hace en el ámbito informal, de
empleo precario y bajo relaciones laborales semiempresariales
o familiares. Pese a ello, poco más del 43 por ciento de los alteños son obreros, operarios o empleados, lo que la
convierte en la ciudad con mayor porcentaje de obreros del país", anota
Álvaro García Linera. Esa población es muy joven: un 60 por ciento son menores
de 25 años y sólo un 10 por ciento tiene más de 50 años de edad. El 70 por
ciento de los hogares no tiene alcantarillado ni instalación sanitaria, los
servicios hospitalarios son precarios, los servicios educativos también. En El
Alto se encuentran los mayores índices de trabajo infantil y el promedio más
alto de personas ocupadas por hogar. Pero al mismo tiempo el 60 por ciento de
los hogares está por debajo de la línea de pobreza y la mitad de éstos últimos
en la indigencia.
"El Alto es una ciudad construida por sus vecinos en cuanto al aporte
de su mano de obra y capital económico para la construcción de sus calles,
avenidas, mercados, canchas de futbol, etcétera.
Además, hay una construcción social propia de la vida cotidiana fundamentada en
amplias relaciones de parentesco, compadrazgos dispersos en el espacio urbano,
amistades interbarriales de los jóvenes, relaciones
más o menos comunes de procedencia desde los ayllus y comunidades del
altiplano, los valles y las regiones subtropicales de los Andes", escribe
el sociólogo aymara Pablo Mamani.
"Existen en las protestas sociales [...] formas de manifestación aymara en el lenguaje de la vestimenta y sus significados:
la pollera, los sombreros y el lenguaje de los símbolos: yatiri,
coca, pututus y wiphalas
que desde una posición de destierro social gestan actos y ritualidades alternas
a los elementos simbólicos del Estado".
Esta ciudad joven, moderna, desafiante, alzada por las propias manos de sus
vecinos, es la que surgió del capitalismo en su fase neoliberal, con la
apertura comercial y la reestructuración iniciadas en 1985 mediante el decreto
21060 -hoy objeto del odio popular-, bajo cuyos efectos se desprotegió a las
economías campesinas y artesanales, cayeron los precios de sus productos, se
cerraron minas y manufacturas, cayeron salarios y empleo, se privatizaron los
hidrocarburos y los servicios públicos, se desencadenó una masiva emigración
interna y externa, se desgarró el tejido social popular urdido desde la
revolución de 1952.
El capitalismo neoliberal creó así, sin proponérselo, la masa popular, la
dimensión territorial y las condiciones sociales de la insurrección. Destruyó
las antiguas institucionalidades negociadoras, implantó brutalmente una nueva
dominación. Pero a la coerción con que lo hizo, no la acompañó el
consentimiento de los dominados. El neoliberal es un modo de dominación que
busca desorganizar y atomizar, que no pretende negociar nada con nadie, sino
sólo tratar con individuos solitarios e indefensos. Al final, resultó que no
pudo. Esa masa nueva recomenzó a organizarse en sus territorios nuevos con sus saberes antiguos, que no estaban en las instituciones
desmanteladas, sino en sus mentes y en sus cuerpos. La nueva dominación no ha
logrado llegar a establecer una hegemonía, un consentimiento que acompañe y sea
el mediador de la coerción, como lo habían logrado medio siglo antes en
Argentina el peronismo, en México el PRI, en Bolivia la revolución de 1952 y el
Movimiento Nacional Revolucionario (MNR). Al mismo tiempo, las reglas propias
de la nueva dominación excluyen, por el momento, las dictaduras militares como
vía "legítima" de salida de los conflictos y de administración del Estado,
y esta novedad ha sido debidamente registrada por los dominados.
***
5 Contra esta dominación sin
hegemonía -como en otro contexto denomina el historiador Ranajit Guha a la larga
dominación colonial británica en la India-, contra esta dominación neoliberal
en un Estado de matriz colonial, que la casta oligárquica ha querido afirmar en
Bolivia a punta de tanque y bala a principios del siglo XXI, entró en rebelión
desde el año 2000 el pueblo boliviano en sucesivas "guerras",
revelador nombre bélico que el pueblo mismo ha dado a sus movimientos: la
guerra contra la privatización del agua en Cochabamba en 2000; la guerra en
defensa de los plantíos de coca en el Chapare contra el ejército y la policía
en enero de 2003 (13 cocaleros muertos, 60 heridos); la guerra contra el
impuesto a los salarios en La Paz en febrero de 2003 (más de 30 muertos); la
guerra del gas en septiembre y octubre de 2003 (80 muertos), hasta culminar con
la toma indígena de La Paz y la caída del gobierno. Este modo de dominación,
además, ha venido a agudizar la fragilidad congénita de un Estado racista de
matriz colonial como el de Bolivia.
En este mando neoliberal modernizador que no logra afirmar su hegemonía
podría verse, tal vez, un eco lejano de lo sucedido con las reformas borbónicas
del siglo XVIII, guiadas por ideas iluministas de
racionalización y centralización del mando, a las cuales respondieron en la
región andina, en 1780 y 1781, las gigantescas rebeliones indígenas de Tupaj Amaru y Tupaj
Katari. En un sugerente estudio, Costumbres y
reglas: racionalización y conflictos sociales durante la era borbónica, el
historiador Sergio Serulnikov sostiene que las nuevas
normas fueron interpretadas diversamente en la región andina según los
intereses de los españoles y criollos o los de los indios. Éstos vieron también
en ellas "un instrumento de la resistencia andina contra arraigadas
costumbres de explotación y opresión política en los pueblos rurales",
mientras los gobernantes coloniales usaron los proyectos racionalizadores
para el opuesto fin de consolidar su mando.
"El punto clave, sin embargo", anota Serulnikov,
"es que la insurrección indígena más radical durante la época colonial fue
el resultado del entrelazamiento, no del choque, entre procesos
de movilización social desde abajo y de trasformación política desde arriba.
Vista desde esta contexto particular, la crisis de legitimidad colonial puede
haber sido menos el resultado de la imposición de un nuevo pacto colonial que
de las inesperadas formas en que ese nuevo proyecto hegemónico contribuyó al
colapso del viejo orden sin consolidar, en el camino, una alternativa viable
(subrayado mío, A.G.). Las políticas borbónicas
aumentaron la carga económica sobre las comunidades andinas al mismo tiempo que
dieron a éstas más poder para confrontar la autoridad local".
¿Habrá sido esta última insurrección del altiplano, sin cabezas visibles,
sin partidos dirigentes, sin grandes centrales sindicales, sin toma del poder,
una violenta flor de un solo día; o, como en la revolución de 1781 contra el
Estado colonial, como en la revolución de 1952 contra el Estado oligárquico,
estamos ante una precursora de respuestas similares contra la presente
dominación neoliberal en otras zonas de esta región del mundo?
Aunque sólo fuera para responder a esta pregunta, hay que prestarle atención
y, sobre todo, no dejarla sola.
***
6 Para romper el cerco de La
Paz había entrado el ejército el día 12 de octubre a masacrar El Alto, dije. Es
que no había otro modo para ellos, pues El Alto, esa ciudad de migrantes desarraigados, en esos días estaba asombrosamente
organizada, con bloqueos de calles y avenidas, juntas vecinales en cada
manzana, vigilias voluntarias llamadas por altavoces en las esquinas,
barricadas con piedras y alambres y llantas, radios independientes
transmitiendo las 24 horas de cada día, guardias populares para evitar saqueos
a los negocios, asambleas en las calles, en los locales sindicales y en las
parroquias. Entre sus escasas pertenencias, los migrantes
habían traído consigo la herencia inmaterial del saber organizativo.
"La organización comunitaria traída del altiplano y los centros mineros
anuló por completo al gobierno, que tuvo que llegar al uso discrecional de la
fuerza para romper los cercos de la protesta", escribiría con cierta
lucidez dos semanas más tarde, el 30 de octubre, el periódico conservador La
Razón.
Es hasta cierto punto cierto, pero no es todo. Pues ese saber comunitario
está materializado también en las formas organizativas que desde hace décadas,
con altibajos de auges y recesos, vinieron construyendo sus portadores: la
Central Obrera Boliviana (COB), debilitada pero viva, encabezada por Jaime
Solares; la Central Obrera Regional de El Alto (COR),
decisiva en este movimiento, encabezada por Roberto de la Cruz; la Confederación
Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), fuerte en el
altiplano aymara, dirigida por el Mallku
Felipe Quispe; en la zona cocalera y otras
regiones, el Movimiento al Socialismo (MAS), encabezado por Evo Morales; en los
valles centrales, los campesinos regantes de Omar Fernández; en la ciudad de
Cochabamba y su periferia, los trabajadores fabriles y la Coordinadora del
Agua, encabezada por Oscar Olivera, que en el 2000 condujeron la guerra del
agua.
Podría verse aquí un nuevo episodio de lo que Silvia Rivera Cusicanqui describe como "el proceso difícil y
contradictorio" de "la síntesis entre la memoria larga (luchas
anticoloniales, orden ético prehispánico) y la memoria corta (poder
revolucionario de los sindicatos y milicias campesinas a partir de la
revolución de 1952)".
Sin embargo, en la rebelión de El Alto fueron los vecinos y sus juntas
locales, y no esas organizaciones ni sus dirigentes, los que articularon el
entero movimiento. Es lo que registraron La Razón y otros órganos de prensa
escrita y radial en esos días. Por eso el ejército se lanzó a ciegas contra
todos, sin ir a buscar las inexistentes cabezas del movimiento.
"Así, al amanecer del domingo 12", prosigue la crónica
retrospectiva de La Razón, "un enorme operativo militar inició en
la zona norte la matanza que al final de la tarde cobraría la vida de 28
personas. El convoy compuesto por carros cisternas y dirigido por tanques y
caimanes bien pertrechados avanzó por la Avenida 6 de Marzo hasta el cuartel Ingavi, con ráfagas de metralla que se responden con
cachorros de dinamita, petardos y piedras, dejando a su paso muertos y
heridos".
Con la violencia de sus cuerpos y sus muertos, dije: "Los movimientos
políticos y sindicales casi desaparecieron del conflicto", sigue refiriendo
la crónica. "Fueron los vecinos los que organizaron la radicalización. La
noche del miércoles 15 la furia popular movió nueve vagones de tren, cada uno
de diez toneladas, y los dejaron caer desde el puente sobre la Avenida 6 de
Marzo, cerrando el paso sobre esa ruta".
Basta. Ya no pasa ningún convoy, carajo.
Entonces los que empezaron a bajar fueron los vecinos, los deudos y
parientes y conocidos de los muertos, los heridos y los perseguidos, la masa
enfurecida creada por años de neoliberalismo, los herederos de la organización
comunitaria y de las luchas sindicales, los aymaras y
los quechuas, los indios y los cholos, los que viven por sus manos, la indiada
urbana, pues, la indiada urbana por la casta divina tan temida. Mientras tanto,
por la otra punta de la ciudad, cerraban el embudo de La Paz los comuneros
indios que subían desde el sur.
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7 A esa altura, después de la
matanza del 12 de octubre en El Alto, en La Paz misma estaba ocurriendo un
vuelco que sería decisivo. Decenas primero, cientos y cientos después de
profesionistas, universitarios, artistas, escritores, periodistas, sectores de
clase media, habían empezado a hacer piquetes -así los llamaron- en las
iglesias, declarándose en huelga de hambre "en solidaridad con la ciudad
de El Alto y con las familias de los que han sido asesinados", decía su
primer comunicado, denunciando "la culpabilidad de la clase política"
y exigiendo la renuncia de "Sánchez de Lozada y
su gobierno".
El grupo iniciador de la huelga de hambre temía un enfrentamiento inminente
entre la multitud, que ya ocupaba calles y plazas, y el ejército. Al amanecer
del día 17 la masa cercaba la plaza Murillo y amenazaba al Palacio Quemado,
mientras una primera línea de policías y una segunda y tercera líneas de
militares protegían la sede presidencial. Según Ana María Campero, ex Defensora
del Pueblo, figura política destacada y promotora de los piquetes de
huelguistas de hambre, entre el 16 y el 17 éstos se movilizaron con angustia
para "convencer a unos y otros para que no dieran lugar a un
enfrentamiento que hubiera costado mucha sangre". Una semana después, el
24 de octubre, Campero narraba en la revista Pulso lo que, según lo
vivió desde su ubicación en el conflicto, había sido esta función
"mediadora" de los huelguistas de hambre:
"Mientras los celulares se activaban para contactar a los líderes
sociales, Sacha Llorenti,
Ricardo Calla y Roger Cortés fueron al encuentro de
los marchistas. La respuesta de éstos fue que no
harían nada que pudiera provocar enfrentamientos. Yo logré hacer contacto con
el general Juan Veliz, comandante general del
Ejército, con quien mantuve una larga charla que empezó con la invocación: 'Por
favor, general, no disparen contra el pueblo'. Juan Ramón Quintana hizo lo
mismo con otros altos jefes castrenses. De acuerdo a los informes, esa misma
noche los militares le dijeron a Sánchez de Lozada
que se replegarían a sus cuarteles. Por la tarde habían dejado pasar en Patacamaya a un contingente de mineros".
Hubo quien me dijo semanas después, desde la izquierda, que había sido una
mezcla de miedo e hipocresía lo que se encubría tras ese vuelco de
profesionistas, intelectuales y artistas. Miedo es seguro que había en todas
partes, le dije, en El Alto y en el barrio bonito de Sopocachi.
Pero las clases no actúan por hipocresía.
"Miedo teníamos aquí, en Villa Ingenio", me dijo el padre Wilson
Soria, uno de los curas de El Alto que en su Parroquia del Cristo Redentor se
la jugó con los suyos desafiando las balas para rescatar a los heridos, y con
los vecinos firmó después un manifiesto excepcional pidiendo, por "respeto
a la dignidad humana y la fraternidad en la pluralidad cultural", nada
menos que "la disolución progresiva del ejército". Es seguro que el
padre Soria no habría sido recibido por el general Juan Veliz,
ni que tampoco habría sido esa su aspiración ni su tarea.
"En La Paz, miedo teníamos todos", me dijo Jenny Cárdenas,
cantante sin par de la música boliviana, iniciadora también de los piquetes.
"Pero yo no entré a la huelga de hambre por miedo, sino porque no quiero
vivir en un país donde para gobernar tengan que seguir matando al pueblo".
No era miedo. Era el desplazamiento repentino de una clase hacia otra, propio
de los grandes movimientos de la sociedad. Era el 12 de enero de 1994, cuando
el Zócalo entero de la ciudad de México exigió el alto al fuego y a la matanza
militar de los zapatistas y las comunidades indígenas
insurrectas en Chiapas.
Este vuelco en La Paz, que se extendió el 15 y el 16 a Cochabamba, Oruro,
Potosí, Tarija, Sucre, Santa Cruz y otras ciudades de la república, terminó de
aislar al presidente, al ejército, a la embajada de Estados Unidos y a los
núcleos irreductibles del racismo oligárquico reunidos en torno a ese terceto.
Cuando el mando militar dio un paso al costado, se quedaron solos el presidente
y la embajada. Pese al apoyo explícito del Departamento de Estado en
Washington, la caída era inminente.
***
8 El jueves 16 de octubre todo
el centro de La Paz, las avenidas, las plazas, las calles aledañas, estaba
ocupado por la multitud venida de El Alto, del altiplano, de Oruro, de los
Yungas, de los valles del sur, de los barrios populares, de las universidades y
escuelas, de los mercados, de arriba de las montañas y de abajo de la tierra.
La Paz, ciudad tomada. Con la violencia de sus cuerpos y sus muertos, dije,
los insurrectos habían conquistado la ciudad. Se aprestaban ahora, literalmente
a cualquier costo, a tomar la residencia del presidente y sus subordinados más
cercanos, en especial Carlos Sánchez Berzain,
ministro de Defensa, el artífice de las masacres. Y a colgarlos, decían. A
éstos los protegía sólo un mando militar con fisuras, que ya había tenido que
ejecutar soldados indios que se negaban a disparar contra los suyos, un mando
que sabía que eso de los 500 muertos más, era verdad; y después de esa matanza
qué, si no la desbandada y la deshonra.
El 17 de octubre a la madrugada, dicen las crónicas, "los militares
tenían muchos reparos en continuar disparando contra la población". El
presidente recibió el informe de que los mandos habían
"flexibilizado" su posición y le pedían que se fuera. Por las calles
se esparcía el rumor de la renuncia. A las 13 horas, Sánchez de Lozada la redactó. Tres horas después, junto con sus
ministros más cercanos, escapó de su residencia en helicóptero. Desde el
aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, todos volaron esa noche hacia Miami. Una
vez que el avión hubo despegado, desde el aeropuerto alguien envió por fax la
carta de renuncia al presidente de la Cámara de Diputados. En este final de
opereta posmoderna el presidente en fuga, como despedida, acusó todavía a las
organizaciones sociales de "desintegración nacional",
"autoritarismo corporativista y sindical" y "violencia
fratricida".
Ahí se acabó. Los insurrectos habían ganado. El vicepresidente Carlos Mesa,
que el día 13 se había apartado del presidente, se hacía cargo de la
presidencia. En los días siguientes prometía el referéndum sobre la venta del
gas, la asamblea constituyente y otras demandas del movimiento popular. Los
campesinos se regresaban a sus comunidades, los mineros se volvían a Huanuni: "A'i cuando haya
que tumbar otro presidente, nomás nos avisan y regresamos", dicen los
vecinos de El Alto que los mineros dijeron al partir.
El nuevo presidente no era de ellos. Pero tampoco era el masacrador.
No habían "tomado el poder". Habían dejado 81 muertos y 400 heridos.
Pero habían conseguido lo que buscaban desde la rebelión de febrero de 2003 en
La Paz, que ya les había costado otros 33 muertos, varios de ellos caídos por
el fuego de francotiradores del ejército. Esta vez habían tumbado al asesino.
Habían ganado.
Una vez más la pregunta: ¿fue esta insurrección una estación violenta de una
breve semana, apagada después en el retorno a la dominación cotidiana del
Estado y sus rutinas de opresión, o fue una anunciadora de algo que vendrá o
que ya está en camino?
No sabría ahora responder. Pero sí he podido ver que el sentimiento de haber
ganado es perceptible, fuerte y duradero; y con ese sentimiento extraño,
inusual, que no calma la rabia porque poco han conseguido mientras ven que la
casta política vuelve a sus rejuegos, con ese
sentimiento los insurrectos de octubre prosiguen ahora su vida de trabajo y
deliberan en sus lugares, a ver cómo le hacemos, a ver por dónde, y no nos
descuidemos porque éstos nada van a querer cumplir, nomás promesas nos ofrecen
para que los votemos. ¿Y todos esos muertos, heridos y descalabrados, nomás
para que ellos ganen unas elecciones y unas curules y
todo siga igual? ¿Para eso pusimos nuestros cuerpos y nuestros muertos?
La violencia sigue incubando en Bolivia, la violencia de los que ganaron
pero no vencieron, de los que no quieren otra vez ser burlados por los catrines,
los "blanquitos", los q'aras, los
eternos señores de la dominación racista y oligárquica del capital; y también
la otra violencia, la de los señores, que en este inestable interregno se
recomponen y cocinan el desquite.
***
9 ¿Pero es ésta una revolución?
¿Cuál revolución, si no destruyó el aparato estatal y su fuerza represiva, no
tomó el poder un partido revolucionario de los trabajadores, no tuvo jefes, no
sacó proclamas? ¿Cuál revolución, si nomás tumbó a un presidente y su camarilla
de asesinos? ¿Cuál revolución, si no se quedaron los insurrectos en La Paz, si
se volvieron a sus comunidades, a sus parcelas, a sus minas y talleres, a sus
barrios y sus hogares, a su vida cotidiana, pues?
Lo que en Bolivia acaba de suceder es antiguo como las rebeliones y a la vez
es nuevo, radicalmente nuevo. Todos los interrogantes son entonces legítimos.
Ensayemos respuestas.
Una revolución no es algo que pasa en el Estado, en sus instituciones y
entre sus políticos. Viene desde abajo y desde afuera. Sucede cuando
entran al primer plano de la escena, con la violencia de sus cuerpos y la ira
de sus almas, esos que siempre están, precisamente, abajo y afuera: los
postergados de siempre, los dirigidos, aquéllos a quienes los dirigentes
consideran sólo suma de votantes, clientela electoral, masa de acarreo, carne
de encuesta. Sucede cuando ésos irrumpen, se dan un fin político, se organizan
según sus propias decisiones y saberes y, con
lucidez, reflexión y violencia, hacen entrar su mundo al mundo de los que
mandan y logran, como en este caso, lo que se habían propuesto. Lo que viene
después, vendrá después.
Si la revolución sucediera sólo cuando conquista el poder del Estado una
nueva elite dirigente, ¿dónde quedarían las revoluciones de 1848 en Europa, la
revolución de 1857 en la India (que los británicos llaman "motín"),
la revolución de 1905 en Rusia, la revolución alemana de 1919, la revolución
española de 1936, la revolución griega de 1944, la revolución húngara de 1956,
la revolución guatemalteca, la revolución salvadoreña, y tantas otras
canonizadas en las historias de la izquierda?
En julio de 1917, ante las incógnitas de un movimiento de masas sin
precedentes iniciado en las tierras rusas, Vladimir Ilich Lenin se preguntaba:
"¿Qué es lo que define a una revolución?". Esta era su respuesta:
"Si tomamos como ejemplos las revoluciones del siglo XX, tendremos que
reconocer como burguesas, naturalmente, las revoluciones portuguesa y turca.
Pero ni la una ni la otra son revoluciones 'populares', pues ni en la una ni en
la otra actúa perceptiblemente, de un modo activo, por propia iniciativa, con
sus propias reivindicaciones económicas y políticas, la masa del pueblo, la
inmensa mayoría de éste. En cambio, la revolución burguesa rusa de 1905 a 1907,
aunque no registrase éxitos tan 'brillantes' como los que alcanzaron en ciertos
momentos las revoluciones portuguesa y turca, fue, sin duda, una revolución
verdaderamente popular, pues la masa del pueblo, la mayoría de éste, los
estratos sociales de más abajo, aplastados por la opresión y la explotación, se
levantaron por propia iniciativa y estamparon en todo el curso de la revolución
el sello de sus reivindicaciones, de sus intentos de construir a
su modo una nueva sociedad en lugar de la sociedad vieja que había de ser destruída".
Vladimir Ilich sabía que
estaba ante hechos nuevos, engendrados por la expansión del capital en las
décadas precedentes y por la violencia de sus guerras: las primeras
revoluciones del siglo XX. No los definía por sus direcciones, sus programas y
sus resultados, sino por sus protagonistas, sus dinámicas y sus hechos. Buscaba
definir y nombrar lo que era nuevo. A comienzos del siglo XXI, después de otra
onda expansiva de la dominación del capital en las décadas pasadas, estamos
otra vez ante la incógnita.
***
10 Cuesta darle a esta
insurrección boliviana el nombre de "revolución". Cuesta empezar de
nuevo con ese viejo cuento, cuando ya parecía que "había consenso" en
que las revoluciones eran cosa del pasado y ahora nomás elecciones habría,
transiciones democráticas, gobernabilidades, acuerdos y consensos. Cuesta tener
que tratar otra vez con lo intratable: la revolución, otra vez aquí, otra vez
violenta, confusa, sucia, mal vestida, mal comida, mal hablada, oliendo a
pobre, otra vez tirándonos encima con violencia sus cuerpos y sus muertos.
Mejor digamos que esto no fue una revolución, sino un gran motín, una
rebelión, una insurrección que cometió muchos yerros, que no tenía partido
dirigente, que era nomás por el gas y por los sembradíos de coca, un movimiento
popular, una asonada grande y poco más.
Quedémonos entonces con el balance del periódico La Razón, lúcido
vocero conservador, que el 30 de octubre escribía: "En un confuso,
desarticulado y sangriento conflicto de 41 días, el presidente boliviano había
renunciado, derrotado por una batalla que nunca lideró, asfixiado por su
entorno más cercano, aislado de la gente, pero seguro de que no se equivocó en
su segunda gestión de 437 días, iniciada el 2 de agosto de 2002". Con
cierto desencanto por este derrumbe sin honor y sin gloria, el articulista
agregaba: "Se impuso el conservadurismo presidencial, alentado por la
administración tecnocrática del Estado y la pasión
por las encuestas hechas en casa".
"Confuso, desarticulado y sangriento conflicto": cada uno
describe, con las palabras y los sentimientos que le son afines, lo que desde
su mirador ve y desde la conciencia de su ubicación social percibe. La del
articulista de La Razón no deja de ser una conciencia que se siente
desdichada ante los acontecimientos que sus percepciones registraron.
Yo sigo creyendo, en cambio, que estamos ante una revolución, cuyo momento
de victoria fue la toma de la ciudad de La Paz y la caída y la fuga del
gobierno de Sánchez de Lozada el 17 de octubre de
2003. No sé qué vendrá después. Sé que la revolución está otra vez en estas
tierras latinoamericanas, aunque para las miradas conservadoras aparezca como
"un conflicto confuso, desarticulado y sangriento".
***
11Los indios, los cholos, los
hombres y las mujeres de las clases subalternas, con sus formas de organizarse
y decidir, con sus organizaciones de múltiples niveles o sin ellas, con los
dirigentes que tuvieron a la mano, con la violencia de sus cuerpos y sus muertos
y con la furia de sus almas, tomaron La Paz, paralizaron al ejército y tumbaron
al presidente y al gobierno de los asesinos. Cualquier cosa suceda después, que
todavía no sabemos, eso se llama revolución. Regatearle el nombre es
regatearles esta difícil victoria a sus protagonistas: los indios, los cholos,
las mujeres y los hombres de las clases subalternas de Bolivia. Mejor tengámoles confianza.
Febrero 2004
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Escritos citados:
- Silvia Rivera Cusicanqui, Oprimidos pero no
vencidos- Luchas del campesinado aymara y qhechwa, 1900-1980, Ediciones Yachaywasi,
La Paz, 2003, 210 ps. (4a. edición
en castellano).
- Sergio Serulnikov, "Costumbres y reglas:
racionalización y conflictos sociales durante la era borbónica (Provincia de Chayanta, siglo XVIII)", en Forrest
Hylton et al, Ya es otro tiempo el
presente-Cuatro momentos de insurgencia indígena, Muela del Diablo
Editores, La Paz, 2003, 279 ps., ps.
78-133.
- Alvaro García Linera, "El Alto
insurrecto", en El juguete rabioso, La Paz, año 3, nº 90, 12
octubre 2003.
- Pablo Mamani, "Levantamiento en El Alto: el
rugir de la multitud", en www.econoticiasbolivia.com.
- Ana María Campero, "Los piqueteros de la esperanza", en
Pulso, La Paz, octubre 24 a octubre 30, 2003, p. 6.
- Silvia Escobar de Pabón, "Ajuste y
liberalización, cuna de los movimientos sociales", en Pulso, La
Paz, noviembre 14 a noviembre 20, 2003, ps.8-9.