Alimentos
Sanos
Libres
de Plaguicidas y Transgénicos
En Apoyo
a la Soberanía y Seguridad Alimentaria de América Latina
No a la
OMC
Fernando
Bejarano G. Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en
México
(RAPAM). Amado Nervo,
23-2, Col. San Juanito, Texcoco, Edo.
de México, México 56121
Tel. y
Fax. (595) 954 7744.
Red de Acción en Plaguicidas
y sus Alternativas para América Latina (RAP-AL) www.rap-al.org
Coordinadora General: Maria Elena Rozas, Alianza por una Mejor Calidad
de Vida, Chile. rap-[email protected], www.rap-chile.com
Subcoordinador de
Mesoamérica y el Caribe: Fernando
Bejarano, Red de Acción sobre Plaguicidas y Alternativas en México (RAPAM) [email protected]
Subcoordinador de la región Andina, Luis
Gomero, Red de Acción en Alternativas al uso de Agroquímicos (RAAA) [email protected], www.raaa.org.
La OMC en Cancún,
México
|
E |
n Cancún, México, del 10 al 14 de
septiembre, se reúnen, por quinta vez, los 148 países que integran la
Organización Mundial del Comercio (OMC). Este
organismo, con sede en Ginebra, Suiza, nace desde 1995 como un foro
donde se negocian acuerdos para bajar tarifas y aranceles (impuestos a los
productos importados) que permitan un mayor intercambio comercial en el mundo,
pero cuyos efectos van más allá del comercio. Actualmente la OMC hace cumplir
una veintena de acuerdos comerciales en áreas como los textiles, la
agricultura, los servicios y los derechos de propiedad intelectual. Los países
que violen estos acuerdos son sujetos a presiones muy fuertes y llevados ante paneles de arbitraje comercial
antidemocráticos donde son sancionados.
En la práctica, la OMC ha servido
como un instrumento de las corporaciones transnacionales y unos cuantos
gobiernos ricos para impulsar e imponer un conjunto cada vez más amplio de
políticas neoliberales a mundial que permiten una mayor penetración extranjera
a recursos nacionales estratégicos, y mayor control de las economías nacionales
lo que afecta la satisfacción de necesidades
y derechos básicos del ser humano en materia de empleo, alimentación,
salud, educación, derecho a un ambiente sano, y que provoca una mayor desigualdad entre los países del Norte y del
Sur.
Los temas identificados desde
1996 en la Conferencia de la OMC en
Singapur para iniciar una nueva ronda de negociaciones y llegar a nuevos
acuerdos de liberalización comercial son: Inversiones, Política de Competencia,
las Compras del Sector Público y facilitación del Comercio. De igual modo, se
pretende ampliar aún más la liberalización
comercial de la agricultura, cuyas negociaciones se iniciaron desde el
2000 y que no han culminado, con el objetivo de
reducir los subsidios a las exportaciones agrícolas, el acceso a los
mercados por medio de la baja de aranceles, y la reducción de las medidas
internas que distorsionen la producción o el comercio.
Las políticas neoliberales de
ajuste estructural promovidas por los organismos financieros multilaterales
como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) debilitaron
la intervención de los Estados Nacionales en la agricultura y reorientaron las
políticas agrícolas para privilegiar las necesidades del mercado externo, sobre
las necesidades de la población nacional, fomentando los cultivos de agroexportación y sacrificando las políticas de apoyo a la
producción de granos básicos que aseguran la autosuficiencia alimentaria.
Estados Unidos y la Unión Europea
predican el libre comercio pero no lo practican; presionan a los demás países
para que bajen sus aranceles y subsidios al campo mientras ellos sí elevan sus
subsidios. El ejemplo más escandaloso lo presenta Estados Unidos que en su Ley
Agrícola del 2002, elevó en un 80% los subsidios agrícolas -comparados con
1986- especialmente en ocho cultivos: algodón, trigo, maíz, soya, arroz,
cebada, avena y sorgo. Estos subsidios benefician principalmente a los grandes
agricultores y a las corporaciones transnacionales que han desplazado y
expulsado a la mayoría de los granjeros familiares. Se calcula que los países ricos de la OCDE
gastan más de 300 mil millones de dólares al año en subsidios agrícolas, seis
veces más que la asistencia a los países en desarrollo.[2]
Estos subsidios permiten que los
Estados Unidos exporten sus productos por debajo del costo real de producción,
en una práctica conocida como “dumping”. El precio artificialmente bajo
producto del “dumping” destruye los mercados regionales abiertos a la
competencia global y afecta a los pequeños agricultores y las economías rurales
campesinas. La sobreproducción de los
alimentos a precios “dumping” que impulsa Estados Unidos es parte de una
estrategia de dominación por la hegemonía mundial alimentaria, en competencia
con la Unión Europea, para expandir su control a los demás países del
planeta. Beneficia a las grandes
corporaciones agroalimentarias, tanto a las comercializadoras de cereales y granos como a las transformadoras de
alimentos elaborados. Tan sólo dos empresas estadounidenses, la Cargill y Archer Daniel Midland (ADM)
controlan la mitad del comercio mundial de granos en el mundo. Las diez
empresas de semillas más grandes del
planeta controlan la tercera parte del comercio mundial de semillas.
La concentración del poder de las
corporaciones se acelera con la globalización
de los acuerdos de libre comercio y la lucha por el mercado mundial.
Unas cuantas empresas dominan el mercado de la semillas,
los plaguicidas, los farmacéuticos, los productos veterinarios y han apostado a
la expansión de los cultivos modificados genéticamente para consolidar su
control. Syngenta, Bayer -
que compró Aventis Crop
Science-, Monsanto, Basf,
Dupont y Dow son los gigantes genéticos que se
disputan el mercado mundial de las
patentes agrobiotecnológicas, y son estas mismas
transnacionales las que controlan casi el 80% del mercado mundial de
plaguicidas.
Las presiones de Estados Unidos y
Europa para una mayor liberalización del comercio agropecuario en el ámbito del
Acuerdo sobre Agricultura de la OMC tendrían como consecuencia consolidar el poder transnacional sobre el sistema
alimentario.
El modelo de la
agricultura industrial envenena a la naturaleza,
a
las y los trabajadores y las comunidades rurales3
La agricultura que promueven los
tratados de libre comercio y la OMC es una agricultura industrializada que
somete la naturaleza a los procesos de especialización productiva y acumulación
de capital. Esta agricultura industrializada sacrifica la diversidad biológica
en monocultivos especializados dependientes de
paquetes tecnológicos bajo el control de corporaciones transnacionales
especialmente en semillas -antes
híbridas y ahora modificadas genéticamente- y
fertilizantes y plaguicidas químicos. El sistema alimentario que
promueve la OMC tiene un alto gasto en energía, por el procesamiento, las
grandes distancias que recorren los alimentos y la infraestructura en
transporte y refrigeración, lo que contribuye a la emisión de los gases invernadero
que afectan el clima del planeta.
Los plaguicidas químicos son por
definición sustancias tóxicas, son las armas de la industria química que se
ofrecen para el combate de las plagas, como insecticidas, herbicidas y funguicidas; y afectan sistemas biológicos
fundamentales que son compartidos también por el hombre. El uso intensivo de estos agrotóxicos
provoca el envenenamiento a corto y largo plazo de la naturaleza, los
trabajadores, las comunidades rurales y los consumidores. Cada año en América
Latina y el Caribe se envenenan cientos de miles de personas. Los secretarios de salud de los países de
Centroamérica estiman en casi 400,000 los envenenamientos causados por los plaguicidas cada año en esa región, que
cuenta con el mejor sistema de registro. En Brasil se estima que 300,000; en
México, las autoridades registraron 2,800 casos en el 2002, en Chile se
registraron 1 000; pero en la mayoría de los países la mayor parte de las
intoxicaciones no se reportan a las autoridades, por lo que las cifras reales
totales son mucho mayores. Estos son casos registrados de intoxicación
inmediata, a corto plazo, pero los efectos
crónicos, a largo plazo causados por los plaguicidas no se lleva una estadística.
La mayoría de los plaguicidas
entraron al mercado mundial antes de que se exigieran pruebas que demostraran
no tener efectos crónicos sobre la salud de la población. Hay ya identificados
cientos de plaguicidas que se sabe o sospecha pueden provocar cáncer,
malformaciones, afectar la fertilidad de hombres y mujeres, dañar su sistema
natural de defensas contra infecciones y enfermedades, provocar abortos
espontáneos y otros males reproductivos. Los
daños a la salud no son siempre inmediatos, ni se presentan a corto
plazo, sino que pueden manifestarse años después, sobre todo en las mujeres
embarazadas que se exponen a estos agrotóxicos. Aunque los trabajadores y trabajadoras agrícolas y sus familias son el
sector más expuesto también lo están las comunidades rurales donde se aplican y
todos los consumidores de alimentos a los que se aplicaron estos venenos.
Los plaguicidas son biocidas matan no sólo a las plagas sino a los insectos
benéficos que las controlan de manera natural, es así, que entre más se usan
aparecen nuevas plagas, que además, pueden desarrollar resistencia, una
capacidad biológica hereditaria a esta sustancias tóxicas por la que ya no se
mueren a las dosis que se aplicaban anteriormente. Los plaguicidas contaminan
el agua de los ríos, manantiales y pozos, y afectan los ecosistemas costeros
donde descargan los distritos de riego, además de afectar a la flora y fauna
silvestre en los lugares donde se aplican.
El uso de plaguicidas ha creado una enorme deuda
ambiental, y de daño a la salud, en los países de América Latina y del Caribe, y del resto del
mundo beneficiando principalmente a las corporaciones transnacionales.
El mito de la
calidad de los alimentos producidos en Estados Unidos y
la imposición de
riesgos a los países importadores4
Una de las consecuencias de las
políticas neoliberales al dar prioridad a los cultivos de exportación es que
los gobiernos ponen más atención para asegurar la calidad de los productos que
se exportan que los que se importan y consumen a nivel nacional. La inundación
de alimentos de Estados Unidos en los
grandes supermercados de América Latina,
cada vez más en manos de empresas
multinacionales estadounidenses como Wallmart,
puede crear la ilusión a los consumidores de que los alimentos importados deben
ser mas seguros que los del país de origen. Sin
embargo, la calidad de los productos “Made in USA” es más un mito que una
realidad, dado el intenso uso de plaguicidas, hormonas, antibióticos y aditivos
usados en la producción agropecuaria estadounidense que se ofrece como “modelo”
a los empresarios y campesinos de todo el mundo.
Estados Unidos es el país que usa
más plaguicidas químicos en el mundo - 20 % del total mundial- con cientos de
miles de toneladas aplicados cada año, y con productos que aunque estén
registrados no son inofensivos sino conocidos o sospechosos de causar cáncer,
afectar el desarrollo reproductivo, provocar altercaciones hormonales o dañar
el desarrollo cerebral y el sistema nervioso. Cada año miles de trabajadores agrícolas son envenenados y hay un grave problema de
contaminación del agua. Además se calcula que un 20% de los alimentos que se
consumen en Estados Unidos están contaminados con residuos de insecticidas organoclorados – especialmente dieldrín
y DDE, un metabolito del DDT- que han sido prohibidos en ese país y con
dioxinas, un contaminante muy tóxico que
se acumula en las grasas del cuerpo. La presencia de estos contaminantes
se ha encontrado en frutas, hortalizas, carne, pollo y productos lácteos como leche,
yogurt y queso. Los residuos de
plaguicidas organoclorados y las dioxinas presentes en los alimentos en
cantidades muy bajas, aunque no lo percibamos se van acumulando en el cuerpo
humano, van formando la carga corporal de contaminantes que se excretan en la
leche materna y pasan a las futuras generaciones.
El
70% del total de antibióticos usados en Estados Unidos -unas
11 mil ton- son usados para promover el
crecimiento y engorda de cerdos, pollos y ganado, lo que puede provocar
bacterias resistentes a estos medicamentos, poniendo en riesgo la salud animal
y la de los consumidores. En los Estados Unidos a más del 90% del ganado para
engorda se le implantan hormonas en las orejas o se les proporcionan hormonas
en sus alimentos para incrementar su peso en el menor tiempo posible. Para aumentar la producción lechera se usa la
Hormona Recombinada de Crecimiento Bovino (rBGH por
sus siglas en inglés o somatropina en español) que
produce principalmente la transnacional Monsanto y puede poner en riesgo la
salud del consumidor pues aumenta el riesgo de reacciones alérgicas y cáncer de próstata, colon y de pecho.
La promoción de cultivos y
organismos modificados genéticamente (OGM) crean nuevos riesgos e
incertidumbres para la salud de los consumidores por no hablar de los riesgos
ambientales de contaminación genética, como sucede con las variedades de maíces
nativos de las comunidades indígenas de
México, centro de origen mundial del máíz. Hay
evidencias de que el consumo de transgénicos puede aumentar el riesgo de
alergias, resistencia a antibióticos, y posibles afectaciones del sistema
inmunológico. Aunque las evidencias no son concluyentes si son suficientes para
exigir mayores estudios antes de liberar estos productos para la siembra y
consumo humano y animal. Las poderosas empresas transnacionales han logrado que
Estados Unidos -a diferencia de Europa- no obligue a informar en la etiqueta si
se usaron organismos transgénicos en alimentos frescos o elaborados. De este
modo, cuando la industria alimenticia de los países de América Latina y del
Caribe importan soya o maíz de Estados Unidos, están importando una gran parte
de soya y maíz modificados genéticamente que es usada para la elaboración de
una gran variedad de alimentos: tortillas, harinas, aceites, dulces, botanas
chatarra muy consumida por niños y adultos. Sin
el etiquetado de los alimentos importados transgénicos el consumidor
está comiendo a ciegas.5
Los gobiernos deben establecer un programa nacional de prevención,
control y monitoreo de plaguicidas, hormonas, antibióticos y contaminantes
orgánicos persistentes en los alimentos importados y en los producidos a nivel
nacional. Informar si se usaron antibióticos u hormonas. Los gobiernos deben exigir que los alimentos
importados indiquen en su etiqueta si contienen productos transgénicos y
prohibir la siembra de cultivos modificados genéticamente como una medida
preventiva.
El Codex Alimentario y las ilusiones de la llamada
“inocuidad o sanidad
alimentaria” con el libre comercio6
Las medidas de protección a la
salud de los alimentos, de las plantas, de los animales, del ser humano y del
medio ambiente son consideradas por la OMC como barreras técnicas al libre
comercio que deben ser reducidas al mínimo para incrementar el flujo comercial;
y de este modo evitar inspecciones aduanales, detenciones temporales o medidas cuarentenarias. El Acuerdo sobre la Aplicación de Medidas
Sanitarias y Fitosanitarias de la OMC estableció, desde 1994, que un organismo
internacional, la Comisión del Codex Alimentario es
el referente internacional en la resolución de disputas comerciales para
determinar los “niveles apropiados” de protección en materia de sanidad
alimentaria, que son tolerados y no interferir en el libre comercio. Las
diferencias existentes entre los países de las medidas de protección deben ser
“armonizadas” globalmente, para eliminar lo que se considere como obstáculos
innecesarios y restricciones encubiertas, tomando en la práctica como techo
límite las normas internacionales establecidas por el Codex.
La OMC espera que los países que acuerden tratados de libre comercio,
reconozcan como equivalentes las medidas adoptadas por otro miembro sobre todo
si se fundamentan en estas recomendaciones internacionales.
La Comisión del Codex Alimentario fue creada desde 1962 para ejecutar el
Programa Conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) sobre Normas
Alimentarias. Originalmente el Codex asesoraba
técnicamente a los países en desarrollo en materia sanitaria y fitosanitaria,
con el objetivo de establecer directrices mínimas globales con base en las
cuales los países pudieran elaborar sus propias normas, que podían ser más
estrictas; pero la OMC ha transformado al Codex en el
referente internacional para la elaboración de las normas de sanidad
alimentaria mundial, estableciendo límites máximos globales en materia de residuos de plaguicidas y medicamentos
veterinarios, de aditivos alimenticios, y de contaminantes, así como las
medidas de higiene de los alimentos; y en los últimos años el uso de hormonas
en el ganado y leche, y sobre etiquetado y rastreabilidad
de alimentos que contengan organismos modificados genéticamente. El Codex
también es el referente internacional
del Acuerdo sobre Obstáculos Técnicos al Comercio en materia de etiquetado de
alimentos, disposiciones sobre calidad, requisitos nutricionales y métodos de
análisis y muestreo.
Los comités que elaboran las
normas del Codex están fuertemente influenciados por
las corporaciones transnacionales de los plaguicidas y la industria de la
alimentación. Dice la OMC, en teoría,
que un país puede mantener o introducir normas más estrictas que las del Codex para proteger la salud o el ambiente solamente si hay
una justificación científica basada en una evaluación de riesgos, aunque en la práctica, cuando esto se ha realizado
el país afectado puede cuestionar esta decisión
y demandar una compensación,
llevando el caso a un panel especial para su estudio y recomendación.
Cuando se habla de que los
tratados de libre comercio garantizan la “inocuidad alimentaria” no significa
que los alimentos sean realmente “inocuos” o
estén libres de plaguicidas o de otras sustancias tóxicos
sino que cumplen con los límites aceptables de residuos de estas sustancias
establecidos por el Codex Alimentarius
o con medidas equivalentes acordadas entre los países.
La OMC exige a los países que
establezcan sus medidas de sanidad alimentaria sobre la base de las
evaluaciones de riesgos, como los define el Codex Alimentarius. La evaluación de riesgo parte del supuesto de
que los riesgos del consumo de alimentos donde se han empleado plaguicidas
químicos, hormonas y antibióticos pueden ser evaluados y manejados para fijar
límites máximos permisibles que garanticen su seguridad o inocuidad. Se trata
de fijar niveles de riesgo aceptable en lugar de promover prácticas
agropecuarias alternativas que sustituyan o eliminen estas sustancias tóxicas y
los eviten. Tener como techo límite a
las recomendaciones del Codex significa que aceptemos
en nuestra dieta el ingerir alimentos que tienen residuos de plaguicidas que
pueden provocar cáncer o afectar nuestro sistema hormonal u otros efectos
crónicos aunque se nos diga que como las
cantidades permitidas son muy pequeñas, el consumirlas no representa un peligro
a la salud. Científicos independientes han señalado que las llamadas evaluaciones
de riesgo tal como se practican actualmente en el Codex
no proporcionan límites de seguridad confiables pues no consideran la
exposición crónica y múltiple de las sustancias tóxicas, los efectos acumulados
y su interacción en el organismo, ni las sensibilidades especiales de los niños
o personas enfermas, sólo evalúan de manera parcial los riesgos de sustancia
por sustancia estableciendo para cada
uno su límite máximo permisible en cada alimento considerando las
características de un adulto sano. La evaluación de riesgos no debe ser la
camisa de fuerza para la política
pública en sanidad alimentaria sino deben desarrollarse otras opciones
especialmente para la evaluación de alternativas para la sustitución y
eliminación de sustancias tóxicas en la producción agropecuaria.7
La OMC pervierte el Principio de
Precaución que establece que los gobiernos pueden intervenir tomando medidas
preventivas en los casos de presunción de daños irreversibles a la salud o el
medio ambiente aunque las evidencias científicas no sean absolutas, por lo que
el que promueve una práctica o introduce una sustancia al mercado es el
responsable de presentar la prueba de que no es dañino. Con la OMC se invierte
la responsabilidad, es el país cuestionado sobre sus medidas de protección, el
que debe defenderse y demostrar que el producto que no permite entrar en su
mercado representa un riesgo inaceptable; el beneficio de la incertidumbre
beneficia al país demandante ante los paneles de disputa comercial.
Las reglas de la OMC han
permitido, en dicho contexto, que Estados Unidos haya demandado a la Unión
Europea por no permitir la entrada de carne o leche con residuos de hormonas no
autorizadas en el viejo continente, y por la moratoria de facto contra la
entrada de alimentos transgénicos que no
estén etiquetados, como lo exige la legislación europea.[3]
De manera similar, se ha cuestionado la cuarentena de Australia sobre las
importaciones de salmón, para proteger la salud de su población nativa, o las cuarentena de Japón para proteger su fruta de ciertas
plagas.8
La desregulación
en la armonización global
y
regional del etiquetado de plaguicidas9
La armonización de un sistema global de
etiquetado y clasificación de sustancias químicas, promovida inicialmente por
los países ricos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) y la Comisión Económica Europea de las Naciones Unidas, trae
como consecuencia una disminución en el nivel de comunicación de los riesgos en
el caso de los plaguicidas. Dicho sistema global elaboró una nueva
clasificación de la toxicidad aguda de los plaguicidas
inferior a la elaborada por la Organización Mundial de la Salud, teniendo como consecuencia que
plaguicidas en cuya etiqueta debe inscribirse la leyenda de extremadamente
peligroso o muy peligroso pase a ser reetiquetado
como “peligroso” con una banda de color distinto. Este cambio
La armonización del etiquetado de
plaguicidas en el mercado común centroamericano, ha forzado a la
reclasificación del herbicida paraquat en Guatemala
que de tener una etiqueta con una banda de color rojo correspondiente al
“extremadamente tóxico” pasó a una categoría inferior con una banda de color
azul de “ligeramente tóxico” a pesar de ser la misma fórmula. De igual forma en
el caso de El Salvador diversos plaguicidas pasaron a reclasificarse de
extremadamente o altamente tóxicos a ser moderadamente y ligeramente tóxicos.
Esta armonización representa en la práctica una desregulación que flexibiliza
las medidas de control y seguridad y repercutirá en mayores casos de
intoxicación.
A diferencia de Estados Unidos
las etiquetas de los plaguicidas en Europa deben de incluir frases de
advertencia sobre sus efectos crónicos, esta información debería ser también exigida
en otros países y con mayo razón en América Latina, donde las empresas de
origen europeo dominan el mercado. Conocer no sólo los efectos agudos como se
encuentran actualmente en bandas de color
y leyendas de advertencia como recomienda la OMS, sino también los
efectos crónicos y los ingredientes inertes con propiedades tóxicas son parte
del derecho a conocer de los usuarios
que deben ser defendidos en los proyectos de armonización global del etiquetado
de plaguicidas. En México las propuestas de este tipo, se han enfrentado a la
feroz oposición de las transnacionales.
Las empresas transnacionales
también buscan armonizar o declarar equivalentes los reglamentos de plaguicidas
en los bloques económicos regionales de libre comercio y de este modo minimizar
los controles sobre plaguicidas, Por ejemplo, las transnacionales han propuesto
el Registro Unificado de los Plaguicidas de la Unión Aduanera de Centroamérica,
que se está negociando actualmente, por la que un plaguicida que ha sido
aprobado en un país, debe registrarse automáticamente por los otros. Esta
propuesta ha sido adoptada ya por el Salvador en su legislación mediante la
firma de protocolos de equivalencia con todos los países de Centroamérica. Se
espera que este registro fortalezca la inversión del
Plan Puebla Panamá, y la integración comercial con México y Estados Unidos.
Acuerdo sobre
inversiones de la OMC: amenaza para la soberanía de
los
gobiernos locales y la protección a la salud y el ambiente10
Estados Unidos y Europa presionan a los países de la OMC para que se
abran las negociaciones sobre un acuerdo global sobre inversiones. Esto
reforzaría a nivel mundial las cláusulas de protección a los inversionistas que
ya se han venido estableciendo en diversos acuerdos regionales y bilaterales de
libre comercio. Por ejemplo, el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio entre
Estados Unidos, México y Canadá, permite que un inversionista extranjero
demande a un país el pago de millones de dólares como indemnización si considera que ha sido
tratado de manera discriminatoria o que se han tomado medidas similares a una
expropiación indirecta del valor presente o futuro de su inversión. El tribunal comercial que recibe y resuelve este
tipo de demandas realiza Las audiencias
que no son abiertas al público, los gobiernos locales o provinciales no pueden
participar directamente sino a través del gobierno federal, y los miembros del
panel son expertos en disputas comerciales pero no se requiere que lo sean en
materia del derecho ambiental o de
protección a la salud de la
población. El capítulo de protección de
inversiones del TLC ha sido tomado como modelo para el Acuerdo de Libre
comercio e las Américas (ALCA) y contiene
Con este tipo de acuerdos las
empresas extranjeras tienen una arma poderosa para
chantajear a gobiernos locales o provinciales que tratan de impedir la
operación de actividades o la entrada de productos que pongan en riesgo la
salud de su población. Esto ha ocasionado, por ejemplo que Metalclad,
una empresa norteamericana, haya recibido del gobierno mexicano más de 16
millones de dólares en compensación por que un municipio pobre no le otorgó el
permiso de construcción para reabrir un basurero tóxico, y por haberse creado un
área de protección natural estatal
debido a la gran diversidad biológica en cactáceas en la región. De
igual modo, ha servido para impedir que
una provincia de Canadá prohíba el uso de lindano, un
insecticida organoclorado tóxico prohibido en muchos
países y que se acumula en grasas y leche materna.
PROPUESTAS
Por la defensa de
la soberanía alimentaria y el apoyo a los movimientos de resistencia campesina
e indígena11
RAPAL se solidariza con la lucha
de los movimientos campesinos e indígenas en defensa de la soberanía
alimentaria. Preservar la soberanía alimentaria significa garantizar el derecho
de los pueblos a producir sus propios alimentos; a definir sus propias
políticas agrícolas y alimentarias, dar apoyos a los campesinos para fortalecer
la producción nacional y el mercado interno, protegerse de las importaciones a bajo precio, y garantizar la estabilidad de los precios
agrícolas a escala internacional mediante unos acuerdos internacionales de
control de la producción.
Frente a un sistema mundial
alimentario homogéneo en poder de unas cuantas transnacionales, es necesario
reconstruir desde abajo sistemas alimentarios sustentables que conserven la
diversidad cultural y biológica de los campesinos y pueblos indígenas, dando prioridad a la producción
local y regional frente a la
exportación.
RAPAL apoya la demanda de Vía
Campesina y de otras organizaciones por sacar a la agricultura de las negociaciones de la OMC y se
solidariza con los grupos y organizaciones que proponen un comercio justo y
relaciones comerciales más equitativas, condiciones laborales dignas y sistemas
de producción sostenibles ecológicamente con un respeto que garanticen calidad
a los consumidores y eleven el nivel de vida de las comunidades rurales.
Por la producción y consumo de alimentos sanos libres de
agrotóxicos
y transgénicos
El derecho a producir y consumir alimentos
sanos libres de plaguicidas, transgénicos, hormonas y antibióticos que puedan
poner en riesgo la salud o el medio ambiente es parte de la lucha por la
soberanía alimentaria. Comer alimentos sanos es un derecho humano fundamental.
Los gobiernos deben aplicar el Principio
Precautorio como guía en la toma de decisiones gubernamentales frente a los
peligros potenciales de daños a la salud irreversibles por contaminación
bacteriana, química o transgénica de los alimentos producidos en el país o
importados. La adopción del principio precautorio debe llevar a promover las
prácticas productivas alternativas que previenen dichos riesgos en lugar de
tratar de normar límites tolerables de estos contaminantes en los alimentos.
Hay un conjunto de técnicas de manejo
agroecológico de plagas que permiten eliminar el uso
de plaguicidas químicos y hacen innecesario el empleo de cultivos modificados
genéticamente. Incluyen los métodos de fertilización biológica del suelo que
crean una nutrición equilibrada de las plantas menos susceptibles al ataque de
insectos y hongos; la rotación y asociación de cultivos, la conservación y
aumento de los insectos benéficos que controlan biológicamente a las plagas, el
empleo de variedades resistentes, el empleo de trampas y cebos, así como el uso
de plantas - como el tabaco, chile, ajo
y muchas más- como insecticidas naturales.
La expansión de la llamada
agricultura orgánica o biológica -que no
usa fertilizantes ni plaguicidas
químicos- demuestra que los principales
obstáculos no son técnicos sino políticos o económicos para la eliminación de
los agrotóxicos.
Se debe apoyar la producción orgánica no tanto para abrir una nueva
ventana de exportación sino para garantizar que sea destinada y accesibles al consumo nacional, mediante subsidios,
estímulos financieros, fiscales y apoyos en la investigación y servicios de
extensión agrícola.
Por el mejoramiento y libre circulación de
las semillas nativas
La lucha por la soberanía
alimentaria comienza recuperando el control campesino de las semillas nativas y
su derecho a cultivarlas, mejorarlas e intercambiarlas recuperando la
diversidad biológica y cultural en la producción de alimentos, sin tener que pagar
patentes a corporaciones transnacionales. La semillas
estériles modificadas genéticamente y las regalías que se paga a las
transnacionales gracias a los derechos de propiedad intelectual impiden el ejercicio de este derecho
campesino.
Se debe apoyar el desarrollo de
alternativas al uso de plaguicidas tóxicos para la conservación de las
semillas. RAPAL apoya la campaña de Vía Campesina de las semillas nativas como
patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad.
Por el respeto a los derechos de los trabajadores,
las
mujeres y los niños
Se debe respetar la dignidad del
trabajador y trabajadora agrícola y no poner en riesgo su salud por el uso de
plaguicidas tóxicos en el lugar de trabajo. Los gobiernos deben cumplir con sus
compromisos con la Organización Internacional del Trabajo e informar a los
trabajadores de los riesgos a la salud y el ambiente por el uso de plaguicidas
y otras sustancias tóxicas en la producción agrícola; así como el Convenio 169 que
establece que los trabajadores, hombres
y mujeres, pertenecientes a los pueblos indígenas no deben estar sometidos a
condiciones de trabajo peligrosas para su salud, en particular como
consecuencia del uso de plaguicidas u otras sustancias tóxicas.
No se debe permitir que niños o mujeres embarazadas se empleen
para la aplicación de plaguicidas. Las mujeres deben defender sus derechos
reproductivos para tener un embarazo y crianza infantil libres de plaguicidas
que puedan poner en peligro su salud y la de sus hijos. Las mujeres organizadas
pueden luchar contra el uso de plaguicidas químicos en su casa, barrio, lugar
de trabajo y por el derecho a consumir alimentos libres de estos agrotóxicos.
Los gobiernos deben de cumplir con los
compromisos establecidos en el Convenio sobre los Derechos del Niño aprobada
por la Asamblea de las Naciones Unidas para crear las condiciones que permitan
que la población infantil disfrute plenamente su derecho a la vida, a la salud,
a su pleno desarrollo físico, mental y espiritual, y a que no desarrolle
actividades que pongan en peligro su salud.
Por
la eliminación prioritaria de los plaguicidas especialmente peligrosos
Los plaguicidas extremadamente tóxicos
o altamente tóxicos deben de ser eliminados de manera progresiva para prevenir
mayores intoxicaciones de productores y trabajadores agrícolas. De igual modo,
se deben reducir hasta lograr la
eliminación los plaguicidas que incluyan un riesgo crónico para la salud,
especialmente la de los niños y afecte los derechos reproductivos de las
mujeres. No es aceptable que se permita el uso de plaguicidas y se toleren
sus residuos en nuestra dieta en el caso
de productos que puedan provocar cáncer, malformaciones, alteraciones
hormonales, daños reproductivos u otros efectos crónicos irreversibles.
El objetivo de las políticas
ambientales o de protección a la salud no debe reducirse al llamado “manejo
seguro de los plaguicidas” como pretende la industria química; sino que debe
prevenir los riesgos y tender a eliminar su uso, sobre todo cuando los riesgos
se pueden evitar porque existen alternativas viables.
Por la firma y ratificación de los convenios
ambientales multilaterales
y
su prioridad sobre los acuerdos comerciales
Los acuerdos comerciales no deben tener prioridad sobre los convenios
ambientales multilaterales que tengan como objetivo una mayor protección a la
salud humana o el medio ambiente. En ocasiones la firma o ratificación de estos
convenios se ha obstaculizado por los defensores a ultranza del libre
comercio. Los gobiernos deben firmar y ratificar los convenios ambientales
multilaterales y contar con planes nacionales de aplicación de estos convenios
con mecanismos amplios de participación ciudadana.
Es así, que se debe eliminar el
bromuro de metilo destructor de la capa de ozono, como indica el Protocolo de
Montreal. Aplicar el Procedimiento de
Consentimiento Fundamentado Previo (PIC) en el intercambio
comercial de plaguicidas prohibidos o formulaciones especialmente peligrosos
del Convenio de Rótterdam. Eliminar los plaguicidas organoclorados
y las fuentes de producción no intencional de dioxinas y furanos
según lo establece el Convenio de Estocolmo sobre los Contaminantes Orgánicos
Persistentes e ir eliminando otros
plaguicidas organoclorados que aún se usan en
nuestros países como el lindano, endosulfán,
pentaclorofenol por ser dañinos a la salud y medio ambiente.12
No permitir que el Protocolo de Bioseguridad –Cartagena- del Convenio de Diversidad Biológica se
subordine a la OMC, como pretende Estados Unidos, e instituir el Principio
Precautorio en las leyes de bioseguridad nacionales.
NOTAS
[1] El sitio
de la OMC es www.wto.org, para una crítica
véase : www.tradewatch/ftaa/ALCA_Espanol/, www.ourworldisnotforsale.org
2 Ver artículos de Silvia Ribeiro,
Blanca Rubio y Ana de Ita en Fernando
Bejarano y Bernardino Mata (editores) Impactos del Libre Comercio
Plaguicidas y Transgénicos en la Agricultura de América Latina. México, RAPAL, RAPAM, UACH, SOMAS, SEGE,
2003. Sobre la crítica a la Ley Agrícola de Estados Unidos, véase de Peter Rosset de Food First http://foodfirst.org/wto/espanol/
3 “ Making Global Trade Work for People”
UNDP Kamal Malthora, et.
al. 2003, en
Greenpeace. A guide to 5th Ministerial Conference of WTO
Cancun, México. 2003.
4 Fernando Bejarano, La Espiral del Veneno, Guía crítica ciudadana sobre plaguicidas. México, RAPAM, 2002.
5 Fernando Bejarano, Contaminación alimentaria de Estados Unidos, Un Mito la Calidad del Norte, en Masiosare, La Jornada 26 de enero del 2003.
6 No te dejes engañar, folleto de Greenpeace, RAPAM, GEA y otros grupos ambientalistas México 2003.
7 La
página de la Comisión del Codex Alimentarius es www.codexalimentarius.net . Las
normativas alimentarias en América Latina en www.panalimentos.org.
8 Ver de Fernando
Bejarano, La Espiral del Veneno, op. cit., pp 82-88, y de Mary O´Brien Making better environmental decissions. An alternative to risk assessment, Cambridge,
London, MIT Press, 2000.
9 El Parlamento Europeo aprobó en julio del 2003 dos propuestas sobre etiquetado y trazabilidad de OGM que permitirá exentar de etiquetado al alimento que contenga menos del 0.9% de OGM y 0.5% de presencia accidental de OGM no autorizados y considerados sin riesgo.
10 Erika Rosenthal “Los
acuerdos de libre comercio y la desregulación de los plaguicidas. El caso de
América Central” en Fernando Bejarano y Bernardino Mata op.
cit pp
105-116.
11 Fernando Bejarano, “Metalclad y el capítulo 11 del TLCAN” en Confrontando
la Globalización, Laura Carlsen, Hilda Salazar y Timothy Wise, México, Ed.Porrúa, 2003.
12 Ver los planteamientos de Vía Campesina en www.viacampesina.org
13 Para una perspectiva ambientalista global del Convenio de Estocolmo ver www.ipen.org