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Sector
público 2002: tres temas entre muchos otros
JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ PÁRAMO
José Manuel González Páramo
es catedrátido de Hacienda Pública en la Universidad
Complutense de Madrid.
Uno de los
asuntos estelares del debate sobre los Presupuestos 2002 es el
de la coherencia de sus cifras, el realismo de sus previsiones
y su adecuación a la situación coyuntural. Es una
cuestión obviamente importante, pero que está dejando
en segundo plano la valoración de dos reformas estructurales
en el sector público que se tramitan en paralelo, con mucha
mayor trascendencia a medio y largo plazo. Tanto el nuevo sistema
de financiación autonómica como la Ley de Estabilidad
Presupuestaria (LEP) responden a la reclamación permanente
que los analistas del presupuesto han venido haciendo al Gobierno
en los últimos años. Una exigencia que trataba de
recordar, en medio de la bonanza, que no es posible afianzar la
estabilidad presupuestaria sin reformar las instituciones que
sesgan el gasto y el déficit públicos al alza.
La reforma
del sistema de financiación autonómica tiene muchos
méritos. Aumenta la autonomía en los ingresos de
las CC AA, a la vez que introduce importantes grados de corresponsabilidad
y crea una cesta de ingresos equilibrada. Asegura la suficiencia
financiera mediante la cesión de capacidad recaudatoria,
la creación de un fondo de suficiencia y cierta clarificación
de las circunstancias que permitirán activar asignaciones
de nivelación. Hace más transparente la solidaridad
interterritorial, a la vez que refuerza la coordinación
y el carácter multilateral de las relaciones Estado-CC
AA. Seguramente podría haberse ido más lejos en
algunos frentes -por ejemplo, la eliminación de las excesivas
garantías y modulaciones-, pero estamos por primera vez
en la historia del Estado de las autonomías ante un modelo
que merece este nombre, reflejo presupuestario y financiero de
la distribución de competencias que marca la Constitución,
y que reúne condiciones para gozar de una razonable estabilidad,
como parece deducirse de su aprobación unánime en
el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Las consecuencias
presupuestarias de este modelo son muchas. Destacaré dos.
En primer lugar, los presupuestos autonómicos se independizan
en alto grado de los del Estado. Una vez transferida la sanidad
y cedida la capacidad tributaria correspondiente, las transferencias
del Estado se reducirán de forma muy significativa. Al
mismo tiempo, sin embargo, el nuevo modelo acrecienta las necesidades
de coordinación presupuestaria y de transparencia. Los
Presupuestos 2002 ofrecen una indicación de la urgencia
en la respuesta a este reto. La no inclusión de cifras
homogéneas con la situación previa al nuevo modelo
de financiación hace prácticamente imposibles las
comparaciones con 2001. Y en el futuro, el análisis y el
seguimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria será
muy difícil si la información presupuestaria de
las CC AA no está disponible con mayor detalle y prontitud
de lo que hoy es habitual.
Respecto de
la LEP, esta norma es, en primer término, un 'pacto de
estabilidad interno'. Este pacto es una herramienta de coordinación
necesaria y adecuada, una vez que las CC AA ya han alcanzado un
notable grado de autonomía en su presupuesto de ingresos,
para asegurar el cumplimiento de las obligaciones de Pacto de
Estabilidad y Crecimiento sin menoscabo de las competencias propias
de las distintas administraciones. Asimismo, la LEP es una iniciativa
que pretende incorporar a la legislación presupuestaria
interna las lecciones que la exitosa consolidación del
quinquenio 1996-2001 y la experiencia europea comparada de los
noventa han enseñado.Aquellos países que se dotan
de instituciones presupuestarias que establecen objetivos explícitos,
que integran los procesos de elaboración y discusión
del presupuesto bajo una dirección reforzada, que enfatizan
el control del crecimiento del gasto, que fomentan la transparencia
y que disciplinan la ejecución, son precisamente los países
que tienden a registrar menores déficit, sin poner en riesgo
la inversión pública -no hay la más mínima
relación a largo plazo entre los niveles de inversión
pública y de saldo presupuestario- ni perder capacidad
de respuesta ante perturbaciones cíclicas.
De hecho,
esta capacidad es hoy muy grande gracias al intenso proceso de
saneamiento del último quinquenio. Y esto nos devuelve
al debate estrella de los Presupuestos 2002. Los presupuestos
incluyen una predicción optimista de crecimiento del PIB,
el 2,9%, la más alta de las disponibles. Aunque no es misión
de los Gobiernos acertar en mayor medida que el consenso de los
expertos -en los últimos años no han sido particularmente
certeros-, tras la previsión hay una hipótesis central:
la desaceleración internacional será breve y poco
intensa. La actual incertidumbre no autoriza a descartar este
escenario, especialmente si se consideran algunos precedentes
-recuérdese el sombrío panorama de otoño
de 1998- y los datos que el consenso de los especialistas aún
no ha incorporado: reacción coordinada de las autoridades
económicas internacionales, tipos de interés reales
nulos o negativos, bajos precios del petróleo, reducción
del diferencial de inflación y recuperación bursátil
tras los efectos del 11 de septiembre.
Con todo,
¿debería utilizarse agresivamente el presupuesto
para contrarrestar la desaceleración, con rebajas fiscales
extraordinarias o con aumentos de gasto, en caso de confirmarse
los peores augurios de septiembre? Hay varias razones que desaconsejan
el activismo presupuestario. Primera: la experiencia. Los retrasos
en la aplicación y la transmisión de las medidas
presupuestarias y los errores de previsión tienden a convertir
en procíclicas estas medidas discrecionales. Según
la UE, desde 1970 más del 80% de las expansiones o contracciones
discrecionales en la Unión -más del 50% en España-
han sido procíclicas. Segunda: la irreversibilidad. Muchas
de estas medidas son difícilmente reversibles, por razones
políticas, una vez llegada la recuperación. Tercera:
la coherencia a largo plazo. El grueso de los programas de gastos
e ingresos públicos deben decidirse por razones ajenas
a la coyuntura: qué infraestructuras, qué sanidad,
qué educación, qué pensiones queremos. Y
esto tiene mucho que vez con la LEP. Se trata de una ley que va
más allá de lo que exige el Pacto de Estabilidad,
pero que se queda corta ante la magnitud de las obligaciones presupuestarias
que progresivamente vendrán de la mano del envejecimiento
de la población española. Atender a estas necesidades
desde el presente, afianzando el compromiso intergeneracional
implícito en nuestra sociedad de bienestar, exige la reducción
paulatina de la deuda pública, a medida que va creciendo
la deuda implícita derivada de las pensiones y la sanidad.
Se trata, por tanto, no de un fundamentalismo absurdo, como de
una respuesta responsable ante la necesidad de preservar los niveles
de atención que nuestro Estado hoy garantiza.
La respuesta
natural y deseable ante una desaceleración mayor de la
esperada es dejar actuar a los estabilizadores automáticos:
menor recaudación fiscal y mayor gasto en partidas como
las prestaciones por desempleo. Los estabilizadores operan automática
e inmediatamente, revierten su impacto en el tiempo sin necesidad
de decisión política y no erosionan la coherencia
sustantiva en el diseño de los programas de gastos e ingresos
públicos. Por este motivo, dos o tres décimas de
déficit en 2002 serían perfectamente aceptables.
No romperían la lógica de la LEP, no pondrían
en riesgo la estabilidad presupuestaria y permitirían profundizar
en la reforma de otros mecanismos generadores de presión
alcista sobre el gasto público.
fuentes:
http://www.elpais.es/suplementos/negocios/20011021/13sector.html
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Sector
Público 2002
A pesar de
las tendencias neoliberales de limitación del protagonismo
del sector público (SP), éste sigue teniendo un
importante papel en las economías industrializadas. El
sector público es responsable del marco institucional donde
trabajan los individuos y las empresas; y de intervenir en la
economía activamente para corregir los resultados del mercado.
Para cumplir estas misiones, el sector público dispone
de los siguientes instrumentos genéricos: las regulaciones
y la hacienda pública - en los que ejercita el principio
de autoridad -, y la empresa pública (en el que actúa
como un agente privado más).
En relación
con la economía, el sector público realiza principalmente
las siguientes funciones: función de asignación
(el SP realiza una serie de ajustes que permiten, en última
instancia, una asignación eficiente de los recursos escasos)
, función de redistribución (el SP pretende corregir
la distribución de la renta y de la riqueza para lograr
una distribución más equitativa), función
de estabilización y desarrollo (el SP pretende garantizar
el funcionamiento estable de la economía impulsándola
a conseguir niveles de crecimiento y desarrollo adecuados).
Razones para la intervención del Sector Público
Una de las justificaciones de la intervención activa del
SP sobre el mercado es la Teoría de los fallos del mercado.
Esta teoría parte de una serie de premisas: 1) preexistencia
de mercados competitivos, es decir, que el mercado logre una asignación
eficiente sobre la base del Óptimo de Pareto ; 2) Cualquier
intervención del SP en el mercado no se hará basándose
en las preferencias del SP si no sobre la base de las preferencias
de los individuos; 3)Fallos en el mercado, razones para legitimar
las actuaciones del SP. Si tenemos un mercado que asigne eficientemente,
pero que en algunos casos falla, en principio se justifica la
intervención del SP
Los fallos del mercado son una condición necesaria pero
no suficiente. Hay que ver si la intervención va a suponer
mejorar o empeorar ese fallo del mercado. La Teoría de
los Fallos del Mercado elaboró una serie de situaciones
en las que el mercado no consigue la asignación eficiente
y, además, comprueba que la intervención del estado
la consigue al menos en una parte. (ver anexo sobre la teoría
de los fallos del mercado)
El Sector Público en el Estado Español
El sector
público español esta formado por las Administraciones
Públicas y las empresas publicas. La Administraciones Publicas
se financian a través de los impuestos y se clasifican
en: Administración Central que comprende al estado y los
Organismos Autónomos, cuya financiación proviene
fundamentalmente del sistema tributario; Administración
de la Seguridad Social, núcleo del Estado de bienestar,
fundamentalmente pensiones y sanidad y cuya financiación
es mixta mediante cotizaciones y transferencias; y las Administraciones
Territoriales fruto del estado de las autonomías dispuesto
en la Constitución de 1978. Desde la incorporación
de España a la Comunidad Europea en 1986, las instituciones
de la Unión Europea forman parte también de los
mecanismos públicos de intervención económica.
El proceso
de descentralización de la intervención económica
que se lleva realizando desde la transición ha dado un
paso más con el nuevo sistema de financiación de
financiación. Este nuevo sistema de financiación
autonómica, la Ley de Estabilidad Presupuestaría
y la actuación del sector público aconsejable para
afrontar la actual coyuntura son los temas que analiza González
Páramo.
Revolut.
Granada.
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Opinión
Crítica
El análisis
de González Páramo sobre el sector público español
con motivo de los presupuestos 2002 y su debate público, quiere
centrarse en las reformas estructurales que se están llevando
a cabo. En primer lugar, el artículo trata sobre la reforma del
sistema de financiación autonómica que el autor declara
muy meritoria y el único inconveniente que encuentra en la reforma
es que esta podía haber llegado más lejos en algunos frentes.
Está claro que la reforma supone un aumento de la descentralización
de la hacienda pública, cosa que era necesaria para hacer real
el estado de las autonomías que propugna la Constitución.
Igualmente es muy importante que se haya concedido capacidad recaudatoria
a las autonomías, para de este modo crear corresponsabilidad
y evitar las altas deudas que en muchas ocasiones acumulan los organismos
territoriales. Sin embargo, no parece que el aumento de un impuesto
indirecto, como el de la gasolina, sea el modo más adecuado de
hacerlo. Los impuestos indirectos, llámense impuestos, tasas
o precios públicos, suponen un atentado a la progresividad tributaria,
que al menos teóricamente es uno de los principios que debieran
regir la hacienda pública; y por lo tanto, una de las funciones
del sector público que antes comentábamos, la redistributiva,
se ve seriamente dañada. Por otra parte, también supone
una distorsión impositiva, atentando contra uno de los principios
que deben guiar el sistema tributario, la neutralidad impositiva, ya
que distorsiona la asignación de recursos de la economía
privada. El autor, experto de Hacienda Pública, debería
cuando menos haber realizado algún comentario a este respecto.
Así como justifica en la Constitución la necesidad de
descentralizar la hacienda pública, igualmente la Constitución
consagra una serie de derechos que se quedan en papel mojado, si el
sector público no lleva a cabo su función redistributiva.
En segundo lugar,
el autor analiza la Ley de Estabilidad Presupuestaria que considera
de efectos muy beneficiosos puesto que dan lugar a un control del gasto
y evitan déficit presupuestarios importantes. De nuevo en este
punto, aunque las ventajas que menciona son importantes, se echa en
falta alguna mención a la función redistributiva, parece
que el autor se olvida de esta función, que sin embargo, es esencial
para dotar de equidad al Estado y hacer que la igualdad como principio
rector de cualquier democracia sea más real. Por otro lado, parece
olvidarse que la estabilidad presupuestaria no sólo puede conseguirse
mediante el control del gasto, sino también mediante los ingresos.
Y que a lo mejor, una reforma del sistema tributario sería igualmente
útil para luchar contra el déficit y además se
tendría en cuenta la equidad. La lucha contra el fraude fiscal,
y una reforma del IRPF, que actualmente sólo sirve recauda eficazmente
sobre los asalariados debería estudiarse.
En último
lugar, vuelve a centrarse en los presupuestos 2002 teniendo en cuenta
la actual coyuntura de desaceleración económica. El autor
considera que el activismo presupuestaria es desaconsejable. Se basa
en tres argumentos, el primero son los retrasos de aplicación
y los errores de previsión. Cabría argumentar que esto
más que desaconsejar el uso de esta herramienta, lo que debería
dar lugar es una mejorar de los sistemas de previsión y aplicación.
El segundo argumento se basa en la irreversibilidad de las medidas tomadas
frente a una crisis, lo que dificultaría la recuperación
presupuestaría en épocas de bonanza y daría lugar
a la acumulación cada vez mayor de déficit. El uso del
presupuesto público como modo de aminorar los ciclos económicos
se basa en las ideas de Keynes que tras la segunda guerra mundial obtuvieron
popularidad y tuvieron gran influencia sobre la política económica
de esos años. La crisis de los setenta y los grandes déficit
acumulados dieron lugar a un desprestigio de estas políticas.
Sin embargo, habría que revisar hasta que punto eran políticas
erróneas, o los fallos del pasado se debieron a un mal manejo
de estas políticas. El tercer argumento es la coherencia a largo
plazo, según el autor "el grueso de los programas deben
decidirse por razones ajenas a la coyuntura". Bueno aquí
de nuevo parece olvidar el autor la misión redistributiva de
la hacienda pública, ya que durante las crisis económicas
los sectores más vulnerables suelen ver agudizada su precaria
situación, y se hace más necesario la redistribución.
En último lugar, habría que señalar que el autor
declara que dejar actuar a los estabilizadores automáticos es
la respuesta "deseable y natural". Hay que comentar que me
parece muy desacertado en su expresión. En primer lugar, habría
que preguntarse deseable para quién o bajo qué principios.
Por el resto del artículo podemos concluir que deseable desde
el principio de estabilidad presupuestaria, sin tener en cuenta si es
deseable o no desde el punto de vista de la función redistributiva,
o deseable para los sectores más vulnerables. Subyace la idea
de eficiencia basada en el optimo de Pareto, del que ya hemos expresado
que no tiene en en cuenta la equidad. Por otro lado lo de "respuesta
natural" resulta criticable, ya que el autor parece creer que hay
una serie de leyes "naturales" que rigen la vida económica
y unas respuestas "naturales" ante estas leyes. En mi opinión
creo que es necesario debatir los consejos y políticas económicas
basándose en sus ventajas e inconvenientes y no aludiendo a una
especie de "orden natural", que sólo unos pocos "elegidos"
pueden descifrar. Si el autor quiere creer en esotéricos ordenes
naturales, es cuestión de fé, nadie se lo impide; pero
no debería basar sus argumentaciones pseudo-cientificas en sus
creencias, o por lo menos, no dar por supuesto que son verdades universales.
Que yo sepa, estamos en un estado que reconoce el derecho a la libertad
de credos.
Revolut. Granada.
Anexo sobre la
Teoría de los Fallos del Mercado
Se pueden distinguir
ocho fallos del mercado que, además, pueden ser corregidos por
el SP en sus funciones:
1.- Mercados Competitivos.
Se reconoce con carácter general que, para que el mercado funcione
y asigne eficientemente, son necesarias intervenciones públicas
que garanticen su funcionamiento: Mantenimiento de la ley y el orden,
sistemas monetarios, obligación de cumplir contratos, etc. Hay
otras funciones dirigidas a garantizar la competencia: Impedir abusos,
garantizar condiciones de trabajo, garantías a los consumidores,
etc. Esto justifica la intervención del SP
Algunos autores creen que las intervenciones del SP, en este caso, no
están justificadas por la teoría de los fallos del mercado
ya que el mercado, por definición, asigna eficientemente. Estos
autores no niegan la intervención pública, sino su justificación.
2.- Bienes Públicos.
Son el ejemplo del fallo del mercado por excelencia. Debido a sus características,
consumo conjunto, no-rival y la no posible aplicación del principio
de exclusión. Son imposibles de ser provistos por el sector privado,
por lo tanto el mercado falla y deben ser provistos por el SP En determinados
bienes públicos existen alternativas al SP mediante la cooperación
voluntaria de la ciudadanía. (Ej. Seguridad). Pero siempre podrá
existir el fenómeno del "free rider", es decir, que
haya algún ciudadano que no quiera cooperar y que se beneficie,
igualmente, de ese bien.
Con independencia de que aparezca justificada la intervención
del SP en el caso de los Bienes Públicos no implica que esta
sea fácil. El problema fundamental es conocer, de forma real,
la demanda del bien, no estar dispuestos a pagarlos o el no manifestar
las preferencias. Este problema se soluciona mediante métodos
indirectos, democracia, encuestas.
Hay determinados bienes públicos que a medida que el consumo
aumenta por parte de los individuos su utilidad disminuye. Hay congestión,
hay un cierto grado de rivalidad entre los consumidores. Se rompe el
principio de desigualdad entre consumidores. Por su localización
se clasifican en nacionales, regionales y locales. Esta clasificación
fue utilizada para justificar los distintos niveles de Hacienda Pública.
3.- Efectos Externos.
- Efectos Externos de Consumo. Existe una interdependencia entre las
funciones de utilidad y de producción. El hecho de que un individuo
consume, beneficia o perjudica a otro individuo: Interdependencia entre
funciones de utilidad. El hecho de que un Individuo consuma un bien
favorece o perjudica al factor de producción: interdependencia
entre funciones de producción. Son economías externas
positivas la educación y la salud pública y economías
externas negativas las drogas, tabaco, o el alcohol.
- Efectos externos de producción. Interdependencia entre las
funciones de producción de las empresas, entre éstas y
las preferencias de los consumidores. El hecho de que una empresa produzca
un bien aumenta o disminuye los efectos sobre otras empresas y, sobre
los consumidores. Hay un fallo parcial del mercado. Ejemplos de economías
externas positivas son la tecnología y la investigación
y de economías externas negativas la Contaminación.
El sector público
interviene para corregir estos efector externos mediante la regulación,
por ejemplo, con normativas ecológicas; y mediante la provisión,
como proveyendo de educación gratuita.
4.- Rendimientos Crecientes.
El SP debe regular el mercado cortando situaciones de monopolio, oligopolio
y de competencia imperfecta. En la producción óptima el
precio de venta es igual al coste marginal. Esto no se cumple para el
caso de mono-oligopolio y competencia imperfecta. Debido al funcionamiento
del mercado, hay algunos sectores en los que se llega a una situación
de monopolio por parte de una o más empresas, debido a los rendimientos
crecientes y costes decrecientes. Ej. Petróleo, gas y electricidad.
Los efectos de esta situación que constituyen la problemática
principal son: costes de producción decrecientes, concentración
en pocas empresas; mercados imperfectos, con pocos vendedores; control
de precios, altos precios, perjuicio para los consumidores. Ante esta
situación, el SP, tiene dos alternativas: hacerse cargo del control
y producción de esos productos, o bien, imponer una fuerte regulación,
establecer precios máximos, etc.
5.- Riesgo e Incertidumbre.
En situaciones de incertidumbre el mercado asigna ineficazmente. Existe
dificultad en los mercados competitivos en la toma de decisiones en
un mercado con incertidumbre.
El SP debe intervenir en determinados casos para reducir la incertidumbre
bajo la que opera el mercado. Algunas de estas actuaciones públicas
pueden ser: establecer titulaciones, notarios, reduciendo incertidumbre
y asignando mejor.
6.- Necesidades preferentes e indeseables.
Hay situaciones en las que el mercado falla y la intervención
del SP se realiza sin tener en cuenta las preferencias de los individuo
Dadas las características de determinados bienes, es necesario
restringir, imponer a costa de las preferencias de los individuos. Se
diferencia de los anteriores fallos en que no tiene en cuenta las preferencias.
Musgrave (un estudioso de la Hacienda Pública), alega que estas
situaciones como se alteran las preferencias de los individuos el mercado
falla radicalmente y entonces debe intervenir el SP.
Existe controversia acerca de que el SP deba intervenir en esas necesidades
preferentes o indeseables. Las argumentaciones a favor se basan: ignorancia
e irracionalidad de los consumidores, y los efectos externos. Los argumentos
en contra se basan en la intromisión que suponen la intervención
del SP sobre las preferencias de los individuos. Los que están
en contra hacen propuestas alternativas entre las que la fundamental
es la difusión de información y regulación de la
publicidad por parte del SP para evitar la ignorancia y la irracionalidad.
Ejemplos de necesidades preferentes son: almuerzos escolares gratuitos,
educación obligatoria. Se consideran necesidades indeseables
el Consumo de tabaco, alcohol, etc.
7.- Redistribución de la Renta.
Existe acuerdo en cuanto a que el mercado no alcanza una distribución
igualitaria de la renta y de la riqueza. Dado que el mercado no alcanza
la asignación deseada, es necesaria la intervención del
SP para conseguir esta distribución de la renta y de la riqueza.
Podemos considerar varios factores que condicionan la distribución
que realiza el mercado:
- Rentas del trabajo. La distribución realizada por la vía
renta-trabajo, está condicionada por las oportunidades educativas.
- Rentas del capital. dependen del ahorro propio, herencias...
Políticas de Redistribución. La decisión de alterar
la distribución de la renta y de la riqueza es una decisión
meramente política. En función de la ideología
dominante en la sociedad, los deseos de redistribución serán
diferentes. La redistribución se realiza vía gastos, vía
impuestos y vía política de rentas, usualmente mediante
una combinación de las tres.
8.- Equilibrio y Crecimiento. Función de Estabilización
y Desarrollo.
El funcionamiento de la economía por sí sola, incluso
impulsada por el Estado, no consigue un crecimiento sostenido ni un
desarrollo óptimo. Una vez que esto se constata en la realidad
se acepta que el SP debe intervenir para conseguir estar alteraciones
en el crecimiento y para conseguir un crecimiento adecuado. El SP debe
garantizar un nivel aceptable de seguridad en las variables macroeconómicas.
El SP debe ayudar a la consecución de tasas de crecimiento y
desarrollo económico que maximicen y/o incrementen el bienestar
de la sociedad. Los instrumentos de los que dispone el SP para conseguir
estabilización y desarrollo son la política fiscal y la
política monetaria. La política monetaria es el conjunto
de actuaciones tendentes a controlar la masa monetaria: Tipos de interés,
oferta del crédito, moneda en circulación, etc. La política
fiscal es el conjunto de actuaciones del SP vía gastos y vía
ingresos. Así como políticas estructurales.
Estas ideas del
SP como impulsor del crecimiento y estabilizador económico, que
desarrollo el economista J.M. Keynes, han "pasado de moda"
según la teoría dominante, mal llamada "neoliberal"
acaban dando lugar a grandes déficits, y además suponen
un obstáculo a la eficiencia que lograría el mercado por
si mismo. Sin embargo, los mismos políticos y economistas que
promueven el control del gasto social para el mejor funcionamiento del
mercado, y proclaman que el Keneysismo es un error, ponen en marcha
políticas keynesianas. Eso sí, políticas keynesianas
perversas, basadas en que el SP impulse la económica, pero no
mediante ayudas sociales que sirven para aumentar el consumo; sino mediante
ayudas directas a grandes empresas, y promoviendo el gasto militar.
Y si les parece difícil de creer, vean las medidas aprobadas
por EEUU para hacer frente a la crisis reciente, que achacan a los actos
del 11S, pero viene de bastante antes.
En resumen, estos
fallos del mercado, que hemos nombrado brevemente, son los que la teoría
clásica reconoce y los que justificarían la intervención
del Sector Público. En último lugar, hay que recalcar,
que esta teoría de los fallos del mercado forma parte del cuerpo
teórico de la economía de mercado, a la que caben muchas
críticas, en las que no se ha querido entrar en este artículo.
En la actualidad, políticos y economistas, parecen olvidarse
hasta estos fallos del mercado y la función del sector público,
que forma parte de su propio teoría. O no será más
bien que es el cuento que nos venden??? Si creen tanto en el libre mercado,
por qué todas las economías "desarrolladas"
subsidian sus productos, sus grandes empresas, mientras a los pobres
mortales y a los países "menos desarrollados" les exigen
acatar la dictadura del mercado?? Que cada uno saque sus conclusiones,
sólo un consejo: desconfíen de los expertos y de los consejos,
hasta de los míos. :P
Revolut. Granada.
10 Enero 2002
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