Hace unos años la alta montaña se puso de moda. La disponibilidad de automóviles con mayores prestaciones, la mejora de la red viaria y la eclosión de los deportes de aventura llevaron a montañas anteriormente desconocidas a miles de personas. Una consecuencia de esta masiva afluencia fue el incremento exponencial de accidentes graves y de rescates de alta montaña hasta el punto que la factura de los rescates llegó a constituir un problema.

Ante este problema económico se plantearon diversas soluciones. Una de ellas se basaba en hacer pagar la factura del rescate a aquellas personas que deliberadamente habían incurrido en una situación de riesgo. Alternativamente se ofrecía a aquellas personas que incurrían en situaciones arriesgadas (esquí fuera pistas, alpinismo…) de la posibilidad de contratar un seguro que cubriría cualquier posible eventualidad. El acento no era baladí: se calcula que un rescate en alta montaña puede fácilmente generar unos costes de un millón de pesetas.

La medida tuvo sus pros y contras, pero en general fue acogida satisfactoriamente. La razón de su aceptación era la justicia implícita. Si los recursos económicos son limitados, cada vez que gastamos una determinada cantidad de dinero en una determinada actividad estamos provocando que haya menos dinero disponible para el resto de actividades. En este caso una política justa debe priorizar aquellas actividades que socialmente se consideran preferibles sobre el resto.

La razón subyacente a considerar que esta medida es justa se basa en el hecho que socialmente consideramos que ir a esquiar o practicar barranquismo no es una actividad ni necesaria ni esencial. Y menos si éste se practica desoyendo las indicaciones de los servicios meteorológicos, con material inadecuado y cometiendo temeridades. ¿ Por qué la sociedad debe desviar unos recursos escasos y necesarios en otras áreas a conductas como ésta? ¿Por qué debe ésta subvencionar tales actividades?

Todo esto viene a cuento de lo que ha venido aconteciendo estas últimas semanas por las carreteras españolas, donde miles de conductores se han quedado atrapados. Si bien en la mayoría de los casos se quedaron atrapados mientras estaban realizando desplazamientos necesarios, muchos de ellos realizaban desplazamientos de dudosa justificación, teniendo en cuenta las advertencias de protección civil. Yo considero que ir a la segunda residencia, a pasar un fin de semana en los Pirineos o ir de marcha no son desplazamientos necesarios. Y la siguiente pregunta que me planteo es quién al final habrá pagado la factura del rescate de estos temerarios. Mucho me temo que lo acabaremos pagando los que hicimos caso de las autoridades y nos quedamos en nuestras casas....a la luz de las velas.

Datum. Barcelona.

28 Diciembre 2001.