LA REFORMA EDUCATIVA DEL PP

LA REFORMA EDUCATIVA DEL PP

Desde el comienzo de la actual legislatura, el gobierno del PP ha manifestado su interés en realizar una reforma de la enseñanza en España. Para ello, pretende promulgar tres normas jurídicas que alcancen el rango de ley con el fin de garantizar una enseñanza de calidad.

Ley Orgánica de Universidades (LOU)

El anteproyecto de la Ley Orgánica de Universidades (LOU) fue aprobado por el Congreso de los Diputados el día 31 de Octubre, apoyado por PP, CIU y Coalición Canaria, a pesar de la fuerte oposición (más de 600 enmiendas del PSOE y todas ellas desestimadas). Esta nueva ley pretende sustituir a la actual vigente, la Ley de Reforma Universitaria de 1983.

La LOU se redactó con la finalidad y la intención de adaptar la enseñanza superior en España a las necesidades del marco económico, social y tecnológico actual, así como homologar los títulos con los de la Unión Europea. Tras la puesta en común del proyecto de ley, se pueden destacar algunos puntos importantes que se han modificado respecto a la actual ley:

- Transmisión de nuevas competencias a las universidades, como son la de selección de estudiantes y de profesorado funcionario, mediante criterios y pruebas que éstas consideren.

- Ampliación de las plazas para profesores, al mismo tiempo que se favorece la movilidad de los mismos.

- Impulso de la movilidad de los estudiantes mediante el Distrito Abierto, que pretende facilitar recursos mediante becas y créditos a los estudiantes que cumplan los requisitos económicos y académicos para poder estudiar en la universidad que deseen.

- Creación de nuevos órganos universitarios: el Consejo Social, que sirve de vínculo entre la universidad y la sociedad en la que ésta vive, y la Junta Consultiva cuyos miembros son elegidos por el Gobierno y que tiene la función de asesorar al Rector.

- Ampliación del presupuesto de las Universidades mediante la aceptación de subvenciones de entidades públicas y privadas, así como de herencias, legados o donaciones.

La oposición a la LOU

La oposición a la LOU ha sido casi unánime entre la comunidad universitaria.

Los profesores, por su parte, fundamentan su queja en los criterios que el Gobierno utiliza para determinar la calidad de la enseñanza, así como el bajo presupuesto que se dedica desde el Ministerio a la Universidad.

Los becarios, lamentan que su situación no haya sido contemplada en la nueva ley. Su reclamación argumenta que realizan una función de trabajadores, sin embargo, no son remunerados como tales y no tienen los mismos derechos, por lo que su situación puede que sea la más precaria entre el personal de la Universidad.

Los alumnos se encuentran con la sensación de no estar representados en esta nueva ley cuyo texto fue redactado en época de poca actividad estudiantil (verano). También les preocupa que la libertad que se otorga para imponer criterios de admisión en cada universidad cree universidades de primera y segunda categoría, lo que nos recuerda al estilo americano. La forma de elección del Rector también ha suscitado polémica. Se realizará mediante sufragio universal ponderado, en el que el valor conjunto de los profesores funcionarios doctores tendrá el valor de, al menos, el 51 por 100 del total de votos. Esto quiere decir que el valor del voto del profesorado es mayor que el del alumnado.

El Sindicato de Estudiantes (SE) apunta también su desconfianza ante los mecanismos de financiación de la nueva ley, ya que sospecha que el incremento de las tasas de los créditos (las matrículas) será imprescindible para tal financiación. Además, la apertura hacia la financiación privada haría aumentar, indirectamente, el poder de decisión de algunos agentes sociales ajenos, en principio, a lo que es la enseñanza universitaria, como son el grupo empresarial y el macroeconómico en general. Se teme que se politice en exceso la Universidad y se ponga en manos de estos agentes la enseñanza pública.

Las dos leyes restantes que completan esta reforma educativa se encuentran en fase de anteproyecto (en el caso de la Ley de Calidad de Enseñanza, el anteproyecto todavía no ha sido redactado), pero la Ministra de Educación, Cultura y Deporte (MECD), Pilar del Castillo, ya ha hecho públicas diversas propuestas que pretende incluir en dichos proyectos.

Ley de Calidad de Enseñanza.

Esta ley tendrá como finalidad mejorar la calidad de la enseñanza en los estudios medios, lo que significa que afectará principalmente a los institutos, es decir, a los estudiantes de ESO y Bachillerato.

La posibilidad de incluir una reválida al final del Bachillerato y el establecimiento de tres itinerarios de formación son los dos platos fuertes que se debatirán en el Congreso de los Diputados cuando el MECD presente el anteproyecto de ley para su proceso de aprobación.

Otras propuestas que dicho anteproyecto contemplará son la promoción de la lectura tanto en primaria como en secundaria, el aumento de las repeticiones en la ESO y la forma de elección del director en los centros.

Oposición a la Ley de Calidad de Enseñanza.

Ante esta última propuesta sobre la elección de los directores en los centros de secundaria, los padres se han unido a la protesta, al ver recortada su representación en los centros en los que estudian sus hijos. Actualmente, es el Consejo Escolar el que elige al director en los centros de enseñanza media, en el cual se ven representados tanto padres como profesores y alumnos. La nueva ley propondrá que esta elección se realice en función de la carrera docente del aspirante a director.

Pero son las dos arterias principales que se prevé contemplará este anteproyecto de ley las que han recibido las críticas más duras.

La supresión de la actual "selectividad" se supone que tiene como finalidad acabar con los nervios que traicionan a más de uno y no dejan ver el verdadero potencial de los estudiantes y, para ello, se intenta valorar en mayor grado el valor de los estudios continuados en el Bachillerato. Paradójicamente, para conseguir esto se quiere imponer una reválida que evalúe los conocimientos del Bachillerato en su conjunto, cuando la actual prueba de acceso ("selectividad") se remite únicamente a los conocimientos adquiridos en el último curso (2º de Bachillerato o el equivalente COU). Si a esto le sumamos la criba que impondrá cada universidad como prueba de acceso, nos encontramos con dos "selectividades" en lugar de una.

El otro tema principal del que se ocuparía la Ley de Calidad de la Enseñanza es la nueva estructura de los estudios medios según distintos itinerarios que tiene como fin atenuar el fracaso escolar que padece la secundaria (sobre todo la ESO, la Educación Secundaria Obligatoria) desde la reforma de la LOGSE. A partir de 3º de ESO (13-14 años), se establecen tres itinerarios a seguir por los alumnos según consideren sus profesores basándose en sus expedientes académicos. Por un lado, los alumnos más "aptos" podrían realizar estudios superiores universitarios. El segundo itinerario es el de la FP (Formación Profesional), donde se prepara a los estudiantes para la inserción en el mundo laboral mediante el aprendizaje de un oficio. En el caso de encontrarnos con un expediente bajo, el itinerario que le correspondería a este estudiante sería la salida al mundo laboral con escasa formación (el Graduado Escolar) y, por lo tanto, con menor posibilidad de acceder a puestos de trabajos debidamente remunerados y poco estables, favoreciendo la precariedad de estos trabajadores.

Ley de Formación Profesional.

La ley que nos falta para completar las tres que compondrán esta reforma educativa es la Ley de Formación Profesional, todavía que fase de anteproyecto. Como antecedente más próximo se encuentra el II Programa Nacional de FP de 1998, por lo que se ha querido elevar la regulación sobre FP a rango de ley.

Esta ley se ocupará de satisfacer la formación de los estudiantes en dirección al mundo laboral y a la adquisición de conocimientos sobre un oficio o profesión. Los principales cambios realizados respecto al Programa de 1998 son:

- Integración de la formación reglada (educativa), la continua (actualización de conocimientos para los trabajadores ocupados) y la ocupacional (para desocupados).

- Homologación de la titulación de la Formación Profesional española con la de la Unión Europea.

- Creación de centros nacionales de referencia.

- Creación del Catálogo Nacional de cualificaciones Profesionales que reflejará las necesidades del mercado laboral.

Oposición a la Ley de Formación Profesional

Estudiantes y profesores unen su queja ante la escasa oferta de plazas en cursos de Formación Profesional (en el 2000, 40.000 estudiantes se quedaron sin plaza). Otra de las causas de su protesta es el hecho de que las ramas más solicitadas de la FP se encuentran en manos de los centros privados. Ninguno de estos hechos viene recogido en este anteproyecto de ley ni tampoco, el más lamentable de ellos, como es la realización de prácticas no remuneradas en empresas como requisito para aprobar el curso.

A esta oposición, se han sumado también las Comunidades Autónomas, al considerar una invasión por parte del Gobierno en sus competencias, el pretender regular sobre Trabajo y Educación, las cuales fueron traspasadas en su momento a cada Comunidad Autónoma.

Movilizaciones

Sindicatos y asociaciones estudiantiles se han encargado de movilizar a los alumnos ante un tema que les afecta, del que son partícipes, pero parece que todavía no lo bastante informados. Aún así, estas organizaciones consiguieron llevar a la Huelga General del día 7 de noviembre tanto a profesores como alumnos de la Universidad y ha sido, hasta ahora, la movilización que más ha dado que hablar de todas las realizadas llegando el número de participación al 90% de la comunidad universitaria.

En fechas pasadas, también hubo sendas manifestaciones el 25 de octubre, a la cual acudieron tanto los universitarios como los estudiantes de secundaria, y la del 31 de octubre, día de aprobación del anteproyecto de la LOU, en el que numerosos docentes y alumnos de Madrid se concentraron en las inmediaciones de la cámara del Congreso para protestar contra la nueva ley universitaria.

Para fechas posteriores, el SE (Sindicato de Estudiantes) tiene prevista una nueva manifestación el día 14 de noviembre, en la que esperan que la participación sea igual o superior que la del día 7 y a la que también se unan los estudiantes de los institutos.

En resumen, se podría decir que esta reforma del PP sigue en su línea de aprobación de leyes aprovechando su mayoría absoluta, sin buscar el consenso con los otros grupos políticos y mucho menos con los grupos sociales más afectados (en este caso estudiantes y profesores) Recorta la participación y la iniciativa de los estudiantes en las decisiones de sus centros de enseñanza, con la única finalidad de convertir a la Universidad en una institución elitista, fuera del alcance de ciertos grupos sociales. Limita la libertad de los estudiantes en la elección de su futuro, clasificando a los alumnos en estudiantes buenos, regulares y malos, que el día de mañana serán vistos, a los ojos de nuestra sociedad,como ciudadanos de primera, de segunda y de tercera.

Por tus derechos,
INFÓRMATE Y MOVILÍZATE

http://www.senado.es/legis7/publicaciones/pdf/senado/bocg/II0037A.PDF

Nihao. Zaragoza.

8 Noviembre 2001