Hermosillo, Sonora, México. Noviembre del 2002
•
Licenciado Armando López Nogales
Gobernador del Estado de Sonora
• Licenciado Óscar López Vucovich
Secretario de Gobierno
• Licenciado Miguel Ángel Cortés Ibarra
Procurador de Justicia del Estado de Sonora
• Licenciada Elizabeth Estrada López
Presidenta del Consejo Tutelar para Menores
• Diputado Leoncio Durazo Durazo
Presidente en turno del Congreso del Estado de Sonora
P R E S E N T E S .-
El pasado mes de septiembre a través de los medios de comunicación
conocimos de un caso de abuso sexual que se cometió en nuestra ciudad,
contra una joven de 18 años, empleada doméstica, originaria de
Oaxaca.
El manejo hasta hoy dado por las autoridades del COTUME y la Secretaría de Gobierno, dan la apariencia de que la justicia se aplica selectivamente, al mismo tiempo, que prevalecen los criterios machistas cuando se trata de delitos cometidos contra la mujer. Hasta ahora todo se ha llevado a cabo con la mayor discreción, la pregunta es ¿en beneficio de quién es esta aparente discreción?
Según reseñan los mismos medios, fueron 7 adolescentes, quienes presuntamente violaron sexualmente a la joven que trabajaba en una casa de la colonia Nueva Galicia. Las versiones que se han dado a conocer, señalan que los jóvenes son miembros de familias con un nivel "económicamente alto", incluso hasta un "hijo de un conocido político".
En defensa desesperada para hacer salir "limpios" a los jóvenes, se subraya como una justificación a lo ocurrido, que la joven, previamente a los hechos citados, "había aceptado mantener relaciones sexuales con dos de ellos", hijos de los dueños de la casa y de allí que el hecho de que fuera abusada sexualmente ya no representara gravedad, pues según criterios misóginos: "ella quiso".
Según la poca información que se ha dado acerca de la víctima, ella sentía "vergüenza" de hacer la denuncia correspondiente. Sin embargo, debido a las heridas que le propició el ataque recibido, tuvo que acudir al Hospital General del Estado. Allí mismo se interpuso la denuncia ante el Ministerio Público.
El caso fue turnado al Consejo Tutelar para Menores (COTUME) y los jóvenes fueron llevados a la Granja La Victoria. Allí permanecieron separados del resto de los internos, aparentemente gozando de privilegios. Sus padres interpusieron un recurso de inconformidad, y los muchachos fueron entregados en custodia a sus familias, que según las leyes del COTUME es una opción válida y legal, pero que no se aplica para los infractores "comunes". El argumento de las autoridades para dejar en libertad a los adolescentes fue muy simple: "perderán el año escolar".
A partir de este hecho muchas madres de jóvenes en la misma situación, y ciudadanos en general, se han manifestado a través de los distintos medios de comunicación -sobre todo programas de radio-, señalando la gravedad del hecho, y exigiendo justicia apegada a derecho y alejada de criterios discriminatorios y clasistas.
Se supone que la joven regresó a Oaxaca, pero se desconoce si esta versión es verdadera, y en todo caso en qué condiciones se dio su partida y la presión a la que pudo ser sometida para que enderezara el material probatorio a favor de los menores.
A través de esta misiva estamos exigiendo información clara y precisa acerca del caso. Se supone que en días próximos se dará la resolución definitiva y queremos que ésta se dé a conocer públicamente. Respetamos la confidencialidad de lo ocurrido, pero no estamos de acuerdo con que la ley se aplique a discreción y a conveniencia; si no es así y todo se ha hecho conforme a derecho, que se dé la información solicitada porque ya es del interés público. Asimismo, que no se ignore la aplicación de la Ley de Prevención y Atención a la Violencia Intrafamiliar del Estado de Sonora, que es aplicable al caso.
De no estarse cumpliendo la ley, no solamente quedaría impune el caso de una joven de origen humilde, sino que toda mujer está expuesta a la misma suerte, más porque con estos hechos prácticamente se está fomentando que todo aquel que tenga poder de algún tipo, cometa los abusos sexuales y de toda índole, sin esperar castigo por sus transgresiones.
Al mismo tiempo, exigimos información acerca de la joven: ¿en qué condiciones volvió a Oaxaca?, ¿quién la asistió durante todo el proceso de la denuncia?, ¿qué tipo de atención se le brindó y se le brindará? Es obligación del Estado asistir a las víctimas de violación.
Por la justicia y su aplicación en una sociedad democrática.
Esperamos la respuesta de las autoridades y la participación ciudadana.
Firma la presente con tu nombre y hazla circular. Si en la lista eres el número 20 (y así cada 20 números: 40, 60... de esa forma haremos presencia constante en los correos de los funcionarios), por favor envía la misiva a los siguientes correos:
[email protected] (Secretaría de Gobierno)
[email protected] (Elizabeth Estrada)
[email protected] (Consejera Instructora del COTUME)
[email protected]
(Comunicación Congreso del Edo. de Sonora)