SNTE

Sección XVIII

Michoacán

 

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TEMA V. ELABORACION DE UNA PROPUESTA DE PARTICIPACION DEMOCRATICA Y POPULAR PARA LA DEFENSA Y FORTALECIMIENTO DE UNA EDUCACION PUBLICA GRATUIITA DE ALTA CALIDAD

 

¿Por qué se requiere reformular la participación social en la educación?

 

Los profundos cambios ocurridos a partir de la implementación del modelo neoliberal, tanto en el ámbito nacional como mundial, obligan a la reformulación de nuestro papel como académicos, como trabajadores de la educación, como padres de familia y como pueblo.

 

El reformismo promovido durante el periodo de Carlos Salinas de Gortari, toca diversos aspectos de la vida nacional modificándose de esta forma el Artículo 3° Constitucional y construyéndose otra Ley General de Educación y, en consecuencia, sé reformulan todas las leyes educativas estatales.

 

Durante este periodo el pueblo de México observaba esa obsesión del presidente por consolidar su poder recurriendo a cualquier recurso, aliándose a los grupos económicos y políticos más importantes en ese momento y limitando la participación ciudadana en las grandes decisiones nacionales y proyectando una imagen al exterior favorable al gobierno y en especial al presidente de la república.

 

De esta forma las políticas educativas y en especial los cambios a la normatividad jurídica sobre la que se sostiene el sistema educativo fueron el resultado de las orientaciones e influencias de diversos personajes ajenos a los intereses nacionales y no a decisiones soberanas de la nación.

 

Carlos Salinas y su grupo mostraban una gran disponibilidad para escuchar todo tipo de sugerencias, comentarios u orientaciones de los grupos económicos más fuertes, nacionales e internacionales, de las jerarquías católicas, de los empresarios, etc., y manejarlos en sus discursos y en sus acciones como si fueran propios.

 

Así se fue transformando el sistema educativo, ofreciendo nuevos espacios y permitiendo una mayor influencia a las fuerzas afines al proyecto neoliberal, buscando a partir de la acción de gobierno una paulatina adaptación del sistema educativo a los estándares internacionales, lo que para los miembros del grupo en el poder tenía interés estratégico para articular la economía al mercado exterior especialmente a los Estados Unidos y Canadá.

 

De los anteriores elementos surge la necesidad de redefinir las funciones del Estado en materia educativa, descargando, entre otras responsabilidades, la del financiamiento a la ciudadanía, a través de lo que llamó en el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, una “nueva participación social en educación”.

 

Debe mencionarse que este acuerdo, nace en el momento de pleno dominio político de la tecnocracia salinista y refleja con toda precisión, el pensamiento económico que guiaba la acción gubernamental de su tiempo. Es un acuerdo que no parte de un diagnóstico objetivo del sistema educativo, que no se articula con un proyecto educativo de largo plazo y que a partir de ideas muy simples, pero soportadas por toda la fuerza del estado, articulan a la educación a las necesidades de un modelo económico claramente identificado.

 

De esta forma, “la nueva participación social” lejos de entregarle a los maestros, alumnos, padres de familia y sociedad en general, las facultades y el financiamiento suficiente para garantizar la educación para todos los ciudadanos, la obliga a responsabilizarse de funciones muy concretas como la de construir, equipar, y mantener los espacios educativos.

 

Esta serie de medidas, en momentos en que los presupuestos familiares en términos reales, están sufriendo severos recortes, están ocasionando efectos negativos en los niveles educativos de la población observables en la gran cantidad de niños en edad escolar que no acuden a la escuela, que los rendimientos sean menores a los esperados y que la deserción de las aulas sé este incrementando notablemente.

 

Por ello, todos los actores educativos estamos obligados en la elaboración de una propuesta de participación democrática y popular para la defensa y fortalecimiento de una educación publica y gratuita de alta calidad para todos los michoacanos.

 

 

¿Cómo podremos construir estos espacios?

 

 

En este sentido, el I Congreso Estatal Popular de Educación se pronuncia por:

 

·        El fortalecimiento de las Mesas de Padres de Familia de escuela, municipales o regionales, así como de la Mesa Directiva Estatal de Padres de Familia.

 

·        La defensa y fortalecimiento de las asociaciones de alumnos en todos los tipos y modalidades educativas.

 

·        El rechazo a los Consejos de Participación Social en todas las instancias.

 

·        Aunado a esto, tenemos la responsabilidad de aglutinar los esfuerzos de todos los actores del resto de la sociedad, que muestren interés en la defensa y fortalecimiento de la educación pública. 

 

Con estas estructuras tendremos que confluir y formar frentes amplios de resistencia a las políticas neoliberales y formular propuestas que condensen las expectativas que con respecto a la educación tenemos todos los michoacanos. Una vez que las hallamos determinado, será responsabilidad de todos el determinar mecanismos para obligar al Estado a que cumpla con su obligación de proporcionar educación con la calidad que los michoacanos merecemos.

 

 

¿Cuáles son las tareas que en lo inmediato tienen que asumir estas estructuras?

 

 

·        Partiendo del hecho de que hoy, la Sección XVIII del SNTE, condensa en su pliego  petitorio aquellas demandas que favorecen a la cobertura y calidad de la educación, es tarea inmediata de estas estructuras el luchar por el cumplimiento de las demandas contenidas en el pliego petitorio estatal.

 

·        Considerando que en la Ley Estatal de Educación recientemente aprobada por el Congreso del Estado, apuntala el proceso privatizador de la educación y libera al Gobierno del Estado de financiar este servicio, unificaremos esfuerzos de resistencia hasta lograr la derogación de la actual Ley Estatal de Educación y la implementación de un proceso democrático y ampliamente participativo de elaboración de una nueva Ley Estatal de Educación.

 

·        Asumiendo que las políticas educativas desfinanciadoras de la educación observadas particularmente desde el salinato hasta la fecha, han dejado a la educación en graves problemas que tienen que ver con la infraestructura educativa, las condiciones de vida de los trabajadores de la educación y otros aspectos es ineludible en este momento, luchar por el cumplimiento del 12% del PIB nacional como presupuesto educativo como lo propone la UNESCO. En nuestro estado, tendríamos que exigir al ejecutivo estatal el otorgamiento de la parte proporcional para Michoacán en función de nuestra población.

 

·        Reconociendo que desde el ANMEB, el grupo económico en el poder ha impulsado lo que ha llamado “reformulación de materiales y contenidos”, que en la práctica consiste en una degradación de los contenidos educativos  hasta proporcionar a los educandos un paquete de conocimientos mínimos y básicos que son justamente los que el modelo económico requiere, sin considerar requerimientos sociales y nacionales de la educación, es imprescindible  el impulso a la reformulación de contenidos educativos desde el punto de vista de las  clases populares.

 

Las anteriores tareas tendrán pocas posibilidades de ser concretadas si no existe una estructura de consejos escolares que, desde el nivel de plantel, se convierta en el instrumento de seguimiento y evaluación de los logros que sucesivamente se vayan alcanzando, de esta forma es necesario que asumamos como tarea inmediata el promover la  formación de los Consejos Escolares en cada escuela, que coadyuve a lograr una educación de alta calidad.    

 

 

 

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