SNTE
Sección XVIII
Michoacán
_________________________________________
ü Razones para pensar en la legislación desde la instancia sindical.
ü Características de la legislación actual. (1er. Foro Estatal Popular de Educación).
ü Características de la Ley Estatal de Educación propuesta por la Sección XVIII. (II Foro Estatal Popular de Educación).
ü Procesos y sujetos implicados en las modificaciones legislativas.
ü Tareas
y acciones de corto y mediano plazo para diseñar, proponer e implantar una nueva
Ley Estatal de Educación.
ü Resolutivos
del Ier. Congreso Estatal Popular de Educación.
Razones para pensar en la
legislación desde la instancia sindical
Las y los
trabajadores de la educación de la Sección XVIII del SNTE, junto con un sector
muy importante de la población, hemos asumido la responsabilidad de realizar un
contraproyecto educativo que se oriente hacia una sociedad más justa y más
democrática. Nuestro proyecto educativo
es al mismo tiempo un proyecto de sociedad, se fundamente en una concepción de
los seres humanos y se inspira en una cierta visión del futuro que se desea
para las y los niños, para la colectividad.
Este esfuerzo
nos ha llevado a intentar comprender la complejidad del fenómeno educativo,
así, hemos puesto énfasis al acercarnos a algunos elementos que lo constituyen:
la Teoría Educativa, la Normatividad, el Financiamiento, el Currículo, la
Organización y la Gestión Escolar, la Infraestructura y el Equipo,
Administración, la Cultura Laboral y Pedagógica. En esta mesa de trabajo
intentaremos sintetizar algunas ideas y propuestas en torno a la Normatividad.
Características de la
legislación actual.
Durante los
trabajos del I° y II Foros Estatales Populares de Educación (enero y marzo de
2000) diagnosticamos, inicialmente, el estado actual de la normatividad
educativa y delineamos la legislación opcional, también acercamos las visiones
de las y los trabajadores de la educación con el pueblo de Michoacán.
Podemos decir
que en la aldea global, al lado del mercado, la empresa, la ciudad, el Estado y
el derecho, también los sistemas educativos son reconfigurados. En dicho
contexto globalizador, la normatividad, el sistema jurídico nacional de todos y
cada uno de los países, como conjunto total de leyes es, cada vez más, un
instrumento de dominación capitalista. Constituye, junto con otros elementos,
un punto estratégico de los planes generales de gobiernos empecinados en
someter a los pueblos a los intereses del gran capital financiero
internacional.
En México,
estos cambios se han reflejado fundamentalmente en las modificaciones al
Artículo 3º Constitucional, el Acuerdo Nacional para la Modernización de
Educación Básica, los Estatutos del SNTE, la Ley General de Educación, las
Leyes Estatales de Educación, etc.
Los aspectos más significativos de las reformas a la normatividad educativa tiene relación con la implantación del régimen neoliberal (Ley General de Educación de 1993). Las grandes transformaciones que en los terrenos económico, político, social y cultural implantaba el gobierno (para reformar al Estado) requerían, a su vez, de una profunda reforma del sistema educativo; reforma emprendida con la supervisión permanente de la oligarquía nacional y extranjera.
La reestructuración o reorganización administrativa del Sistema Educativo Nacional (SEN) y la legalización de los nuevos criterios laborales, fueron objetivos básicos de este periodo y atraviesan todos los documentos normativos; así, el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica (ANMEB 1992), la Ley General de Educación (LGE, 1993), la Ley de Educación para el Estado de Michoacán (LEE, 1998) y los documentos de ellos derivados, representan una misma orientación y sólo difieren en los marcos de injerencia.
Con estas reformas se han perdido las principales características que podrían asegurar una educación de alta calidad: pública, gratuita, integral, nacional, etc. dando paso a modificaciones que lesionan profundamente no sólo su calidad, sino su propia existencia: federalismo educativo, ‘nueva participación social’, financiamiento ‘alternativo’, revaloración de la función magisterial, etc.
Estas modificaciones legislativas -es decir, legalizadas, legitimadas a través de la norma-, han dado lugar a un complejo y estructural cambio del Sistema Educativo Nacional cuyos efectos son cada vez más graves y generalizados: reducción del gasto educativo, aplicación de criterios productivistas, valoración de las escuelas en términos de mercancía, competencia desigual entre centros de trabajo, aplicación de exámenes estandarizados, disminución de la matrícula sobre todo para los niveles medio superior y superior; modificación de las condiciones laborales y de trabajo de los educadores; atomización del sindicato, etc.
Junto con estos fenómenos se han creado también instancias como los ‘Consejos de participación social’ que desde la óptica modernizadora funcionarían como órganos de supervisión, control y fiscalización sobre los trabajadores y como espacios que garantizaran la responsabilidad familiar de resolver los problemas de cada centro escolar, sobre todo en lo referente a financiamiento.
Otro rasgo importante en dichas modificaciones normativas es el aumento de sanciones y medidas de represión por parte de las autoridades educativas contra todos aquellos que transgredan la norma.
En este proceso de cambios normativos, jurídicos, la Ley de Educación para el Estado de Michoacán, ha ocupado un lugar especial en nuestra preocupación no sólo porque significa la grave garantía de que el gobierno aplicará hasta sus últimas consecuencias las medidas neoliberales, sino también porque el proceso seguido para su imposición ilustra muy bien que el gobierno no está dispuesto a incorporar los planteamientos populares a su idea de desarrollo.
Características de la Ley Estatal de Educación
propuesta por la Sección XVIII.
A pesar de que ningún aspecto de la propuesta de Ley Estatal de Educación elaborada por la Sección XVIII, fue retomado con seriedad por el Congreso del Estado, sostenemos que es un documento integral que delinea muy puntualmente las características de la educación que anunciamos. En dicha propuesta de Ley sostenemos que la educación, entre otros aspectos, debe considerar que:
¨ La Ley de Educación para el Estado de Michoacán debe tener la responsabilidad histórica de cimentar las líneas y políticas educativas para el México del siglo XXI, definiendo la educación como una garantía para la integridad nacional, como sustento importante del desarrollo económico y andamiaje de bienestar, de democracia, de justicia y de paz.
¨ La educación es medio fundamental para adquirir, transmitir y acrecentar la cultura; es proceso permanente que contribuye al desarrollo integral del individuo y a la transformación de la sociedad; es factor determinante para la adquisición de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes y para formar a los individuos de manera que tengan sentido de solidaridad social.
La educación que merecemos las y los michoacanos debe ser:
¨ De alta calidad, tanto en sus contenidos y recursos como en sus procesos y, en consecuencia, en sus resultados.
¨ Equitativa, es decir que debe:
¨ Pertinente por cuanto garantizará que todos los procesos educativos se encaminen efectivamente, directa o indirectamente a cubrir las necesidades económicas, políticas y sociales inmediatas y mediatas de las y los michoacanos. Y por cuanto garantice una educación integral.
¨ Integral, crítica, democrática y popular, por lo que tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, el amor a la patria y la solidaridad social en la independencia y en la justicia.
¨ Obligatoria en los siguientes términos:
I. Es obligación del Gobierno del Estado impartir educación de todo tipo, nivel y modalidad a todos los habitantes de la entidad, desde la educación inicial hasta los posgrados de la educación superior; así como garantizar económicamente las condiciones adecuadas para desarrollar con éxito las actividades educativas. Apoyará así mismo la investigación científica y tecnológica, fomentará y difundirá la cultura y el deporte.
II. Es obligación de los padres de familia o tutores que sus hijos o pupilos menores de edad concurran a las escuelas públicas o privadas a cursar la educación correspondiente.
III. A partir de la primaria, hasta los posgrados, será obligatorio cursar la educación en el respectivo nivel anterior. Es deber moral y patriótico de todos los habitantes del estado cursar la educación preescolar, primaria, secundaria y preparatoria.
¨ Gratuita para todos los habitantes de la entidad, por lo que está prohibido cobrar cuotas de inscripción o solicitar pagos regulares o de cualquier otra índole; ningún tipo de donativo podrá considerarse como contraprestación del servicio educativo. En ningún caso podrá condicionarse la inscripción o el acceso al servicio educativo público al pago de aportaciones o donativos. El diseño, construcción, ampliación, equipamiento y mantenimiento de los establecimientos de educación pública es en su totalidad responsabilidad del gobierno estatal.
¨ Laica y por tanto se mantendrá por completo ajena a cualquier doctrina religiosa. Estará basada en los resultados del progreso científico natural y social y luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos, los prejuicios y los dogmas.
¨ Científica en un triple sentido: En primer lugar, todos sus procesos generales, así como los métodos y procedimientos didácticos particulares, estarán basados en los avances de las diferentes ciencias componentes y coadyuvantes de la pedagogía. En segundo lugar, será científica por los contenidos programáticos. En tercer lugar, será científica por la promoción de actitudes y capacidades científicas, racionales, en la interpretación del mundo y en la acción para transformarlo.
¨ Universal, en dos sentidos: Será impartida para toda la población, sin discriminación de raza, género, edad, condición social, credo religioso, ideología política o pertenencia étnica. Formará educandos capaces de apropiarse, con amor y respeto, la cultura nacional y étnica particulares, a la par de todas las manifestaciones de la cultura universal.
¨ Integral, propiciadora del desenvolvimiento de los educandos en las esferas de las ciencias natural y social, de la tecnología y el trabajo, de las humanidades, de la ética y la moral, de la estética y el arte y del deporte y la salud; esta educación promoverá el desarrollo de los individuos en relación respetuosa con su entorno natural y social.
¨ Democrática porque: En primer lugar, la determinación y ejecución de los procesos sustantivos y de apoyo y de administración de la educación, serán ejercidas por decisión horizontal, participativa y consensual, de los sujetos de la educación. En segundo lugar, porque preparará a los habitantes de la entidad para la creación y ejercicio cotidiano de una cultura democrática de participación y distribución equitativa en lo económico, en lo político, en lo social y en lo cultural.
¨ Popular por cuanto identificará y satisfará los intereses del pueblo michoacano y mexicano, al tiempo que los preservará de las presiones económicas, políticas, sociales y culturales, internas y externas.
¨ Patriótica, dirigida a defender la integridad, la soberanía, la independencia y el patrimonio natural y cultural de la nación, como premisa indispensable para la construcción de la felicidad de las y los michoacanos y de los mexicanos en general.
Es importante recordar que como parte de los acuerdos de los trabajos realizados durante los Foros, hemos llegado a reconocer como necesaria tanto la derogación de la normatividad educativa actual, como el diseño e implantación de una normatividad alternativa.
Para lograr tales tareas creemos necesario reconocer la índole del problema, sus distintas dimensiones y campos de resolución; sólo de esta manera podremos pasar del discurso y los buenos deseos –que pueden, peligrosamente, convertirse en demagogia[1]- a las acciones pensadas inteligentemente, es decir, a las acciones con una mayor probabilidad de acierto.
En primer lugar será necesario considerar que cualquier cambio en la legislación -en general- se inscribe necesariamente en un cambio total del proyecto de país. Esta consideración subraya, una vez más, la necesidad de realizar tareas simultáneas en varios planos de la realidad; para cambiar el país, no es suficiente –ni realista- plantear un cambio ‘solamente’ en lo educativo; sin embargo, esto no significa que no pueda, desde este terreno, impulsarse una gran participación que contribuya a configurar, en la cabeza y en el corazón de la población, la posibilidad de nuevos imaginarios sociales, de nuevas formas de pensar la realidad, de nuevas expectativas y, sobre todo, de nuevos principios éticos de construcción social. Las y los educadores, estamos comprometidos a fortalecer ese imaginario social, entendiendo que no hay realidades inexorables, que no hay ‘finales de la historia’, que no han muerto las utopías y que, la reflexión y la acción humanas pueden, aún, dignificar el sentido de la vida misma. Estamos comprometidos pues, con la construcción del sujeto histórico social que hará posible la transformación de nuestras condiciones imaginarias y reales.
En segundo lugar, debemos estar conscientes que la normatividad, las leyes y reglamentos que queremos derogar son emitidos por el Poder Legislativo, constituido por los Congresos estatales y federal. Es decir, que algunas de nuestras acciones tienen que orientarse a ‘presionar’ a las legislaturas correspondientes para que modifiquen dichas leyes. Significa también, que debemos reconocer la cualidad de éste ámbito, que ‘escapa’ al margen natural de acción de las y los educadores; el ámbito jurídico tiene más relación con otros aparatos de control del Estado (por ejemplo con el poder judicial) que con lo ‘educativo’. Y que dicho ámbito responde a sus propias reglas y vicios del sistema, antes que a las necesidades de la población.
En tercer lugar, debemos tomar conciencia que la normatividad, el sistema jurídico nacional –y de todos los países-, como conjunto total de leyes es, cada vez más, un instrumento de legitimación de la dominación capitalista que no actúa de manera aislada, sino que se enlaza con todo el aparato de Estado para mantener los privilegios de quienes pretenden adueñarse de la vida, el trabajo y la conciencia de millones de mexicanos. Esto significa que, ante un cuestionamiento de dichas normas, ante un repudio de dichas leyes, sin ningún miramiento, el Estado va a actuar para silenciar la osadía. Debemos preocuparnos por fortalecer las herramientas que tenemos para enfrentar creativamente las reacciones del Estado.
En cuarto lugar, a partir de las anteriores consideraciones nuestra visión del problema se enriquece. Ahora, ya no podemos suponer que una sola jornada de lucha va a modificar la arbitraria Ley ‘Tinoquista’. Tampoco podemos suponer que con sólo desearlo vamos a contar con el apoyo y la participación real, cuantificable, de nuestros propios compañeros trabajadores ni, mucho menos de los padres de familia o del pueblo. Es necesario por lo tanto, evaluar nuestros esfuerzos y nuestras limitaciones; nuestros logros reales con relación al consenso social logrado, al grado de compromiso que otros sectores nos brindan, al nivel de profundidad e impacto de nuestras acciones, al grado de conciencia social generada, etc. y también, los problemas y obstáculos con que nos enfrentamos. Una vez realizada dicha evaluación contaremos con mejores elementos para desarrollar un programa de trabajo más realista, más sólido, menos ficticio. Sin una evaluación seria, una reflexión profunda y de largo alcance y un plan y programa sólidos, difícilmente estaremos a la altura del gran proceso de cambio mundial, radical, que la educación necesita.
De estas consideraciones y su discusión se derivaron las siguientes recomendaciones, propuestas y resolutivos.
ð
Dar
información amplia a toda la base con relación a los trabajos del III Congreso
Nacional de Educación, incorporando una valoración de dichos trabajos.
ð
Iniciar un
proceso estatal serio de evaluación respecto a las distintas tareas del quehacer
sindical y los mecanismos y formas empleadas en las distintas actividades y
jornadas de lucha; atendiendo diversos aspectos: cumplimiento de responsabilidades,
resultados, problemas, éxitos, improvisaciones, compromiso, cansancio,
mecanismos de toma de decisiones, formas y profundidad de la discusión, etc.
Todo esto con el fin de fortalecer nuestros mecanismos y formas de lucha social.
ð Continuar con la discusión y el impulso de la participación política de las y los trabajadores de la educación, sobre todo en el terreno partidista. Haciendo un llamado especial al compromiso político de nuestro propio quehacer educativo.
ð Discutir ampliamente acerca de los perfiles, principios y criterios para normar la participación en puestos de elección popular, independientemente del partido que se trate.
ð Presentar la propuesta de Ley de Educación elaborada por la Sección XVIII a todos los candidatos a puestos de elección popular e invitarlos para que discutan, enriquezcan y defiendan dicha propuesta.
ð Solicitar a la Comisión Seccional de Educación y Cultura de la Sección XVIII del SNTE, la elaboración de un documento explicativo acerca de las diferencias entre la modalidad de participación social que plantea el gobierno (Consejos de Participación Social) y la que plantea la Sección XVIII (Consejos de Participación Educativa).
ð Tomar conciencia de la responsabilidad que implica participar en los eventos donde se toman decisiones que involucran a los colectivos y responsabilizarse del voto emitido, sobre todo cuando se acuerdan tareas y acciones para realizar.
ð Evaluar críticamente el carácter popular del proceso del Ier. Congreso Estatal Popular de Educación, pues se valora que realmente fue muy escasa la participación tanto de padres y madres de familia, como de estudiantes y de otros sectores de la población e incluso de los propios compañeros de base.
Resolutivos
Ø Iniciar un proceso amplio y profundo de re-lectura de la propuesta de Ley Estatal de Educación de la Sección XVIII, comparándola con la impuesta por el Congreso Estatal (en noviembre de 1998). Esta nueva revisión nos permitirá comprender mejor la magnitud de las implicaciones de la Ley ‘Tinoquista’ y al mismo tiempo, nos hará comprender los principios en los cuáles se sustenta la iniciativa de Ley desde la óptica de los trabajadores y el pueblo. Mayo-julio de 2000.
Ø Socializar ampliamente entre los estudiantes, los padres y madres de familia, la propuesta de Ley de Educación de la Sección XVIII a partir de la elaboración de un programa de trabajo específico para tal fin. Si ellos no comprenden las razones por las cuales buscamos derogar la Ley de Educación actual, no se sumarán a una lucha que necesariamente los implica. Mayo- julio de 2000.
Ø Elaborar, conjuntamente con los estudiantes y los padres de familia, un plan de trabajo para que se sumen a la defensa de la educación pública y consoliden su nivel de información, discusión y organización. Mayo-septiembre de 2000.
Ø Integrar un equipo de trabajadores de la educación y especialistas en materia jurídica que apoye y enriquezca nuestra iniciativa de Ley de Educación y aporte elementos para comprender los procesos jurídicos necesarios para cambiar la normatividad. Mayo-julio de 2000
Ø Establecer relaciones con legisladores de todo el estado y del país para darles a conocer nuestra propuesta de Ley de Educación y buscar los mecanismos y acciones necesarias para que la fortalezcan, promuevan y apoyen. Mayo-diciembre de 2000.
Ø Consolidar las relaciones y el apoyo de trabajadores y trabajadoras de la educación de todo el país, y de trabajadores de otros sectores, para que se sumen a la defensa de la educación pública en general y al proceso de derogación de la normatividad neoliberal en particular. A partir de mayo de 2000.
Ø Iniciar un proceso de valoración honesta de las acciones que hasta ahora hemos realizado y del grado de consenso y participación social alcanzado. Elaborando y desarrollando un programa pormenorizado para lograr dicho consenso. El nivel de presión y de éxito que podamos tener con nuestra lucha social estará directamente relacionado con el nivel de consenso social y organización que podamos generar. Mayo-agosto de 2000.
Ø Valorar el tipo y el efecto de nuestras acciones. Diseñando un programa y un plan para crear un fondo de resistencia que nos permita emprender largas jornadas de lucha. Mayo-julio de 2000.
Ø Conocer detalladamente cuales son las estrategias de organización implementadas por otras organizaciones civiles, sindicales, etc.; el tiempo requerido, las medidas de precaución tomadas, el tipo de relaciones y acuerdos con otros sectores, la publicidad que emplearon, etc. Los resultados de dicha reflexión pueden servir de insumos para la ‘escuela sindical’. A partir de mayo de 2000.
Ø Garantizar no sólo la próxima, sino diversas jornadas de lucha. Esto implica que como temática a discutir en los próximos Plenos Estatales y en el propio Congreso Seccional, debemos plantear la problemática en torno a la estrategia y las tácticas de lucha. A partir de mayo de 2000.
Ø Garantizar la orientación política que como sindicato debemos mantener. Sería un grave retroceso diezmar la fortaleza de nuestros planteamientos y organización democrática. Esto tiene importantes repercusiones para el momento de recambio del propio Comité Ejecutivo Seccional, recambio que debe garantizar la continuidad de nuestra tendencia organizativa, y el fortalecimiento de nuestro propio Proyecto Político Sindical.
Ø Fortalecer y respaldar el plan de acción ya diseñado para la próxima jornada de lucha. A partir de mayo de 2000.
Ø Garantizar el éxito de nuestro Proyecto Democrático de Educación y Cultura, comprendiendo la naturaleza y particularidad del trabajo académico y de la investigación educativa y fortaleciendo los equipos de trabajo seccional y regionales, con personal calificado, infraestructura y equipo suficientes para el desarrollo de su trabajo. A partir de mayo de 2000.
Ø Socializar ampliamente los avances del Proyecto Democrático de Educación y Cultura: críticas al sistema educativo neoliberal; propuestas como la propia Ley de Educación; Programa Estatal de Transformaciones Educativas Inmediatas; resolutivos de los Foros y Congresos educativos; producciones electrónicas como la página en Internet, ya reconocida internacionalmente, etc. Esta difusión evidenciará que las y los trabajadores de la educación realmente tenemos una propuesta educativa alternativa.
Ø Establecer relaciones cualitativamente diferentes con otros trabajadores y trabajadoras del Estado, del país y del mundo que se opongan al capitalismo y se preocupen por generar un mejor destino para la humanidad. Dichas relaciones deberán basarse en el respeto, la equidad, la cooperación, el aprendizaje mutuo y el establecimiento de principios de trabajo y relación que instauren una nueva ética política.
Ø Realizar un recuento de las tareas resolutivos y pronunciamientos de otros eventos de carácter educativo realizados por la Sección XVIII y distribuirlos ampliamente para que sirvan de base para nuestros programas de trabajo.
Ø Abrir espacios de verdadera formación teórica y discusión política de nuestros cuadros para fortalecer la orientación de nuestra lucha.
Ø Diseñar, aplicar y evaluar un programa integral del quehacer sindical a partir de la definición puntual de la estrategia y las tácticas necesarias para la transformación del sistema capitalista.
Ø Fortalecer los Consejos Técnicos Escolares; las Sociedades de Alumnos y los Consejos de Participación Educativa.
ü Por la recuperación del carácter gratuito, obligatorio, laico, científico, universal, democrático, popular, patriótico e integral de la educación.
ü Por la reformulación del Artículo 3°. Constitucional para que responda a los intereses y necesidades educativas populares.
ü Por la derogación de todos los documentos normativos con visión neoliberal: Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica; Ley General de Educación; Leyes Estatales de Educación; Artículo 123 Constitucional, etc.
ü Por la desaparición de Centro Nacional de Educación (CENEVAL).
ü Por la conquista de la Jornada Básica Escolar; la Jornada Laboral constitucional y el Salario Profesional Constitucional.
ü Porque el gobierno atienda la demanda de atención médica en una proporción inicial de 500 alumnos por médico. Y por el establecimiento de relaciones intersectoriales que garanticen una atención médica oportuna a los estudiantes.
ü Porque el gobierno atienda la demanda de un maestro de educación física por centro educativo.
Morelia, Michoacán; a 13 de abril de 2000.
FRATERNALMENTE
"POR LA EDUCACION AL SERVICIO DEL PUEBLO"
MODERADOR: Profr. Hipólito Piñón Fuerte
RELATORES: Profr. Salvador Campanor Negrete y Profra. Leticia Ma. A. Sánchez Farfán
ESCRUTADORES: Profr. Gabriel Nicolás Guzmán
_____________________________________________________________________
SNTE
Sección XVIII
Michoacán
[1] Demagogia: actitud política
oportunista de quien ofrece soluciones utópicas, irreales y engañosas al pueblo
con el fin de medrar a su costa o dominarlo.