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¡SANTA CATARINA EN ESTADO DE SITIO!
El gobierno de DF y de la Delegación
Azcapotzalco han impuesto, desde el lunes 16
de junio, de facto, la suspensión de
garantías en el pueblo de Santa Catarina, en
su afán de despojarlo de un predio que es
propiedad de la comunidad.
Desde hace más de un año comenzó este
conflicto. Un grupo de la Asamblea de
Barrios, dirigido por Hilda Bahena, pretende
construir un proyecto de vivienda en el
predio ubicado en calle Central N° 18.
Supuestamente dicho predio fue comprado para
este fin y cuenta ya con un crédito del INVI
y el aval de las autoridades del gobierno
del DF y de la Delegación Azcapotzalco para
llevar a cabo la construcción, sin embargo,
el terreno en cuestión es propiedad comunal
del pueblo de Santa Catarina, pues desde que
se constituyó como núcleo ejidal en los años
30’s del siglo XX, por decreto presidencial,
toda la extensión territorial donde se haya
asentado el pueblo es propiedad del mismo.
No hay decreto presidencial alguno que
revoque esta disposición, por lo que
cualquier transacción de compra-venta
realizada es, sin duda, ilegal. Con base en
esto, desde que comenzó este conflicto, los
habitantes del pueblo han interpuesto un
juicio agrario y habían logrado un amparo
para la suspensión provisional de la obra.
El pueblo de Santa Catarina ha combinado la
gestión con la movilización para defender su
territorio. No obstante, el gobierno
pretende por la fuerza perpetrar este
despojo. Ya el 31 de octubre del 2007 hubo
una irrupción de la fuerza pública para
desalojar el plantón que los vecinos habían
instalado en las puertas del predio en
defensa de este espacio comunitario.
El 29 de febrero de este año, el grupo de la
Asamblea de Barrios que pretende se
construyan ahí sus viviendas se presentó en
actitud provocadora en Santa Catarina, con
el respaldo de la fuerza pública. No
obstante, en esa ocasión no llegó a mayores
el problema porque el pueblo de Santa
Catarina se manifestó pacíficamente, no cayó
en la provocación.
Por lo que se ve, los gobiernos del DF y
Azcapotzalco están actuando de manera
facciosa, pues, como se sabe, la Asamblea de
Barrios es una organización de solicitantes
de vivienda corporativizada por el PRD, y
son para ambos gobiernos perredistas, votos
cautivos. Por lo mismo, de manera arbitraria
están manipulando las leyes, las instancias
gubernamentales y utilizando la fuerza
pública, para favorecer a esa organización,
pasando por encima de los derechos del
pueblo de Santa Catarina.
En Santa Catarina, la gente ha dicho claro
que está conciente de que el déficit de
vivienda es grande, que es una necesidad que
debe resolverse y que es necesario que la
demanda de los solicitantes de vivienda se
atienda, pero sin despojar a los pueblos de
lo que legítima e históricamente les
pertenece, sin pisotear sus derechos.
Ahora, nuevamente, el cuerpo de granaderos
tiene tomado el pueblo, sin justificación
real, han quedado suspendidas las garantías
ciudadanas, pues el cuerpo policíaco está
presente en número de aproximadamente 300
efectivos, no sólo para garantizar que la
obra dispuesta unilateralmente por el
gobierno se lleve a cabo, sino para
intimidar al pueblo, para inhibir cualquier
intento de protesta popular frente a este
atropello.
Responsabilidad de Marcelo Ebrard y de
Alejandro Carvajal es esta situación de
conflicto y las consecuencias que originen.
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