Babel
La guerra que no frenamos
Javier Hernández Alpízar
A la memoria de Andrés Aubry.
Parafraseando un adagio que ha sido usado para expresarse del diablo y de la
mafia siciliana, de la guerra sucia en México podemos decir que “la mejor
guerra es la que no existe”.
Así ocurre en Chiapas, la militarización ininterrumpida desde 1994, la
paramilitarización cada vez más agresiva contra las bases de apoyo zapatistas
y contra los indígenas que no se someten al control partidario del PRI, el
PFCRN o el PRD. La estrategia de desgaste, acorralamiento, y despojo de la
tierra y el territorio encubierta en un avance conjunto militar y empresarial
transnacional con piel de “ecologista”.
Y todo esto bajo el silencio, la marginación de la información y una
contrainsurgencia informativa o guerra psicológica que va por “las mentes y
corazones”, abrazada por cada vez más actores y sectores, columnistas, prensa
comercial y el resentimiento de un movimiento electoral cada vez más
obsesionado en el guión “conmigo o contra mí”.
Encontramos un texto de Carlos Montemayor, uno de los pocos investigadores y
autores de artículos, libros y ensayos que (junto a plumas de la talla del
recientemente fallecido antropólogo, investigador y analista Andrés Aubry) ha
dicho cosas serias y documentadas sobre esta guerra de la que otros prefieren
callar.
Se trata del texto “La guerrilla recurrente” fechado en 1998, editado por la
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Chihuahua. La primera edición es de
1999.
La tesis central es que los gobiernos siempre han enfocado mal su análisis de
la aparición y actividad de los grupos armados en México, porque por interés
de esconder su legitimidad niegan toda base social y los reducen a un núcleo
armado de profesionales de la violencia, quienes habrían manipulado a
campesinos y/o indígenas.
La consecuencia de ese enfoque reduccionista es que se da a un conflicto
social con complejas implicaciones económicas, sociales, políticas, religiosas
(y añadiríamos hoy, ambientales) un tratamiento meramente policiaco militar
que se resuelve únicamente destruyendo y neutralizando a los focos o núcleos
armados, como se hizo en Guerrero en los setenta y en todo México hasta los
ochenta.
Pero el surgimiento y actividad del EZLN y otros grupos armados de 1994 a la
fecha es la demostración histórica de que esa estrategia es pésima de origen,
y que la “solución” militar solamente da cauce al surgimiento, años después,
de nuevos movimientos armados, porque prevalecen las causas sociales, la
violencia e injusticia, estructurales y ancestrales, que llevan a los
campesinos, indígenas y otros sectores a empuñar de nuevo las armas. De ahí el
título del ensayo de Montemayor: “La guerrilla recurrente”.
El ensayo, de apenas 62 páginas, no tiene desperdicio. Leído hoy, muestra cómo
la militarización de Chiapas (y la paramilitarización) es la repetición de la
misma decisión que tomaron los gobiernos mexicanos de los setenta en Guerrero,
y lleva el mismo camino de sangre y de inútil sacrificio de comunidades, de
pueblos enteros.
En el apartado final, el autor escribe: “En algún momento de noviembre y
diciembre de 1996, el gobierno mexicano tomó decisiones firmes en cuatro
sentidos: no reconocer los acuerdos de San Andrés, no reanudar el diálogo de
paz, continuar y extremar el cerco militar en las cañadas y no frenar el
surgimiento de grupos paramilitares en diversas zonas del norte y de los Altos
de Chiapas.”
Visto después de 2001, el voto de los tres partidos en el poder en México
(PRI, PAN y PRD) contra los acuerdos de San Andrés es la ratificación de esa
apuesta por la guerra que el gobierno mexicano hizo desde 1996, bajo el
zedillismo.
“Su desgaste militar se conseguiría con el ejército; el social con los grupos
paramilitares y las luchas intercomunicarías. Restaba planear el desgaste
político del EZLN. Esto requería de otros elementos coyunturales.”
Los tres frentes siguen, cada vez más agresivos. Y el elemento político,
asegurado desde la reforma electoral de 1994 para incluir al PAN y el PRD en
el poder compartido, dio pie a una “alternancia en el poder” controlada y
regulada, y a sumar al PRD en la complicidad, con la traición a los acuerdos
de San Andrés y el rompimiento del diálogo. Y con sus dos recientes gobiernos
antizapatistas en Chiapas.
La Sexta Declaración de la Selva Lacandona y la Otra Campaña son una respuesta
civil y pacífica a esa agresión militar y política, pero el gobierno contesta
de nuevo incrementando la paramilitarización, con la OPDDIC y la UES, y con un
gobierno priista- perredista de Juan Sabines que continúa con la política
contrainsurgente del priista Salazar Mendiguchía, ganador de la gubernatura
por una alianza PAN-PRD. La alternancia en el poder en Chiapas es el reflejo a
escala estatal de la situación nacional.
Basado en un estudio del Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro AC” de
febrero de 1998, titulado: “Chiapas, la guerra en curso”, Montemayor da una
lista de los grupos paramilitares conocidos en 1998:
… el “Tomás Munzer” en la zona de la Selva (Oxchuc, Ocosingo y Altamirano), el
“Movimiento Indígena Revolucionario Antizapatista” en las Cañadas y el norte
de la Selva (Las Margaritas, Oxchuc, Huixtan, Altamirano, Ocosingo, Sitalá,
San Juan Cancuc), “Paz y Justicia” y “Los Chinchulines” en el norte de la
Selva (Tila, Sabanilla, Tumbalá, Salto de Agua, Palenque, Yajalón, Chilón,
Ocosingo, Venustiano Carranza), “Alianza San Bartolomé de los Llanos” y
“Fuerzas Armadas del Pueblo” en los Valles Centrales (Venustiano Carranza) y
“Máscara Roja” en Los Altos (Chenalhó, Larráinzar, Chamula, Pantelhó) y más
recientemente “Los Puñales”, en Amatenango del Valle y Comitán.
Además, el estudio del centro Agustín Pro, citado por Montemayor, “describe y
enlista más de doscientos operativos del ejército mexicano efectuados en
numerosos municipios de Chiapas entre el 22 de diciembre de 1997 y el 2 de
febrero de 1998. Ninguno de ellos se propuso frenar, desarticular o desarmar a
los grupos paramilitares. El curso de la guerra está pues al descubierto.”
A pesar de este acoso militar y paramilitar, los zapatistas respondieron con
una marcha pacífica en 2001, la “Marcha Indígena, del Color de la Tierra”. La
respuesta política de los tres poderes del gobierno, ejecutivo, legislativo y
judicial (y de los tres partidos en el legislativo: PRI, PAN y PRD) fue decir
no a los Acuerdos de San Andrés y con ello echar por la borda toda posibilidad
de diálogo.
Ahora las agresiones paramilitares se intensifican con invasión de las tierras
zapatistas por grupos paramilitares como la OPDDIC y la UES, ante las narices
de militares y policías, y con una cobertura de prensa claramente
contrainsurgente, que “explica” las agresiones en términos de “riñas” y
“enfrentamientos” entre indígenas, ocultando la mano de los gobiernos
chiapaneco y federal detrás de los paramilitares agresores.
Las palabras de Carlos Montemayor al final de su ensayo son de una claridad
que no sólo no pierde vigencia, sino que se actualiza con la ofensiva en
curso: “La guerra es un proceso con muchos recursos y facetas. La planeación,
organización, sostenimiento y desarrollo de la guerra no son asuntos simples,
sino de imaginación, oportunidad, decisión, inteligencia. La guerra no siempre
tiene el rostro descubierto. Inventa discursos, imagina causas y
explicaciones, cambia los nombres de las cosas. La guerra no siempre aparece
diciendo que su nombre es ése.
“La guerra dice que ella no mata ni amenaza ni quema ni destruye; son los
otros, son los pueblos mismos quienes se enfrentan y combaten entre sí.
Conforme la violencia crece en regiones elegidas, ella argumenta que esa
violencia la generan las propias comunidades y justifica su intervención como
fuerza de pacificación entre todas las partes. Queda al margen de los pueblos
mismos. Se presenta como el único factor que puede resolver esas luchas
intercomunitarias.
“Pero incluso durante el despliegue de sus facetas económicas y de progreso,
la guerra necesita privacidad. Quiere a solas inventar cómo ocurren las cosas,
insiste en que la versión de la realidad que ella socava provenga sólo de ella
misma. Nadie más debe acercarse a mirar.”
El ensayo de Montemayor, escrito hace nueve años y publicado hace ocho,
apuesta por frenar la guerra, por una conciencia ética: … “el costo social de
devastar incontables comunidades que simpatizan con el EZLN es aterrador y
desmesurado. Habrá que atacar después al segundo grupo que describió el
general Miguel Ángel Godínez, un grupo con insuficiente instrucción militar y
mal armado. Habrá luego que aniquilar al núcleo principal y bien armado. ¿Es
justo el costo de vidas humanas y culturas y millares de familias desplazadas
en uno de los estados con mayor desnutrición indígena en México para aniquilar
militarmente a un grupo armado? No, no es posible aceptarlo ni matizarlo. Se
está alentando una violencia incontrolable actual y apuntalando las bases de
una violencia guerrillera mayor a largo plazo.” Estas palabras de 1998 suenan
más claras en 2007.
Y lo peor es que en 2001 el gobierno en su conjunto, y los tres partidos
representantes de sus facciones (PRI, PAN y PRD) decidieron que sí, que la
solución armada era su elección. Reprochar a un grupo cercado por miles de
militares y agredido por paramilitares cotidianamente el no avalar
electoralmente a uno de sus candidatos es una combinación de desmemoria,
cinismo y algo más que todavía no encuentra nombre.
Escribe su conclusión Montemayor, que aquí copiamos como señal de memoria,
ante el silencio de la “intelectualidad progresista” contra la guerra hoy,
cada día: “Más de cincuenta mil efectivos militares en Chiapas durante cuatro
años (hoy, ya son trece años) no podían permanecer quietos como las aguas de
un estanque. Su presencia obligó a decidir una estrategia militar clara en
acciones. Avanza la guerra diciendo que es pacificación. Va ganando un terreno
que no es simple ni fácil. Es el momento de que todos sepamos que se trata de
una guerra. Propongo que esto lo sepamos todos más allá de la cúpula del poder
que la decide y permite. Es el momento de comprender que tenemos que frenar la
guerra. No de creer que el diálogo se ha interrumpido, no, sino de entender
que debemos frenar la guerra”.
Esto fue publicado en 1999. No nos sorprendamos de que la militarización
avance por el país. Ni pensemos que comenzó con el “espurio”. Esa guerra, que
la mayoría de los mexicanos no quiso ver, tocó ya a la puerta de Atenco, de
Oaxaca, de las mujeres violadas en diversos estados de la república al paso de
los militares y la policía militarizada.
La desinformación y el vulgar (hasta en el lenguaje) nivel de análisis,
incluso en la parte de la sociedad que dice estar a la izquierda y enfrenta su
molino de viento puesto en un solo hombre, su “monstruo malvado”, son síntomas
de la penetración, la eficacia, de la guerra psicológica.
La gota de veneno contrainsurgente ha intoxicado a quienes hoy dan la espalda
al EZLN y mañana la darán a todo movimiento social que no acepte la rendición
y sumisión a sus líderes.
En contraparte, la guerra se extiende por el país como una peste.
Irónicamente, uno de los pocos grupos sociales que han apostado con todas sus
fuerzas, incluso al riesgo de sus vidas, por la paz y el cambio pacífico es el
EZLN, que en próximos días mandaría delegaciones a recorrer muchos rincones
del país. Tal vez estar en el ojo del huracán les ha dado una conciencia que
no alcanzan quienes protestan tibiamente bajo el manto protector de su
gobierno local en la Ciudad de México.
Las delegaciones de zapatistas del EZLN no realizarán, por el momento, el
recorrido anunciado. Solamente participarán con una delegación en el Encuentro
de Pueblos Indios de América en Vícam, Sonora, del 11 al 14 de octubre.
Ante la escalada paramilitar y policiaco- militar contra los indígenas bases
de apoyo, suspenden las salidas al resto del país.
La Otra Campaña debe madurar y actuar con iniciativa propia, autónoma, como lo
hizo en el norte cuando el recorrido en la primera parte se interrumpió
después del 3 y 4 de mayo de 2006 en Atenco. Es una lucha desigual, contra
quienes quieren imponer la guerra como normalidad y la complicidad silenciosa
como "izquierda políticamente correcta".