En
cualquier momento la guerra del gobierno mexicano
contra los zapatistas del EZLN podría pasar a un nivel
de intervención militar abierta del gobierno de
Calderón.
Subiría hasta ahí desde el nivel que tiene ahora,
paramilitares, agresiones de la policía con pretextos
ambientalistas, judicial (con órdenes de aprehensión
suspendidas, en reserva) y la militarización de
Chiapas.
El gobierno mexicano ha estado, durante tres sexenios,
usando una estrategia de guerra en todos los niveles.
Envenena la cotidianidad de un terreno militarizado.
Es la gota de veneno contrainsurgente.
Pero pasar a la guerra abierta ha sido la obsesión del
gobierno federal, no de un régimen o un presidente,
sino un gobierno mexicano con idéntico método
antizapatista, por encima de la transición de partidos
en el poder del PRI al PAN y de presidentes, de
Ernesto Zedillo, iniciador de la paramilitarización
(recordemos la masacre de Acteal, cuyos autores siguen
impunes), a Vicente Fox y Felipe Calderón.
Cada iniciativa de movilización pacífica zapatista ha
sido respondida con provocaciones gubernamentales para
tratar de hacerlos romper el alto al fuego que han
respetado desde 1994.
No es una exageración, a pesar del falso lugar común
de que "no hay guerra". Porque los ataques
paramilitares, desde la época de los Chinchulines,
"Paz y Justicia", el Movimiento Indígena
Revolucionario Antizapatista (MIRA) y Los Puñales,
hasta el actual grupo, la OPDDIC (bajo el camuflaje
del nombre: "organización para la defensa de los
derechos indígenas y campesinos") han dado lugar a
nuevas agresiones, cualitativamente más cínicas y
abiertas, con Calderón.
En el desalojo de dos comunidades, una de bases
zapatistas (Nuevo San Manuel), intervinieron policías
estatales y federales. Fue una confrontación más
directa que las anteriores.
El Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) le
declaró la guerra al gobierno en 1994, pero los
combates duraron apenas 12 días.
La guerra del gobierno se concentró en una estrategia
de largo plazo, para esperar que los zapatistas dejen
de contar con simpatías en el país. La lectura de
Calderón es que hoy es cuando.
El alto al fuego y la posterior simulación de diálogo,
primero con un personero del salinismo, Manuel Camacho
Solís, y luego mediante la Comisión para la Concordia
y la Pacificación (Cocopa) y mediante la creación de
una Ley para el Diálogo, sirvieron al gobierno de
Zedillo y sus sucesores para preparar una estrategia
de muchos frentes, la cual está operando hoy con cada
vez mayor intensidad.
Uno de los elementos más importantes de la
contrainsurgencia es la paramilitarización: La
creación de grupos de choque antizapatistas
reclutados, entrenados, pertrechados y protegidos por
el gobierno chiapaneco y el federal para atacar a las
bases zapatistas. Como lo ha expresado Andrés Aubry,
uno de los pocos que han documentado este proceso, se
trata de meter en la pecera a un pez más agresivo (los
paramilitares) para agredir a los zapatistas.
Este elemento de contrainsurgencia está probado por
hechos de sangre como la masacre de Acteal y la
agresión al poblado de Viejo Velasco, en Montes
Azules, donde protegidos por el gobierno los
paramilitares (indígenas) agredieron a grupos
indígenas no zapatistas, pero con la intención de
involucrar al EZLN, ya sea obligándolo a responder con
las armas o buscando la posibilidad de acusarlos de
agresores.
Las agresiones a tiros contra zapatistas también se
han dado, como la ocurrida contra una marcha pacífica
en Zinacantán, donde los zapatistas llevaban agua a
compañeros suyos que habían sido privados de ese
suministro y el grupo paramilitar agresor era de
filiación perredista (otro elemento, la incorporación
del PRD a la contrainsurgencia). El activismo de la
OPDDIC en estos días es una de las falanges de esa
mano agresora, como el ataque a las bases zapatistas
con balas y machetazos, hiriendo a Leonardo y Juan
Navarro, en Chilón.
Pero lo más importante es que el gobierno federal
aprendió la lección de la importancia de los medios de
masas para la guerra. Así que está utilizando el
factor psicológico de la propaganda de guerra: Ganarse
las mentes y corazones.
Lo deseado por el gobierno, y lo que con más cuidado
ha preparado, es que las agresiones de paramilitares
no sean identificadas como un brazo del gobierno, sino
como enfrentamientos entre indígenas, como los ha
venido llamando la prensa, en los hechos más
recientes: "disputas, pleitos, riñas o enfrentamientos
por la tierra" no entre un grupo de choque del
gobierno y zapatistas, sino "entre campesinos o entre
indígenas".
De esa manera el gobierno aparece como ajeno, casi
neutral. Con un mucho más de maña, y con ayuda de la
negligencia y el dolo de cierta prensa, al gobierno
federal le interesa presentar a los zapatistas como
"agresores de campesinos, agresores de indígenas". Le
falló en el caso de Acteal, le falló en Viejo Velasco,
pero insiste.
Basta ver el nombre del grupo de choque y paramilitar
que está usando para agredir a los zapatistas. Lo
llamaron "Organización para la Defensa de los Derechos
Indígenas y Campesinos", Opddic. Si los zapatistas
respondieran con armas a una agresión, podrían el
gobierno y la prensa presentarlos como agresores de
una organización "defensora de los derechos indígenas
y campesinos".
Para el gobierno es muy necesario contar con un
elemento así. Porque evitaría el costo político de ser
agresor y endosaría al EZLN el rol de "agresor de
campesinos e indígenas".
La manera en que maneje la prensa estos hechos de
violencia es vital para el gobierno. Como en el caso
de Oaxaca, donde los medios comerciales siempre
hablaron de muertos y jamás explicaron que los
asesinos eran sicarios pagados por el gobierno
oaxaqueño y los muertos eran gente del pueblo. Así,
para una gran cantidad de población desinformada, la
imagen de la APPO fue la de "violentos" (como los
campesinos de Atenco eran "macheteros") y la
intervención militar disfrazada de policiaca era para
"recuperar la paz y tranquilidad".
Por ejemplo, el 16 de noviembre de 2006, El Universal,
en nota firmada por Freddy Martín Pérez, dice en las
cabezas: "Crisis en la Selva Lacandona; entra la
fuerza pública" y luego redondea: "Se teme otro
enfrentamiento entre indígenas por un conflicto
agrario". Ahí se reúnen todos los elementos que el
gobierno se ha cuidado estratégica y pacientemente de
sembrar: La presentación de las agresiones de sus
paramilitares a los zapatistas y otros grupos
indígenas independientes del priismo como
"enfrentamientos entre indígenas" y la entrada de la
"fuerza pública", militares y/o policías, como un
tercero, que "va a poner paz".
Esta presentación de los hechos la hemos observado
también en La Jornada, con notas de Elio Enríquez, por
ejemplo, al informar de la agresión de indígenas
progobiernistas lacandones a indígenas no zapatistas
en Viejo Velasco.
Cada vez es más insistente y difundida la estrategia
de prensa contrainsurgente con estos conflictos que el
gobierno genera con sus grupos de choque.
El caso más reciente es el del poblado San Jerónimo,
en las cercanías de la reserva forestal Agua Azul,
municipio de Palenque Chiapas.
La nota ha tenido mucha más cobertura que la del
desalojo por la fuerza de las comunidades de Montes
Azules y su reclusión en condiciones insalubres e
inhumanas en improvisados albergues de La Trinitaria y
Ocosingo.
Mientras la noticia del desplazamiento forzado ha sido
seguida sólo por La Jornada, agencias de internet como
CIMAC, las organizaciones de derechos humanos y medios
libres, la noticia sobre el "enfrentamiento" entre
indígenas choles de San Jerónimo y ejidatarios de la
reserva de Agua Azul, como lo describe en La Jornada
una nota de Angeles Mariscal y Elio Enríquez, ha sido
publicada por diversos medios en el país y a nivel
internacional.
Los corresponsales de La Jornada dan la noticia así:
"Indígenas choles del poblado de San Jerónimo se
enfrentaron con ejidatarios de la reserva forestal
Agua Azul por las tierras donde se ubican las cascadas
del mismo nombre, pertenecientes al municipio de
Palenque, con saldo de dos campesinos heridos."
La Jornada lo cabecea como: "Riña por tierras en
Chiapas deja 2 labriegos heridos". La cortedad de una
nota no permite asomarse al contexto del problema, es
un "enfrentamiento" o "riña" entre indígenas choles y
ejidatarios también indígenas. Los ejidatarios, dice
la nota, son "presuntas bases de apoyo del EZLN", pero
en los párrafos siguientes ya no son "presuntos",
simplemente los llaman "zapatistas".
Veamos cómo evoluciona la nota, y sobre todo la cabeza
de la nota, que es lo único que leen muchos de los
apresurados usuarios de periódicos y la internet:
La Jornada: "Riña por tierras en Chiapas deja 2
labriegos heridos".
El Siglo de Torreón, Coahuila: "Se enfrentan
'zapatistas' y campesinos"
Proceso (nota de Isaín Mandujano): "Chocan zapatistas
y opositores en Cascadas de Agua Azul, un herido".
Terra Noticias: "Un pleito entre simpatizantes
zapatistas y campesinos deja un herido".
AFP (Associated France Press), nota publicada por
Univisión: "México: EZLN y campesinos se enfrentan a
balazos por disputa territorial."
Ahí están la nota y el titular que Ernesto Zedillo y
Vicente Fox soñaban. Lo tienen ahora con la estrategia
del gobierno priista perredista de Juan Sabines y
panista de Felipe Calderón. Un lector descuidado puede
imaginar toda una batalla, casi un hecho de guerra
civil. Y el gobierno agresor no aparece por ningún
lado. Al contrario, aparece el EZLN echando tiros.
De eso a que el gobierno federal anuncie que tiene que
meter la "fuerza pública" para "restaurar el orden y
la tranquilidad", queda muy poco.
Por eso pensamos que cualquier día podría iniciarse
otra fase en la guerra contra los zapatistas, ya no
sólo los paramilitares y policías.
Incluso, los gobernantes mexicanos, que tiraron a la
basura los Acuerdos de San Andrés, el diálogo y la ley
para el diálogo, podrían pasar al "mátenlos en
caliente" que les dejó recomendado desde el siglo
pasado (y desde el antepasado) el cacique mayor, santo
patrono de los gobiernos que "pacifican" indios.
(¿Porfirio Díaz, Fidel Velázquez?)
Las piezas del gobierno se mueven rápido. Si la guerra
abierta se reinicia en Chiapas, será una dura prueba
para la Otra Campaña. El gobierno de Calderón está
jugando con fuego.