Lima, 13 de Junio del 2003

UIT:S/.3100 Dólar Paralelo: S/.3,470-3,473  Euro: US$1,1872  Yen:US$117,45  IGBVL:0%   ISBVL:-0,11%

Informes Especiales

Precios a Mayo (INEI)

Coyuntura Agraria (MINAG)

Para este fin busca que Congreso apruebe el proyecto de ley que remitió a fin de capitalizar deuda y aumentar sus porcentaje de acciones en estos ingenios, denuncia dirigente casagrandino, José Quezada Salas-Guevara

Gobierno busca vender azucareras a espaldas de los trabajadores

El Gobierno esta a punto de poner en marcha todo un plan estratégico para vender las empresas azucareras que hasta el momento no han sido privatizadas, como Casa Grande, a espaldas de sus trabajadores, denunció el secretario general de la Asociación de Accionistas y Jubilados de la empresa Agroindustrial Casa Grande, José Quezada Salas-Guevara.

Según el dirigente de esta empresa azucarera, la parte medular de este reposaría en la aprobación del proyecto de ley (5364-2003) sobre el saneamiento económico y financiero de las empresas azucareras que remitió el Ejecutivo al Congreso, a principio del año en curso, y que recientemente ha sido aprobado por la Comisión Agraria.

"Nuestra denuncia por supuesto que tiene fundamento. Al realizar el estudio de la iniciativa legislativa, descubrimos que el Ejecutivo propone como principal punto capitalizar la deuda de éstas empresa a favor del Estado. En el caso de Casa Grande, sucedería que el Estado incrementaría de 24 a 30% su accionariado en la referida azucarera. En estas condiciones estaría en condiciones de unirse al accionista en bolsa, Martín Aguayo Risco, quien maneja el 24 % de las acciones, para obtener la tan ansiada mayoría y proceder de inmediato a vender Casa Grande, sin ningún problema", sostuvo el denunciante.

Quezadas Salas-Guevara sostiene que hay más de una evidencia de que altos funcionarios del Gobierno estarían coludidos con Aguayo Risco para realizar la operación de venta de la empresa.

"Los trabajadores de Casa Grande, tienen el convencimiento de que el actual gobierno ha prestado todo el apoyo del caso para que el señor Aguayo Risco asuma el control del ingenio, por todos los medios posibles, incluso prestándole apoyo policial y del ejército para ejecutar una medida judicial fraguada en época de emergencia. Cuando así lo hizo gozo de todo tipo de impunidad ya que en su gestión no tuvo ningún tipo de fiscalización y me refiero, específicamente, a la Superintencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat) y la Comisión Nacional Supervisora de Empresas y Valores (Conasev), organismos gubernamentales dependientes del Ejecutivo", apuntó.

Quezada Salas-Guevara sostuvo, en otro momento, que los grandes perjudicados en este tipo de maniobras que pretende perpetrar el Gobierno, son como siempre los trabajadores, quienes nuevamente se verán vulnerados sus legítimos derechos.

"Hacemos esta afirmación porque en esta capitalización, en primer lugar, los trabajadores tendrían una participación menor en el accionariado de la empresa, ya no tendrían la mayoría. Pero, además, volverían a verse afectados sus intereses económicos porque no habría que olvidarse de que fueron obligados a comprar cada acción a 10 soles a cuenta de sus beneficios laborales y que ahora estas se cotizan a menos de un sol en bolsa. Considero esto como una nueva confiscación del patrimonio de los menos tienen en el país", apuntó.

El dirigente señaló que es reprochable de todo punto de vista que el ministro de Agricultura, Alvaro Quijandría y funcionarios de ProInversión, salgan a defender y auspiciar este tipo de norma que va en contra de los intereses de la clase trabajadora. "Estoy convencido de que este gobierno de Toledo pasará a la historia como el que depredo y confisco el legítimo patrimonio de los azucareros en el país", apuntó.

Una ley con nombre propio y por ende inconstitucional

Quezada Salas-Guevara, en otro momento, dijo que una prueba más que existe una clara intención de parte del gobierno en concretar su plan de venta de las empresas azucareras, es la reciente ley que prorroga la protección patrimonial a las empresas azucareras, en donde han dejado especificado la suspensión de todos los procesos concursales iniciados vía Indecopi en todas las empresa azucareras.

"Todos los integrantes del Ejecutivo y los congresistas oficialistas, tenían conocimiento de que la única empresa que había iniciado un proceso concursal vía Indecopi había sido en la Azucarera Casa Grande. Aún así han sacado adelante una norma, a iniciativa del congresista Jesús Alvarado, primer vicepresidente del Congreso, que tiene nombre propio y que busaca que los trabajadores y jubilados de Casa Grande no puedan proteger el patrimonio de la empresa de los malos manejos económicos y administrativos de Martín Aguayo Risco. Esto de sacar una ley para una sola empresa es de todo punto de vista legal inconstitucional, y es por este motivo que vamos a llevar este caso al Tribunal de Garantías Constitucionales para su pronunciamiento", anunció.

El dirigente azucarero dijo que esta norma sólo favorece al accionista minoritario en Casa Grande, Martín Aguayo, en desmedro de los diez mil acreedores que en general tienen esta empresa quiénes tendrán que seguir aguantando los malos manejos del cuestionado Aguayo hasta el 31 de diciembre del presente año ya que así lo decidió el gobierno.

Sostuvo que también quedaba claro que lo único que buscaba el Ejecutivo, a través del ministro de Agricultura, era impedir que los trabajadores pudieran sacar una resolución que declare a la empresa en proceso de reestructuración patrimonial vía un proceso concursal en Indecopi porque esto tendría por consecuencia que los trabajadores y jubilados retomen el control de su empresa ya que tienen el 66% de las acreencias de la empresa.

El objetivo de someter a esta empresa a una reestructuración patrimonial, según Quezada Salas-Guevara, era sanear sus pasivos y luego entregarla, mediante concurso publico internacional, a un inversionista, quien en esas condiciones la vería más atractiva a la empresa.

"Quiero dejar en claro que el grupo de trabajadores de Casa Grande, haciendo uso de sus facultades legales decidieron en noviembre del año pasado, llevar a la empresa a un proceso concursal ante Indecopi, debido a la caótica situación generada por las constantes disputas entre los accionistas", refirió.

Dijo que esta solicitud fue aceptada por el ente gubernamental. "Lamentablemente ahora tenemos que esperar hasta finales de diciembre del presente año para continuar el procedimiento", sentenció.

Quezada Salas Guevara, también denunció que los trabajadores de Casa Grande están convencidos de que los principales miembros de Proinversión, entre ellos Carlos Luna Conrroy, ex viceminsitro de Absalón Vásquez, además, del ministro de Alvaro Quijandría, rematarán la empresa azucarera a un inversionista con el que ya habrían pactado, teniendo como cómplice al accionista en bolsa, Martín Aguayo.

"Es por este motivo que no quieren escuchar por ningún motivo la propuesta que manejan la asociación de accionistas y jubilados de Casa Grande a fin de que se facilite la entrada de un inversionista privado a la empresa y la saque a la crisis en la que esta sumergida esta importante azucarera del norte del país", concluyó.

Agradecemos su gentil atención y dejamos a su disposición los teléfonos 9904-4060 y 9643-3981 a fin de esclarecer alguna duda al respecto o para tratar algún otro tema que se crea conveniente.