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Lima, 03 de Junio del 2003 |
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Dólar Paralelo: 3.47/3.49 ISBVL: +0.20% IGBVL: +0.40 |
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Precios a Mayo (INEI) Coyuntura Agraria (MINAG)
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Informe de Coyuntura Agropecuaria En el cuarto número de este Informe de Coyuntura se presentan tres temas:
Producción agropecuaria creció 1,9% en el primer trimestre del 2003El VBPA (valor bruto de la producción agropecuaria) creció 1,9% en el primer trimestre del año 2003, principalmente por el incremento de la producción pecuaria, tanto del rubro avícola como del ganadero que en conjunto representan 36% del VBPA. En el subsector agrícola destaca el incremento de alfalfa, maíz amarillo duro (impulso avícola) y caña de azúcar (ver Cuadro 1). El incremento de la producción avícola se basó en la mayor producción de pollos: las colocaciones de pollitos BB línea carne aumentaron en 3.8% entre noviembre 2002 y enero 2003 (2 millones 900 mil unidades más), a pesar de los menores precios de fin del año 2002. De otro lado, la producción de alfalfa aumentó por mejores rendimientos en importantes valles e irrigaciones de Arequipa, donde la introducción de variedades importadas están dando buenos resultados. La mayor producción de maíz amarillo duro se originó las mayores áreas sembradas entre agosto y octubre del 2002 (20 500 ha,+22%), mientras que en el caso de la caña de azúcar, por 1 700 has que entraron en producción (+10%). En términos de la dinámica regional, destacan Lima y Arequipa, donde se desarrollan principalmente la industria avícola y el cultivo de alfalfa respectivamente (ver Mapa 1). En cuanto al sector externo, las exportaciones de productos agropecuarios se incrementaron 16,6% en el primer trimestre del 2003. Azúcar de caña, café, espárrago fresco y congelado fueron los principales productos que aportaron a este crecimiento. Otros productos con crecimientos importantes fueron plátano (45,4%), uvas (10,8%) y frijoles secos (18,3%) (ver Cuadro 2). Cabe señalar que la producción de estos productos también aumentó. En cuanto a las perspectivas para el resto del año 2003, las tendencias están marcadas por la disminución de siembras en la presente campaña y por el efecto estadístico de las altas tasas de crecimiento del año pasado. De mantenerse estas menores siembras los precios agrícolas podrían recuperarse en beneficio de los productores como ya viene sucediendo en el caso de papa y algodón. Además, son alentadores los indicios de recuperación para este año en la demanda interna y externa. Por otro lado, destaca el aumento de aproximadamente 26 mil has en las siembras de maíz amarillo duro (13%), insumo importante para la industria avícola, y del que importamos un 50% de la demanda interna. En el aspecto agrometeorológico, la deficiencia de lluvias en la sierra occidental afectó la disponibilidad de agua en los ríos de la costa y principalmente en los reservorios de la costa norte. Tal es el caso de Tinajones, donde la ausencia de lluvias desde diciembre (inicio del período lluvioso) y la excesiva instalación de arroz tuvieron como consecuencia que desde marzo el nivel de almacenamiento se encuentre alrededor del 25% de su capacidad máxima. Esto afectará la oferta de agua de riego para los cultivos y eventualmente sus rendimientos, especialmente en el caso de arroz.
El proyecto de nueva Ley de Aguas Mediante R.S. 122-2002-PCM el Gobierno del Presidente Toledo creó la Comisión Multisectorial para redactar un proyecto de nueva Ley de Aguas. La Comisión, de carácter básicamente técnico, incorporó a miembros de todos los Ministerios y Organismos Públicos relacionados al agua, así como a los usuarios privados de los sectores agrario, minero, industrial y urbano, y actualmente ha prepublicado un proyecto de Ley de Aguas el cual está sujeto a la discusión de la opinión pública. La necesidad de contar con una nueva Ley de Aguas es patente. La Ley de Aguas vigente data de hace 34 años y ha sido enmendada y parchada tantas veces que actualmente el Perú tiene una normatividad dispersa, desfasada y cada vez más divorciada de la realidad. Las gestión del agua atraviesa por serios problemas de contaminación, altos niveles de conflicto, uso muy ineficiente del agua y creciente inseguridad jurídica sobre un recurso vital para el desarrollo del país. La actual legislación en la materia tiene vacíos y limitaciones muy serias que es preciso encarar con responsabilidad y visión de futuro. En primer lugar, el sistema de acceso al agua se basa en licencias y permisos administrativos que están sujetos a una alta discrecionalidad por parte de las autoridades estatales otorgantes. Estos son derechos de “baja seguridad jurídica” y por ende, no promueven el uso eficiente y sostenible del agua. Esto se agrava porque la “autoridad de aguas” ha sido severamente debilitada y su rango y atribuciones degradadas sistemáticamente por normas de rango menor. Actualmente las licencias y permisos de agua son otorgados por Administraciones Técnicas de Riego con reducida autoridad y bajos recursos, y con nulos incentivos para cumplir su rol normativo y de vigilancia sobre el agua. La actual normatividad también se caracteriza por la falta de una visión multisectorial y participativa en la gestión del agua, necesaria para la explotación racional de recurso utilizado por múltiples actividades económicas y sociales. Hoy en día las legislaciones modernas para el manejo del agua se basan en enfoques multisectoriales, y apuestan por esquemas de gestión del agua participativos y descentralizados a través de organismos de cuenca. La actual legislación tampoco responde a las necesidades del país en cuanto a las formas organizativas comunales y su acceso al agua. La legislación vigente no tiene un tratamiento especial de las comunidades campesinas y nativas en el manejo del agua, y no reconoce explícitamente sus formas de organización y los derechos de acceso al recurso. Este vacío genera la posibilidad de que las comunidades campesinas y nativas pierdan el acceso al agua por falta de un marco jurídico apropiado y explícito en la materia de reconocimiento de sus derechos.
Finalmente, el Perú viene iniciando un complejo proceso de regionalización en el que se hace preciso y urgente definir los roles del Gobierno Central y los Gobiernos Regionales y Locales en materia de gestión del agua. Igualmente, la reciente legislación nacional en materia de recursos naturales requiere explícitamente de la dación de una nueva ley especial de aguas, buscando mejorar el bienestar de todos los peruanos, tanto los contemporáneos como los de las futuras generaciones. Estos elementos no hacen sino confirmar la urgente necesidad de preparar de manera seria y técnica, y con el mayor consenso posible, una nueva Ley de Aguas para enfrentar los retos del presente y sobre todo...del futuro . Hacia una nueva propuesta de Ley de Aguas La Comisión Multisectorial se instaló en enero de este año y trabajó intensamente durante cuatro meses para producir el documento preliminar de Proyecto de Ley de Aguas que ha sido prepublicado recientemente. De más está decir que el logro de consensos en esta instancia fue un proceso lento y difícil, en la medida que algunos sectores debían “renunciar” a atribuciones previas. No obstante esto, el proyecto logró un consenso impresionante de todos los sectores involucrados, un avance claro respecto a esfuerzos previos que mantenían un enfoque más sectorial que multisectorial. El proyecto preparado por la Comisión acepta el principio de que el agua es una sola y su aprovechamiento múltiple requiere de una institucionalidad equilibrada y con una única autoridad técnico-normativa para hacer cumplir la Ley y velar por el recurso en sus fuentes naturales. Es por esto que el proyecto plantea crear una única Autoridad Nacional de Aguas de alto rango administrativo, el Instituto Nacional del Agua, encargado de hacer cumplir las normas, velar por la calidad y cantidad de las aguas así como otorgar los derechos entre otras funciones importantes. El Instituto Nacional del Agua estará adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), dado su carácter multisectorial, pero seguirá las políticas y lineamientos establecidos en un Consejo Nacional de las Aguas, también de carácter multisectorial y con participación pública y privada. El proyecto plantea una forma novedosa de articulación de la institucionalidad del agua dentro del proceso de regionalización en marcha. Se crean los Consejos de Cuenca a nivel regional y multiregional (dependiendo de las características objetivas de las cuencas), como instancias básicas para la gestión del recurso en los niveles descentralizados. Estos Consejos, con participación de Gobiernos Regionales, Locales y otros actores públicos y privados, tendrán funciones de coordinación y planificación de la gestión hídrica en el ámbito de las cuencas respectivas. Un tercer aspecto central de la nueva propuesta normativa es el nuevo sistema de derechos de aguas en base a la figura de la “concesión” sobre el recurso natural agua, tal como lo señala la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales vigente desde 1997. Las concesiones de aguas otorgan a sus titulares un derecho de usufructo del recurso bajo condiciones establecidas, más no otorgan un derecho de dominio sobre el agua. En este sentido la propuesta no privatiza el agua, más bien genera un sistema de derechos que otorgan amplia seguridad jurídica a los usuarios de agua pero en el marco del pleno ejercicio del dominio público por parte del Estado
El sector agrario y el proyecto de nueva Ley de Aguas Una de las primeras reacciones frente al proyecto de Ley de Aguas prepublicado el 25 de abril del presente ha sido la de las organizaciones de usuarios agrarios (regantes), las cuales vienen denunciando un intento de “privatizar las aguas” o de que a través de este proyecto “el Gobierno intenta elevar las tarifas de aguas del sector agrario”. Estas reacciones adversas iniciales son entendibles en el marco de los antecedentes de reformas privatistas en la década de los 1990s, así como por el contexto de demandas económicas insatisfechas de los agricultores, pero parecen a todas luces precipitadas frente al contenido de la propuesta. En primer lugar, es preciso mencionar que el proyecto preparado por la Comisión en esta etapa recién inicia su proceso de discusión con las organizaciones de usuarios, no sólo los usos agrarios sino de todos los usos, como minero, energético, industrial, poblacional y pesquero. En el tema del régimen de propiedad de las aguas, que preocupa mucho a los regantes, la propia Constitución señala la imposibilidad de que este recurso sea privatizado ya que como recurso natural es patrimonio de la nación. Es por esto que el proyecto plantea que las aguas pertenecen al dominio público y que el acceso al agua por parte de los usuarios se ejerce a través de la forma jurídica llamada “concesión”. Esta forma tiene mayor seguridad jurídica que otras figuras como licencias o autorizaciones, pero no es propiedad privada. En esta discusión también debe quedar claro que la norma plantea un respeto absoluto a los derechos de aguas de los agricultores actualmente vigentes, tanto formales como por uso continuo y pacífico. Una nueva Ley de Aguas permitirá captar recursos para iniciar un amplio proceso de formalización de derechos de aprovechamiento de las aguas a todos los niveles, favoreciendo especialmente al sector agrario en donde se estima que sólo un 20% de los agricultores cuentan con licencias o permisos otorgados de acuerdo a ley. Igualmente, esta nueva normatividad permitirá que las comunidades campesinas y nativas cuenten con derechos explícitos sobre el agua. Otro elemento importante para el sector agrario es que se reconoce plenamente las actuales atribuciones y autonomías de las organizaciones de regantes, las cuales mantendrían la función crucial de administrar el agua y la infraestructura de distribución de riego por encargo del Estado, incluyendo la potestad de fijar tarifas de uso agrario de acuerdo con las normas técnicas generadas por el Ministerio de Agricultura y la Autoridad Nacional de Aguas. Este reconocimiento en la Ley fortalece a las organizaciones de regantes que actualmente tienen estas atribuciones en función a un dispositivo de rango menor promulgado a fines del gobierno de Alan García. Con esto se demuestra claramente que el temor a un incremento de tarifas de agua de uso agrario es infundado, ya que su fijación seguirá en el ámbito de las propias organizaciones de regantes. En el proyecto también se han considerado otros aspectos claves para el sector agrario que es preciso resaltar. Un tema muy importante es la posibilidad del otorgamiento de derechos de agua (o concesiones) “en bloque” a las juntas o comisiones de regantes. En este caso, los agricultores tendrán una certificado individual como parte proporcional de una sola concesión corporativa, con lo cual se asegura un proceso rápido de formalización y de traslado del actual sistema de licencias y permisos al de concesiones en el sector agrario. Igualmente, el haber establecido que el registro de concesiones de aguas es de carácter declarativo y administrativo, y que será establecido en el Instituto Nacional del Agua facilita la formalización del sector agrario y de las comunidades campesinas y nativas. Es evidente que una nueva norma más moderna hará posible atraer fondos de cooperación internacional para este importante propósito. A manera de conclusión El país requiere urgentemente una nueva Ley de Aguas y creemos que se ha dado un primer paso importante—aunque aún insuficiente--para lograr este objetivo. Actualmente, para que esta iniciativa llegue a buen puerto, se requiere de un amplio debate en la opinión pública, con participación de las organizaciones de productores, los partidos políticos y del propio Gobierno Nacional y Gobiernos Regionales y Locales para discutir de manera seria y alturada el proyecto presentado. Sólo un proyecto con amplio consenso técnico y político podrá llegar al Congreso con posibilidades de éxito y en este esfuerzo la Comisión Multisectorial encargada del tema seguirá jugando un rol importante para incorporar mejoras al proyecto. Todos esperamos que este no sea otro intento fallido de los peruanos para enfrentar un tema de fondo. Debemos reflexionar sobre nuestra responsabilidad no solo con peruanos de hoy sino también con las futuras generaciones, las que tienen tanto derecho como nosotros de gozar del agua para su propia bienestar. El problema de la tala ilegal Debido a la práctica irracional de explotación de bosques practicada durante varias décadas en el Perú, los recursos forestales están siendo depredados, y con ello, se deterioran los ecosistemas. Hoy en día, el Estado promueve el ordenamiento de los bosques de producción a través de prácticas de aprovechamiento sostenible bajo la modalidad de concesiones forestales. La comercialización de “maderas preciosas” (caoba, cedro) generan un margen de rentabilidad muy alto, lo que incita a los madereros a extraer estos recursos de las zonas protegidas y concesionadas en forma ilegal, sin importarles el impacto ambiental, social y económico. El Ministerio de Agricultura compara la tala ilegal con el contrabando o narcotráfico: “una red organizada y poderosa que amenaza el proceso de ordenamiento del bosque que el gobierno ha emprendido”. La tasa de deforestación actualmente es de 725 ha/día (261 158 ha/año), causada principalmente por la tala ilegal de madera y los procesos migratorios no planificados. El Perú pierde mucho dinero por el blanqueo de la madera ya que los ilegales no pagan impuestos, además de ser competencia desleal para los concesionarios forestales. Por otro lado, las estrategias tradicionales de lucha contra la tala ilegal han estado orientadas exclusivamente a decomisos de madera a pequeños extractores; asimismo, no se ha involucrado a los actores del bosque para generar una conciencia sobre las consecuencias de esta actividad. Por ello, el 25 de octubre del 2002, se crea por decreto supremo, la Comisión Multisectorial para la Lucha contra la Tala Ilegal en la Amazonía, actualmente conformada por los Ministerios de Agricultura, Defensa, Interior, Justicia, Educación, el Instituto Nacional de Recursos Naturales, la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria, la Defensoría del Pueblo y la Comisión Nacional de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos; cuyo objetivo principal es retirar a los extractores forestales ilegales de las zonas reservadas, concesiones forestales y territorios de comunidades nativas. La Comisión ha elaborado un registro del ingreso de extractores ilegales a áreas naturales, poblaciones indígenas y comunidades nativas tituladas:
Hasta la fecha, se han realizado operaciones de decomiso de madera importantes en la selva peruana: R.N Pacaya Samiria (Loreto): decomiso de 85 mil pies tablares (pt) de caoba. Concesión forestal (Ucayali): decomiso de 27 mil pt. de caoba y cedro. Cuenca Río Sheshea: decomiso de 15,000 pt. de caoba. Ucayali: se incautaron en aserraderos 2 mil m³ de madera de caoba y cedro talados ilegalmente. Ucayali: decomisan 30 mil pies de caoba, perteneciente a bosques concesionados La lucha contra la Tala Ilegal es un compromiso del país para la protección de nuestra biodiversidad, así como los territorios de las comunidades nativas. La Comisión no busca decomisar madera aserrada, sino evitar que sea talada ilegalmente del bosque, mediante un estricto control, vigilancia y monitoreo de las concesiones forestales y áreas naturales protegidas del país
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