El papel de la biblioteca en el mundo rural
 

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Hablar  de las bibliotecas en el medio rural significa, por lo general y salvo honrosas excepciones, dibujar un panorama realmente desolador que, sin embargo, provoca, en quienes tienen la responsabilidad en este campo, la indiferencia, la resignación o, en el mejor de los casos, el sentimiento de impotencia ante una situación cuyas perspectivas de futuro no parecen existir de momento. Bien es verdad que el panorama no es muy distinto en muchas ciudades españolas, aunque es indudable que aquí sí se están poniendo los medios que permiten prever un futuro positivo de la biblioteca pública.

Lo cierto es que, hoy en día, cuando uno se refiere a bibliotecas en los pueblos se está hablando a menudo de lugares y servicios que de biblioteca no tienen más que el nombre. Todos conocemos esos locales sombríos e incómodos y mal acondicionados, con colecciones a veces más que anticuadas o inapropiadas, horarios de apertura restringidos e irregulares, con personal cuya buena voluntad es incapaz de suplir una preparación profesional mínimamente adecuada, con una insuficiencia general de medios que imposibilitan en definitiva el cumplimiento de los servicios propios de la biblioteca pública a los ciudadanos que viven en núcleos rurales. Y esto, claro está, cuando en el pueblo existe una biblioteca. Lo habitual es que los habitantes del medio rural no tengan ni hayan tenido la posibilidad de beneficiarse de un servicio público de lectura e información.

Este panorama debe cambiar. Y debe cambiar no sólo por obvias y predicadas razones de igualdad constitucional de todos los ciudadanos independientemente de su lugar de hábitat, lo cual no es moco de pavo. De lo contrario, se estaría desarrollando una sociedad en la que los más elementales principios de democracia se verían conculcados para todo el sector de la población cuyas necesidades en materia de información son en la actualidad más perentorias, sin disponer, por el contrario, de medios con que satisfacerlas. Entiéndase esta aseveración no tanto como una reivindicación o un reproche hacia las instancias políticas superiores, sino sobre todo como una llamada de atención a los agentes políticos, sociales y culturales que actúan en el ámbito rural, pues de su convencimiento de este problema dependerá fundamentalemente su resolución.

Para valorar estas premisas en su justo valor, es preciso hacer referencia a un contexto más general que sitúe la importancia de la información en la sociedad actual y el desarrollo de los flujos informativos en los ámbitos rurales de la misma. En efecto, cada día es más evidente que la información se está convirtiendo en una pieza clave del engranaje  socioeconómico  de  la sociedad. Tanto es así que hoy ya se valora la pobreza o la riqueza de países y personas, no solamente por el nivel económico sino por su nivel de información y cultura. El acceso, producción y uso que una sociedad determinada realiza de las tecnologías comunicativas marca en la actualidad diferencias entre desarrollo y subdesarrollo de una manera más significativa que su nivel de industrialización. No en vano el desarrollo en el campo de estas tecnologías (telecomunicaciones, informática, productores y distribuidores de bases de datos, etc. ) tiene en la economía mundial un valor estratégico. Basta recordar el dato de que a principios de la década de los 80 en los EE.UU. las actividades relacionadas con estos sectores alcanzaban el 51% del producto interior bruto. Parece evidente, en definitiva, que el sector servicios y en especial la información y la comunicación están constituyendo el centro de gravedad económico de un mundo altamente tecnificado y automatizado.

Por otra parte, el vertiginoso desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación se está produciendo con impulsos cada vez más frecuentes e intensos que generan la renovación y ampliación del mercado, cuando este parecía estar ya saturado. Los plazos para la penetración de una nueva tecnología son cada vez más cortos y abarcan cada vez más amplios sectores de población. Además, los nuevos medios no se introducen en detrimento de los sistemas anteriores. Al contrario de lo preconizado hace casi treinta años por McLuhan, la palabra impresa, lejos de desaparecer, ha alcanzado un desarrollo constante y sin precedentes en la historia. Este cuadro de indudable vitalidad de tecnologías comunicativas, de su complementariedad y relaciones de reciprocidad y apoyo, ha permitido a algunos autores conceptuar el paisaje de dichas tenologías como un ecosistema, el ecosistema de la comunicación cultural.

Lógicamente a esta explosión de tecnologías comunicativas ha correspondido una explosión de la información en cuanto contenido. El número y diversidad de mensajes al que hoy se puede tener acceso es realmente impresionante, de manera que el individuo es muchas veces incapaz de asimilar, discernir o sintetizar la información que precisa y/o recibe. Y más cuando estos mensajes le llegan por distintos medios, y, consecuentemente, con ópticas distintas, a veces incluso con falta de coincidencia de datos y enfoques, y han sido recogidos en un ámbito geográfico y temático ilimitado.

Resulta, por lo demás, de una gran utilidad el tener presente el concepto de cultura ofrecido por la moderna psicología social, al definir la cultura en base a la variada estructuración de los procesos perceptivos que caracterizan áreas geográficas y períodos cronológicos distintos. Es decir, serían los medios de difusión y comunicación  presentes en un entorno social determinado los que definirían en última instancia su cultura. Así pues, si la comunicación oral y la comunicación escrita han permitido hablar de una cultura oral y de una cultura escrita, hoy día la universalización y pluralidad de las nuevas tecnologías están conduciendo a una cultura de perfiles aún no muy definidos, pero que es, con seguridad, más rica y tolerante, más intensa y polifacética, con la posibilidad de estrechar relaciones culturales entre las diversas civilizaciones y pueblos, gracias a la diversidad de fuentes y la necesidad de asumir esta misma diversidad.

No hay que olvidar, sin embargo, que todo este proceso comunicativo que soporta la cultura actual está inmerso e integrado en la economía de mercado y sujeto, por tanto, a criterios de rentabilidad y a relaciones de poder entre grupos sociales y países distintos. Bien es cierto que la sociedad, fundamentalmente a través del estado y la administración, mantiene importantes intervenciones correctoras en función del interés público y de principios redistributivos y de solidaridad social. Pero no es menos cierto que las distintas posibilidades de acceso y uso de las tecnologías de comunicación cultural pueden producir, si no lo están produciendo ya, una nueva fragmentación social entre una élite sin límites de acceso y un amplio sector de la población con recursos mucho más limitados. Es posible, además, establecer una tipología en el conjunto de sistemas que caracterizarían esta nueva diferenciación social. Así, los sistemas codificados, que utilizan signos escritos o tipográficos (prensa, libros, recursos informáticos y bases de datos …), a través de los cuales se difunden los datos que propician el control y la información científica, estarían reservados a una minoría social con una amplia programación y sólidos hábitos informativos; el segundo grupo, abierto al conjunto de la población, estaría constituido por las tecnologías en las que predomina el componente audiovisual (cine, TV, vídeo, radio …), orientadas más claramente al ocio y la diversión.

A partir de estas consideraciones, hay que situar y valorar la importancia y el papel de la biblioteca, o mejor, de la biblioteca pública, como elemento corrector que la sociedad establece con el objetivo genérico de sustraer de los cauces habituales de la economía de mercado la distribución y acceso a un amplio conjunto de mensajes e informaciones, a partir de criterios de igualdad de oportunidades para el desarrollo social e individual. Cualquier planteamiento de democratización de la cultura y de la difusión informativa, pasa necesariamente por  la biblioteca pública, único ámbito en el que el universo de población de un entorno social dado puede encontrar, armonizados y cohesionados a partir de su propia complementariedad, los diversos medios y tecnologías comunicativas que le permitan salir de la precariedad cultural.

La situación del mundo rural en este contexto presenta peculiaridades que resaltan, si cabe, la importancia funcional de la biblioteca pública. Hasta épocas muy recientes, la transmisión oral ha sido la tecnología comunicativa predominante en la cultura rural, que se mantuvo tradicionalmente disociada de la cultura impresa sin conocer los niveles de penetración que ésta conoció en amplios sectores urbanos desde el siglo pasado. El mundo rural ha ido a la cola de la alfabetización y la escolarización, campo en el que aún existen lagunas de relieve. Su ámbito geográfico se ha mantenido como un universo cerrado en el que apenas entraban influencias culturales externas. Su propia actividad productiva, centrada en la agricultura, la ganadería y la artesanía, se han desarrollado incluso al margen de los flujos formativos e informativos que posibilitaron el desarrollo tecnológico de otros sectores, hasta que la irrupción de la economía capitalista la despertaron de su inercia.

No es de extrañar, por tanto, que las investigaciones sociológicas señalen en el medio rural los mínimos de hábitos lectores o de acceso a la información en general. Claro que difícilmente pueden desarrollarse tales hábitos donde no existen, no ya bibliotecas, ni siquiera librerías donde comprar un libro o quioscos donde adquirir la prensa diaria. También las nuevas tecnologías comunicativas han tenido y están teniendo una penetración más retrasada, reducida y fragmentaria en las zonas rurales. Parece una pescadilla con la cola entre los dientes: no existe demanda porque no ha habido una oferta capaz de suscitarla y satisfacerla;  no existe oferta porque lo exiguo de la demanda, por razones demográficas y de configuración cultural, parece incapaz de desarrollarla en términos comerciales o de justificarla en términos presupuestarios de la administración.

Hay, sin embargo, desde hace algunos años, elementos positivos que hacen vislumbrar un horizonte más esperanzador sin que pueda tacharse de vana ilusión. En primer lugar  y desde una perspectiva estrictamente económica, la integración europea está planteando retos y transformaciones en el sector agrícola español que traen a un primer término las necesidades de una información  permanente y actualizada como factor prioritario de desarrollo. Así lo manifestaba el subsecretario del MAPA hace unos meses al plantear que los inputs informativos se preven en el primer lugar de prioridades para el sector durante los próximos años, por delante incluso de los inputs tecnológicos o financieros. Estas demandas informativas son ya un hecho explícito en las zonas de agricultura más evolucionada y, ante ellas, la biblioteca pública es la estructura de canalización que, en términos generales, presenta mayores posibilidades de resolución.

Por otra parte, se detecta claramente una nueva actitud en las administraciones locales del medio rural. Tras una década en la que los recursos se han orientado fundamentalmente a subsanar necesidades básicas de los municipios (abastecimiento, alumbrado, pavimentación, etc.), los esfuerzos se dirigen en la actualidad a ofertar nuevos servicios de carácter social que incidan abiertamente en la calidad de vida de la comunidad. Son numerosas las iniciativas municipales para establecer bibliotecas y servicios culturales, iniciativas a las que, no obstante, falta coherencia, cooperación y claridad de objetivos, deficiencias estas a las que se suma, por lo general, escasez de medios.

Hay que señalar asimismo un desarrollo legislativo que crea un marco normativo favorable a la expansión bibliotecaria en ámbitos rurales. Durante los últimos años, la práctica totalidad de las comunidades autónomas ha promulgado sus respectivas leyes de bibliotecas en las que se establecen los marcos generales para la creación de sistemas bibliotecarios en el conjunto de su territorio. Su aplicación y desarrollo ulterior no dependerá tan solo de las iniciativas de los propios gobiernos autónomos. No cabe duda de que las iniciativas y demandas de las propias comunidades rurales será un factor clave para la extensión y el establecimiento de prioridades de estos sistemas.

No se debe olvidar, por último, que esta nueva sensibilidad social hace posible la movilización de recursos hasta hace poco impensables, desde el apoyo de la propia Comunidad Europea a una buena gama de iniciativas encaminadas a dignificar la vida rural, y que eviten así su progresiva desertización, hasta la significativa entrada de iniciativas privadas en la creación y mantenimiento de servicios culturales estables.

Todas las reflexiones que anteceden inciden en una situación deficitaria general que hace imprescindible una decidida política bibliotecaria en el mundo rural si no se le quiere condenar al estancamiento y a la marginalidad. Una sólida organización bibliotecaria se convierte, hoy más que nunca, en piedra angular de cualquier proyecto de desarrollo rural, como condición sine qua non para obtener y mantener la calidad de recursos humanos requerida en la competitiva sociedad actual. Cómo planificala, a partir de qué recursos, cuáles han de ser las prioridades de sus objetivos y funciones, dependerá muy mucho del medio concreto en el que se hayan de establecer, dado que las condiciones del mundo rural español conocen una amplia diversidad a lo largo de su geografía. En cualquier caso, se pueden plantear una serie de consideraciones, más bien de caracter general, que pueden ayudar a resolver estos problemas con un mínimo de rigor y profesionalidad.

La primera de estas consideraciones es que, antes que nada, la obligación de una biblioteca en el medio rural es ser una biblioteca. Esta aseveración perogrullesca no está de más cuando, por desgracia, resulta tan habitual que para un pueblo sirve cualquier cosa y la denominación de «biblioteca» esconde la pobreza de medios, el desconocimiento o menosprecio de las más elementales reglas de funcionamiento, la falta de arraigo en la comunidad y de cooperación con las otras bibliotecas. Debe ser una biblioteca en la actual concepción que de ella se tiene, dentro del sistema de tecnologías de comunicación cultural. Esta concepción implica dos premisas. La primera es que la biblioteca no es un lugar aislado y sin conexión, sino más bien un elemento integrante de un sistema, de una red bibliotecaria en la que se encuentran los recursos y medios necesarios para cumplir sus funciones. Quede clara, desde ahora, esta concepción que, si es de ley en cualquier planificación bibliotecaria, mucho más lo es en el medio rural. Es evidente que no se trata de que en cada localidad, por pequeña que sea y por muy negativa que se presente su evolución demográfica, exista una biblioteca con todos los equipamientos materiales y humanos propios de la biblioteca pública. Se trata más bien, de crear sistemas que garanticen la prestación de los servicios propios de la biblioteca pública a todos los ciudadanos, sin que el lugar en el que vivan o su condición social signifique un factor de discriminación.

La segunda premisa hace referencia al carácter multimedia que hoy debe tener la biblioteca pública. Parece que no hace falta insistir en que, si hace unas décadas la transmisión de la cultura y del saber humanos se realizaba mayoritariamente a través de los soportes de letra impresa, hoy día el panorama es muy distinto, y el desarrollo de nuevos medios y tecnologías de comunicación obliga a la biblioteca pública a no escamotear a sus usuarios la información transmitida a través de estos medios.

La experiencia de los países más adelantados en la organización de la difusión cultural, que coinciden con los países más ricos, avala la tendencia de dotar a las bibliotecas de los instrumentos que proporcionan las nuevas tecnologías de comunicación cultural. La disponibilidad simultánea de los libros y la prensa junto a los discos, casetes, compactos, vídeos, microordenadores, etc., ofrece innegables ventajas al usuario, que ve, de esta manera, ampliada la gama y el espectro de información que le ofrece la biblioteca. Razones de economía de recursos aconsejan, por lo demás, el potenciar las redes de información cultural existentes, en lugar de crear  nuevas estructuras, aparte de la flexibilidad que la biblioteca ha mostrado, a lo largo de la historia, para asimilar nuevos soportes documentales. Los propios usuarios están ya mentalizados desde la escuela y la actividad profesional a la utilización de las nuevas tecnologías y serán, a corto plazo, los primeros en demandar su presencia en la biblioteca. Existen, además, experiencias contrastadas de bibliotecas en las que la presencia de diversos medios promueve el trasvase  en la utilización de tecnologías, impulsando a recurrir a la variada gama de servicios bibliotecarios y a tener acceso, por consiguiente, a tecnologías que parecían reservadas a minorías ilustradas.

Una segunda consideración de carácter general que es preciso tener en cuenta al plantearse el desarrollo de sistemas bibliotecarios en el medio rural es la conveniencia de establecer prioridades en las funciones propias de la biblioteca pública en función de los distintos soportes documentales y de los distintos sectores de población que conforman el conjunto real y potencial de usuarios de la biblioteca.

Hace ya tiempo que las funciones de la biblioteca pública se establecen en tres campos: la educación y la formación; la información actualizada de los progresos del saber humano; y el ocio y la cultura como base del desarrollo integral del hombre. Son funciones que, de una manera más o menos explícita, están presentes desde el Manifiesto de la Unesco sobre la Biblioteca Pública, hasta todas y cada una de las leyes de bibliotecas que han aprobado y promulgado las Comunidades Autónomas de nuestro Estado. Cada una de estas funciones tiene una incidencia distinta en cada sector de la población, según su edad y actividad. La función educativa y de formación tiene un sector prioritario en la población infantil y juvenil, inmersa en pleno proceso educativo, aunque no debe olvidarse al sector de población adulta, en especial a los adultos que conforman la población activa, cuyas necesidades de formación permanente no dejan de ser reales aunque, en el mundo agrario, apenas  se formulen como  demandas explícitas. Las  funciones informativas de la biblioteca tienen más que ver con el conjunto de actividades  socioeconómicas que se desarrollan en su ámbito de actuación incidiendo decididamente en la población activa, mayoritariamente adulta. Por último, es evidente que la función de enriquecer el ocio y la cultura de los usuarios  abarca a todos los sectores de población, si bien hay que destacar la especial receptividad de la población infantil, mientras que la población adulta tiende a mostrarse más remisa a este servicio, exceptuando una minoría que suele ser, por el contrario, bastante activa; para la tercera edad es esta la única función de incidencia y, aunque sus hábitos de lectura y la frecuencia de uso de bibliotecas son realmente bajos, es preciso dedicarle una atención especial, dado su amplio margen de tiempo libre y el peso proporcional que este sector de población tiene en las comunidades rurales, por encima de la media nacional y en una tendencia claramente ascendente.

Por lo que respecta a la relación entre las funciones de la biblioteca y los soportes documentales que oferta a sus usuarios, hay que hacer una advertencia previa: en la actualidad, aunque el sistema de tecnologías de información y comunicación se muestra como un conjunto de múltiples interconexiones e interrelaciones mutuas, no es difícil advertir síntomas de que cada uno de los medios se orienta hacia campos específicos propios. Así, los vídeos parecen centrarse abiertamente en el ocio y, en menor medida, como materiales de apoyo didáctico y divulgación; la radiodifusión, hacia la inmediatez informativa y la difusión musical; la televisión, en la información icónica de actualidad y el espectáculo; la prensa escrita, hacia la noticia impregnada de opinión y referentes contextuales; la informática, por su parte, difunde de manera progresiva la documentación científica y la información bibliográfica; el libro, en fin, mantiene su especificidad en la creación literaria y como expresión de amplios campos del pensamiento humano.

Desde el punto de vista de la experiencia práctica, a corto plazo, es preciso disponer en las bibliotecas públicas de una buena gama de soportes informativos: los tradicionales libros o monografías; las publicaciones periódicas o materiales hemerográficos; los soportes auditivos, en especial, discos compactos y casetes; materiales audiovisuales, centrados hoy día en el soporte vídeo; materiales en soportes informáticos, bien sean informaciones legibles por ordenador, accesibles a través de conexiones con bases de datos o almacenados en discos ópticos o CD ROM; del resto de materiales presentes en la biblioteca (fotográficos, cartográficos, y un largo etcétera) hay que destacar por su importancia práctica los elaborados por la propia biblioteca, los llamados documentos secundarios, (bibliografías y guías de lecturas, dossieres sobre temas específicos demandados por los usuarios, resúmenes …) y estudios o informes que, sin llegar a ser publicados, llegan a adquirir una importancia de primer orden en la función informativa y de investigación.
 
La adquisición y dotación de este conjunto de soportes deben estar asimismo sujetos a unas prioridades en relación con el tipo de usuarios y las correspondientes funciones bibliotecarias. En una primera aproximación, los soportes en los que se apoya la función educativo–formativa son fundamentalmente las monografías, más en concreto, la colección de referencia, los dossieres e informes (bien como documentos secundarios o los considerados literatura gris), los soportes informáticos y los vídeos de contenido divulgativo. En la función de información de la biblioteca priman los documentos secundarios y materiales que dan lugar al archivo vertical y a partir de los que se establece la difusión selectiva de información, las publicaciones periódicas de carácter especializado y los materiales en soportes informáticos. En cuanto a la cultura y el ocio, se disponen, por igual, monografías (en especial, de creación literaria), publicaciones periódicas, vídeos, y los materiales sonoros que componen la fonoteca del centro.

Este entramado de relaciones puede resultar de gran ayuda a la hora de planificar los servicios de la biblioteca y establecer sus prioridades funcionales. Entramos aquí en una tercera consideración de carácter general: es imprescindible realizar una cuidadosa y adecuada planificación de los servicios y equipamientos bibliotecarios. Toda planificación debe partir de un estudio evaluativo de la situación de partida, desde el cual puedan determinarse objetivos a corto y medio plazo y el plan de trabajo. Dicho estudio debe clarificar las necesidades informativas de la población y los recursos disponibles.

El primer factor a tener en cuenta es, básicamente el elemento demográfico: la población absoluta y su dinámica evolutiva, su estructura interna por grupos de edades y distribución de sexos; los niveles de alfabetización, escolarización y educativos en general; la distribución de la población activa en los sectores económicos y su dinámica de actividad y evolución; la distribución geográfica de la población, tipo de hábitat, distancias, posibilidades y hábitos de transportes; las posibilidades de educación, no sólo en lo que se refiere a la enseñanza oficial obligatoria, sino también a los niveles y tipos de formación profesional, educación permanente o reciclaje; en fin, los sectores de población susceptibles de servicios especiales de biblioteca, como son la atención a hospitales, cárceles, impedidos, etc.

En la evaluación de recursos se contemplan, en general, los recursos de información de que dispone la población: la existencia o no de bibliotecas o centros de lectura y sus dotaciones, bien sean municipales, escolares o vinculadas a asociaciones culturales, aulas de cultura, centros de tercera edad, etc. En algunos casos, es posible incluso disponer de estudios sociológicos que indiquen los hábitos de lectura y culturales, los equipamientos existentes en los hogares y las demandas manifestadas por la población. De todo ello, debidamente sistematizado, puede obtenerse una idea bastante aproximada de las necesidades informativas de la comunidad y de los servicios bibliotecarios que se deben ofertar.

Hay además otras dos materias que deben contemplarse  en la planificación de un sistema de biblioteca pública: la formación y la promoción. Hablar de la formación bibliotecaria en el medio rural implica asumir la doble vertiente de formación del personal responsable y al servicio del centro y la formación de los propios usuarios. En ambas, la situación actual es claramente deficitaria. Generalmente son las grandes bibliotecas exclusivamente las que disponen de profesionales cualificados, mientras que el personal que atiende las pequeñas bibliotecas de barrios y pueblos rara vez están avalados  por  mucho más que su propia experiencia y voluntad autodidacta. Partiendo de una situación laboral bastante irregular en un buen porcentaje de casos, los «bibliotecarios» del mundo rural disponen de muy pocos medios para afrontar su tarea,  máxime si el planteamiento que ha de darse a su trabajo ha de incluir nuevas tecnologías y soportes, nuevas técnicas de acceso a la información y un nuevo tipo de relación con los usuarios. En la acepción que aquí se presenta de la biblioteca, parece evidente que la frontera entre bibliotecario y documentalista tenderá a desaparecer en un futuro próximo. Programar, por tanto, un plan de formación, que ha de ser, por lo demás, permanente, es un requisito indispensable para el buen funcionamiento del sistema.

Pero también el nuevo panorama de tecnologías informativas requiere una labor de formación de los usuarios de la biblioteca. El actual abanico de soportes documentales contempla una multitud de mensajes, con ópticas diferentes, entre las cuales el usuario precisa unas mínimas técnicas de acceso para que la información que obtenga sea realmente la que necesita y rentabilice la riqueza que la biblioteca puede ofertarle en cada caso.

La promoción bibliotecaria, por su parte, presenta asimismo dos vertientes que no deben confundirse: la promoción de la lectura (entiéndase por lectura la que se hace de cualquier documento, al margen del soporte en que se encuentre) y la promoción de la propia biblioteca. De la primera, existe ya una cierta experiencia en España, aunque no sea suficientemente generalizada ni abarque a todos los sectores de población (en la práctica, se dirige casi exclusivamente a la población infantil). La promoción de la propia biblioteca es, sin embargo, un campo bastante menos desbrozado en nuestro país. Evidentemente no hay mejor promoción para una biblioteca que un edificio adecuado y atractivo, con equipamientos eficaces y una atención al público digna de un relaciones públicas. Pero no basta con eso, aun en los casos en que se den tales condiciones. Ya se ha indicado que las demandas informativas en el medio rural están en la actualidad muy por debajo de sus necesidades potenciales. Será preciso, pues, suscitar, hacer explícita esa demanda, mediante la creación de una imagen y una práctica de utilidad que haga de la biblioteca pública un recurso altamente aprovechable. Hace ya más de una década que se han introducido  en Europa las técnicas de marketing en la promoción bibliotecaria, con el objeto genérico de satisfacer las necesidades del usuario en el más alto nivel posible. La «técnica de satisfacer al consumidor» introduce, además, nuevos elementos que permiten rentabilizar al máximo los servicios de una biblioteca, al evaluar no solo el producto ofrecido, sino también sus costes y sus medios de promoción.

Porque no se trata de publicitar la biblioteca solamente ante la opinión pública y los sectores de población que se mantienen como no–usuarios pero cuyo perfil vital los muestra como usuarios potenciales. También es de una importancia decisiva el promocionarla ante los políticos y las instituciones que tengan la responsabilidad y los medios de su mantenimiento, demostrándoles la utilidad de la biblioteca, convenciéndoles de que la sociedad, a través de ellos, debe pagar el precio adecuado.

La cuarta consideración general que se debe tener en cuenta para la promoción de la biblioteca pública en zonas rurales retoma la formulación de la misma como un sistema bibliotecario, jerarquizado e interdependiente, que, en un ámbito comarcal, permita ofrecer al conjunto de sus habitantes, los servicios completos, con instalaciones a la altura de nuestro tiempo y el personal especializado adecuado. Los sistemas bibliotecarios se estructuran a partir de una biblioteca central, alrededor de la cual se aglutinan la dirección, administración y servicios técnicos para el conjunto, y se ramifica en bibliotecas sucursales, centros de préstamo, lectura y servicios especiales, hasta llegar al domicilio particular de un impedido, verbi gratia. La cooperación y participación de organismos, instituciones y colectivos implicados es, a todas luces, imprescindible. La determinación del ámbito geográfico dependerá muy mucho del entorno regional en que se plantee, pero lo que es seguro, es que la biblioteca pública del presente y del futuro en ámbitos rurales, será un sistema comarcal o no será. Porque sólo a partir de la confluencia de recursos que supone la unión de un conjunto de municipios pueden afrontarse los costes que esta biblioteca requiere y  demandarse justificadamente la anuencia de recursos exteriores.

Afortunadamente, los proyectos de cooperación municipal son ya un terreno abonado en España. La constitución de mancomunidades, en las que una asociación comarcal de ayuntamientos se unen para afrontar conjuntamente determinados servicios, crea un marco legal y operativo idóneo para la creación de sistemas comarcales de bibliotecas. Son, por lo demás, una plataforma mucho más sólida para recabar y conseguir el apoyo de Diputaciones  y gobiernos autónomos. En cualquier caso, los más elementales criterios de rentabilidad económica aconsejarían crear los servicios bibliotecarios que aquí se proponen a partir de mínimos de población cuya cuantificación no puede establecerse con validez general pero, desde luego, rebasa con mucho el monto de un solo municipio del medio rural.

Por último, una reflexión que en alguna forma se halla implícita en páginas anteriores: la necesaria imbricación de los proyectos y la actuación bibliotecaria con los proyectos culturales y de desarrollo. En el contexto de lo que se ha expuesto hasta ahora, tal afirmación parece una nueva verdad de Perogrullo. Es mas, la teoría, los manuales y normativas, el propio Manifiesto de la Unesco para la Biblioteca Pública, contemplan la íntima relación existente entre la práctica cultural y la biblioteca. Sin embargo, pocas veces, al menos en España, esta teoría  se ha plasmado en la realidad. Políticas culturales y políticas bibliotecarias han ido generalmente por caminos distintos como si las unas no exigieran las otras. Y esto en  todos  los ámbitos  de la  administración. Tal disociación es difícilmente entendible,  pero las excepciones  (bibliotecas que han devenido casas de cultura, o proyectos culturales que entendían que sus cimientos se levantaban sobre servicios bibliotecarios) han sido desgraciadamente pocas.

Sin embargo, a nadie se le escapa que la biblioteca es, desde hace siglos, la piedra angular de la difusión cultural, que sus frutos rebasan holgadamente el enriquecimiento «ornamental» del individuo y la comunidad, para aportar condimentos de fondo en el guiso que es el desarrollo. A favor de esta perspectiva, está la importancia funcional que la información adquiere en la sociedad que vivimos. A su favor, está el contemplar la biblioteca como elemento democratizador de los flujos informativos, sobre cuyo papel en el desarrollo social no es preciso insistir.

Pero además, en el mundo rural, la creación y mantenimiento de bibliotecas adquieren perfiles de especial relevancia. Frente (sería mejor decir «junto») a proyectos culturales y de desarrollo cuya vigencia es, con frecuencia, más efímera que los políticos o instituciones que los promueven, la creación de una biblioteca significa el establecimiento de un servicio permanente cuyo mantenimiento, si sus servicios reportan la utilidad deseada, es más que justificable. No hablemos ya de lo injustificable su desmantelamiento. Item más, las bibliotecas, por deficientes y cutres que sean, suponen el único equipamiento cultural de que disponen muchos municipios rurales. Desarrollarlas, integrarlas en un sistema o una red que les permita asumir los retos del presente, es una apuesta que merece la pena afrontar. Porque desde ellas, puede desarrollarse también la dinamización cultural que necesitan nuestros pueblos. El reducido entorno comunitario en el que actúan posibilita en gran medida la cooperación entre los agentes sociales, su integración en la comunidad y la adecuación de sus servicios a las necesidades de su ámbito de actuación. Esta fue la premisa que, hace unos años, puso de moda, en varios países europeos, en el campo  de las bibliotecas públicas, el lema small is beautyful. Hoy día no es preciso crear unidades mastodónticas para acceder a un universo de información. Las tecnologías de comunicación cultural permiten otra cosa. Lo que hay que hacer es crearlas, y ponerlas al servicio de quienes las necesitan.