El golpe de junio de 1943 se prepar� y se llev� a cabo en forma bastante apresurada. El levantamiento de las fuerzas armadas no se debi� tanto al deseo o al temor de que el gobierno tomara partido en el conflicto mundial, como a la convicci�n de que, ante la precaria situaci�n pol�tica interna y externa de la Naci�n se requer�a una conducci�n pol�tica m�s eficiente. Las primeras proclamas del gobierno militar estaban concebidas en un enf�tico tono nacionalista, pero dec�an poco y nada acerca de sus planes pol�ticos concretos. S�lo trasuntaban desd�n por la pol�tica partidaria y por los pol�ticos. Ese desd�n parecer�a haber sido el �nico v�nculo que uni� a los diferentes grupos de oficiales que participaron en el golpe.
Desde 1930, las FFAA se hab�an fijado como objetivo la superaci�n de esa debilidad esencial del sistema pol�tico, de la crisis de legitimidad. Los jefes militares se mantuvieron fieles a este objetivo mientras fue posible, mientras Per�n con su estilo de gobierno, no se coloc� en abierta contradicci�n con los principios pol�ticos y morales de la revoluci�n.
El aporte de Per�n a la soluci�n de los problemas a los cuales se vio enfrentado el gobierno militar fue decisivo. Estos problemas eran: conferir a la revoluci�n un contenido, un programa; establecer qui�n se har�a cargo de la ejecuci�n de tal programa, a qui�n delegar�an su representaci�n pol�tica; c�mo se obtendr�a el apoyo de las fuerzas civiles para el logro de los objetivos pol�ticos perseguidos. En el proceso de selecci�n que realizaron las FFAA para resolver estos problemas Per�n se destac� como el oficial de mayor talento pol�tico entre los que compet�an por el poder y no tard� en convertirse en figura dominante dentro del gobierno militar.
Fueron iniciativas de Per�n: la confecci�n de amplios informes acerca de la situaci�n de las diferentes ramas de la econom�a y la aplicaci�n de una pol�tica de est�mulo y protecci�n a la industria nacional; reforma de la legislaci�n social, con la creaci�n de una serie de nuevas instituciones en el �mbito del trabajo y la salud p�blica y se dictaron numerosas leyes de protecci�n a los estratos m�s bajos de la poblaci�n; se procur� un mayor cercamiento con las potencias aliadas cuya victoria sobre el Eje se insinuaba cada vez con mayor claridad.
El enfrentamiento de las FFAA en torno a la conducci�n pol�tica no se prolong� demasiado, termin� a mediados de junio de 1944. Esta pugna puede dividirse en dos claras fases: una primera etapa en la que Per�n no ten�a la suficiente influencia para compensar su grado militar no muy alto (Coronel), entonces se tuvo que conformar con posiciones de segundo orden, y esforzarse por ganar m�s poder dentro del GOU (Grupo Oficiales Unidos). En un principio trat� de sumar la mayor cantidad de oficiales al GOU en favor de la revoluci�n, m�s tarde el GOU se convirti� en un �rgano de control del gobierno militar e intervino cada vez m�s frecuente y decididamente en los procesos de decisi�n pol�tica, hasta que lleg� a hacerse cargo pr�cticamente del poder. As� llega la segunda fase, en la que gracias a su habilidad t�ctica y al apoyo de numerosos y leales partidarios entre la oficialidad, Per�n pudo definir esa lucha a su favor. Se convirti� entonces en 1944 en Ministro de Guerra, Vicepresidente de la Naci�n y Presidente del Consejo de posguerra.
Despu�s de dos a�os en los cuales los militares gobernantes s�lo hab�an chocado contra una ocasional resistencia, en la primavera del 1945 se constituy� una s�lida oposici�n que exigi� su retiro y la inmediata convocatoria a elecciones libres. El movimiento opositor no s�lo estaba apoyado por la clase alta tradicional, sino que inclu�a fuerzas tan diversas como las universidades, los consorcios econ�micos y la totalidad de los partidos pol�ticos.
La reacci�n de las FFAA ante esas exigencias no fue uniforme. Muchos jefes y oficiales comenzaron a distanciarse del gobierno. Las fuerzas m�s influyentes dentro del ambiente militar, en cambio, buscaron apoyo en la poblaci�n para neutralizar la presi�n opositora. La base de apoyo deb�a buscarse en el plano de los obreros y los empleados de baja categor�a. Per�n no tard� en cimentar la relaci�n de lealtad con esa clase y en convertir a �sta en un s�lido respaldo del gobierno.
Pero los ataques de la oposici�n prosiguieron y hasta se intensificaron cuando el gobierno cedi� ante algunas de sus exigencias, dej� en libertad a presos pol�ticos, autoriz� nuevamente la actividad de los partidos y present� un plan para un retorno gradual a la situaci�n pol�tica constitucional. El enfrentamiento alcanz� su culminaci�n en octubre de 1945, cuando ante la presi�n conjunta de sus opositores civiles y militares, Per�n debi� renunciar a todos sus cargos y fue sometido a arresto.
La oposici�n exig�a el inmediato retiro de todo el gobierno que ser�a reemplazado por la Corte Suprema de Justicia. Las FFAA no pod�an ni quer�an someterse a esa exigencia. La masa trabajadora que invadi� el centro de Buenos Aires el 17/10 les evit� la necesidad de encarar esa situaci�n, y les abri� una posibilidad de proseguir la revoluci�n en forma legal, apoyando la candidatura de Per�n para las pr�ximas elecciones.
Con la elecci�n de Per�n como presidente en febrero de 1946, la influencia de las fuerzas armadas se redujo, pero sigui� siendo considerable. Per�n no pod�a esperar que las fuerzas armadas se sometieran por completo a su gobierno; tuvo que conformarse con aislarlas y neutralizarlas pol�ticamente, en la medida de lo posible. Por una parte, se esforz� por satisfacer las exigencias profesionales de los militares. Por otra mejor� de manera decisiva las condiciones de vida de todos los cuadros de las FFAA. Adem�s aprovech� las rivalidades entre las diferentes armas y entre los diferentes grupos de jefes y oficiales y, finalmente, apel� a la esencia apol�tica de las instituciones militares, para mantenerlas apartadas del proceso pol�tico.
La concesi�n m�s importante hecha por Per�n a las FFAA para satisfacer sus exigencias profesionales, fueron las grandes compras de armamento del per�odo de posguerra. Al mismo tiempo se aument� la tropa en forma considerable. Durante su gobierno, las fuerzas armadas ampl�an adem�s su competencia. Ya en 1944 se cre� un Consejo Nacional de Defensa, entre cuyas amplias facultades figuraba la organizaci�n de departamentos consagrados a los fines de la defensa en los diferentes ministerios. En 1947 se dict� una ley muy importante, por la que se confiaba la ejecuci�n del primer plan argentino de producci�n de hierro y acero a una repartici�n militar: la Direcci�n General de Fabricaciones Militares.
El tercer m�todo por el cual Per�n procur� neutralizar a las FFAA consisti� crear rivalidades entre las distintas armas y los distintos grados. Las diferencias entre el ej�rcito y la marina siempre habr�n sido bastante notables, pero en la �poca de Per�n adquirieron un matiz pol�tico. La marina se mostr� desde el principio hostil a Per�n y nunca se apart� de esa actitud. Como es l�gico, Per�n se inclin� en favor del ej�rcito y dej� de lado la marina. Dentro del ej�rcito, a su vez, concedi� preferencia a la infanter�a, que era el arma a la cual �l pertenec�a. El intento de Per�n de enfrentar a los diferentes grados, comenzaba con la suboficialidad. La mayor�a de los suboficiales proced�an de clase baja, de modo que Per�n pod�a partir de la base de que ellos apoyaban a su gobierno. Otorg� a los suboficiales el derecho al sufragio y los incluy� en la obra social del ministerio de guerra, lo cual significaba una importante ventaja financiera. Al mismo tiempo facilit� el acceso de sus hijos a la carrera militar, mediante la creaci�n de becas.
Al aplicar la cuarta estrategia, la de acentuar la esencia apol�tica de las FFAA, Per�n sac� provecho de su profundo conocimiento de la mentalidad y de la ideolog�a militar. Constantemente les se�alaba su deber de obediencia al Presidente, como autoridad elegida por el pueblo, y las instaba a permanecer al margen de la pol�tica. Pero tambi�n se esforzaba por presentarles estas ideas de una manera halagadora, destacando su misi�n especial como �lite moral de la Naci�n. Siendo la encargada de custodiarlos bienes m�s sagrados, deb�a mantenerse al margen de los conflictos pol�ticos partidarios. Por lo dem�s, procuraba demostrarles con sus actos multitudinarios, que la mayor�a de la poblaci�n estaba detr�s de su gobierno y lo defender�a en caso de un golpe militar.
Las ambiciones de poder y el compromiso pol�tico de las FFAA eran tan grandes que Per�n no pod�a contar con mantenerlas totalmente alejadas del proceso de toma de decisiones pol�ticas. Por eso complement� sus esfuerzos por neutralizarlas en el aspecto pol�tico, con providencias que le aseguraran su aprobaci�n y su apoyo. La raz�n m�s importante de la conformidad pol�tica de las FFAA est� en el rasgo fundamentalmente militarista del gobierno peronista.
La importancia concedida por Per�n a los problemas de seguridad estaba determinada esencialmente por su concepci�n de la defensa: �la Naci�n en Armas�. La tesis central de esta estrategia establece que una naci�n debe movilizar todos sus recursos, todo su potencial humano, econ�mico e ideol�gico, para poder imponerse en una contienda b�lica moderna. Esto significa que el l�mite entre la guerra y la paz, entre el �mbito militar y el civil, desaparece. Si un pa�s quiere evitar que otro estado lo ataque o derrote, debe estar siempre preparado para la guerra. Dada la importante posici�n que ocupaban las FFAA en la Argentina, esta fusi�n de la esfera militar con la civil llev� a que se concediera creciente importancia a la defensa del pa�s dentro del proceso de decisiones pol�ticas.
Una de las metas de la pol�tica en materia de salud p�blica era la reducci�n del n�mero de individuos no aptos para el servicio militar. La emancipaci�n social y legal de la mujer fue fomentada, en vista del papel clave que desempe�� la mano de obra femenina en la Segunda Guerra Mundial. Hasta la pol�tica religiosa estuvo en gran parte condicionada por la convicci�n de que la potencia defensiva nacional aumenta cuando todos los ciudadanos tienen en com�n determinadas creencias y principios.
Concepciones militares fueron decisivas para la mayor�a de las medidas pol�ticas de control merced a las cuales se fueron descartando las instituciones liberales y democr�ticas, para ser reemplazadas por un sistema jer�rquico centralista. El Presidente, que estaba al frente del sistema era, en el fondo, un supremo comandante pol�tico.
Pero el sistema peronista de gobierno no ten�a una estructura tan coherente y uniforme como pretend�an hacer creer Per�n y sus seguidores, sino que evidenciaba pluralismo de fuerzas y considerables tensiones internas. En la pr�ctica, Per�n deb�a tomar en cuenta esas situaciones. No pod�a limitarse a impartir �rdenes; deb�a esforzarse por persuadir a los diferentes factores de poder que lo apoyaban de que sus ideas deb�an ser aplicadas.
La relaci�n entre el gobierno y las FFAA hasta el a�o 1951 puede definirse como un gran pacto en el cual ambas partes hac�an concesiones de poder e intereses: Per�n satisfizo las exigencias profesionales, econ�micas y sociales de las FFAA y tom� en cuenta las ideas pol�ticas de �stas en su concepci�n de gobierno; a cambio de eso exigi� de ellas una conducta que �l defin�a como apol�tica, aunque de hecho no lo era, pues significaba un renunciamiento a todas sus pretensiones de voz y voto, equivalente a un apoyo al gobierno. Despu�s de 1951 ambas partes perdieron inter�s en el mantenimiento de este pacto. Las FFAA no quer�an dejarse atar por su obligaci�n de mantenerse al margen de la pol�tica como en los a�os anteriores e intentaron ejercer mayor influencia sobre el proceso pol�tico. Per�n, por su parte, ya no parec�a conformarse con la pasividad de las FFAA y exig�a de ellas una franca toma de decisi�n a favor de su persona y de su r�gimen. Y as� se estableci� entre ambos factores de poder una lucha encubierta, que aflor� en el a�o 1955 y culmin� con la ca�da de Per�n.
Uno de los primeros s�ntomas del enfriamiento fue el golpe del general B. Men�ndez, en septiembre de 1951. La causa decisiva de este descontento eran los m�todos cada vez m�s represivos de la pareja gobernante y sus esfuerzos por dividir a la poblaci�n en dos frentes c�vicos opuestos. As� como al comienzo hab�an apoyado las reformas sociales de Per�n, pues esperaban que �stas contribuyeran a aliviar las tensiones sociales y a cimentar la unidad nacional, ahora contemplaban con creciente disgusto el tono pol�mico, de lucha de clases, que se incorporaba a la pol�tica, especialmente a trav�s de los discursos de Eva Per�n.
Adem�s, la situaci�n econ�mica contribu�a al creciente descontento de las FFAA; el paulatino estancamiento de la econom�a hab�a hecho que las compras de armamentos se redujeran en forma dr�stica y que los aumentos de sueldo se detuvieran.
Entre las medidas inmediatas figuran algunas leyes de extrema severidad como por ejemplo, la ley N�14.062, por la cual se declaraba el estado de guerra interno. Esta ley merece atenci�n, pues en ella se aplicaban normas y pautas militares a la persecuci�n de enemigos pol�ticos. A pesar de las amplias dificultades que le fueron concedidas, la primera operaci�n de limpieza de Per�n dist� mucho de verse coronada por el �xito. La Ley 14.062 deb�a ser aplicada por primera vez al propio Men�ndez, para quien los partidarios de Per�n ped�an la pena de muerte. Pero ese pedido, como otros, , se estrell� contra la resistencia del Consejo Superior de las FFAA.
El esp�ritu de cuerpo de los militares y la solidandad de sus instituciones se convirti� en un serio escollo para los esfuerzos de Per�n por someterlos, y tal escollo no pod�a hacerse desaparecer de golpe, sino que exigi�, en 1951, una estrategia de control a largo plazo. Entre las medidas figuraba el intento de adoctrinar a las FFAA. En los centros de educaci�n militar comenzaron a repartirse manuales y libros de texto peronistas, que deb�an proporcionar a los reclutas el bagaje ideol�gico para su carrera militar. El �rgano te�rico del ej�rcito, la Revista Militar, debi� cambiar su presentaci�n y su contenido, para asemejarse m�s a la prensa diaria, sometida a las directivas pol�ticas del gobierno. Adem�s las FFAA tuvieron la obligaci�n de hacerse presentes, en n�mero proporcional, en las manifestaciones de masas y dem�s actos del r�gimen. Para asegurar el �xito de sus planes de integraci�n, Per�n prosigui� al margen de todo esto su pol�tica de depuraci�n de las filas. Las posiciones militares clave s�lo eran ocupadas por candidatos sobre cuya lealtad al r�gimen no cab�a la menor duda.
Sin embargo, la mayor�a de esas medidas produjeron un efecto contrario a lo previsto: no aumentaron la identificaci�n con el gobierno, sino que intensificaron la solidaridad con el opositor; no crearon una complacencia pol�tica sino que generaron irritaci�n ante el avasallamiento de la autonom�a se las instituciones militares.
Las razones que finalmente fueron decisivas para que una parte de las FFAA se rebelara abiertamente y derrocara a Per�n, pueden agruparse en dos categor�as. Por un lado, las instituciones militares ve�an cada vez m�s amenazada su existencia. Tarde o temprano perder�an por completo su independencia, para convertirse en una de las organizaciones del sistema peronista de gobierno. Por otro lado, la orientaci�n global de la pol�tica peronista, a partir de 1950, provocaba a las FFAA al golpe de Estado. El estilo de gobierno representativo y personalista de Per�n hac�a que muchos oficiales lo consideraran como un dictador obsesionado por el poder, que no vacilaba ante nada con tal de materializar sus ambiciones. Hab�a traicionado la revoluci�n de junio y al hacerlo hab�a perdido todo derecho a mantener sus pretensiones de liderazgo pol�tico ante los ojos de las FFAA.
La integraci�n de los estratos m�s bajos del engranaje social de la Naci�n fue uno de los primeros m�ritos del r�gimen. Esto fue resultado de las reformas sociales aplicadas por Per�n. La acci�n estatal se concentr� en hacer desaparecer el abismo existente entre la clase alta y media por un lado, y la baja por otro. Per�n procur� despertar en los estratos bajos un sentido de nacionalidad y de identidad mediante la difusi�n de su doctrina y la ayuda del estilo plebiscitario. Por eso, la elevaci�n del nivel de vida y la mejora del status social de los estratos m�s bajos constituyeron el centro de sus esfuerzos reformistas.
La comprensi�n y el inter�s de Per�n por los problemas de la clase trabajadora le permiti� convertir en pocos meses a la Secretar�a de Trabajo y Previsi�n en un centro de decisi�n de todos los problemas y conflictos vinculados al derecho laboral.
Entre sus iniciativas para mejorar el status pol�tico y social de los estratos sociales m�s bajos, cabe mencionar la creaci�n de una serie de instituciones consagradas a defender los intereses de la clase trabajadora. Adem�s de la ampliaci�n de la Secretar�a de Trabajo y Previsi�n, m�s tarde elevada a la categor�a de ministerio, figuraban entre tales instituciones tribunales del trabajo y una universidad obrera. Pero ninguna de estas instituciones estatales demostr� la toma de partido del gobierno en favor de los estratos bajos con tanta claridad como una organizaci�n del derecho privado: la Fundaci�n Eva Per�n.
Otra importante medida que posibilit� la uni�n de la clase trabajadora y por consiguiente su representaci�n, fue el decreto sobre �asociaciones profesionales de trabajadores�. Este decreto neutraliz� a los sindicatos su tradicional tendencia a la discordia y a la atomizaci�n, ciment� su concentraci�n y los convirti� en organizaciones con una s�lida base masiva. Hasta 1943, los sindicatos s�lo tuvieron una moderada influencia pol�tica; en tiempos de Per�n, en cambio, se convirtieron en uno de los principales factores de poder del pa�s, cuyas exigencias no puede pasar por alto ning�n gobierno. Cobran sentido entonces, las numerosas proclamas de los derechos sociales emitidas durante los primeros a�os de gobierno de Per�n. Entre las m�s importantes figuran los Derechos del Trabajador y los Derechos de la Ancianidad. Tambi�n aparecieron cat�logos similares respecto a los ni�os y a las mujeres.
Entre las disposiciones m�s importantes tendientes a asegurar y elevar el nivel de vida de los estratos bajos figuran las de control de los alquileres y de los precios. El salario real medio del obrero argentino hab�a permanecido estable, y por momentos hasta hab�a retrocedido un poco, entre 1929 y 1942; a partir de ese a�o, en cambio, ascendi� en forma continua siendo el �ndice del aumento del obrero no especializado incluso superior al del especializado. Ambos grupos alcanzaron su nivel de salarios m�s alto en 1948, sin embargo, al a�o siguiente experimentaron un deterioro.
Una de las medidas que m�s sensaci�n causaron fue aquella que obligaba a los empleadoras a pagar al obrero un sueldo anual complementario, el aguinaldo.
Si tenemos en cuenta la actitud de rechazo con la cual la �lite tradicional hab�a acogido las tentativas de integraci�n de las clases bajas, entre 1930 y 1943, y la comparamos con la pl�tora de reformas sociales que mejoraron en forma decisiva el status social y la situaci�n econ�mica de los obreros en un lapso de apenas 2 a�os, comprenderemos que la toma de posici�n de los obreros respecto a Per�n estuvo en un todo de acuerdo con sus intereses y puede calificarse de racional y realista.
Ni Per�n tuvo desde el principio la intenci�n de crear un sistema de gobierno que se apoyara m�s que nada en las clases bajas, ni los sindicatos se mostraron inicialmente dispuestos a aceptar la pretensi�n de liderazgo absoluto de Per�n. La unilateral dependencia de las organizaciones sindicales respecto a Per�n fue el resultado de una larga y compleja pugna pol�tica. La parte m�s interesante de dicha pugna fue el pasajero intento de los sindicatos, de movilizar pol�ticamente a la clase trabajadora y procurarle una posici�n dominante dentro del sistema parlamentario de gobierno, mediante la creaci�n de un partido pol�tico propio. El partido laborista encontr� enorme eco en los sectores m�s amplios de la poblaci�n y, con una existencia de apenas 4 meses, logr� la mayor�a absoluta en las elecciones de febrero de 1946. Pero a continuaci�n, Per�n lo disolvi� y muy pronto lo incorpor� al partido oficialista reci�n fundado por �l: el partido peronista. Per�n no pensaba en despojar a las clases acomodadas de sus bienes y de su poder para instaurar el dominio de la clase trabajadora, su intenci�n era contribuir a la estabilizaci�n del orden social vigente, corrigiendo la excesiva falta de privilegios de los trabajadores. Esos planes fueron arruinados por la creciente violencia de las ataques de la oposici�n, que lo obligaron a buscar apoyo de las masas obreras y de los sindicatos en una medida superior a la prevista.
Hacia mediados del a�o 1945 las organizaciones empresariales se dirigieron a la opini�n p�blica en un manifiesto, en el cual criticaban la pol�tica de reformas sociales emprendida por el gobierno y exig�an la revisi�n de todas las disposiciones legales. Los sindicatos reaccionaron con gran rapidez y energ�a a ese desaf�o.
Y poco despu�s se present� una oportunidad as� en las decisiva semana del 9 al 17 de octubre, cuando Per�n se vio obligado a retirarse de todos sus cargos, ante la presi�n de las fuerzas opositoras, y debi� cumplir un arresto militar. En respuesta, los sindicatos declararon una huelga general de dos d�as de duraci�n y organizaron una demostraci�n de protesta, tan imponente que el gobierno termin� por ceder y dej� en libertad a Per�n. Este hecho convenci� a muchos dirigentes sindicales a�n indecisos a sumar sus fuerzas a una amplia iniciativa pol�tica de la clase trabajadora: la creaci�n de un partido propio.
El programa del partido coincid�a en muchos puntos con las ideas pol�ticas rectoras de Per�n y s�lo difer�a de las mismas en un punto (fundamental) la aceptaci�n del sistema de gobierno parlamentario y democr�tico. El �nfasis reca�a sobre la necesidad de reformas sociales. La parte sociopol�tica de ese programa conten�a algunas exigencias que ya hab�an sido satisfechas por Per�n el a�o anterior. Eso se debi� a que muchos empresarios aplicaban una t�ctica de demora en la aplicaci�n de las disposiciones de la Secretar�a de Trabajo y Previsi�n.
A pesar de esa situaci�n bastante definida, hubo una serie de sindicatos que no se adhirieron al partido laborista y que apoyaron a sus contrarios, la Uni�n Democr�tica. Entre ellos figuraba La Fraternidad. Las objeciones de estos sindicatos no estaban referidas al programa del partido laborista, sino al candidato a presidente por ese partido, a Per�n. Le echaban en cara su estilo de gobierno antidemocr�tico, su desprecio por los derechos fundamentales y por la libertad, se�alaban que las concesiones socioecon�micas hechas por el Gobierno a las organizaciones gremiales hab�an costado a �stas su autonom�a. Entonces, la plataforma de la Uni�n Democr�tica, no era m�s que una versi�n ampliada y sistematizada de estos reproches. Lo m�s cuestionable en ese programa era que se orientaba s�lo por los sucesos pol�ticos de Europa, por la lucha de las democracias occidentales contra el fascismo y el nacionalsocialismo. S�lo as� se explica que el embajador de los EEUU, Braden (quien consideraba como su misi�n derrocar al gobierno militar y, sobre todo a Per�n) se constituyera por momentos en vocero extraoficial de la coalici�n de partidos.
Per�n, en los �ltimos discursos pronunciados antes de las elecciones, no presentaba ya como su adversario a Tamborini, candidato de la Uni�n Democr�tica, sino a Braden, a quien se�alaba como un representante de los intereses norteamericanos, que en combinaci�n con las fuerzas reaccionarias de la oligarqu�a estaba a punto de socavar la independencia nacional e instaurar un r�gimen contrario a la clase trabajadora. La f�rmula �Braden o Per�n� caus� su efecto en los sectores m�s amplios de la poblaci�n y es posible que hasta haya aportado a Per�n y su partido los votos decisivos para su victoria electoral.
En mayo de 1946, Per�n anunci� en un discurso radial la unificaci�n de todas las fuerzas que lo hab�an respaldado, en un nuevo partido, el Partido �nico de la Revoluci�n, al cual poco despu�s denominar�a simplemente �partido peronista�. Al comienzo, los laboristas se opusieron a esa reorganizaci�n, pero luego designaron un nuevo comit� central que accedi� a la incorporaci�n del partido y con ello a su disoluci�n.
Per�n y los laboristas compart�an la idea de que era necesaria una ampliaci�n del sistema pol�tico, pero su enfoque respecto de qui�n ser�a el encargado de promover esta evoluci�n expansiva era distinto. Los laboristas consideraban urgente abrir el sistema pol�tico a los estratos populares. Per�n pretend�a extender la esfera de influencia estatal a partir de la cabeza pol�tica. La creciente concentraci�n de poder en manos del gobierno no armonizaba con los principios democr�ticos de los laboristas. Disolvi� el partido y lo incorpor� a una organizaci�n partidaria cuya estructura jer�rquica centralista estaba de acuerdo con sus ideas de orden y eficiencia.
Existen indicios de que en el a�o �46, luego de disolver el partido laborista, Per�n tuvo intenciones de moderar su actitud favorable a las clases sociales m�s bajas y de retornar a su proyecto inicial, el de imponer exigencias parejas a todos los estratos de la sociedad. Con motivo de la presentaci�n del Primer Plan Quinquenal (10/46) declar� ante los diputados que el 1er ciclo de la revoluci�n (el de las reformas sociales) quedaba as� cerrado y ser�a seguido por el del aumento de la producci�n y el acrecentamiento de las riquezas. Este intento de Per�n por desligarse de los estratos sociales m�s bajos fracas�. La alianza entre la cabeza del Estado y la clase baja no se diluy� entre 1946 y 1950, sino que se volvi� m�s firme.
La estructura interna del pacto entre gobierno y clase trabajadora muestra una innegable similitud con las concesiones en materia de poder y de intereses que unieron a aqu�l con las FFAA. Pero las compensaciones exigidas superaron en mucho a las impuestas a las FFAA. En el caso de estas �ltimas, se conformaba con una conducta pol�tica pasiva, aparentemente neutral ; en el caso de los sindicatos, exig�a una abierta toma de posici�n en el terreno pol�tico y una expresa aprobaci�n de todas sus medidas y decisiones.
Esta actitud generosa del gobierno con respecto a los trabajadores debe ser considerada en funci�n de la situaci�n econ�mica de los a�os de posguerra. Uno de sus factores m�s importantes fue el r�pido crecimiento de algunas ramas de la industria, por la aparici�n de nuevas empresas y la expansi�n de las ya existentes. El consiguiente aumento en la demanda de mano de obra no pod�a ser satisfecho por la permanente afluencia de pobladores del interior ni por la inmigraci�n europea. Las consecuencias de esta situaci�n fueron un descenso de los �ndices de producci�n y un general aflojamiento de la moral del trabajo. El gobierno no s�lo se neg� a emprender algo para conjurar esta tendencia, sino que hasta la apoy� con su sistem�tica toma de partido en favor del trabajo en todos los litigios laborales.
Per�n concedi� particular atenci�n a la implantaci�n de organizaciones laborales y al perfeccionamiento de las mismas. Las organizaciones sindicales ya no necesitaban de los partidos de izquierda para llevar sus exigencias e ideas al terreno de la confrontaci�n pol�tica. El contacto directo con el gobierno abr�a ahora para ellos una leg�tima posibilidad de defensa de sus intereses. El precio exigido por Per�n por sus concesiones fue el intensivo apoyo pol�tico por parte de las clases trabajadora.
Per�n no se mostr� dispuesto a tolerar los esfuerzos de los sindicatos m�s antiguos por conservar su autonom�a y su libertad de acci�n pol�tica y trat� por todos los medios de someterlos. Per�n no pod�a contar con su apoyo mientras les hiciera generosas concesiones econ�micas y financieras. Durante los primeros a�os de posguerra eso le result� relativamente f�cil, pues el pa�s se encontraba en una situaci�n econ�mica muy favorable y las arcas del estado estaban a�n colmadas desde los tiempos de guerra. Pero la experiencia de la Primera Guerra Mundial hab�a demostrado que esa situaci�n coyuntural se mantiene durante un lapso limitado, transcurrido el cual ser�a necesario pasar a una pol�tica restrictiva en materia de gastos. Per�n tem�a que en ese caso los sindicatos le retiraran su apoyo y se adhirieran a la oposici�n o intentaran ejercer mayor influencia sobre el gobierno y hasta apoderarse de �l. Previno ambas contingencias aprovechando la fase de prosperidad econ�mica para colocar a los sindicatos bajo su control.
Para ejercer desde la c�spide una mayor presi�n sobre las representaciones de los diferentes gremios, comenz� por adue�arse de la CGT. Transform� a dicho �rgano, descentralizado y dependiente de las decisiones de las agrupaciones miembros, en una instituci�n semiestatal de r�gida estructura jer�rquica. Luego procedi� a someter a todos los sindicatos aut�nomos al control del nucleamiento central y del Ministerio de Trabajo. Los dirigentes gremiales particularmente rebeldes fueron desplazados merced a medidas policiales persecutorias. Otros fueron despojados de su poder mediante la creaci�n de nuevas organizaciones dentro de la correspondiente rama laboral, con un cuerpo directivo adicto al r�gimen, al cual Per�n conced�a luego autonom�a tarifaria. Los dirigentes gremiales que pretend�an conservar la independencia pol�tica de sus organizaciones se encontraron ante un dilema insoluble, por efecto de las h�biles maniobras de Per�n, que logr� desgastar este grupo descargando sobre �l la tensi�n entre el principio de legitimidad autoritario y el democr�tico, generada en su sistema.
Luego de la violenta expansi�n de la econom�a, durante los a�os de preguerra, hacia 1949 se comienza a insinuar un estancamiento. Este no tard� en convertirse en recesi�n cuando el mercado mundial para las exportaciones del pa�s se restringi�, las reservas de divisas comenzaron a declinar y la agricultura debi� soportar varias cosechas malas. El gobierno hizo esfuerzos por evitar que la recesi�n hiciera sentir sus efectos sobre la situaci�n econ�mica de las capas bajas, pero fueron menores de lo que Per�n pretendi� hacer creer merced a una costosa campa�a propagand�stica. No consiguieron disimular el hecho de que el gobierno estaba a punto de modificar su actitud respecto a la clase trabajadora.
Cada vez que se prestaba m�s o�dos a los reclamos del empresariado acerca de la moral y la disciplina laborales. M�s o menos por la misma �poca, en las discusiones sobre el derecho laboral de nuevo se le consagrara mayor importancia al tema de las obligaciones del trabajador. El n�mero de d�as feriados no volvi� a ser aumentado (m�s adelante se lo redujo) y los tribunales del trabajo pasaron de una actitud favorable al trabajador, a una postura neutral, cuando no m�s favorable al empresario.
En 1946, cuando Per�n intent� por primera vez aflojar su estrecha ligaz�n con las capas sociales bajas, se estrell� contra la resistencia que los sindicatos opusieron a ese prop�sito. Pero ahora, no protestaron ni ejercieron presiones sobre el gobierno para que �ste continuara tomando partido por los trabajadores; atacaron de buen grado las directivas de Per�n. Y eso ocurri� porque ya hab�an perdido toda autonom�a y se hab�an convertido en parte integrante del sistema de poder peronista.
Durante los a�os anteriores, las acciones de lucha emprendidas espont�neamente por los obreros hab�an sido bien recibidas por el gobierno, el cual incluso llegaba a provocarlas. Ahora, la reacci�n a la protesta de los trabajadores era en extremo violenta y rigurosa; la huelga era declarada ilegal y se la reprim�a.
El viraje de Per�n s�lo era de naturaleza transitoria. Dur� hasta 1952, mientras el pa�s atraves� una crisis econ�mica. A medida que se fue recuperando, el gobierno volvi� a tratar de mejorar la situaci�n de los trabajadores.
Despu�s de 1952, a�o en el cual la crisis econ�mica alcanz� su punto culminante y los ingresos de los trabajadores su nivel m�s bajo, el salario real volvi� a experimentar un alza continua. Tambi�n la participaci�n de los sueldos y salarios en el ingreso bruto nacional fue aumentando hasta volver a la proporci�n �ptima de 1949.
Por eso no se puede afirmar que, despu�s de 1949, Per�n abandon� a los obreros. En el fondo sigui� la misma pol�tica que desde el comienzo hab�a sido objetivo de su acci�n: una pol�tica que impon�a exigencias parejas a todos los sectores econ�micos y sociales, y que deb�a garantizar una evoluci�n social continua y, en lo posible, libre de tensiones. Desde que la participaci�n en la lucha social no s�lo costaba la p�rdida de trabajo, sino tambi�n la persecuci�n policial, la masa trabajadora ya no se mostraba tan dispuesta a correr el riesgo. S�lo a partir de 1954 se observan indicios de la formaci�n de un nuevo estrato dirigente, surgido directamente de las bases, que comenz� a disputar sus puestos a los funcionarios protegidos por el gobierno.
La convicci�n de que Per�n era irremplazable, de que no exist�a m�s alternativa que su gobierno, se tiende como un hilo conductor a trav�s de todas las manifestaciones de los sindicatos y de los obreros, desde 1944 hasta 1955. A pesar de sus visibles debilidades, el r�gimen segu�a siendo para los obreros el primero que hab�a encarado con seriedad el problema social. S�lo su continuidad pod�a evitar una revisi�n de la obra reformatoria, pod�a impedir que las clases media y alta volvieran marginar a los estratos m�s bajos de la sociedad.
Por eso es sorprendente que los obreros no hayan defendido el gobierno de Per�n con m�s energ�a cuando �ste fue atacado en 1955 por los factores en pugna con �l. Sabemos que los representantes de los sindicatos reclamaron la entrega de armas y la formaci�n de milicias obreras. Pero cuando Per�n se opuso a esta exigencia y exhort� a los trabajadores a conservar el orden y la calma, ellos lo obedecieron, como hab�an obedecido sus �rdenes desde hac�a a�os. Este �ltimo acto de obediencia demuestra hasta qu� punto los trabajadores y los sindicatos depend�an de Per�n en las postrimer�as del r�gimen. Su sometimiento fue el resultado de 12 a�os de permanente e intensa influencia del gobierno sobre las clases bajas.
Ninguno de los economistas importantes cre�a conveniente romper por completo las relaciones de la econom�a nacional con los mercados exteriores. Se pretend�a fortificar la estructura de la econom�a y diversificarla, para que Argentina se liberara grado de las fluctuaciones del tr�fico internacional de bienes de capitales.
La empresa era ardua, puesto que hasta ese momento econ�mico del pa�s hab�a dependido casi exclusivamente de la relaci�n complementaria entre capital extranjero y mano de obra argentina, entre exportaci�n de productos agropecuarios e importaci�n de productos industriales. Para forzar un cambio en la econom�a que permitiera iniciar un proceso de desarrollo aut�nomo era necesario quebrantar los tradicionales v�nculos entre la clase alta nacional y el capital extranjero, y remplazarlos por una nueva fuerza econ�mica conductora. Como ninguno de los restantes grupos y estratos estaba en condiciones de desplazar a la clase alta de su posici�n dominante, el impulso decisivo deb�a partir del sistema pol�tico, es decir del gobierno. Esto explica la intensa intervenci�n estatal en el proceso econ�mico durante los primeros a�os del gobierno de Per�n.
Este cambio de orientaci�n se puso de manifiesto con particular claridad en las medidas de protecci�n y est�mulo a la industria nacional. La industria argentina experiment� un considerable impulso al interrumpirse las importaciones de los pa�ses industrializados durante la guerra mundial. Sin embargo, influyentes grupos del sector agropecuario exig�an que al t�rmino de la guerra se desmontara la industria y que todas las fuerzas productivas se concentraran nuevamente en la explotaci�n de las riquezas �naturales� del pa�s, la agricultura y la ganader�a. Pero el gobierno no cedi� ante esas exigencias y protegi� a la industria contra la competencia extrajera que hab�a vuelto a fortificarse al terminar la guerra.
Las medidas de defensa y est�mulo de la industria no favorecieron a todas las empresas por igual. Se dio preferencia a aquellas que elaboraban materia prima nacional. Finalmente se concedi� la protecci�n estatal a las empresas que fabricaban material b�lico.
Uno de los principales argumentos en favor de la protecci�n a la industria nacional era el temor de que la rescisi�n del sector industrial trajera aparejado un brusco aumento de los �ndices de desocupaci�n y el peligro de trastornos sociales de gran trascendencia.
Por eso, la creaci�n de un mercado nacional estaba destinado a aflojar los estrechos lazos de la econom�a con otros pa�ses e inducir un desarrollo econ�mico aut�nomo, basado en las materias primas nacionales, impulsado por fuerzas nacionales y controlado por instancias nacionales.
De esa manera se rectificar�a la orientaci�n unilateral de la econom�a hacia una centralizaci�n en torno a Buenos Aires, hacia la producci�n de bienes agropecuarios y hacia la concentraci�n en grandes empresas, y se favorecer�a a las provincias mediterr�neas, a los restantes sectores de la econom�a y a la peque�a empresa. Finalmente, la industria se asegurar�a la ocupaci�n de las clases bajas, en r�pido crecimiento, cuyas necesidades de consumo beneficiar�an a la industria. Estos fueron los objetivos esenciales que persigui� el est�mulo del mercado interno por parte del gobierno. �C�mo reaccionaron los representantes de los diferentes sectores de la econom�a ante esta pol�tica?
La UIA recibi� con benepl�cito las leyes de protecci�n y fomento de la industria, pues �stas satisfac�an reclamos expuestos en vano por ella durante muchos a�os. Por fin el Estado conced�a al desarrollo industrial esa atenci�n que, a juicio de los dirigentes de la UIA, ya deber�a hab�rsele concedido desde la crisis mundial de 1930. Pero, por otro lado, exist�an una serie de razones por las cuales la Uni�n no pod�a ponerse abiertamente de parte del r�gimen. La m�s importante de estas razones era la pol�tica social progresista de Per�n. La UIA no cuestionaba la necesidad de las reformas sociales. Las objeciones estaban dirigidas fundamentalmente contra el estilo con el cual se aplicaban las reformas sociales y contra el reparto de los costos que ellas significaban. Los obreros, soliviantados por los discursos de Per�n, ya no se dar�an por satisfechos con las concesiones soportables para la econom�a, sino que exig�an cada vez m�s.
As� como la UIA adopt� una actitud mezcla de moderada aprobaci�n y de reserva cr�tica ante la nueva pol�tica econ�mica y social, los grandes propietarios rurales la rechazaron sin reservas. La Sociedad Rural discuti� la necesidad de mejorar la situaci�n de los colonos y de los trabajadores rurales. Consideraba que al encasillar en leyes las relaciones de trabajo se romper�a la tradicional armon�a entre terratenientes y peonada, y se�alaba que -a diferencia del trabajo industrial- las tareas rurales no pueden medirse en horas sino que suponen una cierta flexibilidad por parte del trabajador. Los estancieros ve�an en el gobierno a su principal enemigo, al cual s�lo hac�an concesiones cuando se ve�an forzados a ello.
La resistencia de las organizaciones empresariales contra la nueva pol�tica social fue moderada durante los a�os 1943/44 y, algunas medidas de gobierno fueron incluso muy bien recibidas, pero las objeciones contra los procedimientos del Estado se acumularon en el a�o 1945. Existieron motivos econ�micos y sociales que indujeron a las organizaciones a oponerse cada vez m�s abiertamente a las medidas y disposiciones del gobierno. Las cr�ticas estaban dirigidas contra el estilo de gobierno dirigista cada vez m�s evidente que limitaba de manera sensible la libertad de acci�n del empresario; y a la pol�tica social progresista del gobierno, en la cual las clases acomodadas ve�an una amenaza de su patrimonio.
Las quejas m�s en�rgicas part�an de la asociaci�n de los industriales. Durante todo el a�o 1945, la revista de la UIA no contuvo m�s que objeciones a la pol�tica social del Estado (cont�nuos aumentos de salarios decretados y otros beneficios concedidos a los trabajadores, fijaci�n estatal de precios m�ximos para las mercader�as de primera necesidad, en defensa del consumidor, conceder a los trabajadores un sueldo complementario a fin de a�o). Las cr�ticas de la UIA culminaron con el reproche de que el gobierno estaba descuidando la industria e infligiendo as� grandes da�os a todo el pa�s. Entre las quejas de la UIA asomaba tambi�n a cada paso el tema de los recargos a la exportaci�n, destinados a defender el mercado interno. La Bolsa de Comercio, que trabajaba en estrecha colaboraci�n con la organizaci�n de los grandes agricultores, protestaba sobre todo por la creaci�n del IAPI, un instituto que desde 1945 controlaba la exportaci�n de trigo, ma�z y lino. Tambi�n protestaba contra la creciente influencia ejercida por los organismos oficiales sobre el comercio interior, a trav�s de la fijaci�n y control de precios m�ximos.
Las objeciones de los terratenientes al monopolio estatal de las exportaciones de cereales eran m�s en�rgicas, declaraban que los precios pagados por el IAPI apenas si alcanzaban a cubrir los costos de producci�n. Tambi�n se resist�a a aceptar la pr�rroga forzosa de los contratos de arrendamiento que imped�a el ajuste de los arriendos. La Sociedad Rural advert�a al gobierno que con esa nueva limitaci�n del derecho de propiedad estaba imponiendo una carga adicional a la producci�n agropecuaria, que hac�a imposible una explotaci�n rentable. A esto se sumaba la politizaci�n de los trabajadores rurales, que hab�a destruido la relaci�n solidaria entre el propietario y sus empleados. El estatuto del pe�n de campo tambi�n contribuir�a a endurecer las relaciones sociales en el campo y dadas las diferencias existentes entre las diversas regiones del pa�s su aplicaci�n indiscriminada pondr�a en peligro la existencia de muchos establecimientos peque�os. Estas organizaciones no hablaban en nombre de la mayor�a de los integrantes de un sector de la econom�a, sino que solo hac�an p�blica la opini�n de una minor�a. Esa limitada representatividad de las organizaciones, y su resistencia al r�gimen fueron la raz�n por la cual Per�n no demostr� inter�s en resolver su conflicto con ellos.
A fines de 1945, el enfrentamiento alcanz� su punto culminante, cuando las organizaciones empresariales, a la espera de un pronto cambio de gobierno -dada la proximidad de la elecciones- se permitieron protestas cada vez m�s violentas contra las medidas de Per�n. Al triunfar Per�n, por estrecho aunque claro margen, estas organizaciones debieron renunciar a sus esperanzas de un gobierno m�s inclinado a tener en cuenta sus intereses. Luego de la victoria electoral de Per�n, las organizaciones empresariales inician un paulatino viraje pol�tico.
Cada vez se van afirmando m�s las fuerzas que pugnan por una normalizaci�n de la relaciones con el gobierno. La raz�n decisiva del cambio de actitud de los grupos econ�micos m�s poderosos parecer�a haber sido, tambi�n en este caso de naturaleza econ�mica. En caso de un aislamiento voluntario, las organizaciones econ�micas habr�an perdido toda posibilidad de ejercer alguna influencia sobre los centros estatales de decisi�n. Eso no s�lo habr�a significado quedar excluidos de las subvenciones y de los patrocinios que Per�n hab�a distribuido con tanta generosidad durante sus primeros a�os de gobierno; tampoco habr�an podido exponer al gobierno sus preocupaciones ante determinadas medidas que pon�an en peligro sus derechos y sus intereses. El cambio de actitud no result� muy dif�cil, ya que Per�n no impuso exigencias demasiado grandes a las agrupaciones econ�micas.
El v�nculo entre esos elementos y las altas esferas gubernamentales se fue extrechando luego de la victoria electoral de Per�n, sin que por eso se constituyera inmediatamente una nueva organizaci�n en reemplazo de la UIA que hab�a sido intervenida.
Lo m�s arduo fue la conciliaci�n entre los terratenientes y el gobierno. La irritaci�n de los productores agropecuarios era muy l�gica puesto que su rama de la econom�a era la �nica sistem�ticamente descuidada por el gobierno. La tensiones entre Per�n y la SR se mantuvieron mientras el gobierno insisti� en su pol�tica perjudicial para los productores agropecuarios, hasta 1948/49 cuando el gobierno revi� poco a poco su pol�tica de apoyo unilateral a la industria y volvi� a conceder atenci�n al sector agropecuario.
La llamada burgues�a internacional por su estrecha vinculaci�n ideol�gica y econ�mica con el exterior siempre hab�a mantenido una actitud hostil al gobierno de Per�n. Aparte de ese grupo dominante, exist�a un sector minoritario, la llamada burgues�a nacional, que recibi� con benepl�cito la pol�tica econ�mica de Per�n y la apoy� sin reservas.
Las medidas de est�mulo y protecci�n adoptadas por Per�n no favorecieron a todos los industriales en la misma medida; beneficiaron sobre todo a los propietarios de establecimientos medianos y peque�os, instalados en las provincias cuyos productos satisfac�an las necesidades urgentes del mercado interno. La protecci�n brindada por el estado a la peque�a y mediana empresa del interior no se debi� tanto a la pol�tica de ese sector, como a la inciativa del gobierno que busc� el asesoramiento de algunos empresarios.
Luego de varios a�os de prosperidad econ�mica, hacia 1949 comienza a insinuarse una paralizaci�n de la econom�a. Por primera vez despu�s de mucho tiempo, el pa�s ten�a dificultades en su balanza de pagos y debi� solicitar un cr�dito considerable a los EEUU para saldar sus deudas por importaciones norteamericanas. Este proceso alcanz� su m�xima gravedad en el a�o 1952. A partir de entonces, el gobierno consigui� dominar poco a poco la crisis, y en 1955, al ser derrocado Per�n, la situaci�n se hab�a normalizado ya en gran parte.
Seg�n las publicaciones oficiales, la causa de esta peligrosa tendencia en la econom�a fueron factores ajenos ala influencia del gobierno. Se citaba el empeoramiento de los terms of trade para los productos agropecuarios en el mercado mundial; la exclusi�n de la Argentina del programa de ayuda a Europa organizado por los EEUU, el Plan Marshall; la inconvertibilidad del saldo activo en libras respecto a Gran Breta�a en un saldo activo en d�lares respecto a los EEUU, pa�s que por ese entonces era el principal proveedor de los bienes de importaci�n requeridos por la Argentina; el boicot a la Argentina de los centros econ�micos y financieros internacionales; y las repetidas sequ�as que hab�an perjudicado en gran medida a la agricultura del pa�s. El gobierno exager� la importancia de tales factores para disimular su propia responsabilidad.
S�lo una parte de los fondos destinados al fomento de la industria llegaba a emplearse para esos fines; as� la mitad se utilizaba para otros objetivos, sobre todo, para cubrir el d�ficit de las empresas del Estado. Esto era por la ausencia de instancias de control que vigilaran el mantenimiento y la aplicaci�n consecuente de las directivas emanadas de la c�spide pol�tica.
El principal reproche que se formulaba a Per�n es que su gobierno practic� una pol�tica de gastos que superaba en mucho las posibilidades econ�micas y financieras del pa�s, que el aumento de consumo inducido por ella no respond�a a un aumento de la producci�n, que solo contemplaba la distribuci�n de la riqueza nacional y descuidaba el crecimiento econ�mico. Otra de las cr�ticas formuladas al gobierno peronista fue que hab�a empleado los recursos estatales en forma unilateral para el fomento del consumo de la industria liviana y hab�a omitido crear el factor m�s importante para la independencia econ�mica: la industria pesada nacional. En lugar de utilizar la divisas para saldar las deudas con el exterior y dedicarlas a comprar los anticuados ferrocarriles brit�nicos, el gobierno debi� haberlas empleado en mejorar la provisi�n de energ�a, en mantener y mejorar la red de comunicaciones y en acelerar el desarrollo de la industria qu�mica metal�rgica.
Alrededor de 1950 se dio por terminada la primera fase de la sustituci�n de importaciones, en la cual se foment� de manera especial la producci�n nacional destinada a satisfacer las necesidades de consumo internas. Al comprender que de esa manera no se pod�a alcanzar la independencia econ�mica, del gobierno se hab�a visto enfrentado a una tarea mucho m�s dura, la de desarrollar una industria pesada nacional y una provisi�n aut�noma de energ�a. La crisis econ�mica sufrida por el pa�s entre 1949 y 1952 habr�a sido, fundamentalmente consecuencia de este paso de la primera a la segunda fase de la sustituci�n de importaciones.
En contraste con su anterior toma de partido en favor de la clase obrera, a partir de 1949 se inicia una pol�tica salarial restrictiva, y se exhort� constantemente al obrero a elevar la productividad y se procede son enorme rigor contra los huelguistas. Superado el punto m�s cr�tico, Per�n mostr� mayor comprensi�n y abertura hacia las demandas y aspiraciones de la clase baja; sin embargo, ya nunca volvi� a aquella defensa unilateral de sus intereses, que hab�a sido el rasgo caracter�stico de su pol�tica antes de la crisis econ�mica.
Con respecto a la agricultura, ya en el �49, el gobierno intent� recuperar la confianza de ese sector y estimular su productividad. Fij� de antemano los precios para la adquisici�n por parte del Estado de los productos agropecuarios, con el fin de permitir una planificaci�n racional de los cultivos; destin� fondos especiales para la importaci�n de maquinaria agr�cola; otorg� cr�ditos a los productores rurales; organiz� un servicio t�cnico especial para �stos y derog� gran parte de las disposiciones que limitaban la participaci�n del trabajador de campo en las tareas rurales. Durante los �ltimos a�os del gobierno de Per�n, el IAPI termin� por convertirse en una instituci�n protectora de los establecimientos del campo. Junto con el est�mulo del sector agropecuario se inici� una pol�tica m�s selectiva de apoyo a las empresas industriales.
El nuevo rumbo de la pol�tica econ�mica qued� resumido en el plan de emergencia de 1952, el plan estaba determinado por dos tendencias complementarias: por el objetivo de limitar en lo posible el consumo nacional; y por la disposici�n a estimular y apoyar alas fuerzas sociales productivas con mayor capacidad de rendimiento.
El Segundo Plan Quinquenal, demostraba que entre 1953 y 1957, el gobierno estaba dispuesto a desarrollar una industria pesada nacional y fuentes de energ�a independientes del exterior y a fomentar la producci�n de materia primas necesarias para una mayor expansi�n econ�mica. En adelante el estado dejar�a de intervenir en el proceso econ�mico y confiar�a el futuro desarrollo a la libre iniciativa de las fuerzas privadas. Sin embargo, Per�n no parec�a muy convencido de que las fuerzas productivas del pa�s pudieran acelerar por si solas la expansi�n econ�mica en la medida deseada.
Al analizar la estrategia de los grupos empresariales despu�s de 1950, es preciso establecer una distinci�n entre los tradicionales dirigentes de la econom�a, representados sobre todo por las organizaciones m�s antiguas, como la Sociedad Rural y la Bolsa de Comercio, y el sector minoritario de la burgues�a nacional que en esa �poca comenzaba a articular sus intereses.
La actitud de los 2 primeros sectores se caracterizaba por un creciente optimismo y una conciencia cada vez m�s clara de su importancia. Su comportamiento, con posterioridad a 1951, permite reconocer cu�n poco se hab�a modificado su actitud b�sica liberal durante la fase dirigista del gobierno. S�lo hab�a variado el tono con el cual expon�an sus argumentos. Pues as� como antes de 1950 no ve�an posibilidad alguna de evitar el control autoritario del gobierno, el viraje pol�tico que sigui� despert� en ellos la esperanza de que a la revisi�n de la pol�tica econ�mica siguiera un cambio fundamental de la situaci�n pol�tica, es decir, la ca�da de Per�n.
La situaci�n despu�s del �51 se caracteriza por el renovado triunfo de la burgues�a internacional y la p�rdida de influencia del empresariado que ten�a por meta el mercado interno. Pero, por otra parte, no debemos olvidar que durante los �ltimos a�os de gobierno peronista, la burgues�a nacional constituy� por primera vez una organizaci�n propia, la CGE (Confederaci�n General Econ�mica), a trav�s de la cual pod�a hacer llegar al gobierno y a los dem�s sectores de la econom�a sus exigencias y sus ideas. Pero las resoluciones de la CGE no se diferencian mucho de las aspiraciones y pretensiones expuestas al gobierno por la Bolsa de Comercio. El �nico punto en el cual sus ideas se apartan claramente de los puntos de vista de los c�rculos econ�micos tradicionales, es el referente a la descentralizaci�n de la estructura econ�mica, punto sobre el cual la CGE insist�a a cada paso.
Con posterioridad a 1952 se produjo un entrenamiento entre las fuerzas de la burgues�a nacional y las de la burgues�a internacional, que concluy� con la victoria de estas �ltimas. La influencia de Per�n sobre las instancias estatales decisivas, lo mismo que su prestigio y su capacidad de imponer sus aspiraciones en contra de la influencia de otros sectores de la econom�a no tuvo en ning�n momento la importancia que algunos autores le atribuyen. Lo que determina el curso de las relaciones entre el gobierno y los grupos de intereses econ�micos es, m�s bien, la conducta de las fuerzas tradicionales, las cuales luego de una actitud inicial indecisa, declaran la guerra al r�gimen en 1945, celebran un armisticio con �ste luego de la victoria electoral de Per�n y, a partir de 1952, no ven la hora de que el cambio en la pol�tica econ�mica sea seguido por un cambio en el poder, es decir por la ca�da de Per�n.