JAVIER GIRALDO / Jesuita colombiano

"Uribe está paramilitarizando sutilmente Colombia"

El País 22 de abril de 2004 Página 9

Elisa silió, Madrid/

A finales de los ochenta, el jesuita colombiano Javier Giraldo parti­cipó en el proceso que obligó al Estado de su país a reconocer la muerte de 100 personas en Trujillo a manos de soldados y policías. Ahora confía en que "las matan­zas" durante el Gobierno de Alva­ro Uribe no queden impunes. An­tes de diciembre de 2005, 13.000 paramilitares se han comprometi­do a dejar las armas, pero Giraldo, vicepresidente de la Liga Interna­cional por los Derechos de los Pue­blos, asegura que su número va a más. Lo indican las cifras de un banco de datos sobre las muertes violentas en Colombia que elabo­ra desde hace 15 años la oficina de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Educación Popu­lar que él dirigió. Denuncia que allí no le dejan informar y ha apro­vechado su paso por Madrid para recoger el Premio Juan María Bandrés, que le ha concedido la Comi­sión Española de Ayuda al Refu­giado (CEAR), para denunciar lo que ocurre.

"El Gobierno de Uribe ha tra­zado una estrategia de paramilitarización muy sutil: la seguridad democrática. Dice que es para los sindicalistas, los defensores de los derechos humanos, los indíge­nas... pero en la práctica éstos es­tán desprotegidos", argumenta. "Se han multiplicado las detencio­nes arbitrarias, las acusaciones, las capturas y los procesos por delitos supuestamente políticos con méto­dos que no permiten defenderse". "Uribe habló de la posibilidad de tener un millón de informantes y hace pocos días se hablaba de dos millones. Son pagados por el Gobierno y eso rompe con la mo­ral de la información", reflexiona. "Un desempleado encuentra que si acusa a su vecino de guerrillero se puede ganar algo para comer. Son informaciones que no son eva­luadas con seriedad". Se detiene a hablar con pasión de un pueblo "heroico", San José de Apartado.

"En marzo del 97 se declaró como una comunidad de paz en una zo­na de lucha entre la guerrilla y los paramilitares", explica. "Idearon un reglamento en el que se compro­meten a no vender alimentos a los bandos, a no permitir las armas e incluso a no consumir alcohol pa­ra no dar información borrachos". Giraldo sostiene que Uribe, gober­nador en esa época de Antioquia, donde se encuentra la comunidad, se enfrentó al obispo al pretender el político que la localidad de 3.000 personas rompiera sus la­zos con la guerrilla y aceptase la presencia del Ejército. Desde en­tonces, dice, su vida es un infierno. "Ya van 135 muertos. Les han mandado 80 mensajes en los que les dicen que van a destruir la co­munidad", señala. Cuarenta de ellos, afirma, han sido torturados para que inculpasen a los líderes de la comunidad como guerrille­ros, "cosa que es falsa", y en no­viembre de 2002, el Ejército asesi­nó a cinco conductores que les lle­vaban comida para que nadie se atreviese a abastecerles. Ahora, re­marca, son autosuficientes y no pueden comerciar su cacao por­que se les acusa de pertenecer a la guerrilla. Se alarma" las encuestas hablan de un 80% de popularidad de Uribe. ¿Cómo las hacen? Uno ve la gente sometida a una depre­sión sin precedentes y se dice: “¿Có­mo un pueblo es tan masoquista de apoyar lo que destruye?”