Articulo 1

La pregunta que formuló en clase el Sr. Nieto Roca resultó tan interesante que decidí continuar investigando. Por esa razón decidí entrar en la página web de la Supersociedades, donde encontré el concepto que le adjunto, Cordial Saludo

220-11816, febrero 20 de 2003

Asunto: Normas imperativas y supletorias - Consecuencias de la extralimitación de la capacidad - Responsabilidades.

Me refiero a su comunicación radicada con el número 2003-01-008533, por medio de la cual realiza la siguiente consulta:

"Las sociedades comerciales cuentan con los diferentes órganos de administración, según el tipo societario a que correspondan y de acuerdo con lo previsto en los artículos 187, 419 y s.s. del C. Co. y sus estatutos:

1.       Cómo se pueden clasificar estas normas (imperativas, permisivas) etc ?

2.       Así las cosas, que sucede cuando los órganos de administración por cualquier circunstancia extralimitan el margen de la ley y de sus estatutos sociales:

a)      Son validas esas decisiones.

b)      Dichas decisiones serían ineficaces?

c)       Serían nulas ?

3.       Cuál es la capacidad o facultades de la sociedad, de la Asamblea General de Accionistas, de la Junta Directiva y de la Representación Legal?

4.       Que efectos producirán los negocios jurídicos realizados con base en estas decisiones ante la sociedad, los terceros contratantes y ante los accionistas?

Lo anterior a la luz de los postulados contenidos en la Circular Externa # 09 de 1997 y la nueva normatividad legal existente".

Sea lo primero manifestarle que las inquietudes por usted planteadas, con fines académicos o profesionales, se encuentran consagradas en disposiciones legales e igualmente estudiadas por reconocidos tratadistas colombianos, entre los cuales tenemos a los profesores Gabino Pinzón y José Ignacio Narváez, así como por diversos pronunciamientos proferidos por esta entidad, tanto en oficios como en Circulares Externas, amén de que usted como profesional del derecho y conocedor del derecho mercantil, donde posee una larga experiencia en su ejercicio, conoce el tratamiento aplicable a cada una de ellas y por tanto, resulta innecesario, por no decir lo menos, entrar en profundas consideraciones al respecto.

No obstante lo anterior, en términos generales, es preciso tener en cuenta que en el Código de Comercio, los diversos tipos societarios se encuentran debidamente regulados, en donde de manera clara y expresa se consagra la forma como deben constituirse, los órganos que los conforman y las funciones de los mismos y por tanto, las normas mínimas que los regulan son de carácter imperativo y por ende  de obligatorio cumplimiento, entre otras, la que regula el número mínimo de asociados que se requieren para la constitución de una sociedad anónima (artículo 374 del Código de Comercio), el máximo de sus integrantes, como en el caso de las sociedades de responsabilidad limitada (artículo 356 ibidem) y normas supletorias como son las relacionadas con las mayorías que se requieren para reformar los estatutos sociales.

Tenemos entonces como se encuentran a lo largo de la legislación mercantil, normas que deben ser necesariamente aplicadas y normas que conceden la posibilidad o no de someterlas a la autonomía de la voluntad privada, basta realizar un estudio sobre las mismas para verificar cual es su correcta aplicación.

En cuanto hace con los órganos de administración que se extralimitan en el ejercicio de sus funciones, entendiendo como tales a los órganos sociales, llámense asamblea general de accionistas, junta de socios y juntas directivas, así como a los administradores de la compañía a los que se refiere el artículo 22 de la ley 222 de 1995, debe afirmarse que la Circular Externa No 09 de 1997, expedida por esta Superintendencia y a la cual hace mención en su escrito, estableció pautas de manera claras y concretas, en cuanto hace con las actuaciones que les incumbe a quienes actúan en representación de la sociedad y de cara a las consecuencias que sus actuaciones puedan acarrear.

En relación con las actuaciones de los órganos sociales,  debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 190 del Código de Comercio, en lo referente a las reuniones que realicen los máximos órganos en contravención a los artículos allí contemplados, en donde se indican las sanciones correspondientes. En lo concerniente a las responsabilidades y consecuencias que conllevan las actuaciones de los administradores, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 24 de la ley 222 citada.

En lo que hace referencia a la capacidad de que goza la sociedad, es preciso destacar que ella esta dada por las actividades previstas en el objeto social de la compañía. El artículo 99 del Código de Comercio consagra lo siguiente:

"La capacidad de la sociedad se circunscribirá al desarrollo de la empresa o actividad prevista en su objeto. Se entienden incluidos en el objeto social los actos directamente relacionados con el mismo y los que tengan como finalidad ejercer los derechos o cumplir las obligaciones, legal o convencionalmente derivados de la existencia y actividad de la sociedad".

Lo anterior nos lleva a concluir de manera contundente, que cualquier exceso en el limite de la capacidad que tenga la sociedad, es violatorio de los estatutos sociales y por ende, compromete la responsabilidad de los administradores, no sin dejar de ver que la sociedad solo se obliga por las operaciones realizadas siempre y cuando correspondan a su objeto social. Valga traer a colación lo que sobre el particular consagra la denominada "Doctrina del ultra vires":

".......Con la expresión ultra vires se designa un sistema jurídico de ámbito variable en la doctrina y en el derecho positivo. Puede, sin embargo caracterizarse en su aplicación más amplia diciendo que la actividad indicada en el acto constitutivo representa un límite, no sólo al poder de los administradores, sino también a la misma capacidad de la sociedad, determinando como consecuencia que los actos extraños al objeto social son insanablemente nulos, aun cuando el cumplimiento de los mismos haya sido decidido por el acuerdo unánime de los socios".

".......lo esencial de la doctrina consiste pues en sostener que de la atribución de una "personalidad jurídica" no deriva una imputabilidad diferenciada general, sino por el contrario y en razón de la especifica naturaleza que ella reviste como "persona jurídica", una imputabilidad propia y circunscrita a la actividad para la que ella ha sido constituida, y para la que, precisamente, le ha reconocido el ordenamiento jurídico una especifica titularidad de derechos y obligaciones. La relación personalidad objeto resulta tan intima, tan condicionada, que sea ligazón estructurante no puede quedar desvirtuada ni siquiera en el caso que una asamblea unánime ratificará un vínculo jurídico constituido en trascendencia, en ultra vires del objeto social. El argumento no se presentó empero como aplicación de una abstracción teórica a la que resulta poco proclive el jurista ingles, sino más bien en cumplimiento de una medida de protección debida al accionista frente al poder de los administradores" (Colombres, R Gervasio-Curso de Derecho Societario, parte general, Buenos Aires - Abeledo Perrot 1972, paginas 105 y 106, contenido en el Libro Doctrinas y Conceptos Jurídicos 1995- Superintendencia de Sociedades, pagina 343 y 344).

Finalmente, es preciso tener en cuenta que a mas de las responsabilidades que le incumben a los administradores al excederse en el desarrollo del objeto social, y que traen consecuencias dentro del ámbito societario, bien pueden derivarse otras consecuencias frente a la normatividad civil, laboral o penal, las cuales solo se determinan en cada caso en concreto.