| Regresar | LA ALTERNATIVA EMERGENTE Primer proyecto de Tesis Política
del siglo XXI |
| PRESENTACIÓN En Visión Emergente estamos convencidos de que Venezuela necesita urgentemente una alternativa política que pueda llevar adelante un cambio drástico que nos permita avanzar como país. Para ello es necesario que esta nueva opción ejecute políticas orientadas en un sentido absolutamente distinto al que imperó bajo el dominio de los partidos tradicionales que gobernaron hasta 1998, y al que prevalece en el actual régimen semi-autoritario que controla el poder desde entonces. La realidad es que ninguno de los dos modelos ha resuelto los problemas públicos de mayor importancia, y por ello nuestra población ha vivido una frustración tras otra. Esta Asociación Civil realizó su primer acto público hace dos años, exactamente el 26 de junio de 1999, y ya para ese entonces contábamos con un primer borrador de ideas para la discusión, a partir del cual empezamos a construir una visión compartida de país. Ese primer instrumento de trabajo, sin embargo, fue poco discutido a lo largo de 1999, ya que apenas salimos a la opinión pública nos involucramos en forma muy activa en la dinámica política nacional, sin que ello haya significado el abandono de lo temático. Por el contrario, nuestra actividad más importante de ese año fue la elaboración, presentación y difusión del "Proyecto de Democratización de la Industria Petrolera Venezolana", el cual sometimos a consideración de la Asamblea Nacional Constituyente. Luego de ello, sentimos la necesidad de participar en los acontecimientos trascendentales que estaban ocurriendo en la nación, por lo que tomamos parte activa en episodios como la campaña por el NO en el referéndum aprobatorio de la nueva Constitución, la acción de nulidad contra el decreto que convocó a elecciones fuera del lapso legal, y las denuncias de irregularidades en el proceso comicial del 30 de julio de 2000. Afortunadamente, luego de esto último, retomamos la discusión de este documento, sin apartarnos de la lucha que se libra día a día para impedir que en Venezuela se instaure un régimen totalitario que cercene nuestra libertad. Retomada la discusión, hemos debatido intensamente en los últimos diez meses hasta llegar a la propuesta que hoy colocamos en sus manos, en un momento en el que además muchos alertan sobre la posibilidad de un colapso institucional. Aún así, la misma tiene sólo carácter de proyecto (primero del siglo XXI formalmente presentado en nuestro país), ya que a partir de ahora daremos inicio a una discusión abierta hacia la sociedad venezolana, de la cual saldrán los insumos definitivos con los cuales se estructurará la versión final de nuestra tesis, y que pretende ser la base doctrinaria de una nueva organización política moderna y democrática. Finalmente, bien merece la pena explicarle al lector que
Visión Emergente no se ha Cipriano Heredia, Presidente |
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| CONTENIDO | I.NUESTRA
VENEZUELA 1) El intervencionismo estatal y la tradición corporativista como generadores de pobreza. 2) El declive de la democracia. 3) El reto que se nos plantea. II. OBJETIVOS Y LINEAMIENTOS GENERALES DE ACCIÓN POLÍTICA 1) Crear espacios para la acción productiva de los venezolanos 2) Profundizar la democracia como sistema de organización social... III.- BASES PROGRAMÁTICAS para lograr el cambio para avanzar 1) Profundizar el régimen de libertades y fomentar la construcción de una verdadera ciudadanía 2) Aumentar y consolidar los mecanismos a través de los cuales se expresa la democracia... 3) Reformar el régimen de la propiedad pública, desmontando el petro-Estado... 4) Fortalecer la libertad contractual, la propiedad privada y la libertad de trabajo... 5) Robustecer las capacidades de regulación estatal eficiente... 6) Estimular el civismo y la capacidad del venezolano a través de condiciones... 7) Fomentar la productividad a través del apoyo racional del Estado a la actividad empresarial 8) Tomar parte en la globalización mundial asegurando... IV.- El momento es ahora Participantes |
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I.- Nuestra Venezuela A pesar de su indiscutible potencial, está a la vista que el
desempeño colectivo de Ahora bien, estos elementos son la expresión actual de una realidad que tiene raíces muy profundas, que los venezolanos hemos sido hasta ahora incapaces de superar. Nuestro pobre desempeño económico, político y social es consecuencia de algunos valores culturales que tenemos arraigados como pueblo y de las instituciones fundacionales y consolidadas en Venezuela a lo largo de su historia (entendiendo éstas en su sentido amplio, es decir, como sinónimo de las bases y reglas sobre las cuales funciona el colectivo). De esta combinación deriva nuestra forma de entender y asumir la vida en sociedad desde diversos ángulos, siendo nuestra la responsabilidad de no haber tomado hasta el presente un rumbo alternativo que produzca resultados distintos, por lo que nos proponemos saldar esa deuda con nuestro país. |
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1) El intervencionismo estatal y la tradición corporativista como generadores de pobreza El primer paso para la construcción del futuro es entender el pasado y el presente. Las instituciones venezolanas están determinadas en forma genérica por el centralismo y una limitada estructura de los derechos de propiedad efectivamente vigentes en nuestro país, más allá de lo formalmente establecido en códigos, leyes y constituciones. Nuestro desarrollo institucional está íntimamente ligado al intervencionismo estatal y a una tradición corporativista empobrecedores, que arrastramos desde hace muchos años y que se exacerbaron con la presencia de la renta petrolera. Esto puede resumirse en la estructuración de un Estado
omnipresente, que determina las relaciones económicas e interviene directamente en ellas,
y en la acción corporativa de algunos gremios, asociaciones y grupos de presión,
hábilmente asociados a los intereses de autócratas, caudillos y dirigentes partidistas,
que han impedido que el Estado pueda administrar el Bien Común. En su lugar, el Estado
venezolano ha sido estructuralmente débil e incapaz de arbitrar entre estos intereses
para identificar, y menos aún para ejecutar, objetivos genuinos de interés social. Esto
ha dado como resultado que buena parte de la agenda pública termine siendo ejecutada por
un Estado ineficaz y dictada en muchos casos por los poderosos intereses grupales e
individuales (oligarquía, caudillos, partidos), que son los que en última instancia
toman las decisiones de mayor trascendencia, incluyendo qué, cuánto y cómo producir, y
a quiénes repartir La sustitución de este modelo de subdesarrollo, inicialmente agrario, por uno petrolero durante el siglo XX, no alteró nuestra estructura institucional empobrecedora, simplemente cambió nuestro sector de exportación, pero sí generó una nueva realidad que ha tenido consecuencias nefastas para el país: el petro-Estado. En efecto, la inmensa y creciente renta que empezó a percibir el Estado proveniente de los hidrocarburos, aumentó su autonomía financiera, lo que se fue traduciendo en un crecimiento sostenido de su tamaño y de su disposición para intervenir en distintas áreas de la economía, lo cual ha alcanzado dimensiones desproporcionadas a raíz de la estatización (mal llamada "nacionalización") de la industria petrolera, ejecutada en detrimento de los ciudadanos, quienes no pueden invertir en la principal industria del país. Paralelamente, el Estado permanece dominado por grupos de interés que influyen decisivamente sobre el Poder, los cuales, basados en el esquema imperante de derechos de propiedad, logran privilegios sectoriales también en perjuicio del interés y los derechos de los ciudadanos, individual y colectivamente considerados. La debilidad institucional del Estado para lidiar con estos intereses grupales y armonizarlos con los del colectivo, fortaleció la cultura socio-económica eminentemente corporativista, donde la renta social se ha distribuido, no conforme a criterios de equidad o de eficiencia económica, sino con base en el poder de negociación de los diferentes grupos y actores sociales. De esta manera, se ha estructurado un sistema empobrecedor de la sociedad donde se premia a quien posee más poder político y no a quien tiene más capacidad de crear, de innovar, o de producir. La versión moderna de esta situación ha sido identificada en el campo de los estudios políticos como "sistema semi-corporativo de representación", o como "sistema de negociación social", nombres que explican muy gráficamente la forma como determinados grupos de interés han tenido la posibilidad de influir sobre los asuntos públicos para su conveniencia a través de mecanismos e instancias muchas veces situados al margen del marco jurídico-institucional regular. Claro está, en democracia, el pacto de élites debe gozar del respaldo popular, por lo que los gobiernos y el corporativismo han desarrollado en forma paralela una vertiente para lograr ese objetivo, dando lugar a un esquema de repartición de dádivas que a su vez ha servido de fuente de apoyo electoral, identificado como "sistema populista de conciliación". En ese sentido, a pesar de los avances obtenidos en el campo político que analizamos más adelante, podemos afirmar que poco cambió el terreno institucional a partir de 1958, y menos aún ha cambiado con el relevo dirigencial ocurrido en 1999. En el fondo, Venezuela continúa siendo un país cerrado a las oportunidades y a la creatividad personal, manejado por un Estado hipertrofiado, corrupto e incapaz, y por camarillas enclavadas en los diferentes gobiernos, antes dirigidos por caudillos militares, y desde hace poco más de cuatro décadas por líderes políticos que han accedido al poder a través del voto popular. Así pues, la debilidad de las instituciones está asociada al carácter centralista, burocrático y omnipresente que asume la actividad del Estado ante la sociedad. Excusas ideológicas sustentaron esta exacerbación del poder central durante las últimas décadas, so pretexto de alcanzar la justicia social y el desarrollo de la industria nacional. Como es sabido, la renta petrolera ha permitido financiar en el último siglo el centralismo, el estatismo, el clientelismo y hasta la corrupción en todas sus manifestaciones. Se decía que, "sembrando el petróleo", la riqueza del subsuelo sería orientada por el Estado hacia la consecución de fines de desarrollo y el bienestar social. Estas interpretaciones de la realidad que apuntan a la necesidad de un Estado altamente intervencionista en el cuerpo social, o bien han sido reconocidas como erradas por las consecuencias que han producido, o bien han dejado de tener sentido en la medida en que las circunstancias históricas las han hecho obsoletas. Lo que se impone es una visión del Estado como expresión del colectivo, en cuanto suma de los ciudadanos que lo integran, el cual debe, por tanto, estar al servicio de éste. Esto es, un Estado que en vez de centralizar en torno a sí las capacidades de producción y decisión, pueda catalizar la capacidad productiva de los venezolanos. |
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2) El declive de la democracia A diferencia de otros países donde ocurrió al contrario, en Venezuela los partidos y otras organizaciones sociales forjaron la democracia, pero han sido igualmente los partidos los principales responsables del deterioro que viene sufriendo desde hace varios años la democracia y el Estado de Derecho que le es consustancial, al punto de haber generado situaciones que comprometen su propia supervivencia, como es el caso actual. En efecto, a la muerte de Juan Vicente Gómez, nuestro país no tenía partidos, ni federaciones sindicales, ni gremios organizados. La aparición de este tipo de organizaciones durante el segundo lustro de los años treinta, constituyó el principal hecho que condujo al advenimiento del primer intento democrático en Venezuela una década más tarde. Sin embargo, así como los partidos emergentes de la época contaban con grandes ventajas, también carecían de condiciones muy importantes. En líneas generales, su principal fortaleza radicaba en que llenaron un enorme vacío en una sociedad sedienta de una representación efectiva, para lo cual además tomaron banderas muy elementales, que encarnaban los clamores colectivos de la época. Por otro lado, su debilidad general derivaba de su inexperiencia y falta de prudencia, lo que los llevó a actuar en forma arrogante, sectaria e inconveniente, tanto en la oposición como en el ejercicio del gobierno. Así, el llamado "canibalismo político", fue la principal causa por la cual no pudo consolidarse la primera experiencia democrática que vivió el país entre 1946 y 1948. Habiendo aprendido duras lecciones bajo una brutal dictadura, la caída de Pérez Jiménez fue aprovechada como una segunda oportunidad para construir un sistema democrático. A partir de 1958 se corrigieron muchos de los errores anteriores y se produjo una agenda común entre los partidos comprometidos con un régimen de libertades, pudiéndose así prevenir un nuevo fracaso, a pesar de las constantes amenazas de los grupos extremistas, principalmente la de la guerrilla Castro-comunista. Surgió así el modelo que ordinariamente se conoce como "puntofijista", el cual se consolidó en la medida en que fueron siendo derrotados política y militarmente sus enemigos radicales, y en que el sistema fue fortaleciendo sus bases de sustentación y mecanismos operativos. Así, los partidos políticos entraron en una etapa diferente, en la cual pasaron a ser las instituciones centrales del sistema. Más aún, debido a las amenazas permanentes que enfrentó la democracia en sus inicios, se tomó como normal, e incluso se estimuló, que los partidos controlaran la sociedad y el Estado a sus anchas, manipulándolos a su voluntad. Esto trajo como consecuencia que surgiera una "partidocracia", en lugar de un sistema de partidos normal. Por ello, la figura del partido como principal actor de la sociedad y el excesivo clientelismo a través del Estado, se convirtieron en características sobresalientes del "puntofijismo". Para más colmo, los partidos habían adoptado desde sus inicios un modelo rígido de inspiración leninista, castradora del potencial creativo y desarrollo intelectual de los ciudadanos que se arroparon con sus banderas, imponiendo además una férrea disciplina. Por otra parte, manejando el mismo razonamiento de no abrir espacios por los cuales pudieran ganar terreno los enemigos de la democracia, supuestos o reales, el centralismo político tomó nuevos bríos a partir de 1958. El poder se concentró en la práctica en las manos del Presidente de la República y del Ejecutivo Nacional, quienes a su vez tomaban decisiones en consulta con los altos mandos de los partidos dominantes. A tal extremo se llevó esta concentración de poder, que fue sólo en 1989 cuando se hizo realidad la posibilidad de escoger directamente a los Gobernadores de Estado y sancionar una ley de descentralización, algo que estaba previsto en la Constitución de 1961. Esto afectó sin duda de manera sensible el desarrollo de las regiones, las cuales dependían de la capital para atender sus problemas más inmediatos. Obviamente, a todas estas, los partidos y los gobernantes se consolidaban como principales repartidores de la renta petrolera, lo cual aumentaba su poder. Esta forma de estructurar el sistema político tenía sentido para sus arquitectos en los albores de la democracia, en virtud de su fragilidad y de los antecedentes más inmediatos. Sin embargo, las deficiencias y limitaciones implícitas en este modelo planteaban la necesidad de introducir importantes reformas en el corto y mediano plazo para adecuarlo a las exigencias de una sociedad moderna, pero esto no ocurrió. En realidad, todas las medidas tomadas entre 1959 y 1988 fueron superficiales o, si eran aparentemente estructurales, deliberadamente se evitó que produjeran algún cambio real. Podría pensarse en forma condescendiente que esa resistencia a implementar cambios reflejaba prudencia pero, al pasar el tiempo, tan excesiva negligencia sólo se explica por la existencia de una amplia red de intereses con la que estaban comprometidos quienes controlaban el poder. Dentro de ese contexto, podemos afirmar que cuando tuvieron lugar las elecciones nacionales de 1988, el régimen "puntofijista", que para entonces había estado en vigor durante tres décadas, se había deteriorado severamente: la economía estaba en una profunda crisis en virtud de la caída de los precios del petróleo ocurrida a mediados de esa misma década; las demandas para desmantelar el centralismo y a la vez reformar el sistema electoral estaban cobrando fuerza; los nuevos grupos independientes luchaban por abrirse espacios en una sociedad controlada por los partidos; un gran número de líderes políticos eran acusados de corrupción; los partidos dominantes parecían incapaces de producir una sola idea nueva para modernizar el país debido a su propio estancamiento moral, conceptual y programático; la colectividad en general demandaba mayor eficiencia de los servicios públicos; y los partidos minoritarios comenzaban a desafiar a Acción Democrática y a COPEI en muchos de sus espacios tradicionales. Una vez más el petróleo jugó un papel decisivo en la evolución de la política venezolana del siglo XX. En los comienzos de la democracia, éste le proporcionó al Estado los recursos necesarios para construir el modelo que las élites habían acordado. No obstante, en la década de los ochenta, se puso de manifiesto con especial crudeza el riesgo que significa depender únicamente de los ingresos petroleros. Durante muchos años, los gobiernos venezolanos han subordinado los presupuestos públicos al precio del petróleo, confiando en su solidez, cuando en realidad es un producto que se mueve dentro de un mercado inestable, sujeto a fluctuaciones que son determinadas por elementos internacionales difíciles, y a veces imposible, de controlar. Esa errada confianza, ha sido también la principal causa de nuestra falta de diversificación económica, del irresponsable incremento de la deuda pública externa y de la dificultad por consolidar fuentes financieras alternativas, como deberían ser las contribuciones de los ciudadanos con base a su capacidad económica. Dada la íntima relación que existía entre la riqueza petrolera y el control que los partidos ejercían sobre la sociedad, la disminución de los fondos públicos afectó directamente su capacidad de repartir dádivas. Bien podría decirse que los líderes del "puntofijismo" no sabían como hacer política sin tener las arcas del Estado llenas. En resumen, podemos afirmar que el criterio que mejor expresa la situación en la que se encontraba el orden establecido para finales de los años ochenta, es que tanto el sistema político como sus líderes estaban inmersos en una profunda y peligrosa crisis de legitimidad, que provocó a la postre una etapa de inestabilidad que aun no hemos podido superar. Esta situación ha sido tan grave, que el propio respaldo que la mayoría del pueblo venezolano demostró entusiastamente en el pasado hacia el sistema democrático, se ha visto en entredicho en diferentes episodios, toda vez que muchos trasladaron su descontento por los gobiernos y sus representantes hacia la propia democracia. Aunque bien la vale la pena resaltar al mismo tiempo, que más de cuatro décadas de libertades públicas, han sembrado conciencia democrática en vastos sectores de la sociedad. En virtud de todo lo anterior, durante los últimos doce
años hemos vivido una época de marchas y contramarchas, pero afortunadamente el hilo
constitucional no ha sido roto en forma violenta. En 1989 se inició un intento de
reformas que logró ciertos avances duraderos aunque con altibajos en el campo político y
algunos efímeros en el campo económico, pero la desilusión que causó el gobierno de la
época y su propia descomposición interna, la reacción de los intereses políticos y
económicos afectados, y el clima de insatisfacción y protesta que se propagó Desde 1999 hasta el presente el país ha permanecido bajo un clima de agresividad política y agitación constante. Los líderes del actual régimen han desplazado a la vieja dirigencia y han apelado a la consulta electoral permanente para introducir reformas que le permitan afianzar su poder, llegándose incluso a sancionar una nueva Constitución a finales de 1999. Este nuevo texto constitucional introdujo importantes reformas nominales en el campo de los derechos humanos, la participación ciudadana y la responsabilidad administrativa de los funcionarios públicos, que hasta ahora no se han cumplido, pero al mismo tiempo incorporó elementos dañinos para el equilibrio del Estado y perniciosos para un régimen de libertades, como lo es por ejemplo el aumento de las ya abundantes facultades del Presidente de la República, de las cuales se abusa a diario. En líneas generales, podemos afirmar entonces que la calidad de la democracia ha sufrido serios deterioros en los dos últimos años. Se ha puesto en marcha un régimen de tendencia totalitarista, irrespetuoso de la legalidad, que ha concentrado en manos del oficialismo el control de todos los poderes públicos e intenta hacer lo propio con la sociedad. Paralelamente, el poder civil ha sido subordinado al sector militar afecto al régimen, forzando al sector institucional y profesional de las fuerzas armadas a realizar funciones que no le son propias y obligándolo a fungir como un instrumento personal con fines proselitistas del Jefe del Estado. Y por último, los mecanismos propios de concertación y diálogo de las democracias, y el inquebrantable principio de respeto a las minorías, han prácticamente desaparecido. En resumidas cuentas, nuestra democracia, la cual ya era de por sí deficiente e insuficiente en la época del "puntofijismo", se ha restringido aún más bajo el actual régimen. Hemos pasado a la expresión más elemental de democracia, en la que apenas conservamos las libertades mínimas de expresión, asociación y sufragio, a veces también amenazadas. |
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3) El reto que se nos plantea Como hemos visto, el llamado "orden puntofijista" inaugurado en 1958 cumplió sólo parcialmente con las expectativas de progreso en Venezuela. Por un lado, ciertamente el país disfrutó por primera vez de un largo período de estabilidad política dentro de un régimen de libertades públicas, en el que se logró subordinar la fuerza armada al poder civil y se consolidó el voto popular como mecanismo de escogencia de los gobernantes. Pero por el otro lado, este modelo, lejos de estructurar un orden institucional orientado hacia la producción sostenible de riqueza por parte de los ciudadanos mediante un sólido respeto por la libertad individual, de profundizar la democracia, y de intentar generar una nueva escala de valores más allá del loable celo por el régimen de libertades políticas mínimas, llevó al máximo el intervencionismo estatal en la economía, reforzó la tradición institucional empobrecedora, exacerbó prácticas y creencias perversas, obstruyó o retardó importantes reformas políticas y económicas, y puso en riesgo la propia democracia, al punto que ha sido permanentemente amenazada en los últimos tiempos. De una u otra forma, las corrientes tradicionales socialdemócrata, socialcristiana y socialista en Venezuela, y más recientemente la autodenominada "revolucionaria", han compartido premisas interpretativas de la realidad que los han llevado a proponer la actuación del Estado en la sociedad como sustituta de la acción de la sociedad misma. Pero peor aún, a partir de 1999 muchos de los vicios se han acentuado, tal y como lo refleja el recrudecimiento del centralismo, la demagogia, el estatismo y el intervencionismo económico en contra del ciudadano, con el agravante de que el modelo actual está reñido en la realidad con muchos de los avances democráticos que se habían alcanzado en el pasado reciente, habiendo reducido la democracia en la práctica a una expresión básicamente electoral. No basta, sin embargo, con reconocer que Venezuela tiene, entre otros problemas, una grave situación de pobreza, una democracia endeble y una escala de valores que combinada con nuestro cuadro institucional nos impiden mejorar como pueblo. Más allá de ello, el hecho es que, ante las crecientes exigencias sociales, políticas y económicas, el país debe tomar un camino alternativo que le permita dar un cambio en positivo con miras a propiciar el crecimiento en todos los sentidos y a afianzar las libertades públicas. Nuestro reto por tanto es revertir la situación actual, impulsando un nuevo proyecto de país basado en criterios diferentes a los prevalecientes tanto en el modelo llamado "puntofijista" como en el actual autodenominado "revolucionario", ambos fracasados. A continuación los pilares de nuestra visión para afrontar dicho reto. |
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II.- Objetivos y Lineamientos Generales de Acción Política Para asumir con éxito el reto planteado, es preciso delinear primero qué es lo que esperamos lograr con el referido cambio drástico que proponemos, y cuáles son las directrices fundamentales de la acción política que hay que desplegar en consecuencia. En ese sentido, los objetivos generales son: 1) Generar e impulsar un modelo de desarrollo que fomente el empleo, estimule la creación de riqueza, y en definitiva mejore sustancialmente la calidad de vida de los venezolanos. 2) Consolidar una democracia integral, que vaya más allá del simple ejercicio de los derechos políticos mínimos, y en la que se respete el marco legal. Y en virtud de estos objetivos, los lineamientos fundamentales de nuestra actividad serán: 1) Crear espacios para la acción productiva de los venezolanos Este lineamiento tiene tres aspectos distintos. Los dos primeros son variantes de un mismo elemento que parte de la base de que sólo las sociedades que innovan pueden sobrevivir al cambio. Por ello es necesario facilitar el progreso económico creando condiciones institucionales para que los individuos exploten su talento descubriendo oportunidades de ganancias y de negocios que propicien el trabajo, la creatividad y la innovación. Así, por un lado, hay que eliminar trabas innecesarias a la creatividad y el talento, que actualmente conspiran contra la producción de riqueza y el desarrollo de las iniciativas privadas. Las sociedades son grandes foros de producción social de riqueza, en la medida que la acción del Estado (o de los grupos de interés que lo controlan) no se convierta en obstáculo para este fin. Y por otro lado, hay que dirigir la acción del Estado en forma proactiva a estimular las inversiones de los particulares con políticas claras, y a combatir y corregir las denominadas "fallas del mercado". El tercer aspecto parte de la base de que la concepción integral y ética del ser humano sugiere una actitud decidida a lograr un marco de igualdad de oportunidades para todos. Se requiere la construcción de capital humano, es decir, venezolanos capaces de contribuir a elevar la productividad social, provistos de acceso efectivo a los servicios de salud, educación y seguridad para desarrollar su vida cotidiana, así como a las oportunidades laborales y a un retiro decente. Un ciudadano sin estas garantías no puede participar en igualdad de condiciones en el proceso social, y por ello es indispensable invertir en diversos planes que propicien la nivelación, dentro de las posibilidades de talento y capacidad individual. La lucha por la igualdad de oportunidades viene a ser una expresión del intento por hacer real el principio de la simetría de todos los que integramos el cuerpo político de la sociedad, lo cual tiene un importante significado ético, y a su vez genera consecuencias trascendentales en los campos político, socio-económico y cultural de los pueblos. 2) Profundizar la democracia como sistema de organización social y fortalecer el Estado de derecho que le es propio La democracia es un modelo de convivencia social en el que todos los miembros de una comunidad son sujeto y objeto de las decisiones públicas que se adoptan dentro de un marco determinado de normas, que son respetadas por toda la sociedad y que el Estado está en la obligación de cumplir y hacer cumplir. Sin embargo, la democracia no es sólo eso, y por ello, a la hora de ponderarla debemos considerar los elementos a través de los cuales se manifiesta, y las razones por las cuales se ha visto amenazada en Venezuela en diversas oportunidades. Para Visión Emergente la democracia es también un valor fundamental e irrenunciable de los venezolanos, sobre el cual se constituye el sistema político y las relaciones económicas, se basa el Estado de derecho y se desarrolla la participación ciudadana. La democracia debe ser un método de interacción humana para dirimir conflictos y obtener soluciones, por lo que es fundamental el respeto a las minorías y la presencia permanente del diálogo y la tolerancia de manera firme, sobre todo de parte de quién ejerce el gobierno. Por todo ello, es una tarea primordial de nuestra propuesta luchar por el respeto a la legalidad y la vigencia del sistema democrático, pero al mismo tiempo se hace indispensable crear y/o profundizar mecanismos para su mejor funcionamiento. Sobre la base de estos lineamientos, pasamos ahora a enunciar los fundamentos de las políticas que según nuestro criterio hay que acometer para avanzar en la consecución de los fines más trascendentales. |
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III.- Bases Programáticas para lograr el cambio para avanzar Proponemos, en igual orden de prioridad, las siguientes bases programáticas, las cuales no están agrupadas en torno a los lineamientos establecidos, ya que algunas de ellas desarrollan más de uno a la vez. 1) Profundizar el régimen de libertades y fomentar la construcción de una verdadera ciudadanía No siempre la distinción entre un sistema de sufragio y un sistema de genuinas libertades ha sido claramente definida, y de hecho, tiende a confundirse. En Venezuela, por ejemplo, se iguala constantemente la existencia de un sistema de libertades políticas con uno de libertades individuales, mediante el ejercicio del sufragio electoral, sin considerar que el ejercicio ulterior del Poder por parte de las autoridades designadas debe estar sujeto a las restricciones que impone la condición individual. Por esta confusión fue posible que en Venezuela permanecieran suspendidas las libertades económicas individuales durante tres décadas (1961-1991), sin que hubiera mayor controversia sobre tal hecho, ni se objetara por ello el carácter democrático del sistema. Actualmente, la confusión se ha agravado aún más, toda vez que se ha usado el instrumento del sufragio incluso para intentar cercenar las libertades individuales. La democracia opera bajo la regla de la mayoría, en el sentido de que los gobiernos surgen y las decisiones se asumen sobre la base del voto de ésta, pero ello no puede significar en modo alguno la posibilidad de que, en nombre de esa mayoría, se coarte el sistema de libertades, esencia de la democracia. En otras palabras, la democracia no puede tolerar que a través de supuestos métodos democráticos se acabe con ella. Por ello, el respeto a los derechos de las minorías es un principio sustantivo dentro de un sistema en el que el concepto de pueblo soberano incluye a todas las personas por igual, lo cual a su vez es la base para el libre debate de ideas y la tolerancia a la disidencia. Para que el sistema democrático sea legítimo es preciso que esté orientado en última instancia a defender un cúmulo de libertades esenciales a todo ser humano. Estas libertades son aquellas que permiten a los ciudadanos ejercer plenamente sus derechos y alcanzar el máximo de su potencialidad con sus propios medios y con aquellos que la sociedad moderna tiene que poner a su disposición. Así pues, es preciso conciliar el concepto de soberanía con el espíritu democrático que supone, entre otras cosas, un Estado de derecho efectivo y lo suficientemente fuerte para soportar en el tiempo el principio de las mayorías cambiantes, propio del sistema democrático. Por otro lado, la autonomía, fortalecimiento y separación de los poderes públicos debe profundizarse como única garantía para un ejercicio limitado y controlado del Poder, destacando dentro de este principio el necesario mejoramiento del sistema judicial en Venezuela, para hacerlo creíble, honesto y moderno, ya que esta rama es la que en definitiva tiene la potestad de dirimir los conflictos, aplicar las leyes, brindar seguridad jurídica a los ciudadanos, y asegurar la responsabilidad plena y requerible por sus actos de quienes ejerzan funciones públicas. Sin embargo, una de las trabas más importantes que encuentra el desarrollo pleno de las libertades públicas y la defensa del Estado de derecho, es la falta de comprensión del origen de los problemas que afectan a la sociedad y como superarlos, carencia esta que hace además a los individuos presa fácil de la manipulación. Por ello, para lograr transitar exitosamente hacia el progreso, es preciso diseñar una estrategia adecuada para educar a la mayoría, mediante métodos que le permitan, además de asimilar nuevos valores culturales desde temprana edad, identificar el origen de su pobreza, del estancamiento institucional y de la baja calidad del sistema democrático, así como las posibilidades que tienen para revertir esta situación. Es imposible concebir el cambio institucional, el avance cultural y el mejoramiento de la democracia sin la participación del pueblo, expresado en una alianza policlasista. Este esfuerzo indispensable por educar a la mayoría, se enmarca a su vez dentro de una tarea aun más trascendental, como lo es la construcción de la ciudadanía. La edificación de un régimen de libertades exige la existencia de ciudadanos, es decir, individuos que se entiendan a sí mismos como sujetos y objetos de la acción pública, como titulares de derechos exigibles y de deberes fundamentales inalienables. En este sentido, son muchos los elementos que se encuentran arraigados en la cultura del venezolano, que impiden el desarrollo de verdaderos ciudadanos, tales como el utilitarismo inmediatista, la dependencia de la renta petrolera, la despreocupación por los asuntos públicos, el alto grado de influencia que se le atribuye a los factores externos sobre la suerte personal, el mesianismo, la fragilidad y volatilidad de la opinión política, y cierta tendencia al autoritarismo bajo determinadas circunstancias. Para lograr conformar una sociedad de ciudadanos, es necesario sustituir esos valores por otros más ligados a la productividad y al ejercicio de la libertad, lo cual involucra derechos y deberes por igual. En este sentido la educación, desde la familia y a través del sistema formal, vuelve a tener un peso fundamental. 2) Aumentar y consolidar los mecanismos a través de los cuales se expresa la democracia para mejorar su calidad La transición hacia la democracia en Venezuela es un
modelo de estudio en las academias de estudios políticos a nivel internacional. Sin
embargo, como vimos anteriormente, las ventajas obtenidas de esa transición exitosa no
fueron transformadas en instrumentos para garantizar la estabilidad del sistema, ya que no
se adoptaron a tiempo las necesarias reformas que permitirían adaptar el modelo
democrático a las exigencias de los nuevos tiempos. Dichas reformas se han ido dando en
forma lenta y a veces superficial, más forzadas por los acontecimientos y las Desde nuestra óptica, además de los aspectos ya indicados que tienen que ver con un concepto amplio de democracia, el sistema político necesita aumentar y profundizar los mecanismos a través de los cuales funciona, para así mejorar su calidad. Por ello consideramos indispensable ahondar sobre puntos como la descentralización, los canales de participación directa con que cuenta la población, y el tipo de sistema electoral que tenemos, entre muchos otros tópicos que son importantes para el sistema. En cuanto a la descentralización, mediante la cual se acercan las instancias de decisión y ejecución al ciudadano común, se hace necesario fortalecer los mecanismos y las áreas de transferencia a los entes regionales y municipales, ayudando así a la mejor organización de la gestión pública, pero por encima de todo está la necesidad imperiosa de otorgarle a los estados autonomía financiera, única forma de cortar la dependencia que actualmente mantienen del poder central. En ese sentido, podrían explorarse varias alternativas, pero la más lógica es aumentar su capacidad tributaria, la cual debe estar obviamente en armonía con la de los demás entes territoriales, para evitar la sobrecarga impositiva a los contribuyentes. Igualmente, aunque en ese sentido la situación del Municipio es distinta, éste debe ser fortalecido aún más desde diversos aspectos, ya que es el ente de poder más inmediato para el ciudadano común, y por lo tanto el que debe tener mayor capacidad de respuesta. Por otro lado, es innegable que la Constitución de 1999 contiene importantes avances nominales en materia de participación ciudadana, tales como la institucionalización de los referenda, la previsión del derecho a exigir cuentas de los funcionarios públicos y la obligación de éstos de rendirla, y la designación de los altos funcionarios del Estado que no son electos popularmente a través de procedimientos que involucran a los sectores representativos de la sociedad. Sin embargo, todas estas normas son aún endebles y de hecho algunas han sido ya burladas por sus propios creadores a la hora de ponerlas en práctica, por lo que necesitan un desarrollo legal e institucional que garantice su efectivo cumplimiento. Por último, la legislación electoral en Venezuela es
absolutamente inestable. Prácticamente se ha sancionado una nueva ley por cada proceso
electoral efectuado en los últimos doce años, y en cada una de ellas se ha ensayado una
variante distinta dentro de la gama de sistemas electorales que existen. Es necesario por
tanto consolidar un método justo de elección, que no sea producto de las necesidades
puntuales de los que accidentalmente dominan 3) Reformar el régimen de la propiedad pública, desmontando el petro-Estado y asignando derechos sobre la riqueza actualmente estatizada. Ante la necesidad de crear espacios para la acción productiva del venezolano y de generar las condiciones para lograr el crecimiento de una serie de actividades económicas, se hace indispensable afianzar el retiro del Estado como ente empresarial directo. Esto se desprende de varios hechos, de los cuales vale la pena mencionar algunos, así como señalar los beneficios que como país obtendremos al profundizar esta política que hasta el presente ha sido inestable y polémica. En primer lugar, hay que señalar que el Estado ha mantenido por mucho tiempo en Venezuela una actividad económica que no es acorde con sus funciones, con lo cual, además de limitar la acción de los particulares, desvía recursos públicos que bien pudieran ser utilizados en atender los sectores que requieren su atención. Para construir un Estado eficiente hay que reducir su tamaño y concentrar el gasto público básicamente en las áreas vinculadas al desarrollo social, la seguridad, la administración de justicia y las propias de su carácter regulador. Para ello, debe profundizarse la apertura a la participación privada de las empresas actualmente estatizadas, para así permitir una mejor reasignación de recursos públicos a áreas de actuación que fortalezcan al Estado institucionalmente y le permitan a los particulares tener un mayor campo de actuación en la producción de riqueza. Por otro lado, el Estado no ha garantizado la corrección de los fallos de la economía abierta, ni la mejor redistribución de la riqueza por la vía de asumir directamente el rol de empresario, y más aún, el concepto de empresa pública ha evidenciado su limitación para la generación de recursos productivos, debido a la politización de sus decisiones, toda vez que quiénes manejan estas instituciones responden a un esquema de incentivos distinto a los que responde una gerencia que debe rendir cuentas a unos accionistas interesados en obtener ganancias de sus activos. Ahora bien, esta transferencia de empresas públicas al sector privado puede hacerse bajo distintas modalidades que varían según la naturaleza de cada una de ellas y a los objetivos perseguidos en cada proceso. Igualmente, deben ser siempre tomadas en consideración las posibles fallas del mercado y la posibilidad de incentivar al sector privado para asumir responsabilidades sociales, fundamentalmente en la prestación de servicios. Por último, la posibilidad de participar en el proceso de privatización no debe ser exclusiva de empresas privadas que adquieran las empresas públicas; es preciso extender esta posibilidad al ciudadano común, para lo cual se propone "democratizar el capital social", mediante la emisión de acciones asequibles a cualquiera o la capitalización de fondos sociales, donde todos puedan adquirir a través del mercado, o por otros medios, la propiedad de las empresas transferidas. Para Visión Emergente, como lo hemos venido expresando desde 1999 inspirados en el pensamiento de valiosos expertos y autores venezolanos, este es el esquema que debe seguirse en especial respecto a nuestra industria petrolera, dentro de la cual hay que abrir espacios para la participación de los venezolanos, verdaderos dueños de esta riqueza, pero siempre marginados de su manejo y aprovechamiento directo. En un sentido similar, aunque no se trata de empresas estatizadas, los entes públicos que poseen la titularidad de grandes extensiones de tierra que tienen años ocupadas por ciudadanos que la trabajan en el campo, o que han fijado en ella su residencia en los centros urbanos, deben traspasar sus derechos a éstos, reforzando así la conciencia y el carácter de propietarios en la colectividad. |
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4) Fortalecer la libertad contractual, la propiedad privada y la libertad de trabajo como bases de la producción de la riqueza social. La garantía de la libertad impide al Estado juzgar de qué manera el individuo deberá desarrollar su personalidad. El Estado no puede convertirse en el intérprete de la felicidad individual de cada quién, no puede resolver de qué manera cada individuo de la sociedad alcanzará su desarrollo como ser humano. Sólo el individuo puede decidir qué le conviene y cómo logrará su realización como persona. Pero es que además, en el caso venezolano, crear una economía basada en la productividad de sus habitantes no es un objetivo que se justifica sólo por razones de eficiencia y crecimiento económico, en realidad es un objetivo de política y justicia social. En este sentido, el problema de redistribución de la riqueza en Venezuela radica en que los marginados no tienen las oportunidades de trabajo que les permitirían acceder a mejores niveles de vida, y no las tienen porque se trata de individuos mal preparados, de baja calificación, no aptos para las exigencias de una economía moderna, principalmente porque el Estado ha demostrado su incompetencia para darles condiciones mínimas de salud y educación. Igualmente, esta realidad obedece al hecho de que se ha creado una legislación laboral que en definitiva restringe el mercado de trabajo formal, privando de posibles oportunidades a quienes desean esforzarse. Es imprescindible concertar fórmulas que permitan flexibilizar esa legislación en función del empleo, preservando por supuesto las conquistas y reivindicaciones fundamentales que han alcanzado los trabajadores venezolanos. Finalmente, ocurre que muchos de los recursos que podrían dirigirse a los marginados, se utilizan en mantener el nivel de vida de otros que sí pueden pagar el costo social, por medio de subsidios indirectos y controles de precios. Ahora bien, el simple reconocimiento de la libertad económica no basta para asegurar que todos puedan efectivamente acceder en condiciones de equidad y participar en el mercado. Para garantizar la igualdad de oportunidades a todos, el Estado debe intervenir para asegurar la apertura de espacios a la acción creativa y productiva de los individuos. La intervención del Estado en el mercado a través de regulaciones debe orientarse al control de las conductas individuales que generan fallas que impiden su funcionamiento, con miras a corregirlo, no a suprimirlo. Esto es, controlar donde se produzca la falla. Si se considera que el mercado, es decir, la libertad de escoger, es el mecanismo "justo" de asignación de recursos sociales, no hay duda que la intervención estatal para asegurar su funcionamiento donde ello no sea posible, es la primera vertiente de una política social adecuada. Finalmente, respecto a las grandes extensiones de tierras que están en manos privadas, se deben hacer cumplir las normas que regulan el latifundio en Venezuela y la forma en que los terceros pueden adquirir derechos por efecto del tiempo sobre éstas, pero el Estado debe también garantizar a los dueños de tierra su seguridad personal y la posibilidad de explotar la misma sin perturbaciones que provengan de agentes externos. 5) Robustecer las capacidades de regulación estatal eficiente, orientada a lograr el mejor desempeño de la propiedad en función de los intereses de la sociedad. Hay que crear riqueza, para poder redistribuirla. Se requiere entonces construir un país que pueda exportar exitosamente para lo cual debe producir mejor que otros países: debe ser un país competitivo. Para ser un país competitivo es imprescindible instrumentar todos los estímulos posibles a los inversionistas que apuestan en Venezuela para producir eficientemente, comenzando por permitirles producir y vender sus productos en el mercado venezolano en condiciones de competencia, es decir, sin monopolios ni interferencias o trabas gubernamentales, salvo aquéllas que imprescindiblemente, por razones de insustituibilidad, socialmente se justifiquen. El modelo económico de la nación debe fundarse en el funcionamiento de una economía abierta, pues a través de ella es que los individuos pueden ejercer el bien supremo de la libertad en la actividad lucrativa de su preferencia. En una economía abierta, los individuos, actuando como agentes económicos, pueden desenvolverse de la manera que consideren más adecuada, esto es, la libertad expresada en su vertiente económica. Este modelo permite una eficiente asignación de recursos generados por la sociedad a donde son realmente necesitados. Para ello, la competencia es indispensable, pues ella genera el acicate necesario para disminuir los costos empresariales, estimular la innovación tecnológica, mejorar la calidad de lo producido y reducir los precios de los bienes y servicios ofrecidos a los consumidores, es decir, al pueblo. La intervención de un Estado moderno debe orientarse entonces a estructurar las instituciones adecuadas que permitan reducir los impedimentos a las transacciones, para alcanzar la eficiencia en la producción y distribución de bienes y servicios. Moldeando las instituciones es posible alterar favorablemente el desempeño económico, reduciendo esos costos que limitan el intercambio. Aplicar ingeniería institucional no implica que el Estado se desentienda del proceso económico; por el contrario, se trata de definir las rutinas y pautas que lo dominan para asegurar el más bajo nivel posible de costos de transacción. Esta no es una tarea fácil, de hecho se requiere detectar en cada ramo los impedimentos que pueden interponerse al intercambio, pero tales impedimentos pueden ser el resultado de una finalidad que excepcionalmente trasciende el intercambio mismo, apuntalando a un fin colectivo considerado socialmente útil. El énfasis en las tareas de ingeniería institucional supone enfatizar la labor del Estado como una definición del marco regulatorio donde otros operarán, antes que sí mismo. Esta misión es sumamente delicada. En efecto, en los mercados indebidamente regulados los salarios suelen ser más altos, pero la producción es menor y con frecuencia hay capacidad sobrante. A consecuencia de estas imperfecciones del mercado, es frecuente que los consumidores paguen precios más altos por bienes y servicios, que en mercados desregulados. Por último, es preciso disminuir el entramado burocrático que coarta la iniciativa de los productores, causa excesivos gastos al Estado y propicia la corrupción. Esto por supuesto sin restarle importancia al cumplimiento de requisitos mínimos para la necesaria regulación, control y fiscalización por parte del Estado, cuyos parámetros, normas, medidas, sanciones y lineamientos deben revisarse constantemente para que se fomente el comercio y se proteja efectivamente al consumidor. En relación a esto último, debe también garantizarse la responsabilidad del oferente ante el cliente sobre la calidad de los bienes y/o servicios que pone en el mercado. 6) Estimular el civismo y la capacidad del venezolano a través de condiciones favorables en educación y salud. No podemos construir, y mucho menos consolidar una nueva Venezuela, sino contamos con unos nuevos venezolanos. El mejor crecimiento y la mayor productividad de los individuos, dependen de que éstos puedan adquirir y desarrollar valores y capacidades. Ello supone ante todo un entorno de salud y educación adecuado, creando cuando menos un piso de conciencia cívica y oportunidades para toda la sociedad, con especial atención a los sectores menos favorecidos, pero cuidadosamente orientado a no repetir las erradas políticas sociales del pasado. En política de salud es preciso fortalecer la medicina preventiva, lo cual en buena medida se logra aumentando y desarrollando la cultura del venezolano en cuanto a cómo evitar las enfermedades más comunes. Se debe igualmente descentralizar los servicios asistenciales, al igual que acometer la tarea de profundizar un sistema de seguridad social eficiente, basado en la participación privada para el manejo de fondos de pensiones, debidamente regulados por el Estado. Además del evidente progreso que este sistema supone para la población trabajadora, tales fondos de pensiones constituyen una fuente de ahorro social, que genera recursos para inversiones, tal y como ocurre hoy día en varios países del mundo, incluyendo algunos latinoamericanos. En política de educación, es preciso utilizar la educación para transmitir valores y formar al venezolano para el talento, la productividad, la honestidad intelectual, y el ejercicio de la libertad y la ciudadanía. Estos objetivos ameritan el fortalecimiento de la familia como institución social y el completo desmantelamiento del entramado de corrupción, inequidad e ineficiencia que representa el sistema educativo actual, acompañado de la ampliación del concepto que hasta se tiene de la educación formal. Debe también mejorarse la preparación de los maestros y profesores, así como privilegiar la inversión en las etapas iniciales del sistema educativo, que son las que acogen mayor número de estudiantes y donde se imparte la formación más elemental, que debe ser también la más integral. Es imprescindible tomar en cuenta la meritocracia en la obtención de beneficios especiales, sobre todo en la educación superior, garantizándose el libre acceso al sistema educativo a quienes no puedan costearla por medios privados. Más allá del tema educativo en sentido estricto, acercar la cultura en sus diversas manifestaciones al pueblo, es una tarea primordial en la construcción de una nueva escala de valores y en la formación integral del venezolano. En este sentido, la mayor descentralización posible de los entes públicos y el estímulo a los entes privados que atienden el área cultural, resultan impostergables. |
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7) Fomentar la productividad a través del apoyo racional del Estado a la actividad empresarial Una política responsable de promoción a la empresa no asume que su objetivo central es estimular actividades que generen empleo y divisas a cualquier precio. Dicho enfoque es limitado, como demostró serlo en el pasado, y un buen ejemplo de ello lo constituye el cúmulo de empresas venezolanas que han estado más concentradas en obtener favores del gobierno de turno que en ser competitivas. La política de apoyo a la empresarialidad premia a quien demuestra su talento para producir. No se convierte en muleta de los ineficientes con peso político para obtener favores y proteccionismo. Por ello, debe permitirse que el mercado internacional defina en cuáles sectores las ventajas comparativas venezolanas potencian algunos rubros y no otros. La exitosa diversificación de la economía y la generación de divisas en el mercado internacional, dependen de las ventajas comparativas del país, pero para identificarlas, es preciso permitir que sea aquél quien las determine, y no el Estado. Es en este contexto que se requiere ponderar con buen criterio expresiones tales como "autosuficiencia productiva", "seguridad agroalimentaria", "desarrollo de la industria nacional", "sectores estratégicos o básicos" y otras semejantes, que podrían invitar a una involución a políticas de sustitución de importaciones, que ya han demostrado sus carencias y perversiones sobradamente. Debe insistirse en que la autosuficiencia no puede ser a costa de la ineficacia empresarial financiada por el Estado y en detrimento de los consumidores, sino que ésta vendrá dada por el monto de divisas generadas, a un costo eficientemente competitivo, las cuales permitirán hacer reinversiones y adquirir productos importados. Una política moderna para la productividad debe dirigirse a proveer los distintos sectores de todas las ventajas posibles para favorecer las exportaciones, lo que no supone jerarquizar sectores a priori, sino más bien, analizar las causas por las cuales las ventajas comparativas de Venezuela, con contadas excepciones, aún distan de ser identificadas. Debemos enfatizar en una política de productividad horizontal. Esta política debería determinar si existe acaso la adecuada infraestructura, servicios, tecnología, aduana, recursos humanos, que faciliten la mejor explotación de las ventajas comparativas. Estos son problemas aún no resueltos y que en la práctica retardan o imposibilitan a los exportadores venezolanos de cualquier sector para competir adecuadamente en el mercado internacional. Existe un aspecto importante, sin embargo, relacionado con los problemas derivados de los canales de comercialización. En este sentido, el enfoque de política para la productividad podría orientarse a eliminar efectivamente los "cuellos de botella", que hacen de la apertura comercial por sí sola un instrumento insuficiente para hacer descender sus beneficios a la gran colectividad. Los cuellos de botella se producen por limitaciones al ingreso de nuevas empresas en el mercado de comercialización y distribución de bienes, así como de empresas de servicios; esto es, limitaciones impuestas a través de regulaciones, o por prácticas monopólicas u oligopólicas de empresas ya existentes, lo que exige una profundización de la política de competencia. La sectorización convencional de la política para la productividad debe reemplazarse y orientarse más bien a la creación de comités gubernamentales-sector privado, donde cada sector identifique cuáles son las trabas administrativas y de otra índole que le impide competir adecuadamente en el mercado internacional. Finalmente, la consolidación de una infraestructura adecuada a la competitividad requiere la seguridad jurídica necesaria para crear un ambiente competitivo. Por ello, deben dictarse normas modernas en el terreno de la regulación económica que permitan sustituir los criterios obsoletos rentistas bajo los cuales se gobierna la economía venezolana. Un comienzo positivo en esta dirección debería ser la creación de una constitución económica moderna que sustituya el muy cuestionable régimen de la Constitución de 1999, el cual a su vez copió y llevó a grado extremo buena parte de los criterios ya obsoletos que en esa materia contenía la Constitución de 1961. 8) Tomar parte en la globalización mundial asegurando la participación de los venezolanos en los procesos de integración económica, a través del aprovechamiento de las oportunidades que ofrece el mercado internacional. Uno de los problemas fundamentales que hemos abordado en el presente documento, ha sido la necesidad de propiciar y apoyar la apertura de la competencia de nuestro aparato productivo, acabando de manera definitiva con el proteccionismo indiscriminado oficial que ha sido fuente principal de ineficiencia y corrupción. Esta apertura de la economía venezolana al contexto internacional, debe ser llevada adelante de manera gradual y a través de la articulación de Venezuela con los esquemas de integración, particularmente la Comunidad Andina de Naciones (CAN), así como propender a la creación de un espacio económico continental, con la conformación de la Zona de Libre Comercio de las Américas. La estrategia internacional venezolana de finales de los años setenta hasta el presente, ha permitido disminuir nuestra dependencia de la exportación petrolera, que para finales de los años 70 se ubicaba en 96.7% del total de las exportaciones FOB, hasta colocarlo en un 78% del total de nuestras exportaciones para los últimos años de la década de los 90. Ese importante porcentaje de exportaciones no tradicionales se ha dirigido hacia nuestros socios comerciales de la Comunidad Andina, que absorben alrededor de un 20% de nuestras exportaciones totales, y alrededor de un 15% hacia los países integrantes del Grupo de los Tres (G-3). El cuarto lugar de destino de nuestras exportaciones es la Unión Europea, el quinto el MERCOSUR y por último se encuentran el Asia y el Caricom como destinos de nuestras exportaciones. De estas tendencias de nuestra actividad comercial se derivan algunos elementos que son determinantes a la hora de definir nuestra política integracionista. A) Venezuela debe reforzar su papel como líder dentro de la Comunidad Andina, con el objeto de cuidar su principal mercado de productos no tradicionales y como segundo socio comercial global. Asimismo, este liderazgo intracomunitario, le permite manejar un escenario de negociación privilegiado frente a las cambiantes realidades de las relaciones intraregionales, fundamentalmente en los contactos con el MERCOSUR y la Zona de Libre Comercio de las Américas. Por otro lado, consolidando la posición de liderazgo en el interior de la CAN, Venezuela se está asegurando un adecuado nivel de protección arancelaria para nuestro aparato productivo, así como una estructura jurídica que nos permita afrontar el difícil y competitivo mundo del comercio internacional. B. Las iniciativas que propenden a debilitar esta posición venezolana al interior de la CAN, como pudieran ser eventuales negociaciones unilaterales frente a MERCOSUR u otros sistemas de integración regionales, perjudican nuestro país. Abrir nuestros mercados sin la protección de un esquema de integración, que compense y corrija las distorsiones del mercado internacional, tendrá un impacto directo en nuestro aparato productivo, que puede competir en términos relativamente eficientes con sus socios andinos, pero que definitivamente no está en capacidad de asumir el reto frente a una economía como la brasileña, por citar un caso referido a las negociaciones con MERCOSUR. La permanencia de Venezuela en un esquema como el representado por la CAN, permite a nuestros empresarios, asumir un proceso de competitividad internacional, al cual nunca estuvieron acostumbrados, como consecuencia de políticas proteccionistas que llevaron al aislacionismo. Este proceso ha dado resultados positivos a la fecha, como muestran las cifras del comercio intracomunitario andino. C. Lo conveniente es una negociación por niveles como estrategia para Venezuela. Nuestro país debe, necesariamente, manejar una estrategia de internacionalización por niveles, como una consecuencia directa de la propia composición de su comercio externo. Un alto porcentaje de nuestros ingresos provienen de la venta internacional, con carácter planetario, de petróleo o sus derivados; razón por la cual debe ser un defensor de los mecanismos globales, como es la Organización Mundial de Comercio OMC y su mecanismo de solución de controversias. Por otra parte, Venezuela debe consolidar sus negociaciones de carácter comercial sub-regional, al permitir la consolidación de la Comunidad Económica al interior de la CAN, valiéndose de esta forma de las propias reglas que le permite el sistema mundial de comercio, a través de las concepciones de regionalismo abierto. Simultáneamente, Venezuela deberá desarrollar un agresivo esquema de cooperación y complementación económica basado en acuerdos políticos, como es el caso de la Asociación de Estados del Caribe e incluso un eventual acuerdo con el MERCOSUR, con el objeto de fortalecer nuestra capacidad negociadora frente al esquema planteado de la Zona de Libre Comercio de las Américas. D. Las tentaciones proteccionistas en el marco de las relaciones con nuestros socios comerciales, particularmente en el marco de la CAN, pueden generar graves distorsiones que a la postre pudieran convertirse en un factor de profundización de nuestra recesión interna. Este problema, de carácter nacional, con visos de problema regional y local, se puede convertir en un expediente conflictivo de carácter comunitario, que tendrá un impacto importante en el interior de la Comunidad Andina. Si la situación de paralización del mercado nacional continua, la frustración y la desesperanza de muchos venezolanos los harán creer que el libre comercio es un enemigo natural, sin que nadie les explique que es, por el contrario, la única garantía de reactivación económica. |
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IV.- El momento es ahora Aunque la magnitud de la crisis política que vivimos y la posibilidad latente de un colapso institucional dejan a veces poco espacio para la discusión de ideas, no podemos seguir manejando sólo una agenda reactiva que nos impide preparar adecuadamente el terreno para la construcción de una nueva Venezuela. Los cambios que se han producido en el seno de la sociedad permiten el surgimiento y desarrollo de nuevos actores políticos con conceptos, organizaciones y propuestas distintas a las que hemos tenido hasta ahora. En esa línea de pensamiento y acción andamos los miembros de Visión Emergente. Tenemos claro la responsabilidad que asumimos al plantearnos este reto. No podemos conformarnos con lograr la derrota y relevo de quienes han fracasado, sino que debemos saber qué hacer con el Poder si llegamos a acceder a él. Desde nuestro punto de vista, esa responsabilidad implica tener una clara visión del proceso, determinar los problemas públicos más importantes, y diseñar en consecuencia un plan de acciones concretas para darles solución. Eso es precisamente lo que significa para nosotros este proyecto de tesis política que hoy presentamos. Vamos ahora a discutirlo. Contamos con todos ustedes. |
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Junta Directiva Presidente CIPRIANO HEREDIA SOLTERO Director General JOSE IGNACIO GUEDEZ YEPEZ Secretario Ejecutivo RAFAEL ROJAS Directores Principales Miembros Asociados |