1. Declaramos enf�ticamente nuestras convicciones democr�ticas y nuestra voluntad de vivir en una Venezuela donde funcione efectivamente un estado democr�tico y social de derecho y de Justicia, que propugne como valores superiores de su ordenamiento jur�dico y de su actuaci�n, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la �tica y el pluralismo pol�tico.
2. Rechazamos categ�ricamente cualquier intento de GOLPE DE ESTADO, o hecho que pueda vulnerar el contenido de nuestra Constituci�n o menoscabe su efectiva vigencia.
3. Igualmente rechazamos y repudiamos todo acto terrorista o manifestaci�n que procure producir terror mediante amenazas, hostigamiento, desafi�, amedrentamiento, intimidaci�n, acoso o situaciones semejantes.
4. Rechazamos el porte y uso de armas por grupos o personas ajenas a los miembros de la Fuerza Armada, Polic�as, y dem�s cuerpos de seguridad del estado debidamente reconocidos en nuestra legislaci�n.
5. Aclaramos que no constituimos grupo alguno, asociaci�n, junta, hermandad, partido pol�tico o agrupaci�n, simplemente actuamos como venezolanos, ejerciendo derechos constitucionales, a la vez que cumplimos con deberes que la misma constituci�n nos impone.

Est�n latentes en la memoria de todos los que vivimos en Venezuela los dolorosos hechos que se sucedieron en Caracas el d�a 11 de abril pr�ximo pasado durante la realizaci�n de una manifestaci�n pac�fica, ejerciendo el derecho consagrado en el art�culo 68 de nuestra Constituci�n, previo cumplimiento de los requisitos legales establecidos en la ley; esa manifestaci�n multitudinaria, llev� al Presidente de la Rep�blica Hugo Rafael Ch�vez Fr�as, a ordenar a sus subalternos militares inmediatos a la activaci�n del llamado Plan �vila con la intenci�n de enfrentar a la Fuerza Armada contra la poblaci�n que manifestaba; afortunadamente, dentro de toda la desgracia final, los militares responsables de la ejecuci�n del mencionado plan, actuando en un todo de acuerdo con el art�culo 25 de la Constituci�n Nacional, desacataron el mandato presidencial, dando as� inicio a una crisis en la Instituci�n Armada; no obstante ese desacato no fue suficiente para impedir la masacre y el genocidio cuyo principal responsable es el Presidente de la Rep�blica y que dej� el tr�gico saldo de 17 personas muertas y m�s de 300 heridas; Este cuadro dantesco llev� al Alto Mando Militar a informar, seg�n declaraciones dadas por el inspector General de la Fuerza Armada Nacional, General en jefe Lucas Rinc�n, en cadena oficial de los medios audiovisuales, inform� al pa�s y al mundo entero, que se le hab�a solicitado la renuncia al ciudadano Presidente de la Rep�blica y que �ste hab�a aceptado, raz�n por la cual, los integrantes del Alto Mando Militar pon�an sus cargos a la orden; tal situaci�n, como es l�gico pensar, generaba un vac�o de poder, pues de acuerdo a los videos existentes, el Sr. Presidente antes de renunciar hab�a destituido al Vicepresidente; militares y civiles, ante un caso no previsto en la Constituci�n, pretendieron llenar ese vac�o de poder y este l�gico proceder ha sido calificado por el Gobierno Nacional y en especial el Presidente de la Rep�blica como un Golpe de Estado violatorio de la Constituci�n, con la �nica finalidad de ocultar las responsabilidades penales, civiles y administrativas en que han incurrido el Presidente de la Rep�blica y los integrantes del Alto Mando Militar. Bajo ninguna circunstancia estamos dispuestos a olvidar esas muertes a mansalva, ni las violaciones que constantemente ha hecho el Presidente de la Rep�blica a nuestra Constituci�n nacional violando el contenido expreso de sus art�culos 7 y 236; los cuales lo obligan a cumplirla; la postura Presidencial con posterioridad a los hechos antes se�alados: como pedir perd�n, prometer un falso di�logo, modificar su gabinete y presentarse como un arrepentido del pasado, no pueden aceptarse como manto de olvido, pues con ello no logra revivir a los muertos ni dejar sin efecto las responsabilidades que le competen; como complemento al cuadro antes descrito, la ciudad de Caracas y varias ciudades del Interior del pa�s fueron sometidas al terrorismo de los saqueos y de la violencia; las fuerzas p�blicas se mantuvieron en sus respectivos cuarteles, dejando las calles y las propiedades sin protecci�n y a merced de v�ndalos e incendiarios; estos actos de violencia comenzaron durante la espera del regreso del Presidente Ch�vez a Miraflores y continuaron hasta que el comandante de la Guardia Nacional anunci� por fin que esa fuerza saldr�a a controlar la situaci�n.

ARTICULOS DE LA
CONSTITUCI�N CITADOS
EN EL TEXTO

Art�culo 68. Los ciudadanos tienen el derecho a manifestar, pac�ficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se proh�be el uso de armas de fuego y sustancias t�xicas en el control de manifestaciones pac�ficas. La ley regular� la actuaci�n de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden p�blico.

Art�culo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder P�blico que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constituci�n y las leyes es nulo, y los funcionarios y empleados p�blicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa seg�n los casos, sin que les sirvan de excusa �rdenes superiores.

Art�culo 7. La Constituci�n es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jur�dico. Todas las personas y los �rganos que ejercen el Poder P�blico est�n sujetos a esta Constituci�n.

Art�culo 236. Son atribuciones y deberes del Presidente de la Rep�blica: 1. Cumplir y hacer cumplir esta Constituci�n y las leyes. (siguen 23 numerales)

Reclamamos justicia, a sabiendas de que el actual Poder Judicial, al igual que el Poder Ciudadano y el Poder Electoral, est�n subordinados al Poder Ejecutivo y es muy remoto, para no decir imposible, que con la actual composici�n de dichos Poderes, podamos lograr hacer justicia en Venezuela.

Han pasado tres largos a�os desde que el Teniente Coronel Hugo Rafael Ch�vez Fr�as asumi� el poder en Venezuela y todav�a estamos viviendo y sufriendo una etapa de provisionalidad que al parecer nunca terminar�. Esta provisionalidad ha sido usada por el Presidente de la Rep�blica en su desempe�o al frente del Poder Ejecutivo Nacional, para transgredir los principios constitucionales que soportan nuestro sistema democr�tico, en particular la subordinaci�n constitucional de todas las instituciones del Estado; el respeto por los derechos y garant�as ciudadanas; el sometimiento al Estado de Derecho por parte de personas que ejercen funciones p�blicas y dem�s sectores de la sociedad; la transparencia y probidad en las actividades gubernamentales; as� como la responsabilidad del gobierno en la gesti�n p�blica, confundiendo el Estado con el gobierno.

Esta provisionalidad fue aprovechada por el gobierno para que los Magistrados integrantes del Tribunal Supremo de Justicia fueran designados por la Asamblea Nacional mediante un proceso de selecci�n violatorio a la Constituci�n ya que no se respetaron los requisitos y procedimientos exigidos por ella, para garantizar una elecci�n p�blica, objetiva, transparente e imparcial.

As� mismo, esta provisionalidad sirvi� para designar los integrantes del Poder Ciudadano, ejercido por el Consejo Moral Republicano integrado por el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la Rep�blica, lo que unido a la designaci�n igualmente inconstitucional del Consejo Nacional Electoral, ha permitido al ciudadano Hugo Rafael Ch�vez Fr�as conducir al pa�s en forma autocr�tica, lo cual no estamos dispuestos a aceptar.

No obstante que la Asamblea Nacional, ha dejado de cumplir las dos funciones esenciales que le se�ala la Constituci�n como son: legislar y controlar las actuaciones del Poder Ejecutivo, delegando la primera y omitiendo ejercitar la segunda e igualmente violentando la Constituci�n al desconocer el derecho a la participaci�n ciudadana en la elaboraci�n de todo proyecto de ley; solicitamos de esa Asamblea Nacional la inmediata rectificaci�n en los nombramientos de los Poderes Judicial, Ciudadano y Electoral. En cuanto al Poder Judicial se refiere, adem�s de lo antes se�alado, sustentamos esta solicitud en las siguientes consideraciones:

1. Que el Tribunal Supremo de Justicia desconoce e incumple sus atribuciones de gobierno y administraci�n del Poder Judicial, as� como el debido control que debe realizar de los actos de los otros poderes p�blicos, limit�ndose a interpretar la Constituci�n para colocarse por encima de ella, con el principal objeto de cambiar su contenido y fin, y adecuar los criterios jur�dicos que emite a una determinada doctrina pol�tica.
2. Que la actuaci�n de los �rganos del Poder Judicial acent�a la crisis pol�tica, econ�mica, social, moral, institucional y de gobernabilidad, que en estos momentos est� enfrentando al pa�s, atentando contra la credibilidad, legitimidad, y estabilidad de nuestro sistema democr�tico.
3. .Que para superar la crisis institucional del Estado venezolano generada, principalmente, por la actuaci�n de los �rganos del Poder P�blico Nacional, se impone dictar medidas urgentes tendentes a lograr un sistema judicial que garantice la sujeci�n absoluta a la normativa constitucional, y una actuaci�n de sus �rganos en forma transparente, imparcial, aut�noma, independiente, y oportuna, condiciones indispensables para procurar el respeto y la confianza en el sistema judicial, y brindar a la poblaci�n, la seguridad jur�dica necesaria para el ejercicio de sus derechos, garant�as y libertades p�blicas, reconocidas en un Estado de Derecho.

En relaci�n al Poder Ciudadano, este poder ha inobservado el deber constitucional de prevenir, investigar y sancionar los hechos que atentan contra la �tica p�blica y la moral administrativa, as� como no ha velado por la buena gesti�n y la legalidad en el uso del patrimonio p�blico, dejando sin sanci�n los actos ilegales que lesionan a �ste; lo que indica que los titulares de los �rganos que lo integran han dejado de ejercer las competencias que les impone la normativa constitucional; y considerando que es deber de la Asamblea Nacional atender los reclamos de la opini�n p�blica que exige la sanci�n de tales hechos, sin que ello comprometa al ambiente de paz y armon�a que debe imperar en el pa�s, para lo cual urge tomar medidas que garanticen el eficaz cumplimiento de las disposiciones constitucionales asignadas a dicho Poder; por estas razones deben igualmente ser destituidos de sus cargos el Defensor del Pueblo, el Fiscal General y el Contralor General de la Rep�blica, y en su lugar designar transitoriamente sus sustitutos, hasta tanto se logre el clima pol�tico requerido para realizar dichos nombramientos, respetando en un todo lo pautado en la Constituci�n Nacional.

En cuanto al Consejo Nacional Electoral se refiere, es evidente que como rector del Poder Electoral, ha ejercido sus funciones en total violaci�n a la Constituci�n, convalidando procesos electorales carentes de la igualdad, confiabilidad, imparcialidad, transparencia y eficiencia que le impone el texto constitucional y por otra parte sus miembros no han sido designados en los t�rminos que �ste exige; razones por las cuales debe procederse de inmediato a designar transitoriamente nuevos miembros Principales y Suplentes de dicho Consejo, hasta tanto las condiciones pol�ticas permitan realizar las designaciones definitivas en un todo de acuerdo con las normas constitucionales.

Hechos los planteamientos anteriores, pasamos de inmediato a considerar nuestra posici�n en relaci�n al ciudadano Presidente de la Rep�blica Hugo Rafael Ch�vez Fr�as, y en ese sentido deseamos anotar:

1. La Constituci�n de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela ha perdido su vigencia por cuanto ha dejado de observarse como norma suprema y fundamento del ordenamiento jur�dico, en raz�n de que los altos funcionarios al frente de las distintas ramas del Poder P�blico han transgredido en su desempe�o los principios constitucionales en ella consagrados, en particular, la subordinaci�n constitucional de todas las instituciones del Estado; el respeto a los derechos y garant�as ciudadanas; el sometimiento al Estado de Derecho por parte de las personas que ejercen funciones p�blicas y dem�s sectores de la sociedad; la transparencia y probidad en las actividades gubernamentales; as� como la responsabilidad del Gobierno en la gesti�n p�blica al confundir �ste con el Estado, principios estos inherentes a un verdadero sistema democr�tico.
2. Esta situaci�n de ruptura institucional imposibilita el logro de un fin esencial del Estado cual es, el desarrollo y bienestar de todos los venezolanos debido a las nefastas consecuencias que para su calidad de vida representan el alto grado de inseguridad personal existente en el pa�s, la ausencia de fuentes de trabajo, la falta o eficaz prestaci�n de los servicios p�blicos, en especial los m�dico- asistenciales, as� como la inexistencia de un verdadero sistema de seguridad social que asegure no solo el presente sino el futuro de todos los venezolanos.
3. De acuerdo a lo dispuesto en el art�culo 226 de la Constituci�n Nacional El Presidente de la Rep�blica es el Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condici�n dirige la acci�n del Gobierno y el art�culo 236 de la misma numeral 1 impone al Presidente la obligaci�n de cumplir la Constituci�n y la ley, obligaci�n esta que es ratificada en los art�culos 131 y 7 de la Suprema Norma.

Es indudable que el ciudadano Presidente de la Rep�blica ha hecho caso omiso a esos preceptos constitucionales. En efecto el ciudadano Hugo Rafael Ch�vez Fr�as nos tiene acostumbrados a verlo sacar de sus bolsillos un librito azul que dice ser la Constituci�n de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela, con la premeditada finalidad de hacernos creer que todos sus actos est�n ajustados a la constituci�n y que nadie puede dejar de cumplirla y acatarla; en ese sentido es importante se�alar que hasta finales del 2001 se ha demostrado la existencia de tres (3) versiones de la Constituci�n, como son: a) la aprobada el 15.12.99 por el pueblo de Venezuela mediante referendo consultivo en ejercicio del Poder Constituyente Originario; b) la publicada con modificaciones menores, pero inconstitucionales, en la Gaceta Oficial N�. 36.860 del 30.12.1999.,y c) la publicada con numerosas alteraciones inconstitucionales, de forma y fondo en varios art�culos, publicada en la Gaceta Oficial de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela en el N�. 5454 extraordinario, el 24.3.2000.; pero la realidad es, que sea cual sea la versi�n que ense�a, el ciudadano Presidente de la Rep�blica ha demostrado en los hechos, que �l viola esas normas constitucionales en forma constante; veamos lo siguiente:

1. Las grabaciones y videos de sus m�ltiples intervenciones son suficiente prueba para demostrar que el Presidente de la Rep�blica ha dicho y repetido hasta la saciedad que la Fuerza Armada Nacional est� al servicio de la "revoluci�n" y que esa "revoluci�n" est� armada, lo cual constituye una violaci�n expresa del art�culo 328 de la Constituci�n, el cual se�ala que en cumplimiento de sus funciones la Fuerza Armada Nacional est� al servicio exclusivo de la Naci�n y en ning�n caso al de persona o parcialidad pol�tica alguna.
2. De acuerdo al art�culo 232 de la Constituci�n, el Presidente de la Rep�blica est� obligado a procurar la garant�a de los derechos y libertades de los venezolanos, sin embargo el propio Presidente se encarga de que esos derechos sean menoscabados; el ejemplo m�s palpable lo constituye el uso abusivo de las cadenas nacionales de radio y televisi�n, en contravenci�n del art�culo 58 de la Constituci�n, del art�culo 192 de la Ley de Telecomunicaciones y de las obligaciones internacionales contra�das por la Rep�blica, en particular las contenidas en la Convenci�n Americana Sobre Derechos Humanos y en la declaraci�n de Principios sobre Libertad de Expresi�n de la Comisi�n Interamericana de Derechos Humanos, lo que persigue deliberadamente socavar el ejercicio pleno de la libertad de expresi�n pilar fundamental de una sociedad democr�tica, al restringir el derecho de recibir informaci�n, impidiendo el libre flujo de ideas y opiniones, derechos �stos que no pueden ser restringidos ni siquiera decretando el Presidente un Estado de Excepci�n, pues as� lo pauta expresamente el art�culo 337 de nuestra Constituci�n, el cual le da a el derecho a la informaci�n, igual jerarqu�a que el derecho a la vida, el derecho al debido proceso, a la prohibici�n de incomunicaci�n o tortura y los dem�s derechos humanos intangibles; tal es pues la gravedad de violar con las cadenas de radio y televisi�n el sagrado derecho a la informaci�n; el d�a 11 de Abril pr�ximo pasado, se lleg� al extremo de que la estaci�n transmisora que distribuye las se�ales de televisi�n, fueron desactivadas por el gobierno del Presidente Ch�vez, limitando as� la capacidad de los medios para cubrir los acontecimientos en pleno desarrollo, privando a la vez a los venezolanos de ese inviolable derecho, que repetimos, nunca puede ser restringido, como lo es el de estar informado sobre lo que estaba pasando en el pa�s.
3. Todos podemos dar fe de las intervenciones del Presidente de la Rep�blica en donde denigra, injuria y calumnia con nombre propio a directores de medios de comunicaci�n y hasta de sus ascendientes, as� como al Presidente de la CTV y otros dirigentes sindicales, todo ello en flagrante violaci�n al art�culo 3 de la Constituci�n, donde se establece que el Estado tiene como fines esenciales, entre otros, la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad; no puede pues ninguna persona y menos a�n el Jefe del Estado irrespetar la dignidad de ninguna persona, violando a la vez el art�culo 60 de la Constituci�n donde se establece que toda persona tiene derecho a la protecci�n de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputaci�n.
4. El articulo 21 de la Constituci�n dispone que todas las personas son iguales ante la ley y en consecuencia no se permitir�n discriminaciones fundadas en la raza, sexo, el credo, la condici�n social o aquellas que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona; no obstante a lo pautado en dicha norma, el Presidente de la Rep�blica se ha encargado de dividir el pa�s entre pobres y oligarcas; entre los que integran los llamadas c�rculos bolivarianos y quienes no pertenecen a ellos; entre los que pueden manifestar frente al Palacio de Miraflores y quienes no pueden hacerlo, logrando con ello que Venezuela est� inmersa en un ambiente cargado de odios, resentimientos y violencia, donde pr�cticamente se ha perdido el respeto entre los ciudadanos, autoridades y poderes p�blicos, convirtiendo al pa�s en un verdadero campo de batalla, de improperios, ofensas, descalificaciones, burlas, humillaciones, todo ello unido a la falta de gobernabilidad existente.
5. Dispone el art�culo 23 de la Constituci�n que los tratados, pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscritos y ratificados por Venezuela tienen jerarqu�a constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio m�s favorables a las establecidas en esta Constituci�n y en las leyes de la Rep�blica y son de aplicaci�n inmediata y directa por los tribunales y dem�s �rganos del Poder P�blico; sin embargo el Presidente no ha tomado en cuenta para nada el contenido de una serie de esos instrumentos internacionales suscritos y ratificados por Venezuela; como ejemplo de ello tenemos el art�culo 13, numeral 1 de la Ley Aprobatoria de la Convenci�n Americana sobre los Derechos Humanos "Pacto de San Jos� de Costa Rica" el cual dice textualmente: "Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresi�n. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda �ndole, sin consideraci�n de fronteras"; y el numeral 3 del mismo art�culo dispone que "no se puede restringir el derecho de expresi�n por v�as o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para peri�dicos, de frecuencias radioel�ctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusi�n de informaci�n o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicaci�n de ideas y opiniones"; es indudable que haber desactivado el 11 de abril las se�ales de televisi�n, viola en forma flagrante esta normativa supra Constitucional.
6. As� mismo, cuando el Presidente de la Rep�blica aprueba los decretos de las 49 leyes en virtud de la Ley Habilitante, viol� el art�culo 6 de la Constituci�n el cual establece que el gobierno de la Rep�blica es y ser� siempre democr�tico y participativo, lo que no se tom� en cuenta al dictar dichos decretos leyes; igualmente viol� el articulo 206 de la misma Constituci�n al no hacer la consulta obligada a los Estados e igualmente viol� el art�culo 211 de la Constituci�n al no hacer las consultas a los ciudadanos y a la sociedad organizada para o�r sus opiniones sobre los mismos, violando tambi�n el art�culo 136 de la Ley Org�nica de la Administraci�n P�blica la cual establece la obligaci�n de consultar las normas legales o reglamentarias por parte de los �rganos o entes p�blicos, con las comunidades organizadas.
7. Dispone el art�culo 324 de la Constituci�n que "s�lo el Estado puede poseer y usar armas de guerra. Todas las que existan, se fabriquen o introduzcan en el pa�s pasar�n a ser propiedad de la Rep�blica sin indemnizaci�n ni proceso. La Fuerza Armada Nacional ser� la Instituci�n competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva, la fabricaci�n, importaci�n, almacenamiento, tr�nsito, registro, control, inspecci�n, comercio, posesi�n y uso de otras armas, municiones, y explosivos"; los videos y los testimonios de personas que de alguna manera estaban en el lugar de los hechos ocurridos el 11 de abril, son pruebas irrefutables de la participaci�n de francotiradores portando y usando armas de guerra –poco importa el grupo al cual pertenecieran-, lo cual compromete gravemente al Comandante en Jefe de la Fuerza Armada el Ciudadano Presidente de la Rep�blica, as� como al Ministro de la Defensa. Se ha denunciado a personas y grupos armados que constituyen un verdadero ej�rcito de paramilitares y si ellos no han sido autorizados por el gobierno, es indudable que se ha violado el art�culo 324 antes se�alado al no tener la Fuerza Armada control sobre la posesi�n de las armas que causaron las muertes del 11 de abril.
8. Debemos recordar que las �ltimas manifestaciones de descontento de la sociedad civil, fueron originadas por la injerencia inconstitucional e ilegal del Presidente de la Rep�blica en la problem�tica planteada por integrantes de la n�mina mayor de PDVSA; en efecto, cuando el Presidente de la Rep�blica, en cadena de radio y televisi�n, durante la realizaci�n de un programa de Al� Presidente anunci� que destitu�a a varios empleados de PDVSA, violaba los numerales 1 y 16 del art�culo 236 de la Constituci�n, pues el primero lo obliga a cumplir y hacer cumplir la ley y el segundo le da como atribuci�n nombrar y remover solamente a aquellos funcionarios cuya designaci�n le atribuyen la Constituci�n y la ley; y es el caso concreto, que la ley que rige a PDVSA no lo autoriza a realizar destituciones de sus empleados; este caso constituye una usurpaci�n de autoridad por parte del Presidente de la Rep�blica, contemplada en el art�culo 130 de la Constituci�n, lo que conlleva a que esos actos sean nulos, nulidad �sta que ratifica el art�culo 25 de la Constituci�n; es decir, que unos actos nulos por usurpaci�n de autoridad del Presidente y al mismo tiempo ilegales por ser violatorios de la ley que rige a PDVSA, fue la mecha que encendi� el detonante social que cubri� de luto al pueblo de Venezuela ese imborrable d�a del 11 de abril de 2002.

Art�culo 226. El Presidente de la Rep�blica es el Jefe del Estado y del Ejecutivo Nacional, en cuya condici�n dirige la acci�n del Gobierno.

Art�culo 236. Son atribuciones y deberes del Presidente de la Rep�blica: 1. Cumplir y hacer cumplir esta Constituci�n y las leyes. (siguen 23 numerales)

Art�culo 7. La Constituci�n es la norma suprema y el fundamento del ordenamiento jur�dico. Todas las personas y los �rganos que ejercen el Poder P�blico est�n sujetos a esta Constituci�n.

Art�culo 131. Todos tienen el deber de cumplir y acatar esta Constituci�n, las leyes y los dem�s actos que en ejercicio de sus funciones dicten los �rganos del Poder P�blico.

Art�culo 328. Los integrantes de la Fuerza Armada Nacional en situaci�n de actividad tienen derecho al sufragio de conformidad con la ley, sin que les est� permitido optar a cargo de elecci�n popular, ni participar en actos de propaganda, militancia o proselitismo pol�tico.

Art�culo 232. El Presidente de la Rep�blica es responsable de sus actos y del cumplimiento de los deberes y obligaciones inherentes a su cargo. Est� obligado a procurar la garant�a de los derechos y libertades de los venezolanos y venezolanas, as� como la independencia, integridad, soberan�a del territorio y defensa de la Rep�blica. La declaraci�n de los estados de excepci�n, no modifica el principio de su responsabilidad, ni la del Vicepresidente Ejecutivo, ni la de los Ministros, de conformidad con esta Constituci�n y las leyes.

Art�culo 337. Podr� decretarse el estado de alarma cuando se produzcan cat�strofes, calamidades p�blicas u otros acontecimientos similares que pongan seriamente en peligro la seguridad de la Naci�n o de sus ciudadanos. Dicho estado de excepci�n durar� hasta treinta d�as, siendo prorrogable por treinta d�as m�s. Podr� decretarse el estado de emergencia econ�mica cuando se susciten circunstancias econ�micas extraordinarias que afecten gravemente la vida econ�mica de la Naci�n, su duraci�n ser� de sesenta d�as prorrogables por un plazo igual. Podr� decretarse el estado de conmoci�n interior o exterior en caso de conflicto interno o externo, que ponga seriamente en peligro la seguridad de la Naci�n, de sus ciudadanos o de sus instituciones. Se prolongar� hasta por noventa d�as, siendo prorrogable hasta por noventa d�as m�s. La pr�rroga de los estados de excepci�n corresponde a la Asamblea Nacional. Una ley org�nica regular� los estados de excepci�n y determinar� las medidas que pueden adoptarse con base en los mismos.

Art�culo 60. Toda persona tiene derecho a la protecci�n de su honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputaci�n. La ley limitar� el uso de la inform�tica para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos.

Art�culo 21. Todas las personas son iguales ante la ley, y en consecuencia: 1. No se permitir�n discriminaciones fundadas en la raza, el sexo, el credo, la condici�n social o que, en general, tengan por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad, de los derechos y libertades de toda persona. 2. La ley garantizar� las condiciones jur�dicas y administrativas para que la igualdad ante la ley sea real y efectiva; adoptar� medidas positivas a favor de grupos que sean discriminados, marginados o vulnerables; proteger� especialmente a aquellas personas que por alguna de las condiciones antes especificadas, se encuentren en circunstancia de debilidad manifiesta y sancionar� los abusos o maltratos que contra ellas se cometan. 3. S�lo se dar� el trato oficial de Ciudadano o Ciudadana; salvo las f�rmulas diplom�ticas. 4. No se reconocer�n t�tulos nobiliarios ni distinciones hereditarias.

Art�culo 3. El Estado tiene como sus fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democr�tico de la voluntad popular, la construcci�n de una sociedad justa y amante de la paz, la promoci�n de la prosperidad y bienestar del pueblo y la garant�a del cumplimiento de los principios, derechos y deberes consagrados en esta Constituci�n. La educaci�n y el trabajo son los procesos fundamentales para garantizar dichos fines.

Art�culo 23. Los tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarqu�a constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio m�s favorables a las establecidas por esta Constituci�n y las leyes de la Rep�blica, y son de aplicaci�n inmediata y directa por los tribunales y dem�s �rganos del Poder P�blico.

Art�culo 6. El gobierno de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela y de las entidades pol�ticas que la componen, es y ser� siempre democr�tico, participativo, electivo, descentralizado, alternativo, responsable, pluralista y de mandatos revocables.

Art�culo 206. Los Estados deber�n ser consultados por la Asamblea Nacional, a trav�s del Consejo Legislativo del Estado, cuando se legisle en materias relativas a los mismos. La ley establecer� los mecanismos de consulta a la sociedad civil y dem�s instituciones de los Estados, por parte del Consejo en dichas materias.

Art�culo 211. La Asamblea Nacional o las Comisiones Permanentes, durante el procedimiento de discusi�n y aprobaci�n de los proyectos de leyes, deber�n consultar a los otros �rganos del Estado, a los ciudadanos y a la sociedad organizada para o�r su opini�n sobre los mismos. Tendr�n derecho de palabra en la discusi�n de las leyes los Ministros en representaci�n del Poder Ejecutivo; el magistrado del Tribunal Supremo de Justicia a quien �ste designe, en representaci�n del Poder Judicial; el representante del Poder Ciudadano designado por el Consejo Moral Republicano; los miembros del Poder Electoral; los Estados a trav�s de un representante designado por el Consejo Legislativo del Estado y los representantes de la sociedad organizada, en los t�rminos que establezca el Reglamento de la Asamblea Nacional.

Art�culo 324. S�lo el Estado puede poseer y usar armas de guerra, todas las que existan, se fabriquen o introduzcan en el pa�s, pasar�n a ser propiedad de la Rep�blica sin indemnizaci�n ni proceso. La Fuerza Armada Nacional ser� la instituci�n competente para reglamentar y controlar, de acuerdo con la ley respectiva la fabricaci�n, importaci�n, exportaci�n, almacenamiento, tr�nsito, registro, control, inspecci�n, comercio, posesi�n y uso de otras armas, municiones y explosivos.

Art�culo 130. Los venezolanos tienen el deber de honrar y defender a la patria, sus s�mbolos, valores culturales, resguardar y proteger la soberan�a, la nacionalidad, la integridad territorial, la autodeterminaci�n y los intereses de la naci�n.

Art�culo 25. Todo acto dictado en ejercicio del Poder P�blico que viole o menoscabe los derechos garantizados por esta Constituci�n y las leyes es nulo, y los funcionarios y empleados p�blicos que lo ordenen o ejecuten incurren en responsabilidad penal, civil y administrativa seg�n los casos, sin que les sirvan de excusa �rdenes superiores.

De todo lo anteriormente expuesto podemos concluir:

1. En Venezuela no existe Estado democr�tico y social de Derecho, como lo pauta el art�culo 2 de la Constituci�n de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela, pues los Poderes Judicial, Ciudadano y Electoral no act�an en forma independiente y est�n subordinados al Poder Ejecutivo, lo cual es contrario a un Estado de Derecho.
2. Que el ciudadano Hugo Rafael Ch�vez Fr�as, en el ejercicio de la Presidencia de la Rep�blica ha violado la Constituci�n y las leyes y que al desconocer los principios y valores constitucionales antes se�alados, atent� contra el sistema democr�tico en t�rminos tales que viol� el principio de la legalidad al ejercer el poder en forma contraria a la Constituci�n y a las leyes, poniendo en grave riesgo la Soberan�a Nacional y econom�a de la Rep�blica, incumpliendo el mandato para el cual fue electo.
3. Al ejercer la Presidencia de la Rep�blica en la forma antes se�alada, el ciudadano Hugo Rafael Ch�vez Fr�as ha perdido la legitimidad para que sea reconocido como tal, y que incurri� en responsabilidad penal, civil y administrativa y le acarrea responsabilidad individual por abuso o desviaci�n de poder o por violaci�n de la Constituci�n o de la ley, tal como lo se�alan los art�culos 25 y 139 de la Constituci�n de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela.
4. Que incurri� igualmente en violaci�n constitucional el ciudadano Ministro de la Defensa, Dr. Jos� Vicente Rangel.
5. Que los cuarenta y nueve (49) decretos leyes dictados en virtud de la Ley Habilitante son inconstitucionales e ilegales.

Ahora bien, el art�culo 333 de la Constituci�n de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela dispone: "Esta Constituci�n no perder� su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad, tendr� el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia", es decir, que cuando el ciudadano Hugo Rafael Ch�vez Fr�as en su condici�n de Presidente de la Rep�blica, viol� normas constitucionales, derog� de hecho su contenido por un medio distinto al previsto en ella, por lo que todos los venezolanos tenemos el deber, como lo se�ala el art�culo 333, de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia.

As� mismo, dispone el art�culo 350 de la Constituci�n de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela que: "El pueblo de Venezuela, fiel a su tradici�n republicana, a su lucha por la independencia, la paz y la libertad, desconocer� cualquier r�gimen, legislaci�n o autoridad que contrar�e los valores, principios y garant�as democr�ticas o menoscabe los derechos humanos"; lo expuesto anteriormente demuestra en forma indubitable que el ciudadano Hugo Rafael Ch�vez Fr�as en el ejercicio de la Presidencia de la Rep�blica al desconocer principios y valores constitucionales atent� contra el sistema democr�tico y menoscab� derechos humanos amparados en la Constituci�n de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela, es por ello que de acuerdo al art�culo 350 de dicha Constituci�n, solemnemente declaramos que DESCONOCEMOS al ciudadano Hugo Rafael Ch�vez Fr�as como Presidente de la Rep�blica Bolivariana de Venezuela y nos reservamos las acciones legales que consideremos necesario ejercer para que tal DESCONOCIMIENTO logre que por las v�as que nuestra Constituci�n se�ala el ciudadano Hugo Rafael Ch�vez Fr�as cese en sus funciones de Presidente de la Rep�blica.

ARTICULOS DE LA
CONSTITUCI�N CITADOS
EN EL TEXTO

Art�culo 2. Venezuela se constituye en un Estado Democr�tico y Social de Derecho y de Justicia, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jur�dico y de su actuaci�n, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general, la preeminencia de los derechos humanos, la �tica y el pluralismo pol�tico.

Art�culo 139. El ejercicio del Poder P�blico acarrea responsabilidad individual por abuso o desviaci�n de poder o por violaci�n de esta Constituci�n o la ley.

Art�culo 333. Todos los jueces de la Rep�blica, en el �mbito de sus competencias y conforme a lo previsto en esta Constituci�n y en las leyes, est�n en la obligaci�n de asegurar la integridad de la Constituci�n. En caso de incompatibilidad entre la Constituci�n y una ley u otra norma jur�dica, ser�n aplicables preferentemente las disposiciones constitucionales, correspondiendo a los tribunales en cualquier causa, a�n de oficio, decidir lo conducente. Corresponde exclusivamente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia como jurisdicci�n constitucional, declarar la nulidad de las leyes y dem�s actos de los �rganos que ejercen el Poder P�blico dictados en ejecuci�n directa e inmediata de la Constituci�n o que tengan rango de ley.

Art�culo 350. El pueblo de Venezuela fiel a su tradici�n republicana, a su lucha por la independencia, la paz  la libertad, desconocer� cualquier r�gimen, legislaci�n o autoridad que contrar�e los valores, principios y garant�as democr�ticas o menoscabe los derechos humanos.

En Caracas a los 11 d�as del mes de mayo de 2002.