JÓVENES Y ARMAS DE FUEGO EN VENE

Luis Gerardo Gabaldón

Reconocimientos

El presente trabajo constituye el Informe Final del Proyecto de Investigación Delincuencia Juvenil, Armas y Sistema de Justicia, que ha sido posible gracias al apoyo del Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Católica Andrés Bello. Reconocemos el entusiasmo y apoyo de la Directora del Centro de Investigaciones Jurídicas, Maria Gracia Morais de Guerrero, quien estimuló el desarrollo de la investigación.

Agradecemos a la Presidente del Instituto Nacional del Menor, Nancy Montero, su apoyo manifiesto en la autorización para la aplicación del cuestionario sobre experiencias con armas. Los Directores de los Centros Carolina Uslar y Ciudad de Caracas, Alexander Campos y William Reyes, respectivamente, facilitaron la aplicación del instrumento. El personal directivo y técnico de las instituciones, en particular Carmen Díaz y Hanide Romero, en el Carolina Uslar, y Guillermo Pozo, en el Ciudad de Caracas, facilitó el desarrollo de la investigación con apoyo, sugerencias y comentarios sobre los resultados preliminares.

La Directora del Centro de Diagnóstico y Tratamiento, CDT 2, Los Teques, Yaruma Martínez, y todo el personal de dicho centro, colaboraron con la administración de la prueba piloto del instrumento y las entrevistas de orientación con los jóvenes.

Las jueces de menores de la circunscripción del Distrito Federal, Claudet Veitía, Carmen Ford Alemán, Carmen Elena Ramos, Minerva Rangel de Turdidor, Sonia Sergent, Marisela Iturbe, Yolanda de Zoppi y Ninfa Herrera, facilitaron el trabajo de seguimiento de los expedientes judiciales y aportaron comentarios valiosos para orientar el estudio. El personal de Secretaría y Archivo de estos juzgados colaboró eficientemente con el arqueo de los expedientes.

El Comisario Alí Guillén, de la Comisaría de Menores del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, en Coche, así como el equipo del Departamento de Bienestar Social y la Consultoría Jurídica, suministraron ayuda e información valiosa para ubicar los casos policiales y comprender algunos procesos.

La Oficina de Distribución de Expedientes del Consejo de la Judicatura, en especial Haydée de Díaz, colaboró eficazmente en la ubicación de los expedientes judiciales.

Carmen Guardia de Bracho y Patricia Martín participaron en las entrevistas preliminares y en la administración del cuestionario definitivo en el Carolina Uslar y en el Ciudad de Caracas. Yoana Monsalve colaboró con la administración del mismo en éste último centro.

Queremos dedicar este trabajo a todos los muchachos que colaboraron con sus experiencias, comentarios, vivencias y temores. Su participación será fundamental para la adopción de políticas efectivas a fin de minimizar la violencia y garantizar el respeto a la vida.

1. Introducción.

2. El diseño de la Investigación.

3. El planteamiento de la investigación en Venezuela.
3.1. Ubicación espacial: el área metropolitana de Caracas.
3.2. Identificación exploratoria del problema entre los jóvenes y prueba del instrumento: visita al Centro de Diagnóstico y Tratamiento 2 de Los Teques, Estado Miranda.
3.3 Identificación de las instancias formales de control social: entrevistas con jueces de menores y funcionarios policiales.
3.4. Planificación de la encuesta en los Centros de Tratamiento y Diagnóstico objeto de la investigación.

4. Recolección de los datos
4.1. La administración del cuestionario sobre experiencias con armas.
4.2. Seguimiento de los expedientes por porte de armas de fuego.

5. Resultados.
5.1 Aspectos cuantitativos del cuestionario sobre experiencias con armas.
5.1.1. El perfil de los jóvenes encuestados.
5.1.2 Tendencias en cuanto a la extensión, experiencias y percepciones sobre el porte y uso de las armas y sobre las medidas de control.
5.1.3 Relaciones estadísticas significativas entre las variables vinculadas al uso y al control social formal de las armas.
5.2 Aspectos cualitativos del cuestionario. Relatos sobre el uso de las armas, la gravedad del problema y su control.
5.2.1 Relatos del uso del arma como victimario.
5.2.2. Relatos de las experiencias de victimización con armas.
5.2.3 Percepción de las manifestaciones del problema y perspectivas de minimización del uso de las armas.
5.2.4 Percepción de las instancias de control social formal e informal.
5.2.5. Apreciación de conjunto

5.3 El seguimiento de los expedientes por porte de armas.
5.3.1. Conocimiento del suceso por parte de la Comisaría de Menores de la Policía Técnica Judicial.

5.3.2. Tipología de encuentros de los jóvenes con la policía.

5.3.3. Tipo de arma detectada por la policía.

5.3.4 Decisión Policial.

5.3.5 Envío al Tribunal de Menores.

5.3.6 Decisión judicial.

5.3.7 Apreciación de conjunto.

6. Conclusiones y Recomendaciones
6.1. Conclusiones.
6.2. Recomendaciones

Referencias Bibliográficas

El problema de los jóvenes y las armas a nivel nacional e internacional.

David, de 17 años de edad, fue asesinado cuando se divertía en una verbena del Liceo Los Próceres… Los testigos refieren que el asesino se acercó y, sin mediar palabra, lo acuchilló en el vientre. El motivo parece ser una antipatía mutua, que derivaba en constantes enfrentamientos verbales y físicos… El agresor… optó por acudir a la cita armado con un cuchillo. La herida fue mortal… Los amigos de David… prefirieron correr tras el agresor, quien se encuentra en la terapia intensiva del hospital Pérez de León por heridas contundentes y de arma blanca, propiciadas por los amigos de David… En situaciones como las anteriormente mencionadas, donde los involucrados pertenecen al estrato de las clases sociales A y B, se demuestra que la vida también se desprecia entre los hijos de la clase media. (Venezuela, 1998 b: 2).

Esta noticia de prensa pone de relieve, en el ámbito venezolano, la percepción de la cuestión de la violencia juvenil y el uso de las armas como un problema que ha rebasado la ecología de la marginalidad y la pobreza. Sin embargo, también la prensa se ocupa, desde hace mucho tiempo, de reportar enfrentamientos de bandas y venganzas en barrios citadinos, en los cuales resultan muertos y heridos niños y adolescentes, bien como protagonistas directos, bien como víctimas aleatorias de balas perdidas. Estos reportajes enfatizan el uso de las armas de fuego, la inseguridad y el desprecio a la vida. Poco se conoce sobre la extensión del problema, las vivencias de los protagonistas y las respuestas del sistema de control social, formal e informal, frente a estas situaciones. Este es, precisamente, el tema de la presente investigación.

La cuestión de la posesión y uso de armas, blancas o de fuego, por parte de los jóvenes en Venezuela, no ha merecido atención específica por parte de la literatura académica. El problema, generalmente, se encuentra diluido dentro de la cuestión más general de la delincuencia juvenil y la falta de oportunidades legítimas. En un reciente estudio sobre jóvenes transgresores de Caracas, Castillo (1997: 79) asienta:

El delito aparece como una excusa a partir de la cual se busca actuar socialmente, a través de formas alternativas (a las socialmente ofrecidas) de reconocimiento social…

Las situaciones vinculadas al uso de las armas, como venganzas o actos predatorios, son analizadas al margen de la disponibilidad del arma como elemento determinante; si las armas están al alcance “la cosa” parece más fácil aún (Castillo, 1997: 48).

En algunas interpretaciones, agresión y violencia son vistas como dimensiones cotidianas en el contexto de las conductas desviadas precoces de personas desamparadas. Comentando el contexto de niños de la calle en el área de Sabana Grande, en Caracas, Llorens (1998: 71) afirma:

La violencia se convierte en un marco de referencia a través de la cual se puede comprender el mundo y se puede esperar predecir las relaciones humanas. Aprender a defenderse de esta violencia y poder usar la agresión propia se convierte en un elemento esencial de sobrevivencia y los controles a esa expresión violenta con frecuencia son laxos.

La violencia de la calle puede ser entendida como una forma de rescate de un espacio del cual han sido expropiados. Las actividades delictivas de los niños de la calle configuran formas no institucionalizadas de estrategia de supervivencia acorde a sus recursos así como de resistencia a las opciones que les son ofrecidas.

Sin embargo, poca atención merecen los condicionantes situacionales y la disponibilidad de instrumentos para herir o matar en la explicación de la violencia misma y sus resultados.

En otros países, la disponibilidad de armas de diverso tipo por parte de los jóvenes constituye un tema de creciente interés. Un reportaje del periódico chileno La Tercera (5/4/98, p 4-6) recoge la preocupación por el porte, en aulas de educación media de Santiago, de armas blancas por parte de estudiantes, y de su uso en agresiones contra compañeros de clase. Por lo que se refiere a las armas de fuego, cuya disponibilidad parece ser substancialmente menor, el problema se atribuye a falta de control en el hogar.

En Estados Unidos, la vinculación entre armas de fuego y victimización de jóvenes genera reflexión y preocupación. Para el periodo 1992-1993, el 22% de las víctimas de lesiones personales y el 16% de las víctimas de homicidio fueron jóvenes entre 15 y 19 años de edad (Zawitz, 1996: 3-5). Las víctimas de homicidio, a consecuencia del uso de armas de fuego, se han duplicado para el grupo etario entre 10 y 17 años, en el periodo 1985 - 1991, mientras los homicidios no vinculados a dichas armas permanecieron estables (Blumstein, 1995:5). Se ha propuesto, como explicación de este fenómeno, la expansión del mercado ilícito de drogas, que exigiría el reclutamiento de gente joven, que constituye una mano de obra barata y con menos riesgo de afrontar sanciones severas, a fin de ayudar a la resolución de conflictos y a la aplicación de la coacción en un mercado ilegal, como el de los estupefacientes.

Algunos investigadores han enfocado los mercados de armas y las pandillas, como aspectos fundamentales del problema. Kennedy, Piehl y Braga (1996) estimaron que el 67% de los homicidios por ellos estudiados podrían ser atribuidos a saldos de cuenta entre pandillas juveniles, sin bien muchas veces la propia definición de lo que constituye una pandilla es imprecisa y dificulta plantear una discusión de políticas e iniciativas para el control (Curry, Ball y Fox, 1994).

Existen algunos indicios de que la restricción de la disponibilidad efectiva de armas puede incidir en la reducción de los delitos vinculados a las mismas. Así, en un experimento llevado a cabo en Kansas City, donde se incrementó el desempeño policial proactivo en una zona de la ciudad de alta incidencia delictiva, durante seis meses, se pudo comprobar una disminución de magnitud de tres veces en los homicidios, de las tres cuartas partes en las lesiones personales graves y de la mitad en los robos (Sherman, Shaw y Rogan, 1995). No obstante, fuertes grupos de presión, en Estados Unidos, mantienen oposición a políticas de restricción en la posesión de armas, bajo el argumento de la violación de un derecho constitucional.

Otro aspecto relevante en la cuestión de las armas, en particular las de fuego, es la sensación de seguridad entre la población. Una estimación de Hemenway, Solnik y Azrael (1995) mostró que el 71% de la gente se siente menos segura cuando percibe que los vecinos se arman, aunque las percepciones sobre la seguridad varían según ciertas características individuales, de modo que quienes proporcionalmente se sienten más inseguros en estos casos son los que no poseen armas, las mujeres, las minorías, los ancianos, las personas con hijos menores de 18 años y los residentes urbanos.

Como puede observarse, la cuestión de las armas, con particular referencia a los jóvenes, es ampliamente tematizada en la sociedad urbana actual, si bien la extensión del problema y la investigación disponible difiere en amplia medida en los diversos países. En el medio latinoamericano, esta investigación es inexistente. Por otra parte, solo muy recientemente se ha adoptado una metodología para explorar entre los propios jóvenes, una población que al parecer es particularmente vulnerable, las percepciones, actitudes y experiencias sobre este tema. Ello se explica, en buena parte, porque este grupo etario es infrecuentemente consultado por los planificadores y gestores de políticas sociales sobre cuestiones que los afectan o que, por su intermedio, afectan al conglomerado social.

Dos estudios recientes, en el ámbito norteamericano, han pretendido colmar en parte esta laguna.

Sheley y Wright (1993) diseñaron un estudio en cuatro estados y seis instituciones correccionales y escuelas próximas a las mismas, en Estados Unidos, a fin de estimar la extensión de la posesión, uso y tipo de armas de fuego, así como actitudes de los jóvenes hacia las mismas. El estudio comprendió una muestra de 835 internos y 758 estudiantes, entre el noveno y duodécimo grado, en los estados de California, Nueva Jersey, Louisiana e Illinois, levantada en la primavera de 1991. El 87% de los internos y el 97% de los estudiantes son negros, lo cual implica un gran sesgo racial en el estudio. Algunos resultados del mismo muestran la magnitud y extensión del problema: 83% de los internos poseían al menos un arma de fuego antes del arresto, 63% había cometido un delito con ella y 35% portaba regularmente u ocasionalmente un arma de fuego. La protección fue mencionada como el motivo más frecuente para portar armas (69% de la muestra). Aunque el 68% de los internos y el 22% de los estudiantes confesaron pertenecer a pandillas, un número substancialmente superior en ambas categorías manifestó estar envuelto en uso y posesión de armas de fuego, lo que indica que el problema no está limitado a las pandillas. Un resultado impactante de la encuesta fue que el 35% de los internos y el 10% de los estudiantes declararon que era apropiado disparar contra alguien para obtener lo que uno cree necesario.

Otro estudio, de Callahan y Rivara (1992) encuestó a 970 estudiantes del undécimo grado en Seattle, estado de Washington, mediante el uso de un muestreo mejor balanceado desde el punto de vista étnico: 47% de blancos, 21% de asiáticos y 17% de negros. Estos investigadores encontraron que el 34% de la muestra percibía el acceso a las armas de fuego como fácil, el 46% de los poseedores de armas las llevaba regularmente a la escuela y el 33% de los portadores había disparado por lo menos una vez contra alguien. Según los investigadores, la pertenencia a pandillas y la participación en ataques personales y lesiones se encuentran fuertemente asociados a la posesión de armas de fuego. Sin embargo, solo el 37% de los poseedores de armas resultaron miembros declarados de pandillas, lo que implica, de nuevo, que el problema de la posesión y el uso de armas de fuego rebasa la cuestión de la pandilla juvenil.

Ambos estudios, el de Sheley y Wright (1993) y el de Callahan y Rivara (1992) encontraron que resulta relativamente fácil conseguir armas de fuego. En el primero de ellos, las armas preferidas, revólveres y escopetas, fueron obtenidas por menos de $50 la unidad, en el caso del 41% de los internos y del 21% de los estudiantes. En el segundo estudio, la conclusión es que muchos estudiantes de secundaria, en el área urbana, tienen fácil acceso a las armas, y su posesión es común (p. 3040). Sin embargo, ninguno de los estudios exploró actitudes y sensaciones vinculadas al uso de las armas en situaciones críticas, percepciones sobre el control social entre los propios jóvenes y respuestas del control social formal frente a la detección de armas entre los jóvenes.

La investigación cuyos resultados se reportan en este informe ha abordado esta temática complementaria, en una perspectiva comparada con estudios paralelos en Nuevo México, Estados Unidos, y Santiago, Chile. A continuación se describe el ámbito general de la investigación comparada y las peculiaridades del estudio venezolano, cuya presentación de resultados constituye la materia del presente informe de investigación.

El proyecto original de investigación surge como una iniciativa del Centro para el Análisis Estadístico sobre la Justicia Penal del Estado de Nuevo México, Estados Unidos, a fin de evaluar la disposición de la policía y los fiscales para aplicar las leyes sobre control de armas de fuego (Birkbeck y LaFree, 1996). Una parte del proyecto contemplaba una encuesta entre jóvenes confinados por el sistema de justicia juvenil, a fin de evaluar sus experiencias y actitudes hacia la posesión y el control de las armas de fuego. La ejecución del proyecto en Estados Unidos, cuyo trabajo de campo fue coordinado por Luis Gerardo Gabaldón, se llevó a cabo durante el segundo semestre de 1997, culminando con un Informe Final consolidado en abril de 1998 (New Mexico Criminal Justice Statistical Analysis Center, 1998).

A partir de marzo de 1998 se comienza a trabajar en el proyecto venezolano, que culmina con una proposición ante el Consejo de Desarrollo Científico y Humanístico de la Universidad Católica Andrés Bello, una vez obtenida la autorización de la Presidente del Instituto Nacional del Menor. Con ocasión de un viaje de trabajo a Santiago, Chile, en abril de 1998, se logra la colaboración de la Universidad Diego Portales, a través de la Profesora María Angélica Jiménez, para desarrollar un proyecto similar en el área metropolitana de Santiago.

El macro proyecto de investigación constituye, pues, una iniciativa comparada para evaluar, en el ámbito de tres países y culturas diversas, las vivencias, percepciones y actitudes de jóvenes transgresores sobre el problema de las armas de fuego, así como las respuestas de los órganos de control social hacia los casos que involucran armas de fuego, respetando las peculiaridades de cada entorno en cuanto a las estrategias de búsqueda de la información, análisis en función de la normativa vigente y recomendaciones pertinentes de acuerdo a la articulación de las instancias de supervisión y control.

El objetivo general del proyecto de investigación puede ser formulado como sigue:

Incrementar el conocimiento en relación a la posesión y uso, por parte de los jóvenes, de armas, específicamente de fuego, y de los patrones de control policial y judicial de este fenómeno, con el fin de identificar oportunidades y facilitar estrategias de control.

La metodología para adelantar la investigación se basa en la recolección, mediante dos instrumentos estructurados, de información pertinente a:

El área metropolitana de Caracas (Municipio Libertador del Distrito Federal y Municipios Baruta, El Hatillo, Chacao y Sucre del Estado Miranda) tenía una población estimada de 2.934.282 y una tasa delictiva de 26.4/1.000 para 1994 (Ministerio de Justicia, 1996: 21). Una estimación para 1997, coloca el índice delictivo del Distrito Federal en 28% del total nacional, superando dos veces y media el del Estado más próximo, Carabobo (Ministerio de Justicia, 1997: 9). En 1998, el Distrito Federal registra el 27% de la criminalidad y el 32% de los homicidios de todo el país (Ministerio de Justicia, 1998)

Una evaluación reciente sobre Niños y Adolescentes privados de libertad reporta la existencia, en el área metropolitana de Caracas, de 11 Centros para Menores con Necesidades de Tratamiento, con una capacidad de 541 plazas (UNICEF-UCAB, 1997: 50). Ello representa el 18% de los centros de atención y el 21% de la capacidad instalada para todo el país.

El área metropolitana es la sede de cinco tribunales de menores con competencia correccional, esto es, los que se ocupan de procesar las infracciones que conforman delitos o faltas policiales, por parte de los jóvenes menores de 18 años.

Finalmente, el área metropolitana es la sede del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, que tiene dispuesta una Comisaría específica, en Coche, para procesar los casos que involucran a los jóvenes y remitir los expedientes a los tribunales de menores. En dicha dependencia se concentra el procesamiento administrativo policial de los casos, incluyendo los detectados por los cuerpos policiales uniformados que operan en Caracas, cinco para los diversos municipios urbanos, más el numeroso cuerpo de la policía metropolitana, integrado por 9.000 efectivos para noviembre de 1997.

Esta situación hace de Caracas un centro urbano donde se concentran problemas y agencias de control social vinculados a las armas de fuego. Esto lo define como un entorno particularmente apropiado para la evaluación del fenómeno bajo estudio.

3.2. Identificación exploratoria del problema entre los jóvenes y prueba del instrumento: visita al Centro de Diagnóstico y Tratamiento 2 de Los Teques, Estado Miranda.

Aunque el formato del instrumento de recolección de información entre los jóvenes es un documento estándar para los tres países, con el objeto de probar su funcionalidad e incorporar modificaciones adecuadas al léxico y la expresión coloquial venezolana, durante el mes de mayo de 1998 se llevaron a cabo 7 entrevistas con jóvenes entre 16 y 18 años, 6 varones y una hembra, internos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento 2 de Los Teques, Estado Miranda. Dada la vecindad urbana con Caracas, la población allí internada no debe diferir significativamente de la internada en la capital, y el procedimiento evita el proceso de contaminación de la muestra seleccionada para el estudio definitivo.

Estos menores, que accedieron a la entrevista de forma voluntaria, previa solicitud de la directiva de la Institución, se encuentran internos, dos por homicidio, dos por lesiones personales, dos por hurto y uno por tenencia de drogas. Solo uno de ellos, imputado de homicidio, reconoció haber disparado en varias oportunidades con ocasión de enfrentamiento de pandillas. Protección, venganza y comisión de robos, fueron los hechos mencionados como mayormente asociados al uso de las armas. Surgieron, además, algunos comentarios sobre el maltrato policial y sobre la dificultad de controlar la tenencia y uso de las armas.

Adicionalmente a las entrevistas, se realizó una prueba piloto con 21 cuestionarios de respuesta cerrada y 16 cuestionarios de respuesta abierta, entre un grupo de internos voluntarios, a fin de evaluar la funcionalidad del instrumento. Al constatarse que el cuestionario abierto generó mayor frecuencia de no respuesta, así como la existencia de dificultades particulares con la capacidad de escribir, se optó por utilizar, como instrumento definitivo, el cuestionario cerrado, cuyo formato, impreso en un cuadernillo a dos colores, se reporta en el Apéndice 2 del presente informe.

Mediante una conversación con los grupos de encuestados, al final de la sesión de aplicación del instrumento de prueba, se pudo determinar que los jóvenes estimaron pertinente el estudio y relevantes las preguntas contenidas en el cuestionario.

3.3 Identificación de las instancias formales de control social: entrevistas con jueces de menores y funcionarios policiales.

Con la finalidad de familiarizarse con las estructuras formales de control social en materia de armas de fuego, se efectuaron contactos y entrevistas con cinco jueces de menores del área metropolitana de Caracas y con funcionarios policiales vinculados al procesamiento de los expedientes de los jóvenes.

Las entrevistas con las jueces, 3 de ellas a cargo de tribunales correccionales y dos de ellas a cargo de tribunales de familia, aunque con desempeño previo en tribunales correccionales, permitieron identificar las percepciones de los funcionarios judiciales sobre las características y extensión del problema, así como sobre los procedimientos y forma de acceder sistemáticamente a los casos que se procesan sobre este particular.

Las jueces coincidieron en varios aspectos: la disponibilidad de armas, blancas y de fuego, por parte de los menores de edad es extensa y comprende todos los estratos sociales, aunque se ha incrementado en los últimos 6 u 8 años; el perfil del menor que utiliza el arma es el de una persona agresiva, con poco control de los impulsos, aunque su utilización está vinculada no solo al despliegue de poder y a la ejecución de conductas predatorias contra la propiedad, sino a la defensa de la vida, en situaciones en las cuales se genera una espiral de violencia; no hay procedimiento especial para el tratamiento judicial de estos casos, y aunque muchos expedientes vienen incompletos desde la policía, lo fundamental en materia de menores es el cuadro de su personalidad antes que las características específicas del hecho cometido (sin embargo, una de las jueces mencionó la existencia de la práctica de diagnóstico con internamiento, en casos de armas de fuego); el Cuerpo Técnico de Policía Judicial instruye estos casos y retiene a los menores a través de la Comisaría de Menores con sede en Coche, la cual constituye el centro de referencia de todos los casos conocidos por otras policías; finalmente, las policías cometen frecuentemente abusos contra los menores de edad, incluyendo maltratos físicos y siembra de drogas, sin excluirse ningún cuerpo policial en particular.

Con esta información nos trasladamos a la Comisaría de Menores de la Policía Técnica Judicial de Coche, que funciona bajo la dirección de un Comisario, y cuya responsabilidad es la de instruir los expedientes que, por iniciativa propia o por reporte de los restantes cuerpos policiales, llegan a su conocimiento. En dicha Comisaría funcionan un Departamento Técnico, uno de Investigaciones, uno de Asistencia a la Procuraduría de Menores y una Jefatura de Servicios. Funciona, además, un Departamento de Bienestar Social, bajo la dirección de una Licenciada en Trabajo Social, con la participación de una psicólogo, un sociólogo y un técnico en Trabajo Social, que evalúan la situación familiar y social de los infractores primarios, a fin de adoptar decisiones relativas a su retención preventiva. Haya o no esta medida de retención, los expedientes son remitidos al Tribunal de Menores, a través de la Oficina de Distribución de Expedientes del Consejo de la Judicatura. Durante el mes de Marzo de 1999, el Departamento de Bienestar Social sostuvo 92 sesiones de atención de casos de menores, 89 sesiones de seguimiento de menores infractores en libertad y 20 sesiones de diagnóstico de menores agraviados, lo cual demuestra una extensa actividad colateral al trabajo estrictamente policial.

Se diseñó un formato de recolección de información policial y judicial que diese cuenta de las diligencias, decisiones y lapsos adoptados en relación a las averiguaciones por porte de armas de fuego. En el Apéndice 3 del presente Informe se reproduce dicho formato.

3.4. Planificación de la encuesta en los Centros de Tratamiento y Diagnóstico objeto de la investigación.

Mediante comunicación del 6 de Abril de 1998, la Presidente del Instituto Nacional del Menor autorizó la realización de la encuesta a los jóvenes infractores en el Centro Carolina Uslar Llamozas, Módulos I, II y III, y en el Centro Ciudad de Caracas. Estas dependencias albergan el grueso de los muchachos con severos problemas de conducta, incluyendo las transgresiones penales más graves, en el área metropolitana de Caracas. Una descripción pormenorizada de cada una de las dependencias se reporta en el Apéndice 1 del presente Informe. Dado que los centros en referencia albergan únicamente a varones, se solicitó autorización para cubrir una muestra de 30 hembras en el Centro José Gregorio Hernández, a fin de facilitar la comparación con el estudio norteamericano, que contempló una muestra de 13% de población retenida femenina. La autorización fue denegada el 13 de Julio de 1998 por razones vinculadas al desarrollo de una investigación paralela por parte del Instituto Nacional del Menor.

Con el objeto de preparar sobre el terreno la administración de los cuestionarios, se realizaron visitas de contacto e información a los centros seleccionados. En el Centro Carolina Uslar Llamozas se sostuvo una entrevista con la Subdirectora del Complejo y los Directores de los Módulos, el 19 de junio de 1998, y en el Centro Ciudad de Caracas con los miembros del equipo técnico de la institución, el 22 de junio de 1998. En dichas visitas se explicó al personal administrativo y técnico el propósito del estudio y las condiciones generales de la administración del cuestionario, a fin de garantizar seguridad, espontaneidad y confidencialidad en la respuesta.

De acuerdo con lo programado, la administración del cuestionario se realizó en fechas diversas para cada uno de los módulos del Centro Carolina Uslar y para el Centro Ciudad de Caracas.

El Módulo 1 del Centro Carolina Uslar fue censado el 14 de Julio de 1998, entre las 9 a.m. y las 5 p.m. Previamente a la aplicación del cuestionario, el equipo de investigación dio una breve explicación al equipo técnico sobre el alcance y modalidades de ejecución. Se administró el cuestionario entre grupos de 10 muchachos, en un salón de clase y en el salón de reuniones del equipo técnico, en el transcurso de la mañana. En la tarde se utilizó, además, el salón de computación. Finalizados los grupos, con un total de 60 jóvenes, se realizaron 13 entrevistas con internos analfabetas, para una cobertura de 73 internos, de los 76 efectivos para dicho día. La diferencia obedeció a la imposibilidad de administrar la prueba a 3 muchachos por reposo médico o por incapacidad (retardo mental).

En el Módulo 3 del Centro Carolina Uslar se inició la administración del cuestionario el 16 de Julio, entre 9 a.m. y 12 m. Había dicho día 69 internos, de los cuales 60 disponibles, por estar los restantes en sala disciplinaria o en situación de recién ingreso. Se trabajó con grupos de 6 a 8 en el comedor y en el aula de usos múltiples, en éste último ambiente con mesas y sillas. A las 2 p.m. debió ser suspendida la prueba, por hallarse de turno un solo maestro guía para controlar a los internos, según explicó la directora titular, quien se incorporó en la tarde para sustituir al director suplente. Durante la administración de la prueba, en la mañana, hubo coincidencia con una actividad deportiva en el patio central, lo cual perturbó en alguna medida el silencio y el orden requerido para agrupar a los muchachos. El desfase y desorganización en la administración del cuestionario nos hizo perder la posibilidad de aplicar la prueba a 13 muchachos.

La administración de la prueba prosiguió en el Módulo 3 en la mañana del 20 de julio, en este caso con la modalidad de entrevistas, a fin de controlar a los menores que ya hubiesen presentado la prueba del día anterior, a cuyo efecto fue permutado el equipo de aplicación del cuestionario.

En el Módulo 2 del Centro Carolina Uslar, la administración de la prueba programada para el viernes 17 de julio fue aplazada hasta el miércoles 22, a fin de aliviar la tensión de la preparación de una obra de teatro por los muchachos. Este día se presentó un equipo de tres investigadores a fin de entrevistar a los 26 internos, entre 11 y 16 años de edad. El Módulo 2 funge como comunidad terapéutica por consumo de drogas. Según la psiquiatra que labora allí, puede haber casos de consumo de 20 a 100 piedras de crack por día. Menciona que todos son consumidores compulsivos cuando ingresan, y que el consumo de drogas es lo que determina la colocación en este módulo. Según esta profesional, los muchachos presentan problemas de nutrición y todos tienen estatura y complexión por debajo de la media para su edad. Dada esta particularidad, se adoptó el sistema de entrevista para todos los muchachos, excluyendo a uno de ellos que presentó graves problemas de concentración. Entre los entrevistados no se notaron problemas de comprensión de las preguntas ni evidente disposición a falsear las respuestas.

En el Centro Ciudad de Caracas, tal como estaba previsto, el 21 de julio de 1998 se presentó el equipo de investigación. Dos días antes se había producido la fuga de 14 internos, de los cuales 6 habían salido de permiso y no se habían reportado hasta el 20 de julio. Las autoridades sostuvieron una reunión de emergencia, toda la mañana, con una supervisora zonal, para evaluar la situación. Ante este problema, a las 12 m. se decidió aplazar la administración de la prueba por una semana, a fin de facilitar las condiciones de administración del cuestionario y el incremento de los participantes.

El 27 de julio, a las 9 a.m. se presentó el equipo para aplicar la prueba, lo cual se hizo en grupos de 10, en el aula, y grupos de 20 en el comedor, procesándose un total de 63 menores, de los 66 recluidos para ese día. El grupo incluyó 11 entrevistas, debido a problemas de lectura. Se observó alguna desorganización en la ubicación de las listas de los menores, a fin de controlar la doble participación en la encuesta, y al final de la tarde se produjo un conato de desorden que obligó a la intervención de tres guías para restablecer la calma y permitir al equipo de investigación retirarse del sitio.

En el Centro Ciudad de Caracas se observó la colaboración de las autoridades y los vigilantes, a pesar de ser estos escasos (solo 3 para controlar dentro del área de reclusión a 66 internos). El Director manifestó que se había observado un cambio positivo en la actitud de los jóvenes a raíz de la expectativa de la aplicación del cuestionario. Algunos preguntaron de qué se trataba y se les aseguró el carácter universitario y confidencial del estudio.

El procedimiento para aplicar el cuestionario en ambos Centros de Diagnóstico y Tratamiento fue el siguiente:

Uno de los miembros explicó el alcance del estudio y la importancia de responder con sinceridad, así como que no había respuestas buenas o malas. Una vez repartido el cuestionario y los lápices, se circulaba por los puestos repartiendo chocolates entre los muchachos, a fin de reforzar la participación.

En la entrevista personal se dio una breve explicación y se procedió a leer o a explicar las preguntas. Episodios o comentarios adicionales fueron anotados en la última sección del cuestionario.

En dos o tres oportunidades se solicitó retroalimentación después de concluida la prueba. Se percibió que los menores entendieron el cuestionario y creyeron que era interesante, y que responderlo los distraía de la rutina y aburrimiento a que parecen estar sometidos.

Finalmente fue procesado un total de 203 cuestionarios, de los cuales 141 corresponden al Centro Carolina Uslar y 62 al Centro Ciudad de Caracas. Fueron descartados cinco cuestionarios debido a falta de información sustancial. De este total, 120 corresponden a encuestas autoadministradas, y 83 a entrevistas personalizadas, incluyendo entre las últimas los 25 casos del Módulo 2 del Centro Carolina Uslar, donde se encuentran recluidos los muchachos más jóvenes por consumo de drogas.

La Comisaría de Menores del Cuerpo Técnico de Policía Judicial, luego de una entrevista con su Comisario Jefe y con miembros del Departamento de Bienestar Social, accedió a suministrar una lista de casos remitidos como expedientes a los tribunales de menores durante el periodo Enero 1996 - Julio 1997. La escogencia de dicho periodo se hizo con una doble finalidad; por un lado, uniformar el periodo estudiado en el caso norteamericano, y por el otro, facilitar la evolución temporal de los casos hasta determinar las medidas finalmente aplicadas por los jueces.

La lista inicialmente preparada, conforme a los archivos computarizados de la policía, incluyó 1.238 casos por hechos de homicidio, lesiones, robo, violación y hurto, infracciones presuntamente vinculadas a las armas de fuego. Sin embargo, con posterioridad se decidió trabajar solamente con los casos expresamente definidos desde el inicio como porte ilícito de armas, dado que el estudio pretende evaluar y comparar las respuestas de las agencias formales de control hacia esta infracción en particular, esté o no vinculada a otra. De este modo, fue preparado un listado conteniendo 86 Averiguaciones instruidas por este hecho en el periodo considerado.

Se solicitó autorización para revisar los asientos o copias del expediente directamente en la sede la Comisaría de Coche, a fin de identificar datos preliminares del expediente y concentrar la recolección de la fase relativa a diligencias policiales en un solo sitio y con menor inversión de tiempo. Sin embargo, la alta Jerarquía de la Policía Judicial descartó dicha posibilidad bajo el pretexto del secreto sumarial. De este modo, hubo de acudirse a la Oficina de Distribución de Expedientes del Consejo de la Judicatura, a fin de ubicar los casos de los menores procesados. Dado que la numeración policial no coincide con la judicial, la única forma plausible de lograr la identificación del caso fue a través del nombre del infractor, el cual, a fin de garantizar ante los jueces y cualquier otro interesado absoluta confidencialidad, conforme a las normas de la Ley Tutelar de Menores, fue borrado del listado una vez identificado el expediente en cada uno de los cinco tribunales correccionales.

Se conversó de nuevo con las jueces, algunas de las cuales habían sido entrevistadas cuatro meses antes, a fin de lograr acceso al archivo del tribunal y llenar toda la información de la planilla de registro. Este proceso fue adelantado entre Octubre de 1998 y Marzo de 1999, contándose en todo momento con la colaboración de los juzgados, incluso mediante la recuperación de algunos casos del Archivo Judicial, a donde son remitidos los expedientes cuando el infractor ha alcanzado la mayoría de edad.

En total fueron censados 79 Expedientes de los 86 que figuraban en el listado original suministrado por la policía judicial. Los casos faltantes corresponden a aquellos en los cuales no fue posible identificar al joven y a uno que no fue recuperado del archivo judicial. Todos los casos, con excepción de uno, corresponden a varones, y fueron detectados, predominantemente por las policías uniformadas del área metropolitana de Caracas y remitidos a la Comisaría de Menores del Cuerpo Técnico de Policía Judicial a los fines de su procesamiento. Esta es, pues, la base de datos para el análisis de las respuestas oficiales de las agencias de control social frente a la posesión de armas por los jóvenes.

A continuación se discuten los principales hallazgos de la investigación en 3 secciones. En las dos primeras abordamos la descripción de los jóvenes encuestados en los dos Centros de Tratamiento y Diagnóstico, en términos de variables demográficas y de las tendencias cuantitativas y cualitativas más importantes de la encuesta sobre experiencias con armas. En la tercera sección examinamos los patrones de detección, procesamiento y medidas de control social aplicadas en los casos de porte ilícito de armas por parte de las instancias policial y judicial, según se desprende del análisis de los expedientes judiciales procesados entre enero de 1996 y julio de 1997.

La población juvenil retenida en los Centros Carolina Uslar y Ciudad de Caracas es venezolana en un 98.5%.

Los muchachos son nativos del Distrito Federal en un 82.8%, del Estado Miranda en un 4.9% y de otros estados del país en un 12.3%. En cuanto a la ciudad de nacimiento, el 80.3% declaró ser de Caracas, el 1% de Los Teques y el 18.7% de otra ciudad. El 85% declaró haber vivido en la capital por 7 o más años, todo lo cual supone una población juvenil de origen y perfil fundamentalmente urbano y, más específicamente, metropolitano.

La edad de los encuestados fluctúa entre 7 y 23 años, con una moda de 17 años (32% de las observaciones).

El último grado aprobado varía entre primero y noveno, con una moda de sexto grado (28% de las observaciones). La correlación entre edad y grado aprobado es de 0.38 (p<0.001) la cual, a pesar de resultar estadísticamente significativa, permite suponer un apreciable índice de deserción y/o retardo escolar.

En cuanto al perfil de contacto con agencias de control social formal, el 68.2% de los jóvenes refiere haber sido retenido por la policía de una a tres veces, y el 46.8% declara haber tenido un solo expediente en el tribunal, lo cual permite deducir que cerca de la mitad de la población encuestada está constituida por infractores primarios, desde el punto de vista legal.

La tabla 1 resume las infracciones o faltas por las cuales han sido retenidos estos jóvenes a la orden del tribunal de menores la última vez. Como puede apreciarse, para el total de la población encuestada, los hechos más frecuentes son, en orden decreciente, el robo, la tenencia de drogas y el homicidio, siendo el porte ilícito de armas mencionado en solo 4% de los casos. Sin embargo, existen algunas diferencias apreciables entre las subpoblaciones del Centro Carolina Uslar y del Centro Ciudad de Caracas. En éste último, la proporción de homicidios (30% vs 18%) y de robos (31% vs. 25%) es substancialmente superior, mientras que la proporción de tenencia de drogas (16% vs. 27%) es substancialmente menor. También la proporción del porte ilícito de armas, en el Centro Ciudad de Caracas, es casi tres veces más a la registrada en el Centro Carolina Uslar. Todo ello permite corroborar la impresión que ya se tenía de que el Centro Ciudad de Caracas recibe a una población de infractores con un perfil de gravedad mayor que el Centro Carolina Uslar.

	Tabla 1
Infracciones motivo de retención a la orden del tribunal
Categorías	Frecuencia	%
Robo	63	27,2
Drogas	54	23,3
Homicidio	50	21,6
Hurto	24	10,3
Otras	16	6,9
Lesiones	13	5,6
Porte de armas	9	3,9
Violación, actos lascivos	2	0,9
Violación libertad vigilada	1	0,4
Total	232	100

Las frecuencias exceden el número de encuestas (203) debido a la concurrencia de varias infracciones en un solo joven.

5.1.2 Tendencias en cuanto a la extensión, experiencias y percepciones sobre el porte y uso de las armas y sobre las medidas de control.

La tabla 2 resume los resultados en cuanto a la percepción de las armas más utilizadas por los jóvenes. Como se puede observar, predominan las pistolas, seguidas de los revólveres y de las escopetas. Las armas percibidas como más deseables tienden a coincidir con esta distribución. Sin embargo, como se podrá apreciar en la sección 5.3. del presente Informe, los revólveres representan el 41%, las pistolas el 26% y las escopetas recortadas el 6% de las armas decomisadas en los expedientes de porte de armas, lo cual indica que la percepción de los jóvenes no refleja la disponibilidad efectiva de pistolas automáticas, si nos atenemos a los datos de los expedientes, y se encuentra, probablemente, magnificada por el efecto de fascinación y/o temor asociado a las armas más poderosas.

	Tabla 2
Percepción de la clase de armas utilizadas por los muchachos
Categorías	Frecuencia	%
Pistolas	153	39,3
Revólver	114	29,3
Escopetas	24	6,2
Pajizas	18	4,6
Pistola casera (chopo)	15	3,9
Cuchillos	15	3,9
Chuzos	12	3,1
Rifles de guerra	12	3,1
Rifles	10	2,6
Pistolas de balines	9	2,3
Otras	7	1,8
Total	389	100

Las frecuencias exceden el número de encuestas (203) debido a la posibilidad de respuestas múltiples.

Por lo que se refiere a la facilidad de obtención de armas, 52% estima que es fácil o muy fácil y 48% que es difícil o muy difícil. El 42% de los encuestados estima que es factible conseguir un arma en un plazo de 3 días o menos y el 55% declara haber tenido un arma la primera vez contando 13 o menos años de edad. Todo esto indica la facilidad relativa y la precocidad en la disposición de armas por parte de los jóvenes.

La tabla 3 refiere la indicación del proveedor de armas específicamente mencionado por los jóvenes que declararon haber tenido alguna vez armas. Los “panas” o amigos figuran en primer término, en el 48% de los casos, seguidos por la policía y por los traficantes, con cerca del 7% de los casos cada uno. En esta pregunta se declaró, en un 20% de los casos, haber adquirido el arma por cuenta propia, y en un 11% a través de personas no especificadas. Dado que la pregunta cubre una experiencia personal, de tipo confesional, no extraña el peso de estas últimas alternativas de respuesta, que probablemente eluden la información sobre el proveedor específico.

	Tabla 3
Proveedor específico del arma
Categorías	Frecuencia	%
Un pana	66	47,8
Por mi cuenta	27	19,6
De alguien más	15	10,9
La policía	10	7,2
Traficantes de droga	9	6,5
Padres o parientes	7	5,1
Una casa de empeño	2	1,4
Algún contrabando	1	0,7
Un vecino	1	0,7
Total	138	100

La tabla 4 reporta la percepción sobre quiénes son los principales proveedores de armas. Como se puede apreciar, los amigos o “panas” figuran en el primer lugar, seguidos de los traficantes de drogas y de los policías. Otros proveedores mencionados fueron los contrabandistas, las tiendas, y las casas de empeño, mientras los padres o parientes son señalados en menos del 1% de los casos. Aunque esta distribución no es idéntica a la del proveedor específico señalado por quienes declararon haber tenido alguna vez un arma (ver tabla 3), la tendencia general se mantiene y confirma el dato inesperado de que la policía constituye la tercera fuente de suministro de armas para los jóvenes.

	Tabla 4
Percepción de los principales proveedores de armas
Categorías	Frecuencia	%
Los panas	125	29,9
Los traficantes	80	19,1
Por su cuenta	74	17,7
Los policías	59	14,1
El contrabando	32	7,7
Otros	21	5,0
Las tiendas	13	3,1
Las casas de empeño	10	2,4
Los vecinos	3	0,7
Los padres	1	0,2
Total	418	100

Las frecuencias exceden el número de encuestas (203) debido a la posibilidad de respuestas múltiples.

Los sitios más frecuentemente mencionados por los jóvenes como de porte de armas fueron las fiestas (74%), aquéllos en los cuales se va a robar (46%) y la calle (30%), lo que indica una constelación de situaciones diversas.

La tabla 5 refiere los motivos más frecuentemente indicados para el uso de las armas. Como se puede observar, los tres más recurrentes son la protección, la obtención del dinero y la venganza, aunque la obtención de respeto, dañar a alguien o demostrar valor fueron señalados con alguna frecuencia. Protección y obtención de dinero apuntan hacia la preeminencia del uso instrumental de las armas, aunque como se verá más adelante (Sección 5.2.) los relatos sobre las experiencias directas con armas se apartan en alguna medida de esta tendencia.

	Tabla 5
Motivos para el uso de armas
Categorías	Frecuencia	%
Para protegerse	122	25,3
Para obtener plata	116	24,0
Por venganza	107	22,2
Obtener respeto	27	5,6
Joder a la gente	23	4,8
Mostrar que son arrechos	23	4,8
Otra razón	17	3,5
Para divertirse	16	3,3
Los amigos llevan armas	11	2,3
Mostrar que están en algo	11	2,3
Los obligan los adultos	7	1,4
Demostrar que son finos	3	0,6
Total	483	100

Las frecuencias exceden el número de encuestas (203) debido a la posibilidad de respuestas múltiples.

La tabla 6 reporta la percepción experimentada por el uso del arma cuando es usada contra otra persona (percepción del victimario, columna izquierda) y cuando es usada contra el encuestado (percepción de la víctima, columna derecha). Obviamente, estas respuestas corresponden a quienes declararon haber usado el arma contra otra persona (62%) o haber sido víctimas de tal uso (76%), por lo menos una vez. Como se puede apreciar, rabia y miedo son las percepciones más frecuentemente asociadas a la vinculación con el uso del arma, bien en la condición de victimario o de víctima, aunque son más significativas en el segundo caso. Esto demuestra cierta homogeneidad en cuanto a la experiencia directa con las armas. Arrepentimiento es la tercera respuesta asociada al uso como victimario, mientras “sentirse mal” figura en el tercer lugar en cuanto a la experiencia de victimización. La percepción de respeto se menciona en un 8% de los casos de uso activo, mientras que, a nivel actitudinal, como se pudo apreciar en la tabla 5, la búsqueda de respeto se indicó en un 13% de los casos como motivo para el uso de las armas.

	Tabla 6
Distribución porcentual de la percepción por el uso de armas
Categorías	Victimario	Víctima
Volado	4,3	3,3
Divertido	11,1	1,3
Con miedo	29,9	49
Con rabia	14,5	21,6
Poderoso	0,9	0,7
Emocionado	6,8	0
Una nota	4,3	1,3
Respetado	7,7	0,7
Mal	6	17,6
Arrepentido	14,5	4,6
Total	100	100

La tabla 7 resume las respuestas sobre la percepción de cuán activas son tres instancias respecto al uso de las armas: familia (padres), escuela (maestros) y policía. Como se puede apreciar, los padres son percibidos como más activos que los maestros, y éstos más que los policías, en cuanto al control del uso de las armas por parte de los jóvenes.

	Tabla 7
Distribución porcentual de la percepción de activación de 3 instancias de control
Hacen para controlar	Padres	Maestros	Policías
Nada	19,5	25,4	20,3
Casi nada	9,2	10,6	18,3
Poco	11,3	15,9	22,8
Mucho	60	48,1	38,6
Total	100	100	100

En relación a las leyes sobre armas, un 41.5% declaró que los muchachos no conocen nada o casi nada sobre la materia, y en cuanto a la opinión sobre los jueces, un 70% manifestó que eran duros o muy duros cuando decidían los expedientes de los jóvenes. Esta última percepción, como se verá en la sección 5.3., no pareciera corresponder a la práctica decisoria de los jueces de menores en los casos de expedientes por porte ilícito de armas.

La tabla 8 refiere las percepciones de riesgo de detención para cuatro supuestos de porte y uso de armas de fuego. Como se puede observar, el 64% considera muy bajo o nulo el riesgo de detención por cargar las armas encima, el 62% muy bajo o nulo dicho riesgo en caso de exhibición pública de las armas, el 68% igualmente muy bajo o nulo en caso de disparar y fallar el blanco, y un 42% estima que tal riesgo sigue siendo muy bajo o nulo en los casos de disparos seguidos de heridas o muertes. Estos resultados indican, a nivel actitudinal, una percepción de escaso riesgo de consecuencias legales aversivas debido al porte y al uso de las armas de fuego.

		Tabla 8
Distribución porcentual de la percepción del riesgo de detención en 4 supuestos de porte y uso de armas
Supuestos		Riesgo
	Ninguno	Poco	Mucho	Total
Cargar encima	15	48,7	26,4	9,8
Exhibición pública	25,4	37	24,9	12,7
Disparar y fallar	22,6	45,7	26,3	5,4
Herir o matar	5,7	36,3	36,8	21,2

La tabla 9 recoge las respuestas a la pregunta sobre lo que sería mejor para evitar que los muchachos carguen armas con ellos. Las cuatro medidas percibidas como más importantes, en orden descendente, son, que los padres controlen a sus hijos, detener el tráfico de drogas, meter presos a los muchachos que carguen armas y que los policías no vendan armas a los muchachos. Se trata de una constelación diversa de medidas, que combina aspectos de supervisión, restricción del mercado y represión directa. Es interesante destacar cómo los padres vuelven a ser percibidos como la instancia más apropiada de control y cómo la sugerencia de restringir la venta de armas por parte de la policía guarda consistencia con la percepción de esta agencia como un proveedor importante de armas para los jóvenes (ver tablas 3 y 4, supra).

Tabla 9
¿Qué sería mejor para controlar el problema de las armas?
Categorías	Frecuencia	%
Padres deben controlar a los hijos	58	29,4
Detener el tráfico de drogas	31	15,7
Poner presos a los jóvenes	25	12,7
Los policías no vendan armas	23	11,7
Alguna otra cosa	18	9,1
Controlar ventas de armas	14	7,1
Control por los pares	12	6,1
Mayor severidad judicial	6	3,0
Control en las escuelas	6	3,0
Perseguir bandas o pandillas	4	2,0
Total	197	100

5.1.3 Relaciones estadísticas significativas entre las variables vinculadas al uso y al control social formal de las armas.

Con la finalidad de analizar la relación existente entre las experiencias directas con armas y los procesos de detección e intervención de las agencias de control social formal, decidimos adelantar una prueba de correlación lineal entre las siguientes variables: frecuencia de vinculación con armas como victimario (contra alguien) y como víctima (contra ti), frecuencia con la cual se ha apuntado o amenazado a alguien y con la cual se ha disparado contra alguien (esto es, las dos hipótesis más graves de uso de un arma contra otra persona), número de veces que se menciona haber sido retenido y número de expedientes (antecedentes) en el tribunal de menores, así como edad y último grado aprobado. La tabla 10 reproduce la matriz de correlación lineal de dichas variables con el número de observaciones para cada caso (entre paréntesis) y el nivel de significación mediante un test de dos colas. Discutiremos las asociaciones significativas más allá del nivel del 5% (p<.05)

Como se puede observar, la frecuencia del uso de armas como victimario se encuentra significativamente asociada al uso declarado del arma para amenazar a alguien y, más fuertemente aún, para disparar contra alguien (véase columna 2, filas 3 y 4). En este último caso la correlación alcanza .67. De igual manera, la frecuencia de victimización con armas se encuentra significativamente asociada al uso declarado del arma para amenazar a alguien y para disparar contra alguien, aunque los coeficientes de correlación son algo menores que en los casos de uso como victimario (véase columna 1, filas 4 y 5). También existe una correlación significativa entre la frecuencia del uso de armas como victimario y la frecuencia de la victimización por armas (véase columna 1, fila 1). Esto quiere decir que las mismas personas que usan el arma contra otras tienden a resultar también víctimas por parte de los demás. Todo ello sugiere que el grupo de victimarios y de víctimas de armas comparte características comunes, siendo una población en la cual es fluido el tránsito entre una y otra condición.

La frecuencia de la vinculación con el arma como victimario se encuentra significativamente asociada al número de veces que se declara haber sido retenido por la policía y al número de expedientes en el tribunal de menores (véase columna 2, filas 5 y 6). Sin embargo, la correlación es más débil y no significativa entre la frecuencia de victimización y estas dos variables legales (véase columna 1, filas 6 y 7). El número de veces retenido por la policía y el número de expedientes en el tribunal de menores se encuentran altamente asociados entre sí (véase columna 7, fila 7). También la frecuencia con la cual se declara haber disparado contra alguien se encuentra significativamente asociada al número de expedientes en el tribunal de menores (véase columna 6, fila 7) aunque no la frecuencia con la cual se declara haber amenazado a alguien (véase columna 5, fila 7). Todo ello sugiere lo siguiente:

Los datos son interesantes e indican que el arresto y procesamiento de los jóvenes transgresores guarda alguna relación con el uso de las armas, aunque no se procese independientemente por esta infracción autónoma en forma consistente, sino acaso de manera accesoria a la comisión de hechos más graves, como el robo y el homicidio, tal como indica el análisis de los expedientes por porte de armas en la sección 5.3.

El grado de instrucción guarda relación inversa con el número de veces retenido por la policía y con el número de expedientes en el tribunal, aunque solo la primera de las correlaciones es estadísticamente significativa (véase columna 4, filas 3 y 4). Es posible que ello se deba a que la deserción escolar facilita procesos de detección y retención policial, a la vez que, posiblemente, se encuentre asociada a un mayor contacto con situaciones de infracción, aunque no específicamente vinculadas a las armas. Es pertinente destacar que no se ha registrado asociación entre el grado de instrucción y la vinculación con el arma como victimario o como víctima (véase fila 3, columnas 1 y 2).

La edad se encuentra asociada en forma significativa al número de veces que se declara haber disparado contra alguien (véase columna 3, fila 3), lo cual es consistente con la relación, también positiva (aunque no estadísticamente significativa) entre edad y frecuencia de la vinculación con el arma como víctima y como victimario (véase fila 2, columnas 1 y 2). Un dato extraño es la relación negativa y significativa entre edad y número de veces retenido por la policía (véase columna 3, fila 4). Es posible que, en condiciones de reclusión, los jóvenes de mayor edad sean reacios a informar con sinceridad sobre el número de veces que han sido detenidos por la policía, o que no recuerden o descarten detenciones efectivamente ocurridas.

Finalmente, es pertinente destacar que no se encontró relación entre la declaración de haber usado por lo menos una vez un arma contra alguien, o la declaración de haber sido por lo menos una vez víctima de tal uso, y la percepción del conocimiento de las leyes sobre armas o la percepción del riesgo de detención por causar heridas o muertes con armas, lo cual pone de manifiesto las limitaciones del poder intimidativo del castigo, en esta materia. Quienes declararon no haber usado nunca un arma contra alguien y no haber sido nunca víctimas de tal uso registraron la correlación negativa más fuerte con el número total de expedientes en el tribunal. Dichas correlaciones se encuentran cerca de los valores de rechazo de la hipótesis nula ( -.17, p =.05 y -.26, p< .08), mediante una prueba de regresión logística que incorpora, además, las variables edad, grado y número de veces retenido por la policía. Los resultados confirman, respecto a la variable dicotómica uso/no uso de armas, lo observado y discutido respecto a la variable cuantitativa frecuencia en el uso del arma, permitiendo, por otra parte, comprobar con un criterio independiente la consistencia en las respuestas al cuestionario.

El cuestionario utilizado probó ser un instrumento de aceptable comprensión y confiabilidad. Permitió explorar las experiencias y percepciones sobre porte y uso de las armas por parte de la población juvenil internada en dos Centros de Tratamiento y Diagnóstico del área metropolitana de Caracas. No hubo manifiesto rechazo por parte de los encuestados. La no respuesta fue escasa y, básicamente, no se detectaron inconsistencias o contradicciones entre respuestas excluyentes. No hay razones para suponer falsedad deliberada en el suministro de información, aunque es posible que la estructura de preguntas cerradas utilizada en el instrumento haya estimulado, sobre todo en materia de actitudes y evaluación de instancias de control, respuestas inmediatas que no siempre reflejan las vivencias experimentadas. Esta posibilidad es discutida más adelante.

Los datos del cuestionario sugieren la percepción de una facilidad relativa y una precocidad en la adquisición y disposición de las armas por parte de los jóvenes, aunque no tan amplias como las que han podido ser observadas para el caso norteamericano, donde, según una estimación reciente, un 93% de los jóvenes detenidos piensa que es fácil o muy fácil obtener un arma de fuego, y un 83% considera factible obtenerla en dos días o menos (New Mexico Criminal Justice Statistical Analysis Center, 1998: 14 y 17) También sugieren una circulación extensa de las armas entre pares o amigos, sensaciones de rabia y miedo asociadas a la experiencia con armas y bajas percepciones de riesgo de detención por porte y uso de las armas, incluyendo los casos más graves.

Los datos indican, igualmente, una homogeneidad entre el grupo de los usuarios de armas como agentes (victimarios) y los destinatarios del uso como sujetos pasivos (víctimas), aunque la pertenencia al primero de los subgrupos y la frecuencia del uso de las armas, en particular mediante la conducta de disparar, parece estar asociada en mayor medida a la frecuencia de detenciones judiciales y al número de expedientes instruidos contra los infractores. Esta relación es probable que se presente por vía accesoria a la comisión de delitos más graves vinculados con las armas, como el robo y el homicidio. Este último hallazgo permitiría suponer que las percepciones de bajo riesgo por parte de los encuestados tienen algún fundamento en cuanto al uso mismo del arma, independientemente de otros delitos más graves. La opinión sobre la severidad atribuida a los jueces podría, dentro de este contexto, cobrar sentido, si se entiende que es un juicio sobre las decisiones para las infracciones más graves asociadas a las armas, y no para el porte o el uso en sí mismo del arma. Una visión completa del asunto se tendrá al examinar el tratamiento de los expedientes judiciales por porte de armas, en la sección 5.3.

Los datos del cuestionario sugieren, igualmente, que la deserción escolar pudiera ser una variable significativa para explicar mecanismos de control social formal que se traducen en detenciones policiales y en expedientes judiciales. La falta de relación directa entre incremento de la edad e incremento de detenciones policiales, se podría interpretar, dentro de este contexto, como reserva de información por parte de los encuestados de mayor edad sobre las infracciones más graves. Ello podría, a su vez, deberse a alguna inseguridad sobre la confidencialidad de la información biográfica suministrada.

Aunque la metodología que hemos utilizado no permite una reconstrucción biográfica completa de las experiencias personales de los jóvenes con las armas, la utilización de preguntas abiertas y el haber aplicado muchos cuestionarios mediante entrevistas con una parte relevante de la población interna (36%), han permitido complementar la información cuantitativa con relatos que enriquecen la visión del problema de las armas entre los jóvenes, y que ayudarán a la formulación de conclusiones y recomendaciones. En la próxima sección abordamos este aspecto del análisis cualitativo de los datos.

5.2 Aspectos cualitativos del cuestionario. Relatos sobre el uso de las armas, la gravedad del problema y su control.

Como bien lo plantean Hernández, Fernández y Baptista (1998: 280-281), todo cuestionario o instrumento de medición o recolección de información responde a las necesidades e interrogantes del problema de investigación, lo que hace que en cada caso el tipo de preguntas sea diferente. En ocasiones solo se trabaja con preguntas cerradas, en otras con preguntas abiertas e incluso, a veces, pueden combinarse ambos tipos de pregunta.

Las “cerradas” tienen la facilidad de codificarse y proceder a su análisis de una manera más rápida y, si se quiere, más sencilla; en cambio, las “abiertas”, obviamente son más difíciles de codificar, clasificar y analizar. El primer tipo de pregunta facilita anticipar las posibles alternativas de respuesta, mientras el segundo tipo es muy útil cuando no se tiene suficiente información contextual o cuando se desea profundizar una opinión o los motivos de un comportamiento.

En ese sentido se explica por qué ambos tipos de pregunta fueron considerados en nuestro cuestionario. De un total de 45 preguntas, 41 fueron concebidas para respuestas cerradas y 4 para respuestas abiertas. Una de ellas corresponde a la información sobre el tipo de infracción por la cual se encuentran retenidos los jóvenes a la orden del tribunal (ver tabla 1, sección 5.1.1.).

Esta sección pretende exponer, ilustrando con testimonios de los encuestados, las situaciones de uso de armas -principalmente de fuego- en que los muchachos fungieron tanto como víctimas y como victimarios y presentar una tipología con base a las experiencias narradas por ellos mismos. Esta información es muy valiosa, si se aprecia lo difícil del acceso a los jóvenes como fuente primaria, dado que no tienen de ordinario la oportunidad de contarnos desde su perspectiva los acontecimientos y aportar un enfoque alternativo al de los entes de control social formal.

Paralelamente, se trabajaron los comentarios de los muchachos respecto al control y gravedad del problema del uso de las armas, así como la percepción que ellos tienen sobre las instancias de control: policía, sistema de justicia, familia, Instituto Nacional del Menor -INAM-, pares y la sociedad en general. Específicamente, se procesaron las respuestas a las siguientes preguntas abiertas: Durante la última vez que usaste un arma, explícanos lo que pasó (pregunta 25.3 del instrumento); Durante la última vez que usaron el arma contra ti, explícanos lo que pasó (pregunta 27.3) e Indícanos cualquier otra cosa que, a tu juicio, sea importante en relación a los muchachos y las armas (pregunta 45).

La población del estudio representa 203 casos, los cuales no recogen en su totalidad las respuestas procesadas. En ocasiones, algunos entrevistados declararon no haber usado nunca un arma contra alguien, otros no haber sido víctimas de ataques con armas y un tercer grupo simplemente se abstuvo de opinar, lo cual es esperado en alguna medida. En consecuencia, los porcentajes que se presentan están calculados sobre el total de respuestas efectivas en cada una de las preguntas consideradas, las cuales fueron codificadas de acuerdo al patrón de respuestas observado, una vez que fueron leídas todas las entrevistas. Un 64% de los cuestionarios fue respondido directamente por los muchachos, mientras el 36% restante se aplicó mediante la modalidad de entrevistas. Dado que los jóvenes que se autocalificaron de analfabetas o resultaron ser analfabetas funcionales fueron asistidos por distintos miembros del equipo de investigación, existe alguna diferencia entre los cuestionarios autoadministrados y las entrevistas. Estas últimas son más ricas en la información recabada. De hecho, son las entrevistas las que proporcionaron más comentarios sobre el problema en estudio. El clima de confianza generado entre el entrevistador y el entrevistado contribuyó a tal diferencia.

Del total de jóvenes entrevistados (203), solo 115 suministraron relatos, 43 declararon explícitamente no haber usado un arma contra alguien y 45 se abstuvieron de responder.

A modo de resumen, se presenta en forma gráfica una distribución por categorías, una vez analizadas las respuestas de todas las situaciones en las cuales los muchachos afirmaron haber atacado a otra persona con un arma.

Los Casos imprecisos agrupan todos los supuestos en los cuales no fue posible identificar la respuesta con una categoría específica. Una posible explicación para este hecho tiene que ver con el grado de instrucción de los muchachos. Hasta un 85% del total ha logrado llegar apenas hasta el sexto grado, sin contar que el lapso transcurrido entre el último año escolar aprobado y el momento de la aplicación del instrumento puede ser bastante grande. Tal hecho permite inferir la dificultad de exponer ideas con sindéresis y hace del uso del arma contra alguien una situación poco clara. Ejemplos de esas respuestas se muestran a continuación:

La categoría definida con mayor porcentaje fue Resolver problemas con “culebras” (19%). En palabras llanas, para nuestros entrevistados una “culebra” es una situación de enemistad que se da entre pares (por múltiples razones), la cual da pie a una venganza, a un odio que pareciera solo se destierra con la desaparición física o eliminación de una de las partes. Aunque suene algo exagerado, en sus propios términos, solo la muerte resuelve este tipo de conflictos.

Las “culebras” constituyen una situación compleja, que parece tener preeminencia expresiva (despliegue simbólico del arma), por su carácter contextual. Ello contrasta un poco con lo observado en la tabla 5, sección 5.1.2., donde los motivos más frecuentes de uso de las armas declarados fueron protección y obtención de dinero. Tal diferencia podría explicarse, por las variaciones entre lo que se declara a nivel actitudinal y lo experimentado personalmente.

En la tercera posición, tres categorías mostraron igual número de observaciones Defensa propia, Infundir respeto, alardear, y Defender o vengar a un familiar con 10% cada una. La defensa propia, refleja los casos en que los muchachos se vieron en la necesidad de responder a alguien porque fueron atacados (incluyendo para robarlos) y dado que tenían cómo defenderse, respondieron. Estos ataques, en principio, se distinguen de los de las “culebras” puesto que no consta el antecedente de una enemistad. Algunos ejemplos ilustran el caso:

El infundir respeto o alardear, concentra las observaciones donde el uso del arma contra alguien es más una cuestión de honor, de hacerse respetar por el hecho de portar una, reivindicar la hombría, exhibirla para inspirar miedo, provocación o sentirse seguros a la hora de enfrentar un problema, así como, quizás, ser un requisito para pertenecer a determinados agregados sociales. Algunas declaraciones observadas fueron:

Defender o vengar a un familiar. En este caso, la actuación de los jóvenes se ve motivada porque un tercero amenaza o agrede en su presencia o con anterioridad a un familiar en grado de consanguinidad. Relatos como éstos lo expresan:

La categoría Enfrentamientos con la policía aparece en cuarto lugar con 5% y reúne las observaciones donde es inminente el encuentro entre los funcionarios policiales y los jóvenes, en el curso de la comisión de una falta por parte de éstos últimos y aquellas situaciones donde existen rencillas personales, en las cuales se persigue un ajuste de cuentas con la policía. Citamos varios comentarios:

En la última posición, dos categorías registraron igual número de frecuencias, Drogas y Enfrentamientos de bandas con 3% cada una. En la primera se observan situaciones donde el uso del arma contra alguien obedece a los efectos de estupefacientes o a evitar ser despojado de la droga, al ser considerada una mercancía valiosa. Los ejemplos siguientes ilustran el caso:

En la ocasión del enfrentamiento entre bandas se produce el uso del arma contra alguien, pese a que la situación es difusa, menos particularizada y el ataque es colectivo de “unos” contra “otros” y no contra un individuo con el que se tenga un problema concreto. En esto se diferencia de la “culebra”. Los casos siguientes son ilustrativos:

El total de relatos obtenidos en esta pregunta fue de 141 entre los 203 jóvenes encuestados. Los casos excluidos representan: 31 por no haber recibido ataques de ningún tipo y 31 que no respondieron. Obsérvese que se registran 26 casos más que en la situación de uso del arma contra alguien.

A modo de resumen, se presenta también en forma gráfica una distribución por categorías de las situaciones más frecuentes del uso de las armas por parte de los otros.

Los Casos imprecisos del uso del arma contra ti parecieran representar ataques de tipo fortuito. La ilación de ideas sigue siendo deficiente. Se nota un alto componente azaroso, donde el ataque no pareciera responder en principio a un móvil en particular, sino producto de un medio social caracterizado por la violencia o donde la violencia ha adquirido visos de normalidad. Los muchachos así lo expresan:

La categoría Robo representa el 19% de las respuestas. En estos casos es recurrente el hecho de que la resistencia del joven a dejarse robar ocasionó el uso del arma, mayoritariamente de fuego, por parte del atracador. El forcejeo y/o huida desencadenó la utilización de ésta última. También se observan casos donde no hubo resistencia y las personas no resultaron heridas. En los relatos, estos fueron los hechos especificados:

Resolver problemas con “culebras”, representa el 16% de las respuestas y se define en los términos ya comentados para la situación de uso de armas contra alguien. En estos casos, los muchachos han sido atacados por enemigos declarados con quienes existe una “cuenta pendiente”. Algunas de sus versiones son:

La categoría Enfrentamientos con la policía, sube significativamente al tercer lugar, en comparación a lo observado en las situaciones de uso contra alguien, y acumula el 12% de las observaciones. Muchas de ellas reflejan la actuación de los funcionarios policiales en sus distintas rutinas, ya sea en los momentos en que consiguen a los jóvenes cometiendo algún tipo de falta, efectuando redadas, requisas, disolviendo enfrentamientos de bandas, etc., con la salvedad de que en estos casos los muchachos no atacan a los policías. Si bien es cierto que para los muchachos es más fácil presentar al policía como agresor que como objeto de agresión, las actuaciones de los funcionarios, más agresivas y contundentes que preventivas o disuasivas, dejan traslucir elementos de castigo y abuso de autoridad. Algunos de los relatos son los siguientes:

Infundir respeto, alardear es la situación que sigue, con el 9% de las frecuencias observadas. Aunque presentan ciertos rasgos de imprecisión, se clasifican como alardeo porque en los relatos de los muchachos se aprecia en el uso del arma un trasfondo expresivo, sin pretenderse algún objetivo posterior. Se trata de demostrar hombría, reivindicar respeto, jactarse de portar un arma e intimidar al otro por el hecho de usarla. En sus propias palabras tenemos:

Aparece en quinto lugar, Defender o vengar a un amigo o familiar, con 8% de los relatos. En estos casos los muchachos recibieron una agresión por mediar en un ataque a otra persona -amigo o familiar en grado de consanguinidad- al estar presentes en ese momento. Inicialmente no eran el objetivo del uso del arma pero se vieron involucrados. Sus testimonios lo demuestran:

Drogas, se ubica en sexto lugar con 4% de las observaciones, apreciándose dos tipos de situaciones, ataques por problemas con la venta o comercialización de estupefacientes y ataques por estar bajo los efectos de los mismos. Sus relatos ilustran los casos:

Finalmente, queda la categoría Defensa propia con 3% de las observaciones. Aquí se recogen los casos en que dueños de propiedades repelen directamente (en defensa de sus bienes) los ataques que pretendían cometer los jóvenes. Como anécdotas presentamos las siguientes:

5.2.3 Percepción de las manifestaciones del problema y perspectivas de minimización del uso de las armas.

La última pregunta del cuestionario Indícanos cualquier otra cosa que, a tu juicio, sea importante en relación a los muchachos y las armas, sirve de marco para el conjunto de opiniones que a continuación se describen. Este fue un espacio concebido para que los muchachos ampliaran comentarios, de aspectos abordados esquemáticamente en el cuestionario.

Sobre el particular las opiniones de los muchachos están cargadas de pesimismo, reconocen la magnitud del problema y para algunos es prácticamente irremediable. Entienden que no hay soluciones factibles en el corto plazo y consideran deben superarse otros factores intervinientes. Los ejemplos en cuestión son:

Es grave…porque con rabia se puede disparar a cualquiera, excepto a la madre.
Nadie puede cambiarle los modos a los fulanos.
El problema es grave porque con las pistolas se hacen cosas malas.
Las armas no llevan a nada bueno, uno termina muerto, preso o tiroteado…la vida del malandro es una continua zozobra.
El problema es grave, pueden matar a alguien, diría que dejen de usarlas.
Las armas son malas y ya yo estoy con mi cristín.
Pueden matar, mutilar y eso asusta.
Bueno muchos jovenes de hoy en dia en que husan armas esdevido a las malas haontas (juntas) como tanvien por la droga y los traficantes y las policías.
Yo creo que los adolecentes no podrán dejar las armas ninca (nunca) por para eso tienen que eliminar la droga y controlar a las bandas en los barrios.

Las medidas aquí expuestas, presentan un orden de prioridades distinto al observado en la tabla 9 de la sección 5.1.2., donde las opciones más frecuentes fueron: “Padres deben controlar a sus hijos” (29,4%), “Detener el tráfico de drogas” (15.7%), “Meterlos presos” (12.7%), “Policías no vendan armas” (11.7%) y “Controlar venta de armas” (7.1%). La reconstrucción de los 36 relatos observados nos muestra una jerarquización distinta, así como nuevas opciones.

Representan el 25% de las opiniones recabadas. Los jóvenes consideran importante atacar los focos de proliferación y mercadeo de armas. Sus relatos así nos lo indican:

El 19% de los relatos plantea un rescate progresivo para los jóvenes involucrados en esta problemática. Es una apuesta por el cambio, a fin de modificar las conductas, los hábitos y los modos de vida aprendidos, los cuales por su carácter cultural no se transforman de un día para otro. Sus testimonios así nos lo expresan:

Un 14% de sus declaraciones reconoce la función y pertinencia de los cuerpos de seguridad para afrontar esta problemática y abogan porque trabajen en función de ello arduamente. Sus comentarios al respecto son:

Un 11% de sus afirmaciones sugiere que el estrechar los vínculos afectivos y comunicacionales con los padres podría ser muy útil para evitar involucrase en este y cualquier tipo de problemas. Sus testimonios son:

Que los padres lleven a reflexionar a sus hijos, que no se descarríen.
Los papás le den cariño y los saquen de esas cosas malas.
Los padres deben hablar más con los hijos, ponerle mano dura, hay unos que son sinvergüenzas.
Que los padres le quiten las pistolas.

El 11% de los jóvenes opina que el internamiento en instituciones cerradas es una medida eficaz para afrontar el problema de las armas. Sus expresiones al respecto son:

Algunos jóvenes justificaron el uso de las armas, argumentando la ventajas y fines de su utilización, e incluso solicitaron se les autorice a portarlas. Los siguientes testimonios lo ilustran (11% de las observaciones):

Aquí se incluyen las opiniones que no fue posible ubicar en las categorías anteriores, las cuales representan el 9% restante:

5.2.4 Percepción de las instancias de control social formal e informal. ir al

El clima general de los comentarios es negativo y los jóvenes narran con resentimiento las distintas vivencias acumuladas. Básicamente, hay dos temas centrales en sus relatos, la corrupción y los maltratos.

Los de Cotiza lo que hacen es pedir real y te dejan ir con el arma, pero te quitan las joyas y las drogas.

Son unos corruptos, contrabandean armas al igual que cualquier persona con porte de armas.

Son unos delincuentes, lo peor es que disparan a uno y le ponen un arma sucia en la mano o le siembran drogas…lo mejor es cuando otro lo amenaza a uno y la policía lo detiene, lo protege a uno.

A los que tienen plata y buenas armas, se las quitan y los sueltan. El Comisario PTJ cobra Bs. 30.000 para agilizar el porte de armas. Lo mejor es que maten o recojan a las ratas y lo peor que maten a la gente.

A veces la policía comparte un atraco con uno y le deja el arma a uno. Yo atraqué en la calle a un tipo marcado por un dato, lo maté en Gato Negro, de los 10 millones que le quité, 5 eran para el PTJ, 3 para mi y 2 para el que manejaba. También le robé una burbuja (automóvil tipo camioneta) que le gustaba al PTJ de un Capitán de la Marina.

Los policías le dan las armas a los malandros para que roben por ellos y no ensuciarse. Reciben dinero de los jíbaros (traficantes de drogas) para dejar a los conejos (consumidores) que compran. Los policías venden armas a los chamos para que maten a otros…esto está mal. Los uniformados matan más que los otros. Los matraqueros son los policías viejos, los de gris o los pantaneros de moto, les quitan los reales a los chamos que roban y los dejan…deberían cambiar a los policías que maltratan a los chamos.

Disparan cuando no tienen uniforme y le venden las mismas armas a los muchachos a quienes se las quitan.

Los guardias, los policías retirados mandan a vender armas con los malandros que conocen.

Son unos corruptos.

Los metropolitanos son ratas porque te agarran sin hacer nada y te dejan 3 días en el módulo. Los de Chacao me soltaron.

Los policías venden armas, mi tío es policía y vende armas en una bodega.

Los Guardias me sembraron la droga para ganarse el permiso del día.

Yo digo que los polisías sepongan mas pila y que no agaren a los ynocentes que agaren a los delincuentes que se metan para los barrios.

Yo tenía un contacto en la PTJ y me la daban (armas).

Los policías venden armas.

Que dejen de vender armas.

La policía le quita real a uno…

Se describieron maltratos reiterados, mediante modalidades operativas consistentes.

Disparan a matar cuando son Comisarios, sargento para arriba, porque si no los menores los matan. Los rasos no disparan para no meterse en problemas, esto no para con los mayores de edad a quienes matan fácilmente.

La policía de Coche me agarró con vendas y me colgaron con una colchoneta y me dieron con un bate para que hablara los siete días. Un pana amigo lo agarró la PTJ y le metieron dos tiros en la boca, a mi me metieron una vez la pistola en la boca, también me metieron dos veces la bolsa con corneciervo (algo que huele muy mal) y cuando uno se está desvaneciendo se la quitan.

La PTJ pone una colchoneta, lo guindan y le dan con un bate…en el 93.

Agarra a los muchachos y los matan.

Me llevaron los metropolitanos y me pegaron con una manguera y con un cable. La policía agarra a los inocentes y los maltrata y deja a los malandros. Los policías están destruyendo al país porque meten a los niños inocentes presos y se vuelven malandros.

Me agarró la Metropolitana, me guindaron de una viga con las esposas y un colchón enrollado dándome batazos. Estuve 3 días detenido en la dirección de Menores en Coche, a cada rato venía un policía. La PTJ es la peor policía, la que más maltrata, la menos mala es la Metropolitana porque no lo golpea tanto a uno.

PTJ del Oeste maltrató con cadenas, bates, palos de pico, crucificado golpes y patadas, los familiares se transearon para golpearme. Me querían llevar a lincharme en una plaza construida por los vecinos, donde falleció el occiso...pero me salvó una mujer policía. Tengo quistes y traumatismos en el riñón derecho y la Fiscalía no hizo nada porque no sabe quienes me golpearon más, si los familiares del occiso o los policías.

Es términos generales, la percepción sobre dicho sistema es muy negativa. Los comentarios y experiencias narrados por los muchachos, contradicen los principios que deberían regir la administración de la justicia, para que sea: eficaz, confiable y equitativa. En sus propias palabras:

De las observaciones registradas sobre las instituciones de reeducación, las opiniones son variables. Algunos las elogian y reconocen lo aprendido en su estadía, mientras otros las critican y niegan algún progreso. He aquí relatos diversos:

En los casos de éstos muchachos, la familia como instancia de control social informal ha sido cuestionada por sus omisiones y poca fortaleza. En general opinan que los padres, pilares sólidos de esta institución, han fallado en el rol a cumplir. Éstas son sus palabras textuales:

Algunas ideas sobre lo que piensan de ellos mismos, de lo que hacen y de lo que se a aconsejan unos a otros, se presentan a continuación:

A grosso modo, realizaron algunos comentarios sobre el panorama social urbano en general.

Los relatos aquí analizados confirman la homogeneidad entre el grupo de victimarios y víctimas, ya comentada en la sección 5.1.3. de este informe. La construcción de categorías a partir de los relatos permitió identificar situaciones equivalentes, lo cual indica, que quienes reciben ataques y quienes los efectúan, lo hacen en situaciones similares. Los Enfrentamientos de bandas no aparecen explícitamente en la situaciones de victimización dado que fueron englobados en la categoría Enfrentamientos con la policía.

En los relatos del uso del arma como victimario destaca la preeminencia de la categoría Resolver problemas con culebras sobre Robo. La primera implica un uso más complejo, donde lo expresivo adquiere predominancia y el empleo del arma para la eliminación del enemigo supone una dinámica donde los códigos de honor, poder, estatus y fuerza son fundamentales. El robo, por el contrario, representa la expresión más nítida de la instrumentalidad en el uso del arma. Tal predominio discrepa de los resultados observados en la sección 5.1.2., en relación a las percepciones sobre uso común de las armas, donde predominaba la instrumentalidad sobre a la expresividad. Esto pone de relieve, una vez más, la diferencia entre percepción y vivencia y enfatiza la importancia del análisis de los relatos.

Otro aspecto a destacar, es la variación observada en la categoría Enfrentamientos con la policía, si se contrastan los porcentajes de los relatos de uso como victimario y los relatos de experiencias de victimización. Se adelantó como explicación, la propensión a presentar a la policía antes como agresora que como objeto de agresión por parte de los jóvenes. Al analizar sus apreciaciones sobre la policía como instancia de control social formal, la recurrencia de maltratos a través de modalidades sistemáticas, permite comprender mejor la apreciación de los muchachos predominantemente como víctimas de la policía.

En cuanto a las medidas a adoptarse para la minimización del uso de las armas, los relatos de los muchachos permitieron elaborar una nueva jerarquización. Lo declarado a nivel actitudinal varía un poco respecto a lo rescatado de sus discursos. Es así como, “Disminuir la venta de armas y detener el tráfico de drogas”, aparecen en el primer lugar de sus prioridades, mientras antes ocupaban la quinta y segunda posición. Con ello denuncian un problema de mercado y de “fluida” disponibilidad de armas, cuyo control es competencia del Estado. También resalta el hecho de que indiquen, como segunda opción, “Más educación y formación para los muchachos”, categoría, no incluida en el cuestionario, que evidencia una demanda insatisfecha por múltiples razones y destaca una posibilidad hacia el cambio. Podemos observar, pues, que al analizar contenidos de comunicaciones, se pretende revelar “centros” de interés y atención para personas o grupos, así como reflejar actitudes, valores y creencias, entre otros usos, que se encuentran inmersos en los mensajes (Hernández, Fernández y Baptista, 1998: 295).

Los relatos de estos muchachos reflejan la gravedad del problema de las armas, las escasas posibilidades de salir de él y el pesimismo con que asumen sus vidas. Esto pareciera estar muy vinculado a la normalización de la violencia en los espacios sociales donde cohabitan y sugieren una dinámica de sobrevivencia al margen de la legalidad.

La distribución de los expedientes, por año y tribunal, se presenta en la tabla 11. Los cinco casos revisados fuera del período enero 96 - julio 97 corresponden a expedientes que tienen actuaciones judiciales acumuladas -ya sea antes o después- del hecho de porte de arma originalmente calificado por la policía.

	1994	1995	1996	1997	1998	Total
Tribunal 1	-	1	10	6	-	17
Tribunal 2	1	1	7	7	1	17
Tribunal 3	-	-	7	6	-	13
Tribunal 4	-	-	10	4	-	14
Tribunal 5	-	1	13	4	-	18
						79

5.3.1. Conocimiento del suceso por parte de la Comisaría de Menores de la Policía Técnica Judicial.

Este lapso es importante por cuanto implica, por un lado, la activación del primer órgano de control social formal en los casos de uso armas y porque en los casos en que el joven es retenido desde el momento del incidente, se encuentra privado de libertad. Cuando un cuerpo policial distinto a la PTJ -policías municipales, Policía Metropolitana, Guardia Nacional- tiene conocimiento de un suceso de porte o uso de un arma por parte de un joven, procede a la aprehensión para su traslado a la Comisaría de Menores de la PTJ. En el Area Metropolitana de Caracas, los demás cuerpos policiales no tienen facultad para preparar la averiguación de las faltas que dan lugar a un expediente judicial. Por otro lado, la Comisaría de Menores de la PTJ, es la única dependencia del CTPJ facultada para recibir al joven e instruir el expediente que será remitido al Tribunal en un lapso de 8 días, conforme al Artículo 100 de la Ley Tutelar del Menor (LTM).

Se observó que en el 38% de los casos las policías envían al joven y el acta policial a la Comisaría de Menores de la PTJ el mismo día; en el 48% al día siguiente, y en el 13% en un lapso entre 2 y 5 días. Hubo un expediente en el cual el joven no fue retenido o privado de libertad, porque lo que dio origen a la investigación fue la denuncia hecha por un particular ante la Comisaría de Menores.

Se observa pues, que los lapsos en que las otras policías enviaron al joven y el acta policial a la Comisaría de Menores de la PTJ fueron breves y no excedieron, en el 86% de los casos, las 48 horas.

La descripción del suceso corresponde a la narración del incidente en el acta policial, donde constan varios aspectos tales como: el origen de la actuación policial -de oficio o por denuncia-, la hora aproximada del suceso, las circunstancias que rodearon el hecho, la forma de retención del joven, la edad y las características del arma retenida. Se categorizó una serie de supuestos que se indican en la siguiente tabla:

Tabla 12 Distribución porcentual de las situaciones que dan origen a la detección

Policía detecta actitud sospechosa sin enfrentamiento	61%
Particular denuncia comisión de infracción in fraganti	11%
Policía enfrenta a un sospechoso armado	10%
Policía identifica a un sospechoso de porte de arma	8%
Particular denuncia a sospechoso armado	5%
Particular denuncia a sospechoso de infracción que no es porte de arma	3%
Policía detecta comisión de infracción in fraganti	1%
Otra situación	1%

Se observa que en un 61% de los casos la policía detecta actitud sospechosa sin enfrentamiento, es decir, confronta al joven y al requisarlo le encuentran un arma, que no fue utilizada contra la policía. En un 11% de los casos un particular denuncia la comisión de una infracción in fraganti, es decir, la víctima reporta la comisión del delito a la policía. En un 10% de los casos la policía enfrenta a un sospechoso armado, es decir, confronta al joven y al darle la voz de alto para disponerse a requisarlo éste efectúa disparos hacia la policía; y en un 8% de los casos la policía identifica a un sospechoso de porte de arma, es decir, estando de patrullaje escucha detonaciones de arma, y al hacer el recorrido en las adyacencias, retiene al joven a quien se le incauta un arma.

Como se puede observar, la actuación policial se da en un 80% de los casos por propia iniciativa, esto es, los funcionarios policiales con motivo del ejercicio de sus funciones, inician de forma proactiva el control sobre éstos jóvenes; en un 19% de los casos tal actuación procede por iniciativa ciudadana, representada por las denuncias hechas por los particulares.

Los diversos tipos de armas que portaron y utilizaron los jóvenes son las siguientes: en un 41% de los casos el revólver, en un 25% de los casos la pistola automática o semiautomática; en un 15% de los casos la escopeta; en un 9% de los casos el chopo o pistola de fabricación casera; en un 6% de los casos la escopeta con cañón corto o “pajiza” -término coloquial utilizado por los jóvenes-. En un 4% de los casos el acta policial no precisa el arma requisada.

Es conveniente destacar que estos porcentajes no coinciden con la percepción de uso declarada por los jóvenes en el cuestionario sobre experiencias con armas. Allí, el orden observado fue, en primer lugar las pistolas (39%), luego los revólveres (29%) y finalmente las escopetas (6%) (véase sección 5.1.2. supra). Los datos sobre expedientes demuestran que el revólver es el arma más utilizada por los jóvenes, y no la pistola como lo perciben los encuestados en el cuestionario.

En la práctica, la Comisaría de Menores toma decisiones, de acuerdo a las circunstancias y condiciones del joven y de la falta, que no son excluyentes. Las decisiones policiales que se desprenden de los expedientes judiciales analizados son las siguientes:

Esta facultad no esta contemplada en la LTM, pero en la práctica policial la Comisaría de Menores toma esta decisión por la consideración de circunstancias tales como que el joven es primario, es decir, no registra ninguna actuación policial anterior, y por haber saturación en la Comisaría, es decir, donde permanecen los jóvenes retenidos. Además, también se debe a que en la mayoría de los casos la madre de estos jóvenes comparece ante la Comisaría de Menores para pedir la entrega de su hijo con la condición de que va a permanecer bajo su responsabilidad. Para lograr esta decisión por parte de la policía llevan constancias de buena conducta emitidas por los colegios o liceos -cuando los jóvenes estudian- y por las asociación de vecinos de la localidad donde vive el joven, constancias de trabajo cuando los jóvenes trabajan y la partida de nacimiento que reconoce el carácter de representante legal del joven. En los casos en los que no comparece voluntariamente el representante legal, la Comisaría de Menores notifica a dicho representante la situación irregular del joven. Adicionalmente, en la mayoría de los casos se decide, conjuntamente con esta medida, la remisión del joven al Departamento de Bienestar Social, pero como se verá más adelante, no en todos los casos concurren ambas decisiones. Un 58% de los jóvenes fue entregado a su representante legal, con o sin intervención del Departamento de Bienestar Social.

La Comisaría de Menores de la PTJ tiene un Departamento de Bienestar Social con un equipo técnico, con el fin de hacer una evaluación -y en casos orientación psicológica- de los jóvenes que por múltiples motivos ingresan a esta dependencia policial. La evaluación realizada por el equipo técnico es de carácter interno y por lo tanto no tiene relevancia para fines judiciales, pues los informes de este departamento no constan en los expedientes. En la práctica policial, sólo son remitidos al equipo técnico los jóvenes que son primarios. En un 54% de los casos el joven fue remitido al equipo técnico interno de la PTJ para evaluación e informe sobre su conducta. Se observaron 3 casos de entrega a los padres sin pasar por el equipo técnico, desconociéndose la razón de esta decisión.

Esta decisión consiste en la retención del joven por la policía y el envío a una dependencia del Instituto Nacional del Menor (INAM) llamada Centro de Atención Inmediata (CAI), en la cual será clasificado de acuerdo con su edad, desarrollo físico, comportamiento anterior y diagnóstico de la personalidad. La policía tomó esta decisión inicial en 43 casos (54%). Sin embargo, no siempre se mantuvo esta decisión, por cuanto no hay cupo disponible en el CAI. Sólo en 33 casos (42%) (ver gráfico 4) se mantuvo la medida de retención por parte de la Comisaría.

La decisión por parte de la policía de enviar el expediente al Tribunal de Menores procede para todos los casos por imperativo del artículo 98 de la LTM, conforme al cual “cualquier cuerpo policial que tenga noticias de que un menor se encuentra en alguna de las situaciones previstas en el Título I de este libro -situación de abandono, de peligro y de menores infractores- procederá de inmediato a trasladarlo a un establecimiento del Instituto Nacional del Menor y notificará el hecho al Juez y al Procurador de Menores”. Está claro que esta decisión policial se da para todos los casos, aunque es necesario distinguir si la remisión del expediente se produjo con o sin retención. De acuerdo a los datos analizados se observó que en un 42% de los casos se envió el expediente con el joven retenido y en un 58% sin el joven retenido.

Para el cálculo de este lapso se tomaron en cuenta los días transcurridos entre la fecha de conocimiento de la falta por parte de la Comisaría de Menores, y la fecha de recepción del expediente por parte del Tribunal de Menores, de acuerdo a la distribución hecha por la Oficina de Distribución de Expedientes de Menores del Consejo de la Judicatura (ODEM). Se observó que en un 22% de los casos la ODEM envió el expediente al Tribunal de Menores al día siguiente de recibirlo de la Comisaría, y en un 42% entre el segundo y el cuarto día siguientes a su recepción. Un 36% de los casos demoró hasta mes y medio y un caso casi 7 meses. Se verificó que en los casos en los cuales los jóvenes fueron retenidos en la Comisaría, la ODEM procuró la remisión del expediente al Tribunal dentro de los 4 días siguientes a su recepción.

El Tribunal de Menores es el órgano jurisdiccional facultado para conocer de los casos relativos a jóvenes considerados infractores. La LTM dispone el tratamiento judicial de los jóvenes involucrados con armas. En este sentido, deben distinguirse las medidas provisionales de aquellas decisiones que definen el tipo de tratamiento que va a ser aplicado (medidas definitivas) y que, conforme al artículo 107 de la mencionada Ley, pueden ser: Colocar al menor bajo el cuidado de sus padres, tutores, guardadores o parientes responsables; libertad vigilada; colocación familiar; asistencia en instituciones de reeducación; y asistencia en instituciones curativas. Se observó que las decisiones judiciales sobre los casos de porte de armas fueron las siguientes:

Esta es una medida provisional que aplica el juez y que consiste en un estudio realizado en libertad, relativo a la personalidad, los factores familiares y sociales, y la naturaleza de la conducta y las circunstancias que en ella concurrieren. Los datos obtenidos de la información reflejan que sólo en un 15% de los casos se pronunció esta medida provisional.

Esta decisión tiene igualmente el carácter de medida provisional y consiste en el mismo estudio mencionado anteriormente, pero realizado en una institución de régimen cerrado. Es importante destacar que esta medida provisional tiene las mismas características que la medida definitiva de “asistencia en instituciones de reeducación de régimen cerrado”. La escolarización, la capacitación profesional y la recreación deberían ser obligatorias en estos centros de permanencia pertenecientes al INAM. La institución tiene el deber de informar cada tres (3) meses al Juez de Menores sobre la evolución del tratamiento, por imperativo del artículo 123 de la LTM. Se observó que esta medida provisional fue aplicada en 27% de los casos.

Es una medida definitiva que consiste en la obligación impuesta al joven de comparecer ante el Tribunal, configurándose así un sistema de presentación periódica en donde el joven debe firmar el Libro de Libertad Vigilada. Esta medida definitiva se pronunció en un 18% de los casos.

Los casos que comportan esta decisión definitiva son sólo 3 de los 79 expedientes analizados. Las razones para tal decisión fueron: en 2 casos, la Juez de Menores acordó, por imperativo del ordinal 1° del artículo 107 de la LTM, “la colocación del menor bajo el cuidado de sus padres…”; y en un caso en el cual el joven fue sometido a observación y diagnóstico sin internamiento, luego se decidió someterlo al régimen de libertad vigilada y posteriormente el Tribunal de Menores ordenó cerrar la averiguación y dejarlo en libertad plena. La categoría de libertad plena representa el 4% del total de los casos observados.

En el procesamiento de la información se observó que la citación a los jóvenes fue practicada por el Tribunal de Menores en 61 casos. De este total, 46 corresponden a aquellos en los cuales el expediente se pasó al Tribunal sin el joven retenido, 9 casos a jóvenes retenidos que posteriormente se fugaron, y 6 en los cuales no se conoce el motivo de la citación.

A continuación se presenta un flujograma (los pasos) de los expedientes procesados. Como se puede observar, solo el 22% de los casos ingresados con jóvenes retenidos concluyen con una medida definitiva, (colocación del joven bajo el cuidado de sus padres o libertad vigilada) que tienen un perfil escasamente restrictivo. Un 20% de los casos analizados quedó en el estadio procesal de una medida provisional, sin que hubiere pronunciamiento definitivo.

La totalidad de los casos ingresados sin jóvenes retenidos, esto es, 46 expedientes equivalentes al 58% de los casos inicialmente detectados por la policía, se queda en el estadio de citación, sin llegarse a pronunciar siquiera medida provisional alguna.

Es posible, que los jóvenes no sean localizados por el Tribunal, por no llevarse un registro de jóvenes, tanto a nivel judicial como policial. En entrevista de fecha 07-04-99, la Consultoría Jurídica de la Comisaría de Menores informó que tal registro, a nivel policial, es objetado por violar la confidencialidad exigida por la LTM. Según esta opinión, la policía no tiene medios efectivos para ubicar a los jóvenes en libertad.

Como se puede observar, apenas algo más de la quinta parte de las situaciones de porte de armas por parte de los jóvenes recibe algún pronunciamiento final por parte de la justicia de menores, pronunciamiento que en ningún caso implicó privación de libertad.

La LTM establece entre las atribuciones de los Procuradores de Menores, (art. 151, ord. 6°) “Intervenir en todo procedimiento que se practique en los Tribunales de Menores, así como en toda clase de juicio en que tengan interés los menores”. En el arqueo de los expedientes se detectó la ausencia de cualquier intervención del Procurador de Menores en los casos de porte de armas, a pesar de haber sido notificado por el Tribunal.

Esta investigación pretendió, como se indicó en la Sección 2, incrementar el conocimiento sobre la posesión y uso de las armas por parte de los jóvenes y sobre los patrones de control policial y judicial del fenómeno. Hemos logrado describir y analizar las principales experiencias y percepciones de jóvenes protagonistas de episodios con armas de fuego frente al problema, así como describir y evaluar las respuestas del sistema de control social formal venezolano frente al porte de armas por parte de los jóvenes.

En cuanto a la extensión y gravedad del problema, con los datos disponibles no estamos en condiciones de afirmar cuál es la magnitud a nivel de toda la población, y ni siquiera a nivel de la población juvenil en general, dado que nuestro instrumento se ha concentrado en un segmento de jóvenes transgresores intervenidos e institucionalizados por el sistema de justicia de menores en el área metropolitana de Caracas. Una apreciación más amplia requeriría una encuesta de victimización general, a fin de estimar la frecuencia del uso de las armas, tanto con finalidades instrumentales como expresivas. Por otro lado, una evaluación entre jóvenes transgresores no institucionalizados, e incluso entre jóvenes en general, comprendidos en el grupo de edad que define la adolescencia y la juventud, representa, probablemente, dificultades de selección y respuesta, fuera de los costos de la investigación.

Si analizamos los datos obtenidos respecto a la población de infractores considerada en esta investigación, podemos sostener que el problema de las armas es extenso y complejo. No solo hemos podido observar que los jóvenes perciben como relativamente fácil obtener las armas en breve plazo, sino que las obtienen por medios muy variados, incluyendo la propia policía, lo cual resulta preocupante. Los datos recogidos apuntan hacia la existencia de un mercado ilegal ampliamente extendido, en el cual participan actores insospechados y variados, y que podría ser difícil de controlar a través de medidas dirigidas solamente a los proveedores primarios. Por otro lado, los datos de la investigación indican que existe un uso frecuente y, en casos, banal de las armas de fuego. Este hallazgo, si bien no parece ser una particularidad del caso venezolano, no deja de ser menos preocupante.

Hemos podido observar pesimismo entre los mismos jóvenes protagonistas en cuanto a la generalidad y control del problema. En algunos casos, dicho pesimismo se vincula con la problemática social del país, aunque en otras, con aspectos muy específicos sobre la difusión del mercado y la falta de control de los proveedores, así como sobre la existencia de un ambiente propenso al desencadenamiento de la violencia y al abandono de métodos menos nocivos para expresarla. Es conveniente señalar, en este sentido, el comentario de uno de los muchachos internos en el Centro de Diagnóstico y Tratamiento 2 de los Teques, en la fase inicial de la investigación, en el sentido de haberse “fajado con los puños como caballero” en una oportunidad, cuando dicha modalidad, evidentemente menos lesiva que el uso de armas para dirimir disputas interpersonales, resulta anticuada.

En cuanto a las principales experiencias de los jóvenes con armas y a su percepción de los mecanismos de control, uno de los hallazgos más interesantes es la comprobación de que la población de los victimarios y las víctimas tiende a ser homogénea, esto es, que el uso del arma contra alguien y la experiencia de ser victimizado por ella son episodios concurrentes en la misma persona. Ello implicaría que la victimización tiende a concentrarse en la misma población juvenil que aparece como agresora, creando un círculo vicioso de retroalimentación de la violencia. Este mismo hecho podría fomentar la percepción, a nivel de la población en general e incluso de las instancias de control social formal, de que el problema está localizado, no amenaza a personas diversas a los transgresores y que, por consiguiente, podría dejarse sin intervención.

El proceso de detección y persecución de infractores, medido a través de la frecuencia de detenciones policiales y de expedientes instruidos, parece estar fuertemente asociado a las experiencias con armas, como victimarios o como víctimas, aunque probablemente a través de la participación en infracciones más graves. La percepción del riesgo de detención por el uso de armas, entre los jóvenes transgresores, es baja aun para los casos más graves, así como son grandes las limitaciones percibidas en agencias formales e informales de control social, que, fundamentalmente a través del análisis de contenido de los relatos, fueron presentadas como ineficientes, maltratadoras e inadecuadas.

La investigación evaluó en un periodo de 18 meses, las respuestas institucionales, policiales y judiciales, frente al porte ilícito de armas por parte de los jóvenes, a través de los expedientes instruidos y decididos por los tribunales de menores. Aunque se trata solo de 79 casos, los resultados muestran varios aspectos interesantes:

La policía judicial, en más del 50% de los casos, se abstiene de detener al sospechoso. Los criterios policiales para la decisión de otorgar la libertad no están del todo claros, aunque lo predominante parece ser la ausencia de antecedentes. No sabemos qué tipo de antecedentes, si policiales o judiciales. Por la dinámica de los casos, pareciera tratarse de los primeros. Un aspecto positivo de esta decisión es evitar la privación de la libertad innecesaria, la estigmatización y la exposición del joven a condiciones aversivas de retención en Centros de Atención Inmediata. Pero un aspecto negativo es la minimización de la importancia del caso, dado que al ser remitido el expediente sin retenido al tribunal, indefectiblemente se paraliza sin localizar al sospechoso para que responda de alguna manera por el hecho investigado.

Las medidas provisionales dictadas por el tribunal de menores equivalen, en la práctica, a medidas definitivas. Ello quiere decir que muy pocos casos concluyeron con una decisión final que considerara la evaluación del infractor y decidiera con base a la información del expediente. En este sentido, la medida de observación con internamiento, de carácter provisional, se confunde con la medida de asistencia en instituciones reeducativas, de carácter definitivo, al no existir diferencias en cuanto a la localidad y condiciones del internamiento acordado y, quizás más curiosamente, a la frecuencia de las fugas en ambos supuestos.

La citación judicial para requerir la presencia del joven en el tribunal es totalmente ineficaz. Queda como una formalidad ritual, que no logra su objetivo, bien porque se desconoce el paradero del joven a quien citar, en los casos en los cuales la policía lo entregó a los padres, bien porque ni siquiera se practica, por existir otras prioridades o por negligencia. Es conveniente destacar que esta situación se observó no solo para los casos que ingresaron al tribunal sin el joven retenido sino, además, para los casos en los cuales se decretó la observación con internamiento y se produjo la fuga, los cuales representaron 9 observaciones.

Es interesante destacar que la disfuncionalidad del sistema de justicia juvenil ha sido descrita en términos similares para el caso argentino (Bisig y Laje, 1994: 117 y 122). Allí, aunque en un contexto diverso al del porte de armas, se han descrito actuaciones sumariales reiteradas sin tratamientos o evaluaciones de los jóvenes ni acciones exhaustivas para evitar las conductas indeseables.

Estos resultados en cuanto a las instancias de control social formal permiten concluir que en la actualidad no se está haciendo algo efectivo, desde el punto de vista legal, para contener y enfrentar el porte ilícito de armas por parte de los jóvenes. El desarrollo de actividades de orientación por parte del Departamento de Bienestar Social de la Comisaría de Menores del Cuerpo Técnico de Policía Judicial constituye un mecanismo informal, no expresamente reconocido por la legislación vigente, y cuya incidencia en el control del fenómeno en estudio no puede evaluarse con la información hasta ahora disponible.

Con la información hasta ahora disponible, podemos adelantar algunas recomendaciones generales, destinadas a complementar el conocimiento del problema y a adoptar medidas que permitan controlar mejor el fenómeno de porte y uso de armas.

Expandir la investigación sobre la extensión y el tratamiento judicial de los casos de porte y uso de armas.

Se requiere ampliar la cobertura de la población encuestada, no solo a otras áreas del país sino a un perfil más extenso de encuestados, tanto en el carácter de víctimas como de victimarios. En cuanto a la victimización, pareciera interesante determinar su extensión a nivel de toda la población, y en cuanto a los victimarios, a jóvenes no institucionalizados dentro del sistema de justicia de menores. Algunas jueces mencionaron en las entrevistas que el problema del uso de las armas se ha extendido a jóvenes de clase media y alta, y el encabezamiento de este informe así lo indica. Los jóvenes que hemos estudiado corresponden a los sectores más pobres y marginados de la población, de modo que se tiene una visión aún parcial del problema.

La ampliación de la investigación a otras infracciones asociadas al uso de armas, como el homicidio y el robo, podría arrojar mayor información sobre el tratamiento autónomo que, dentro del contexto de un delito más grave, tiene el porte o el uso del arma. Suponemos, por algunos comentarios de las jueces, que este porte o uso no merece una consideración independiente de otras infracciones y de la personalidad del joven. Con la adopción de la nueva Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, tal situación podría cambiar. Este nuevo marco legal, dentro del proceso de averiguación y determinación de la responsabilidad por porte y uso de armas, podría revestir una importancia mayor del que tiene el marco de la justicia tutelar. Pensamos, sin embargo, que podrían existir aspectos dentro del ámbito judicial que, independientemente del marco legal aplicable, obstaculizan el desarrollo eficaz de la investigación y la resolución de los casos. Estos aspectos son la saturación del sistema judicial o la percepción de la gravedad del porte y uso ilícito de las armas.

De los datos de la investigación se desprende que la policía actúa con criterios pragmáticos en cuanto a la remisión de los casos al tribunal de menores. Ella no adopta un patrón general de detención preventiva por estos hechos, lo cual, como se dijo, puede tener aspectos positivos y negativos. Un aspecto negativo que deseamos enfatizar es el descuido de los casos que son remitidos sin el joven retenido al tribunal. Esto se debe, en parte, a la dificultad para hacer efectiva la citación del sospechoso. Se ha alegado que la falta de un registro detallado de jóvenes por parte de la policía contribuye a la dificultad para localizar al joven. Dicho registro, de existir, se ha sostenido que violaría el principio de confidencialidad de las actuaciones que involucran a los menores de edad dentro del esquema legal vigente. Si tomamos en cuenta lo que sucede en la justicia penal de los adultos con los expedientes sin detenidos, el descuido de los expedientes sin detenido no es sorprendente (ver, para una discusión, Gabaldón, 1987, pp. 135-137). No vemos, en principio, cómo un registro de casos judiciales, una de cuyas entradas sea el nombre del sospechoso, pueda violar los requerimientos de confidencialidad en el tratamiento judicial de los casos de los jóvenes. Una cosa es el registro y otra cosa es su divulgación. Acaso ha habido reservas debido a la posibilidad de que tal registro se difunda, de manera intencional o negligente. Sin embargo, esa no es razón suficiente para negar la pertinencia de tal registro y su utilidad para la localización de los jóvenes que no han sido retenidos por la policía.

Debemos destacar que el descuido de los casos y la falta de decisión final contribuye a la percepción de que hay impunidad en el manejo de los casos de la justicia juvenil, una queja frecuente en nuestro medio. Esa sensación puede fomentar mecanismos alternos de justicia privada e informal que no son siempre benignos (Gabaldón, 1990). Los relatos de los jóvenes mencionaron con frecuencia y consistencia maltratos policiales que parecen revestir el carácter de prácticas establecidas. Esto viola las disposiciones de la legislación interna y de los pactos internacionales sobre la prohibición de la tortura. Estos mecanismos de castigo directo podrían ser minimizados y suprimidos, no solo mediante un control estricto por parte de los Procuradores de Menores y jueces penales, por vía represiva, sino mediante la aplicación de mecanismos legales de sanción efectiva que disminuyan la percepción de impunidad y desestimulen el ejercicio de la coacción extralegal. Todo lo que se ejecute en este sentido contribuirá a la minimización de la violencia.

Como se discutió en la Introducción de este Informe, los mercados y el control de la disponibilidad de las armas parecen jugar un papel importante en el problema del porte y el uso. Nuestra investigación ha demostrado que, aunque no en la magnitud que podría caracterizar al medio norteamericano, el medio urbano y capitalino venezolano es favorable al desarrollo de un mercado amplio e insospechado de armas. El problema del reciclaje de las armas decomisadas cobra, en este contexto, una importancia particular. Siendo que nuestro país no es productor de armas y que no existe una presión de fabricantes para colocar su producto en el mercado primario, la cuestión se traslada al ámbito de la permisología para el porte, la importación y la distribución, cuestiones que, en el ámbito de los jóvenes, son todas ilegales. Por los relatos de los jóvenes encuestados suponemos que existe un vasto mercado ilegal, vinculado a traficantes, al hurto y a la propia policía. No hemos podido determinar el destino final de las armas incautadas por la policía, a nivel de decisiones de los tribunales de menores. Este aspecto, indudablemente, amerita mayor investigación. Sin embargo, dado que la detentación y porte de armas en Venezuela no es planteada como un derecho constitucional o legal, sino como una concesión del Estado, debería haber menos obstáculos legales para implementar un control efectivo. Si éste último falla no lo podemos atribuir a dificultades constitucionales, como ha sucedido en otros países, sino a negligencia y tolerancia de una práctica particularmente reprobable por la magnitud del daño que tal falta de control ocasiona.

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