PROPUESTA DE LA ASAMBLEA DE CIUDADANOS
EN LA DEFINICIÓN DE UN PACTO PARA LA TRANSICIÓN.

Versión 1 de septiembre 2002

-*- I  La situación exige un acuerdo de las fuerzas democráticas para orientar la transición
-*- II Preparar la Transición
-*- III Las condiciones que exige la Transición y los propósitos generales de un Pacto para este proceso.
-*- IV Elementos preparatorios a considerar en la agenda mínima de contenidos del Pacto para la Transición
-*- V Propuesta que hace la Asamblea de Ciudadanos sobre la agenda de decisiones y acciones concretas a ser considerados en los contenidos de un Pacto para la Transición.

-*- PARTE A: ACUERDOS PARA LA RESTITUCIÓN DE LA LEGITIMIDAD DEL SISTEMA POLÍTICO
-*- PARTE B: ACUERDOS PARA LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Y LA LUCHA INSTITUCIONAL EFECTIVA CONTRA LA VIOLENCIA
-*- PARTE C: ACUERDOS MÍNIMOS EN POLÍTICAS PUBLICAS SOBRE LOS ASPECTOS MÁS CRÍTICOS DE LA CRISIS ECONÓMICA Y SOCIAL.
-*- PARTE D: ACUERDO SOBRE LA VIGILANCIA AL CUMPLIMIENTO DEL PACTO Y PROMOCIÓN DE ACUERDOS SUCESIVOS.

Venezuela es, actualmente, un país sumido en la ingobernabilidad, con claros signos de desgobierno, crecientes brotes de anarquía, enfrentamientos y violencia. Hemos retrocedido en materia de instituciones democráticas hacia un orden autoritario y personalista; hay un proceso de deterioro manifiesto de las iniciativas en materia de producción económica, con parálisis de la inversión, inestabilidad macroeconómica, incremento acelerado de la inflación, devaluación del signo monetario, sujetos al peso de la deuda interna y externa y sin posibilidades ciertas de obtener recursos externos para la estabilización y reactivación económica.

La transición que seguirá a una eventual y necesaria salida del Presidente Chávez, se hará en el marco de la realidad de un país cuyos soportes institucionales republicanos han sido debilitados en su legitimidad y eficiencia y en cuya población hay grandes sectores excluidos de las condiciones elementales del bienestar y de los derechos que implica el ejercicio de la ciudadanía.

Los próximos gobiernos democráticos, a partir del inicio de un proceso de transición que nos permita sostener y dar estabilidad a la democracia, deberán sembrar y desarrollar las semillas de un crecimiento económico sostenido, mantener la convivencia pacífica, así como contener y cerrar progresivamente las brechas existentes entre las mayorías excluidas y los pocos que tienen acceso a las limitadas oportunidades que el país estará en capacidad de ofrecer.

Esto supone pensar en la transición no sólo como el período inmediatamente posterior a la salida de Chávez que nos conducirá a la elección de un nuevo gobierno democrático, sino como un proceso que, además del restablecimiento de la democracia, nos permita alcanzar la plena gobernabilidad democrática en lo político, económico, social e institucional, esfuerzos que pueden prolongarse durante algunos años, como ha ocurrido en otros países recientemente. De esta manera podemos entender la transición en dos sentidos: uno, como el proceso que restituye, mediante elecciones en un plazo perentorio, la legitimidad del sistema y del gobierno democrático; otro, como un proceso más prolongado en el tiempo, que permite reconstruir y renovar el sistema y la institucionalidad política, económica y social, hacia una situación diferente a la vivimos en estos momentos de autoritarismo y negación de las libertades democráticas, hacia otra de plena estabilidad y garantía democrática de todos los derechos ciudadanos.

Los nuevos actores de la sociedad civil que progresivamente cobran fortaleza en su identidad política, hoy configuran junto a los partidos políticos, las organizaciones de los trabajadores, la iglesia y otros actores de la comunidad laboral y productiva, un panorama de complejas y crecientes demandas que solicitan al gobierno que deba presidir la primera parte de la transición, a la salida del actual Presidente, el inicio efectivo de un viraje interno y sostenido hacia la restitución y potenciación de la gobernabilidad democrática en lo político y económico, así como en el desarrollo social y humano.

Hay amplio consenso en numerosos sectores democráticos representativos, incluyendo a quienes se han deslindado del partido de gobierno o aun de quienes estando en él no comparten las ejecutorias del Presidente, acerca de la necesidad de encontrar soluciones. Pruebas indudables de la voluntad de llegar a acuerdos lo representan la existencia de algunas propuestas concretas como el Pacto de FEDECAMARAS - CTV o el acuerdo firmado el pasado 5 de julio por la Coordinadora de Partidos Políticos y ONGs, aparte de las numerosas propuestas que desde diciembre de 2001 se vienen conociendo en materia de agendas nacionales de desarrollo y restitución democrática. Si acaso ese consenso haya que profundizarlo en relación con algunos contenidos específicos de las propuestas y las formas de ejecución.

La Asamblea de Ciudadanos propuso desde su propia fundación en diciembre de 2001, la necesidad de un Pacto que conjugue las voluntades y el compromiso político firme e irrenunciable de los actores democráticos que lo suscriban, con la recuperación y sostenibilidad de la gobernabilidad democrática, a través de acciones dirigidas a re-definir y revitalizar el orden político democrático del país y dar respuesta eficiente a las demandas ciudadanas, largamente preteridas, en relación con: la liquidación de las ineficiencias acumuladas en el funcionamiento del Estado, la reconstrucción de la legitimidad del Poder Público, los cambios institucionales que garanticen a la ciudadanía el pleno ejercicio de sus derechos y la liquidación de las desigualdades y de la grave exclusión que sufren las mayorías.

Una serie de acuerdos para definir las bases y las rutas que nos permitan llegar al país que queremos y prevenir la inestabilidad política y social, para concretar formas de gobierno pacíficas y respetuosas del Estado de Derecho, que puedan garantizar la coexistencia de tendencias e ideologías diversas e incluso opuestas y para abrir nuevos horizontes a la democracia y al desarrollo humano.

Urge que Venezuela acuerde, con visión de futuro, el país al cual queremos llegar; y todo indica que estamos en un momento especialmente oportuno para definir una agenda nacional que trace el rumbo que debemos seguir, en el mediano y largo plazo, hacia el país que aspiramos. Hay conciencia de que cada día que se pierda en la fijación del mismo y el logro de los acuerdos sobre su marcha, deberá pagarse en el futuro con costos impredecibles de diversas índoles.

II Preparar la Transición

Hay que considerar especialmente que la transición será un proceso de reconstrucción de un país y un Estado, diferentes a las formas dominantes que se han tratado de imponer en el actual gobierno, que ha pretendido y casi logrado destruir el orden institucional democrático.

Entendemos la transición como el proceso de pleno restablecimiento de la democracia, que se iniciará con el fin del gobierno del actual presidente. En tal sentido, la transición en lo inmediato deberá enfrentar una realidad cuya gobernabilidad será precaria, no sólo por el deterioro del orden institucional democrático y el mal uso que el actual gobierno ha hecho de los recursos materiales, sino porque su ineficiencia ha incrementado las demandas sociales, ha abultado problemas de prolongadas raíces y porque, de manera intencional, el régimen ha creado un enfrentamientos entre los venezolanos que ya ha cobrado numerosas vidas inocentes al colocar las diferencias en un marco de violencia planificada.

En este sentido la Asamblea de Ciudadanos sostiene que la transición no es sólo el momento inmediato a la salida de Chávez, en el que las fuerzas democráticas tendrán la responsabilidad de preparar unas elecciones legítimas y transparentes para un cambio de gobernantes y representantes de la voluntad popular ante los poderes públicos. También debemos verla como una oportunidad para consolidar los acuerdos sustantivos para el mediano y largo plazo, que nos permitirán trazar, con criterio solidario, un rumbo para que Venezuela supere progresivamente la destructiva huella del proceso que actualmente vivimos.

Un Pacto para la Gobernabilidad durante la transición, en criterio de la Asamblea de Ciudadanos, debe representar, como se ha hecho con éxito en otras latitudes, el establecimiento inicial de una sucesión de acuerdos productivos para la realización efectiva de una agenda amplia para el desarrollo y la democracia. Una especie de Pacto que abra la senda para otros pactos que sin duda se requerirán.

Un Pacto para la Transición debe contener los pasos fundamentales que permitirán hacer el tránsito, no sólo hacia la restauración inmediata del orden democrático cómo lo define el mandato de la Constitución vigente, sino sentar las bases para un proceso sostenible de recuperación institucional, social, económica y cultural a mas largo plazo.

Para ello es necesario que seamos capaces de comprometer nuestras ejecutorias en el proceso, a través de nuestro presencia en un acuerdo pluralista que brinde seguridad respecto al comportamiento de los actores y sobre las decisiones más críticas.

1. Concretar acuerdos que garanticen la gobernabilidad de la transición, su sostenibilidad y su defensa contra posibles brotes de ruptura o subversión de la estabilidad democrática.
2. Que el Pacto establezca las bases para desarrollar, desde el inicio de la transición, mecanismos legítimos que permitan producir los consensos democráticos necesarios para arribar, posteriormente, a los sucesivos acuerdos que sin duda requerirá el establecimiento de las políticas públicas que puedan solventar las graves crisis políticas, económicas, sociales y culturales que heredaremos de la precaria condición actual del país en su desarrollo humano e institucional.
3. El Pacto deberá contener acuerdos explícitos para la fase inmediatamente posterior a la salida del Presidente Chávez hasta la elección democrática de un nuevo gobierno, pero también debe contener algunas propuestas sustantivas que creen las bases para que, en momentos posteriores, se alcance la plena recuperación política, social y económica de Venezuela.

IV   Elementos preparatorios a considerar en la agenda mínima de contenidos del Pacto para la Transición

1) Áreas a ser consideradas en el Pacto:

El criterio de la Asamblea de Ciudadanos es que el Pacto para la Transición, además de asegurar la restauración plena de la democracia, debe dirigirse principalmente a las cuatro áreas que han determinado la ingobernabilidad que vivimos, sin menoscabo de considerar otros factores:

• La pérdida de legitimidad de los poderes públicos
• La extrema ineficacia de las políticas públicas.
• La invalidación de los mecanismos institucionales de procesar consensos y disentimientos.
• El grave incremento de la conflictividad social.

Esto obliga a plantearnos una agenda de acuerdos mínimos en términos de decisiones y comportamientos de quienes suscriban el Pacto, para alcanzar:

• la legitimidad del sistema político
• La reinstitucionalización que garantice el Estado de Derecho
• La reconciliación nacional y control institucional efectivo de los focos responsables de la violencia
• El respeto efectivo de todos los actores a las reglas de juego determinadas institucionalmente para configurar los consensos y procesar los disensos.
• Políticas públicas eficientes para solventar los aspectos más relevantes de la crisis económica y social que afecta al Estado, a la población y a los sectores productivos.

2) Actores que potencialmente pueden suscribir el Pacto como compromiso de su actuación durante la transición, en sus fases iniciales y en fases posteriores.

1. Todos los Partidos Políticos democráticos, sin exclusiones.
2. La Confederación de Trabajadores de Venezuela
3. La Federación Campesina de Venezuela
4. La Sociedad Civil Organizada
5. La Federación de Cámaras de Comercio y Producción
6. La Iglesia
7. Los sectores académicos
8. La Fuerza Armada

3) La oportunidad de la firma del Pacto.

Las condiciones indican que conviene avanzar, en breve plazo, sobre la concreción del Pacto para la transición, con los actores que estén dispuestos a suscribirlo, antes de la cesación efectiva del mandato del actual Presidente, independientemente de la forma como definitivamente se produzca tal hecho y sin menoscabo de que otros actores puedan incorporarse al mismo en fases ulteriores. Además, hay que considerar la posibilidad de que tales acuerdos se enriquezcan en los momentos mismos de inicio de la transición.

V   Propuesta que hace la Asamblea de Ciudadanos sobre la agenda de decisiones y acciones concretas a ser considerados en los contenidos de un Pacto para la Transición.

Estimamos que el marco de posibles escenarios de finalización de la Presidencia de Chávez, exige que, una vez que se produzcan los hechos que pongan fin a su gobierno, habrá que definir y/o ajustar inmediatamente algunos acuerdos, especialmente con relación al gobierno legítimo que deba presidir la primera fase inmediata de la transición, habida cuenta de que hay determinaciones obligantes para tales escenarios como son: la vigencia, para ese momento, de la Constitución de 1999 y de la Asamblea Nacional.

La Asamblea de Ciudadanos ofrece a continuación una propuesta de posibles contenidos que deberían ser considerados e incluidos en la redacción final del Pacto, habida cuenta de que, en nuestro criterio, en la primera fase del proceso deberían tomarse decisiones básicas, preparatorias para desarrollos posteriores en ciertas áreas , en las cuales la Nación está gravemente urgida de correcciones.

PARTE A:   ACUERDOS PARA LA RESTITUCIÓN DE LA LEGITIMIDAD DEL SISTEMA POLÍTICO

1.  Acuerdos sobre el Gobierno para el inicio de la transición:

Sobre este tema la Asamblea de Ciudadanos ha considerado dos posibilidades, con arreglo a lo establecido en la Constitución:

a) Gobierno de la Transición, según la sucesión establecida constitucionalmente en el Artículo 233:

• Si se sucediera la falta absoluta del Presidente, bien sea por revocación popular del mandato, muerte, incapacidad física, renuncia, destitución o abandono del cargo en los términos señalados en el Artículo 233 de la Constitución, se aplicará lo previsto en dicho artículo.
• El Presidente que asuma la responsabilidad de dirigir el Gobierno mientras se efectúen nuevas elecciones, tomará las medidas necesarias para reinstaurar la democracia plena en la dirección prevista en los acuerdos establecidos en el Pacto para la Transición.

b) Si no se pudiese aplicar lo previsto en el artículo 233 para la definición del Gobierno de la Transición

Si con la falta absoluta del actual presidente se produjese un vacío de poder cuya atención no estuviere prevista en ninguno de los numerales contenidos en el Artículo 233 de la Constitución, la Asamblea Nacional procederá a tramitar una enmienda constitucional que permita adicionar, mediante lo pautado en el artículo 341, ordinal segundo, una decisión consensuada mediante la cual se designará un gobierno provisional colegiado que actuará como instrumento legítimo de ejecución de los Acuerdos contenidos en el pacto para la transición.

b.1) El Gobierno Provisional durante de la transición estará integrada por cinco personas, bajo las siguientes condiciones:

• Personas de reconocida vocación democrática y clara solvencia moral y ciudadana.
• Una de ellas deberá ser representante de las organizaciones de trabajadores.
• Deberá incorporarse a un miembro de la Fuerza Armada, de reconocida solvencia moral, institucionalismo y vocación democrática.

b.2) Uno de los miembros deberá ser designado Presidente del Gobierno Provisional. Todos los miembros tendrán las mismas prerrogativas y derechos. Sus decisiones se tomarán por mayoría de votos. Eventualmente, las o los miembros del Gobierno Provisional, podrían decidir de mutuo acuerdo, tener cada uno de ellos, responsabilidades específicas o atención prioritaria a diversas áreas del quehacer nacional que lo exijan.

b.3) Dadas las exigencia que supone la reordenación de los poderes públicos y la preparación eficiente y satisfactoria de un proceso electoral a breve plazo, el Gobierno Provisional durará hasta la toma de posesión de las nuevas autoridades, las cuales serán elegidas por votación directa, secreta y universal en un plazo no mayor de 12 meses.

2.  Acuerdo sobre las enmiendas constitucionales necesarias en la transición

1. La Asamblea Nacional procederá a la ejecución aquellas enmiendas a la Constitución de 1999 que sean absolutamente necesarias para garantizar la plena restitución de la democracia.
2. Enmienda a la Constitución de 1999 para restituir a la Fuerza Armada la condición de no deliberancia política.
3. Enmienda a la Constitución de 1999 para el establecimiento de la "Segunda Vuelta", como mecanismo electoral.
4. Enmienda a la Constitución de 1999 para restituir la prohibición de la reelección inmediata.
5. Enmienda a la Constitución para modificar el número de miembros del Tribunal Supremo de Justicia y hacerlo impar.
6. Restablecimiento del nombre de la República de Venezuela.

3.  Gobernabilidad y Estado de Derecho:

1. Convocatoria y realización de elecciones presidenciales, de los cuerpos legislativos, Gobernadores y Alcaldes en un plazo máximo de doce meses.
2. Legitimación constitucional inmediata del Poder Ciudadano, del Poder Electoral y del Tribunal Supremo de Justicia, mediante la designación de sus nuevos representantes de acuerdo con el mandato y procedimientos establecidos en la Constitución de 1999.
3. Determinación por las vías legales competentes de la versión definitiva de la Constitución de 1999 que ampara el Estado de Derecho en Venezuela, hasta tanto, de común acuerdo, las fuerzas democráticas resuelvan al menor plazo posible y en forma expedita, avanzar en la creación de una nueva Constitución republicana.
4. Con el apoyo de la sociedad civil competente en la materia y previo a la realización de las elecciones, los Partidos Políticos y el Poder Electoral se comprometen a formular consensuadamente y a cumplir un Pacto Ético Electoral que norme el desempeño transparente y confiable de todos los actores durante el proceso electoral y durante la transmisión pacífica y legitima del poder a quienes resulten electos.
5. Establecimiento de un compromiso de quienes suscriban el Pacto de mantener un diálogo abierto y democrático que permita establecer los sucesivos acuerdos que pueda requerir la sostenibilidad de la gobernabilidad democrática, política, económica y social, a partir del primer gobierno electo democráticamente, quien deberá convocar este diálogo y acordar sus procedimientos y modalidades con el resto de los actores comprometidos.
6. Avanzar desde el Gobierno Provisional sobre una iniciativa concertada para la reinstitucionalización de la Fuerza Armada que restituya su integridad y cohesión institucional y su vocación democrática.
7. Establecer un acuerdo para la aplicación por el Gobierno Provisional y subsecuentes gobiernos democráticos, del marco legal existente para impedir la impunidad en los casos de corrupción y de otros delitos contra la Nación y concretar en el primer Gobierno electo, un Pacto contra la Corrupción.
8. Constitución, en la fase del Gobierno Provisional, de la Comisión de la Verdad para aclarar los sucesos del 11 de abril y sancionar a quienes resulten culpables de la masacre.

PARTE B:   ACUERDOS PARA LA RECONCILIACIÓN NACIONAL Y LA LUCHA INSTITUCIONAL EFECTIVA CONTRA LA VIOLENCIA

1. Diseño y ejecución urgente por el gobierno provisional, con el concurso de la Fuerza Armada, las fuerzas de seguridad y otros órganos competentes, de un programa de emergencia dirigido a garantizar la seguridad ciudadana y a neutralizar cualquier foco de terrorismo y subversión que pueda darse a consecuencia de las circunstancias del inicio de la transición.
2. Elaboración consensuada y con apoyo de todos los sectores de un Pacto Nacional de Reconciliación, Paz, Mutua Tolerancia y contra la Violencia, que permita, entre otros aspectos, crear una iniciativa permanente para promover el diálogo y la tolerancia entre los sectores donde se hayan manifestado rupturas, divisiones y enfrentamientos.
3. Avanzar, desde el período del Gobierno Provisional, en la aprobación de una ley contra el terrorismo y la violencia como arma de lucha política.
4. Restitución a muy breve plazo, durante el Gobierno Provisional, del monopolio del uso de las armas a la Fuerza Armada, a los cuerpos policiales y a los cuerpos de seguridad del Estado y actualización de las disposiciones legales en materia de seguridad, verificación, control y limitación sobre el uso de armamentos.

1.   Acuerdos inmediatos del gobierno provisional en materia de estructura administrativa

1. Creación y reglamentación del Consejo de Estado, como órgano efectivo de consulta y recomendación, con presencia de la Sociedad Civil entre quienes deban ser designados por la Presidencia de la República y mantenimiento de esta fórmula en fases posteriores.
2. Acciones inmediatas dirigidas a fortalecer y desarrollar de manera integral la descentralización y restablecimiento de los procedimientos administrativos que garanticen la autonomía y los derechos de los poderes públicos descentralizados.
3. Elaboración consensuada y con apoyo de todos los sectores a un Pacto sobre la Descentralización, que comprometa a los gobiernos posteriores al Gobierno Provisional, a desarrollar, ampliar y profundizar los beneficios del régimen descentralizado en las esferas política, económica y social.

2.   Acuerdos en materia social

a) Durante el Gobierno Provisional y en gobiernos posteriores, ejecutar con recursos propios del Estado y negociar desde el Gobierno Provisional las diligencias pertinentes con los entes de cooperación multilateral y bilateral disponibles, a fin de ejecutar las siguientes acciones:

a1) Rescate y revitalización inmediata de los Programas Sociales compensatorios desmantelados por el gobierno de Chávez, tales como el Programa de Hogares de Cuidado Diario, los programas de transferencia directa de alimentos y nutrientes a niños escolares, mujeres embarazadas, lactantes y los programas de dotación de útiles escolares.

a2) Declaración de la emergencia nacional en Salud y desarrollo de las acciones consecuentes más urgentes como:

• Atención a las emergencia en reparación de la infraestructura hospitalaria y dotación de insumos médicos de emergencia en las instalaciones de mayor demanda y cobertura poblacional.
• Avanzar sobre la configuración y puesta en marcha del sistema único de salud, armonizándolo con las iniciativas en materia de descentralización existentes o que se adelanten posteriormente.
• Inicio de un diálogo sistemático con las y los actores fundamentales del Sector Salud (gremios, sindicatos, Estado, proveedores, Universidades, con participación ciudadana), en el propósito de arribar a un consenso pactado sobre el mejoramiento de los servicios. Este diálogo deberá crear conexiones con los sistemas privados de salud, en el propósito de consensuar su contribución a la salud de la población.

b) Actualizar la legislación sobre Seguridad Social establecida desde 1997 y desarrollar en el primer gobierno democráticamente electo la iniciativa de un Pacto para la Seguridad Social entre los sectores involucrados en su realización efectiva.

c) Poner en marcha una iniciativa de diálogo en materia de Educación, para arribar a un consenso de los sectores involucrados a fin de elevar la calidad de la educación y definir la orientación del gasto en educación para incrementarlo en la educación básica en el propósito de permitir la inclusión de mas de un millón de niños en edad escolar que se encuentran fuera del sistema y así disminuir su probabilidad de ingreso a la población en situación de pobreza.

d1) Que durante el Gobierno Provisional se cree en forma inmediata una Comisión de Enfrentamiento a la Pobreza, de alto nivel, plural, con presencia principal del Poder Ejecutivo y con participación de la sociedad civil, la Universidad, la empresa, las organizaciones laborales y políticas y la comunidad internacional cooperante.

d2) Que esta Comisión tenga como objetivo realizar en tres meses, el diseño y concertación de una estrategia integral consensuada sectorial y territorialmente, dirigida al combate a la pobreza, en una perspectiva que convoque en forma negociada, la corresponsabilidad solidaria de todos los sectores.

d3) Que la estrategia así diseñada se convierta en una política de Estado sobre la materia, que suponga un compromiso prioritario de los gobiernos y cuyos ajustes sucesivos sean objeto de una consulta pluralista como la que le ha dado origen.

3.   Acuerdos en materia económica

a) Medidas de carácter urgente

a1 Desarrollo inmediato, y al inicio del Gobierno Provisional, de un programa urgente de "ingeniería financiera", que permita negociar con instituciones financieras nacionales e internacionales la provisión de fondos a brevísimo plazo, que permitan solventar la emergencia del pago de deudas acumuladas, cuya cancelación permitiría liberar pagos que producirán una inmediata y significativa reactivación de la economía.

a2 Establecer un esquema progresivo de rescate de empresas cuya situación haya llegado a límites críticos de supervivencia, mediante apoyos financieros vinculados a programas de reconversión industrial, lo cual permitiría su reinserción en la actividad económica y en la generación de riqueza.

a3 Reconstrucción de las relaciones comerciales con nuestro vecino país Colombia y con la Comunidad Andina, para restablecer los niveles históricos de comercio con ellos.

a4 Como avance al esfuerzo de una reforma tributaria integral que armonice y simplifique el sistema impositivo, establecer en el Pacto un acuerdo referente a una medida transitoria de reducción de la tasa del IVA, eliminación del impuesto al debito bancario y el impuesto a los activos empresariales, de manera de extender la base imponible y reducir al mínimo las exenciones impositivas, que consecuentemente incrementarán rápidamente la recaudación fiscal.

a5 Contemplar en la reforma que se adelante en fases posteriores, acuerdos para dotar a las entidades regionales de un mínimo de capacidades tributarias y de participación en la recaudación del gobierno central

b1) Fijación en el Pacto de un acuerdo específico que comprometa, desde el gobierno provisional, y con fundamento en la Ley de Administración Financiera del Estado, al establecimiento de las reglas de disciplina fiscal, administrativa y financiera que garanticen a corto plazo la sostenibilidad fiscal y la capacidad del Estado para ejecutar las políticas públicas, en particular las referidas al cumplimiento de los objetivos en la salud, la educación y la seguridad social.

b2) Señalamiento en el Pacto de un compromiso de cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales en relación con la prohibición de financiamiento del fisco venezolano por parte del Banco Central de Venezuela, y que afirme la autonomía del Banco y enfatice su objetivo primordial de lograr la estabilidad monetaria y de precios y mantener estas disposiciones en todo nuevo ordenamiento jurídico que se cree.

b3) Aprobación inmediata, durante el gobierno provisional, de una reforma de la Ley del Fondo de Estabilización Macroeconómica que garantice su automaticidad y no discrecionalidad en el retiro de los fondos públicos.

c1) Nombramiento durante el Gobierno Provisional, por acuerdo y sobre la base de las reglas establecidas sobre meritocracia y credenciales, de una nueva directiva del Banco Central de Venezuela, de Petróleos de Venezuela S.A. y de la Corporación Venezolana de Guayana, las cuales permanecerán en sus funciones, al menos por 3 años, para garantizar la continuidad administrativa entre el gobierno provisional y un nuevo gobierno elegido democráticamente.

c2) Revisión y adecuación urgente, con inicio en el gobierno provisional sin menoscabo de desarrollos y ampliaciones posteriores, del marco legal vigente, con respeto a las normas constitucionales, a fin de consagrar las libertades económicas, facilitar la inversión y creación de riqueza y el cumplimiento de lo establecido en materia de propiedad privada y derecho a la libre empresa. Particular atención se dará a la en el periodo provisional a la revisión del paquete de las leyes aprobadas por la vía Habilitante.

c3) Compromiso de exigir a los entes del Estado vinculados a gestiones directas de desarrollo productivo y exhortación a la empresa privada, para que consideren la efectiva articulación de la ciencia y la tecnología al desarrollo económico.

d)  Petróleo:

d1) Desde el Gobierno Provisional avanzar sobre la revisión y ajuste efectivo de la política petrolera, en dirección a: d1) garantizar la gobernabilidad y la sanidad financiera y comercial de PDVSA y, d2) revisar los acuerdos internacionales suscritos que afecten su patrimonio y sus principios comerciales.

d2) Aprobación inmediata en el Gobierno Provisional de un programa de expansión del volumen de producción de crudo, sin que se vulneren los precios.

d3) Compromiso de concretar en el período del gobierno provisional una reforma de la Ley de Hidrocarburos especialmente en lo relativo al régimen de regalías y de la participación privada en alianzas estratégicas.

d4) Creación en la primera fase de la transición de un comité de alto nivel y de amplia representatividad que estudie y proponga fórmulas para modificar el monopolio del Estado y para fomentar la participación ciudadana en la riqueza del subsuelo.

e)  Empleo inmediato:

e1) Ampliación y aceleración inmediata del proyecto de reconstrucción del Estado Vargas y desarrollo a breve plazo de otros proyectos de inversión pública y privada en infraestructura, con elevada capacidad de absorción de mano de obra y oferta de incentivos fiscales a proyectos de inversión privada en la materia.

e2) Acuerdo para la inmediata creación, con apoyo financiero público, privado y de los organismos financieros internacionales (CAF, BID y BM) de un Fondo para la Capacitación y Empleo de la Fuerza Laboral, con énfasis en la población laboral más joven y compromiso de sostenibilidad y desarrollo de este Fondo en los gobiernos posteriores.

f)  Productividad:

f1) Puesta en práctica del acuerdo CTV- Fedecámaras por la Productividad, con medidas que permitan desarrollar proyectos competitivos de largo plazo.

f2) Establecimiento de un acuerdo entre CTV, Fedecámaras y el Gobierno Provisional que garantice durante la transición un ambiente armónico para las actividades productivas.

4. Acuerdos en política exterior.

Reconstrucción de la política exterior que sobre bases principistas que restablezca: el respeto y la dignidad ante la Comunidad Internacional, la recuperación de espacios internacionales perdidos, las relaciones con países vecinos y amigos, la confianza política que promueva los atractivos para los inversionistas, la expansión de mercados para la producción venezolana, las relaciones estables y confiables en el seno de las Organizaciones Sub- Regionales, MERCOSUR, Comunidad Andina, prepare la entrada al ALCA, y reactive el G3 (Venezuela, México, Colombia) .

Revisión de todos los Acuerdos Internacionales suscritos por el actual Gobierno tomando encuenta cualquier elemento valioso que haya surgido durante estos años.

Diseño e implementación de una política de contundente rechazo al Terrorismo en todas sus formas y modalidades y de claro deslinde de las organizaciones y Países que las protejan o patrocinen.

Acuerdo de principios y normas para el reestablecimiento de reglas coherentes que permitan recuperar la confianza internacional, especialmente de nuestros socios comerciales tradicionales.

Acuerdo para restablecer las reglas de la meritocracia y carrera profesional en el Servicio Exterior.

Declaración de principios de nuestra adhesión a la Carta Democrática Interamericana y a los principios tradicionales de respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales.

Creación de un ente (Comisión) a cargo de la observación y seguimiento del cumplimiento del pacto. Esta Comisión pluralista, integrada por representantes de los sectores comprometidos, tendrá facultades para monitorear e informar sobre el cumplimiento o no de lo acordado y para promover entre estos sectores su ejecución oportuna. El Poder Ejecutivo de común acuerdo con el Poder Legislativo designará esta Comisión y determinará la normativa para su composición, funciones y operatividad.