DECÁLOGO DE LA ATENCIÓN SANITARIA A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

por CERMI / INSALUD

1. La salud y el derecho a una asistencia sanitaria eficaz y satisfactoria es un elemento esencial de las sociedades democráticas avanzadas, pues es un presupuesto esencial para el desarrollo de los demás derechos que tiene reconocidos los ciudadanos para alcanzar una vida social plena y participativa. Las personas con discapacidad no son enfermos, son unos ciudadanos más que en el ámbito de la salud y de la asistencia sanitaria pueden presentar singularidades y especialidades que el sistema de salud tiene que atender y dar respuesta.

2. Con la Encuesta de Deficiencias, Discapacidades y Estado de Salud (EDDES) de 1999, y en fase de desarrollo aún, se dispone de una información suficiente y exhaustiva sobre los estados de salud de los ciudadanos españoles en su relación con la discapacidad que habrá que explotar adecuadamente y conectar con las administraciones públicas. Se recomienda la difusión masiva de esta información entre los planificadores sanitarios y los profesionales de este ámbito.

3. Las personas con discapacidad, tanto globalmente consideradas como atendiendo al tipo específico de discapacidad, presentan una serie de singularidades que tienen que ser tenidas en cuenta por el sistema de salud dentro del marco global de los  principios que inspiran a éste: universalidad, gratuidad, calidad y atención a la diversidad. España dispone de un sistema sanitario que ha de ser considerado como un valor social irrenunciable que para alcanzar mayores cotas de equidad y satisfacción social ha de atender las particularidades asociadas a grupos de población específicos, como es el caso de las personas con discapacidad.

En materia de prevención de la discapacidad es fundamental promover el diagnóstico precoz de posibles discapacidades, así como sus posibilidades terapéuticas.

Se considera muy importante desde las distintas discapacidades una revisión profunda del catálogo ortoprotésico, a fin de optimizar y normalizar la vida del discapacitado y de su entorno. Asimismo, habría que reconsiderar la financiación pública de ciertos medicamentos útiles y necesarios para el colectivo que antaño fueron financiados por el sistema público y hoy día han de correr a cargo del propio discapacitado.

Determinados tipos de discapacidad reclaman un tratamiento intenso en términos de recursos y programas de acción y atención a fin de ir resolviendo situaciones de una enorme gravedad y complejidad. Aspectos de salud, a título meramente enunciativo, como la prevención  y detección precoz  de la sordera infantil; la aproximación a la realidad del autismo o del síndrome de down, así como las cuestiones conexas que en materia de salud presenta la discapacidad psíquica (asistencia sanitaria bucodental), requieren de planes enérgicos de las autoridades sanitarias, dotados humana y financieramente para atajar la situación de desventaja de la que parten.

La enfermedad mental requiere específicamente una acción intensa y efectiva por parte del sistema de salud y del sistema de servicios sociales para vencer los graves problemas por los que atraviesa actualmente.

4. La concepción y planificación de la atención sanitaria en términos de atención interna a la diversidad supone un valor añadido para el sistema sanitario en su conjunto, pues al dar respuesta a las necesidades y demandas más específicas se beneficia, por extensión, a todo el universo de ciudadanos. 

5. La accesibilidad entendida en sentido amplio y el diseño para todos son principios que han de informar toda la acción de las autoridades sanitarias a la hora de concebir, planificar y poner en práctica instalaciones, dependencias, servicios y prestaciones. La planificación en términos de accesibilidad global no ha de ser entendida como un gasto sino como una inversión que humaniza y hace más grato el ámbito sanitario, al tiempo que permite no sólo atender a las personas que presentan alguna diferencia, sino mejorar la atención global de todos los usuarios. En esta esfera de la accesibilidad, las personas sordas padecen especiales problemas, al no responder el sistema de salud a sus necesidades de comunicación a través de su lengua propia. Es necesario avanzar en el reconocimiento de la lengua de signos y en la extensión de servicios de intérpretes en los centros sanitarios, así como llevar a cabo otras medidas de carácter técnico que faciliten la comunicación y la información.

6. Los profesionales sanitarios han de conocer directamente la realidad de las personas con discapacidad y de sus distintas tipologías, para que el servicio que reciben estos usuarios sea prestado en condiciones óptimas. La discapacidad ha de formar parte de los planes de estudio de los profesionales sanitarios, tanto en su etapa de formación como posteriormente en la fase de formación continuada. Las personas con discapacidad han de ser tratadas con naturalidad y normalidad, pues antes que la circunstancia de la discapacidad, que ha de ser vista como una circunstancia más, son unos usuarios entre otros más del sistema sanitario.

7. El derecho a la salud en igualdad de condiciones y en términos de equidad territorial, eliminando las diferencias regionales o autonómicas existentes actualmente y exigiendo un protocolo de mínimos a las distintas Comunidades Autónomas, no se materializa sólo con la asistencia sanitaria, es imprescindible que exista un modelo de atención sociosanitaria íntegra y global que tenga en cuenta y armonice los aspectos médicos y los aspectos sociales. Los principios que rigen le sistema de salud, y que hemos enunciado en el punto 3 han de extenderse y aplicarse al sistema de servicios sociales para que   el derecho a la salud no sea una realidad incompleta.

8. Las instituciones sanitarias, en relación con las personas con discapacidad, tienen más virtualidades que las puramente de salud, siendo factores propicios para la generación de empleo directo e indirecto.  Las instituciones sanitarias han de cumplir rigurosamente las reservas de empleo para discapacitados establecidas legalmente y han de favorecer con mecanismos de preferencia la contratación de productos, bienes y servicios de empresas de que integren a discapacitados.

9. Las personas con discapacidad no pueden ser consideradas como meros sujetos pasivos que reciben una atención y unos servicios por parte de las instituciones sanitarias. Las personas con discapacidad a través de sus organizaciones representativas han de ser consultadas y tenidas en cuenta a la hora de planificar y administrar los recursos del sistema de salud.

10. La atención en términos de satisfacción a las personas con discapacidad por parte del sistema de salud ha de constituir un indicador de calidad del propio sistema. A mayor atención a la diversidad, mayor calidad tendrá el sistema.

Madrid, 28 de noviembre de 2001.