En la Argentina de los últimos años el amedrentamiento por medio del uso de la fuerza o el simple perjuicio sobre terceros inocentes se ha convertido en un método recurrente para lograr objetivos políticos. Esta es la metodología que implementó el sindicalista de los camioneros, Hugo Moyano, al negar el abastecimiento de los hipermercados Carrefour desafiando la orden judicial y es lo que logran Castells, Pitrolla, D´Elia y otros, piqueteros duros y blandos.

A partir del corte de calles y rutas, toma de edificios o simple desafío amenazante de posible violencia mayor obtienen, por un lado, que el Gobierno los empodere como administradores de miles de planes Jefas y Jefes de Hogar que deberían ser otorgados directamente a sus beneficiarios y, por el otro, el cautiverio político de estos miles de necesitados que ven convertida su desocupación en mano de obra piquetera.

Estas prácticas, que se repiten con diversos actores, combinan en todos los casos la acción fuera de la ley, la amenaza o el uso directo de la fuerza, el clientelismo y otras viejas formas de hacer política. En última instancia, evidencian la debilidad del Estado para imponer la ley ya que, recurrentemente, concede beneficios a quienes utilizan estas metodologías.

Son muchos los análisis, escritos y verbales, que escuchamos diariamente sobre los piqueteros, un dilema aparentemente insoluble que, en última instancia, podría sintetizarse como la confrontación en la vía pública entre ocupados y desocupados.

Se enfrentan argentinos desocupados, subvencionados por debajo de sus necesidades básicas, impidiéndole el tránsito a argentinos ocupados que intentan desplazarse para llegar a cubrir sus propias necesidades.

El verdadero dilema nace precisamente allí, en la "arena" donde se permitió que se diriman los reclamos, que históricamente fueron la Casa de Gobierno y las autoridades, pero que hoy es el espacio público.

Quién sino el Estado es el responsable de hacer llegar la ayuda correspondiente a quienes sufren una situación de desempleo o marginalidad y a su vez de promover mecanismos (capacitación, entrenamiento, etc.) para que éstos sean reemplazados por empleos reales. En cambio, se ha consensuado la metodología de paralizar el espacio público confrontando a la ciudadanía activa con carencias sociales que ésta no puede resolver.

La solidaridad social de los argentinos se manifiesta en las innumerables ONG que trabajan y se multiplican en la ayuda a los más débiles. Pero es el Gobierno -que dispone del 42% de todo lo que aportan los argentinos a partir de su trabajo para ejecutar su política social- el que debe crear e implementar las políticas de inclusión.

Los argumentos que se esgrimen sobre la no resolución del dilema -que, somos conscientes, demandará inevitablemente largo tiempo- son variados: la necesidad del Gobierno de presentar un escenario de reclamo social imperioso para respaldar su tratativa con los acreedores externos; el intento de evitar el desgaste político apostando al desgaste público de ambas partes; la pretensión de manipular la violencia tan temida (el servicio policial de remise ida y vuelta fue un testimonio flagrante) etcétera.

Ningún argumento supera la lógica del sentido común, retirar el reparto social a los "capos" piqueteros, blandos o duros, no sólo disminuiría notablemente su poder de convocatoria sino que optimizaría los recursos destinados a los necesitados.

Se opta por calificar de "exitosa" una jornada de cien cortes en todo el país sin cuantificar su costo económico, su representatividad ni su ilegalidad manifiesta.

La última argumentación de las autoridades que observa un creciente "cansancio" en las manifestaciones piqueteras, no resiste el análisis de la psicología social: nada hay más cansador que la inacción y la falta de perspectivas. Lamentablemente, es muy probable que nuestra moderna Armada Brancaleone vuelva a aglutinarse en el espacio público para confrontarnos con la exclusión, la violencia, la extorsión, la inacción y el sufrimiento que espera soluciones de fondo.

El penoso espectáculo del primero del actual, cuando la agresión de manifestantes y piqueteros blandos (que regresaban en micro de vitorear en la plaza del Congreso al Presidente ) a los piqueteros duros que cortaban la autopista a La Plata y les impedían circular, fue el absurdo al que suele llegar la realidad cuando pretende ser manipulada y las reglas de juego que acordaron los ciudadanos para convivir entre ellos no encuentran autoridad para hacerlas cumplir.

La historia dio numerosos ejemplos de que el discurso populista que antagoniza a la ciudadanía, aun cuando su intención sea la toma de conciencia y la solidaridad, no resuelve el dilema social y exacerba sentimientos negativos.

Las encuestas sostienen que el 92% de los argentinos reprueba el método de los cortes de vía pública como forma de protesta. Es tan importante que el Estado acelere su política de inclusión como que ejerza su papel de garante del Estado de Derecho persuadiendo al 8% restante a manifestarse dentro de la ley.

Fundación Atlas, Argentina.