María Siu. La República. Miércoles 20 de agosto, 2003.

Una nueva negociación del convenio que suscribió el Gobierno de Costa Rica con el de Estados Unidos el año anterior para la apertura en el país de la primera Academia de Latinoamérica para el Cumplimiento de la Ley (Ilea, por sus siglas en inglés) es la única salida que encuentran algunos diputados de oposición para que la iniciativa prospere.
La idea es variar algunos de los términos del acuerdo y aclarar otros puntos que han generado confusión entre la mayoría de los legisladores de la Asamblea Legislativa.
El diputado del Bloque Patriótico Parlamentario, Juan José Vargas, dijo que la bancada presentó una moción en la secretaría de la Comisión de Relaciones Internacionales para invitar a un representante del Poder Ejecutivo e instarlo a que el acuerdo sea renegociado.
"Si hay un interés de que esa academia esté en Costa Rica deben hacerse las modificaciones. Existen interrogantes sobre varios puntos que han planteado los propios diputados, e incluso el Colegio de Abogados", argumentó Vargas.
El diputado del Partido Liberación Nacional, José Miguel Corrales, concuerda con Vargas en que debería existir una nueva negociación, pero dijo que eso es poco probable debido a que el interés de Estados Unidos en este proyecto es claro.
"Quiere limpiar la fama de duda en cuanto a la formación con la limpieza de Costa Rica. Estoy de acuerdo en ayudar a Estados Unidos en la lucha contra el terrorismo, pero no poniendo en riesgo nuestra patria", afirmó Corrales.
Una parte de los legisladores quiere que los funcionarios costarricenses tengan el mismo poder de decisión que los estadounidenses en la dirección y administración de la Academia.
A ello se suma un cambio en el artículo del acuerdo bilateral que otorga un estatus diplomático e inmunidad al personal estadounidense y lo libera del pago de impuestos.
La otra petición consistiría en permitir a los representantes de la Escuela Judicial una participación directa en el diseño del contenido de los programas de enseñanza, más una fiscalización de organismos de derechos humanos que garanticen la visión civilista de Costa Rica en el tratamiento de algunos temas judiciales.
El subdirector de la Escuela Judicial, Mateo Ivankovich, en su exposición ayer ante la Comisión de Relaciones Internacionales dijo que es prioritario que esa institución influya en el diseño del currículum, la metodología, los objetivos y la elección de docentes, puesto que la visión de Estados Unidos para el tratamiento de ciertos temas no es la misma que la de Costa Rica.
"Es importante contextualizar la realidad de cada país porque cada uno tiene sus propias necesidades, para eso hay que hacer un diagnóstico previo del impacto que tendría Ilea en los funcionarios judiciales costarricenses.
El manejo del expediente, de los casos, de los procedimientos, de la legislación y de los derechos del imputado varían en las diferentes naciones, además la capacitación no puede ser igual para fiscales, jueces y policías porque realizan tareas diferentes", explicó Ivankovich.
A ello agregó que la Escuela Judicial ya tiene un programa anual de capacitación y que la falta de coordinación con Ilea puede crear roces en cuanto a la dualidad de temas.
"No puedo decir si el terrorismo y el tráfico ilegal de armas son de interés prioritario para Costa Rica. Los problemas de mayor preocupación en nuestra sociedad son la violencia doméstica, el tráfico internacional de menores y la explotación sexual comercial", afirmó Ivankovich.
El consejo directivo de la Escuela Judicial emitió un criterio en relación con Ilea el jueves anterior y dejó en claro que no percibe el proyecto con fines militares.
Por ahora habrá que esperar a que el Poder Ejecutivo decida si busca un acercamiento con el Gobierno de Estados Unidos para plantear la posibilidad de hacer modificaciones.
No obstante, al ser consultado acerca de las adecuaciones de las que hablan algunos diputados, el agregado político de la embajada estadounidense, Peter Brennan, dijo que era inapropiado comentar ideas específicas cuando el proyecto está en discusión en la Asamblea Legislativa.
"No queremos entrar en detalles de cualquier sugerencia, estamos a la espera de que la Asamblea tome una decisión a lo interno", indicó Brennan.
Para Federico Malavassi, legislador del partido Movimiento Libertario, plantear una renegociación es buscar pelos en la sopa, debido a que no ve por qué haya que revertir el proceso.

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