Centro de Amigos por la Paz. San José, Costa Rica. 25 de junio, 2003.

Compañeras y compañeros:

Ya está en Comisión Legislativa el proyecto sobre la "Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley" (ILEA). Desde un enfoque meramente formal, el Proyecto aparenta ser bastante "inocuo" -inclusive dice expresamente que no se dedicará a actividades militares ni tendrá fines militares. Sin embargo, una lectura contextualizada del proyecto nos obliga a estar alerta, a leer entre líneas y a proponer una oposición frontal e inteligente al mismo en razón de lo siguiente:

1. El proyecto se enmarca dentro de una estrategia de "militarización global" por parte del Gobierno y Ejército de los Estados Unidos.
2. Se enmarca también dentro de .las declaraciones de "guerra abierta al terrorismo" -el cual sí es mencionado expresamente en el proyecto- que unilateralmente ha declarado la Administración Bush, sin definir lo que
entiende por terrorismo, y más bien haciendo referencia a un concepto amplísimo en el que caben terroristas en sentido estricto, fundamentalistas islámicos, musulmanes que se oponen a la ocupación norteamericana, patriotas que defienden la soberanía nacional, y un largo etcétera.
3. Se enmarca, particularmente, dentro del Plan Colombia, un Plan eminentemente militar en contra de fuerzas populares combatientes cuyo surgimiento responde a la búsqueda de justicia ante una profunda violencia e injusticia estructural que no nació el "11 de setiembre" y cuyo proceso se ha complicado con la presencia del narcotráfico y otros factores. Esto es una constatación histórica y no implica apoyo a la opción por la violencia ni a determinadas acciones realizadas o atribuidas a los grupos guerrilleros.
4. Por otra parte, resulta sospechoso y peligroso aceptar "cursos sobre derechos humanos" -según dice el proyecto- de parte de funcionarios de un Gobierno que se ha negado sistemáticamente a aprobar y a firmar los
Tratados y Convenios Internacionales más relevantes en esa materia y que, además, provocó, mediante cursos similares en la Escuela de las Américas y en otras instancias de "capacitación", una generación de militares represivos y jueces venales, con un costo de miles y miles de personas muertas y torturadas en nombre de la democracia.
5. Uno de los elementos conflictivos del proyecto es su ambigüedad con relación al Marco Jurídico que va a regir el "aprendizaje" de nuestros Jueces y funcionarios judiciales y policiales. Como en este tipo de relaciones ambiguas en caso de duda siempre se impone la ley del más fuerte, podemos colegir fácilmente que el Marco jurídico a aplicar será el norteamericano. Esto tiene implicaciones muy serias con relación a la soberanía nacional y con relación a la autonomía del Poder Judicial.
Tómese en cuenta que hasta hoy, la capacitación de funcionarios judiciales se ha enmarcado en convenios amplios y diversos, a veces auspiciados por la AID, pero otras por el ILANUD . Por la temática que pretende abarcar la ILEA, esta pluralidad resulta amenazada con el Proyecto.
6. Las condiciones de inmunidad diplomática que el proyecto otorga a los funcionarios extranjeros de la ILEA -y que recuerdan la actitud norteamericana de exigir inmunidad criminal para sus militares, en tanto no aceptan la jurisdicción de la Corte Penal Internacional- son lesivas para los intereses económicos de Costa Rica y la forma y contenido que plantean maltratan y ofenden la dignidad y la soberanía nacional.
7. Una Academia de este tipo puede poner en riesgo la seguridad nacional y la paz relativa de este país, en la medida en que nos ubicaría, con mayor claridad, como foco regional de la estrategia geopolítica y militar norteamericana, en un contexto en que los Estados Unidos quieren estar en guerra "con todo el mundo".
8. Todo lo anterior atenta también contra los esfuerzos que muchas personas y organizaciones estamos desarrollando en función de construir en Costa Rica una profunda y auténtica "cultura de paz".

Ante estos y otros puntos que, sin duda, se pueden agregar, el Centro de Amigos/as para la Paz manifiesta:

1. Su oposición total a la instauración de la ILEA en Costa Rica y a la participación de funcionarios costarricenses en esta u otra instancia similar, en cualquier país que sea.
2. La necesidad de formar un frente nacional contra la ILEA, que organice la resistencia y la lucha sistemática contra este organismo, desde posiciones de no violencia activa.

Para profundizar en razones y estrategia, le estamos invitando a compartir una reunión, el próximo viernes 27 de junio, a las 4 pm, en las instalaciones del CAP.
Sabemos que ya hay organizaciones que vienen planteando el tema, por lo cual reiteramos nuestra voluntad de no hegemonizar el proceso, sino ofrecer el espacio para coordinar esfuerzos y fortalecer vínculos.

Fraternalmente,

Carlos Bonilla A.
Presidente CAP

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