Mónica Umaña, Periódico, AL DIA. San José, Costa Rica. 12 de agosto, 2003.

Mónica UMAÑA D. / Al Día

El Colegio de Abogados hizo un llamado de atención a los diputados que conforman la Comisión de Asuntos Internacionales para que frene la creación de la Academia para el Cumplimiento de la Ley (ILEA, por sus siglas en inglés).

En un campo pagado, la junta directiva del Colegio señala que esta academia lesiona la soberanía y valores costarricenses, perjudica al Poder Judicial y pone a Costa Rica en una posición vulnerable a ataques terroristas.

Manuel Amador Hernández, presidente del Colegio, pidió que los diputados no aprueben el proyecto hasta que no sea reformado, y cuestionó el acuerdo entre los gobiernos costarricense y de Estados Unidos, mediante el cual se crea ese organización.

Además:

"El Colegio está comprometido con la defensa de los valores nacionales, consideramos que eso (el convenio) es violatorio del principio de soberanía nacional, e implica riesgos para el país en materia terrorista", declaró Amador ayer a Al Día.

"Nosotros somos amigos de Estados Unidos, es un país al que le tenemos admiración, no es un asunto de xenobia. Lo que pasa es que creemos que los que van a venir aquí son casi militares, y a nosotros nos parece que eso no es conveniente", agregó.

En discusión

Al respecto, la diputada y jefa de fracción del Partido Acción Ciudadana, Epsy Campbell, dijo que el pronunciamiento del Colegio de Abogados obliga a la comisión legislativa a discutir más a fondo el convenio con Estados Unidos.

"Lo más importante es remarcar que un tema como éste, tan delicado, que va a transformar la política exterior, no se puede acelerar en una comisión, como si fuera un asunto liviano", recalcó Campbell.

La diputada liberacionista Laura Chinchilla, miembro de la Comisión Parlamentaria de Asuntos Internacionales, dijo que el convenio está apenas en discusión en la comisión.

"Yo expresé mis preocupaciones en torno al convenio porque no aclaraba cuál era la misión de esta academia, particularmente en su naturaleza no militar. Este fue el problema inicial que se sigue arrastrando hasta hoy... y se ha convertido en un gran obstáculo", dijo Chinchilla.

Por su parte, el ministro de Seguridad, Rogelio Ramos, se mostró sorprendido ante la posición de los abogados. "Me extraña que el Colegio de Abogados, antes de hacer un pronunciamiento como este, no haya tenido interés en conocer a profundidad el proyecto. Me sorprende que diga cosas que no son ciertas, por ejemplo habla de castas militares, cuando el proyecto dice claramente que esta academia es todo lo contrario a actividad militar", aclaró el Ministro.

El funcionario, quien compareció el 8 de julio ante la comisión legislativa que estudia este caso, agregó que el convenio fortalece la capacidad de investigación de nuestro país, y rechazó que haya una amenaza de atentados terroristas.

"Creo que es un gran beneficio para el país, no tiene nada que ver con una academia militar, y va a permitir que vengan jueces, fiscales y policía científica de todo el hemisferio", sentenció Ramos.

La oficina de prensa de la embajada estadounidense remitió a su página en internet, donde está toda la información sobre el convenio. (www.usembassy.or.cr)

Poder Judicial

Según el Colegio de Abogados, con este convenio se pretende atar al Poder Judicial, a través de la obligada participación de policías, jueces, fiscales y defensores públicos, en programas de estudio en los que nada tienen que opinar las autoridades judiciales del país.

La diputada del PAC, Margarita Penón, cuestionó el papel que jugará el Poder Judicial en esta Academia, así como la vulnerabilidad ante ataques terroristas. "Hemos mantenido una posición muy clara, y ojalá que este pronunciamiento del Colegio de Abogados provoque al mismo Poder Judicial y otras instituciones a pronunciarse sobre este proyecto", dijo Penón.

Mientras, el ministro Ramos desmintió que el Poder Judicial se vea afectado por la creación del ILEA."No hay ninguna obligación de nada, me extraña todo lo que dice ahí (campo pagado del Colegio) porque no concuerda con la realidad", aseveró Ramos.

La embajada estadounidense tiene en su página en internet documentos que explican el origen y funciones de la Academia para el Cumplimiento de la Ley.

El Colegio de Abogados señala cuatro puntos principales que les preocupa ante la creación de la Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley:

Los planes de estudio, la designación de directores, profesores y estudiantes, entre otros muchos aspectos, no estará en manos de autoridades costarricenses.

Es inconveniente dotar de estatus diplomático, inmunidades y exoneración de impuestos a grupos que, como castas militares, residirán y se entrenarán en nuestro país.

Se pretende atar al Poder Judicial, a través de la obligada participación de policías, jueces, fiscales y defensores públicos, en programas de estudio en los que nada tienen que opinar las autoridades judiciales del país.

Son inadmisibles acuerdo bilaterales con impacto regional, en momentos en que el mundo procura el fortalecimiento de la institucionalidad y legalidad internacionales.

*Fuente: Campo pagado publicado el domingo 10 de agosto en el periódico La
Nación.

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