NARCOTRÁFICO.

 

 

* Dedicado a los muchos costarricenses que son amenazados de muerte por denunciar a quienes protegen a los narcotraficantes. Tristemente, con la muerte del periodista Parmenio Medina a manos de sicarios, el país no sólo perdió a un hombre, sino que perdió a un valiente…

 

 

 

Fuente: http://www.fire.or.cr/parmenio/parmenio.htm

 

 

 

 

La "narcotización" de la política costarricense

Anuario de Estudios Centroamericanos, Universidad de Costa Rica, 25(2): 33-47, 1999.

Fuente: http://cariari.ucr.ac.cr/~anuario/munoz.pdf

 

 

¿Desde cuándo el tema del narcotráfico inunda la agenda política costarricense?

 

Aunque el interés por este tema se inicia a partir de 1985, como resultado del ingreso al país del narcotraficante mexicano Caro Quintero, y cobra nuevos bríos a fines de 1986, a raíz de una serie de reportajes publicados por el periódico La Nación (G. Fernández, L. Fernández y E. Espinoza, noviembre-diciembre de 1986), son las implicaciones electorales del denominado "caso Alem" las que desde 1987 terminan por imprimir un cariz político al tema del narcotráfico.

 

El hecho de que en este primer caso comprobado de lavado de dólares en el país, los fajos de billetes vinieran empacados y etiquetados como propaganda electoral del precandidato liberacionista Rolando Araya, hizo naufragar las aspiraciones presidenciales de éste connotado dirigente del Partido Liberación Nacional, sin que valieran de nada su trayectoria como diputado y ministro, ni su condición de sobrino de otro líder de esa agrupación política: el Presidente Luis A. Monge.

 

La aureola negativa creada por este suceso en torno a la imagen del Partido Liberación Nacional no pudo ser borrada ni aún cuando se demostró la inocencia de Araya Monge, toda vez que el responsable del ilícito resultó ser Ricardo Alem, jefe de signos externos de esa misma agrupación política durante la campaña electoral de 1986. Lo más paradójico de todo esto es que Alem, al momento de su detención, fungía como representante de Costa Rica ante el Banco Centroamericano de Integración Económica. La cuestión de la penetración de los carteles de la droga en las esferas políticas de la nación comienza a monopolizar la atención de los costarricenses, sólo desde el momento en que la primera comisión encargada por la Asamblea Legislativa de investigar el narcotráfico entrega su informe, esto es, desde el 23 de noviembre de 1988.

 

Desde esa fecha y hasta el 14 de junio de 1989, día en que se vota el informe, los costarricenses ven suscitarse agrios debates en la Asamblea Legislativa, y están pendientes de los encabezados periodísticos. Así, estuperfactos, pueden constatar como antiguas y nuevas estrellas del firmamento político nacional pierden luminosidad y aplomo ante cargos terribles que son acuerpados por algunos de sus propios correligionarios.

 

Si las personalidades políticas señaladas en el informe sobre el narcotráfico supusieron el cumplimiento del adagio popular, basado en la idea de que en Costa Rica no hay escándalo que dure diez días, se equivocan rotundamente, como lo demuestra la posterior creación de la segunda comisión investigadora, y el hecho de que ni los fenómenos telúricos de inicios de esta década hacen correr tanta tinta y provocan tan profundo estupor entre los costarricenses como este asunto.

 

La lista de sucesos noticiosos que se inserta a continuación - sin ser exhaustiva- da una idea del enrarecido clima político existente antes y después de la entrega del primer informe sobre el narcotráfico; clima que por lo demás se mantiene hasta el día de hoy.

 

 

Narcotráfico, democracia y soberanía nacional en Costa Rica

 

A inicios de esta década, no resulta extraño que en el segundo informe de la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa, se reconozca que: "en Costa Rica se estaba presentando el fenómeno de la penetración del narcotráfico en los poderes del Estado". En otras palabras, ya hacia mediados de 1989 era público y notorio que la narcopolítica había sentado sus redes en la arena política costarricense.

 

Este informe y la lista de eventos registrados en ese cuadro, admiten dos tipos de interpretaciones: estructurales unas, coyunturales otras. Entre las primeras están las que sostienen algunos de los miembros de la Comisión empeñados en salvar su informe de la vorágine electoral, y las cuales suponen que las frecuentes menciones del Partido Liberación Nacional y las escasas referencias al Partido Unidad Social Cristiana son consecuencia de la detentación del poder que ha tenido el primero durante los últimos años. En otras palabras, según los defensores de esta tesis, la aparente afinidad entre los narcotraficantes y personeros de Liberación Nacional es circunstancial: obedece a que la atención de los narcotraficantes se dirige en forma selectiva hacia quienes detentan el poder en un momento determinado.

 

Las interpretaciones coyunturales terminan imponiéndose, como lo demuestra la estructura de la votación del informe en la Asamblea Legislativa: "Mientras la Unidad Social Cristiana respaldó el informe sin ambigüedades, las tiendas liberacionistas se vieron afectadas por la duda que provocó la mención del Expresidente Oduber y la censura para el Exministro de Seguridad Pública, Benjamín Piza Carranza". Todo ello lleva a concluir al periódico La Nación lo siguiente: "lo que no se discute es que el Partido Liberación Nacional (PLN) es la entidad política más afectada por las recomendaciones del grupo investigador, y ese hecho puede medirse en las reacciones que provocó el documento en los dos partidos mayoritarios".

 

Fracasados los esfuerzos de Liberación por postergar la discusión del informe sobre el narcotráfico hasta después de las elecciones de 1990 –y a raíz de la firmeza con que el Partido Unidad sostiene que el tema del narcotráfico es parte de la agenda electoral – el candidato liberacionista, Carlos Manuel Castillo, se ve obligado a censurar públicamente al Expresidente Oduber, y a exigir una cruzada nacional contra la droga.

 

A juicio de Castillo, la cruzada debe partir de los siguientes requisitos:

 

(i) exclusión del tema del narcotráfico de la lucha electoral;

(ii) firma de un acuerdo bipartidista y búsqueda de cooperación internacional;

(iii) investigación resuelta de todas las denuncias responsables, tales como la de la contribución de los delincuentes internacionales Elizalde y Tajudeen a la campaña de Rafael Angel Calderón.

 

En un período preelectoral, sin embargo, más importante que las reacciones internas de los partidos políticos son las percepciones de la opinión pública, y en relación con esto es ilustrativa la encuesta realizada por la empresa Estudios de Mercado Limitada y cuya publicación la hace el periódico "La Nación". De acuerdo con dicha encuesta: "La gran mayoría de los costarricenses residentes en el Valle Central Urbano considera que el narcotráfico tiene influencia en los Partidos Liberación y Unidad..."

 

"Según el 27% de los encuestados, la mayor influencia se da en la campaña liberacionista; Un 2,8% cree que en la del PUS, mientras que el 58% dijo que en ambos partidos". "Prima el criterio (91% de la muestra) de que sus declaraciones (las del panameño Blandón involucrando a Calderón) fueron formuladas con el propósito de influir en el actual proceso electoral" .

 

Tanto en las denuncias dirigidas a personalidades de Liberación como en aquellas otras orientadas a integrantes del Partido Unidad, existe un patrón común: el escándalo estalla en el preciso momento en que acarrea dividendos políticos.

 

Esta tendencia a registrar y retener información sobre el narcotráfico con el propósito de exhumarla posteriormente para provocar remezones políticos, se hace más patente en las dos últimas campañas electorales, como lo demuestra el llamado "caso Chemise", denunciado casi 18 años después con el propósito obvio de detener las aspiraciones del entonces, precandidato presidencial, José María Figueres, presidente del país posteriormente.

 

La visita de un grupo de dirigentes políticos del Partido Unidad Social Cristiana al empresario mexicano Carlos Hank González, a quien la DEA investiga por narcotráfico y lavado de dólares, es otro ejemplo ruidosamente publicitado por los medios de comunicación. En el contexto de la campaña electoral para la escogencia de presidente, el entonces candidato, Miguel A. Rodríguez y otros dirigentes como el expresidente Rafael A. Calderón Fournier son fuertemente censurados por la vinculación con ese empresario mexicano.

 

El uso de la lucha contra el narcotráfico como arma política, no se restringe a los ataques mutuos entre los personeros de los dos partidos mayoritarios. En el caso de Liberación Nacional, se convierte en un estilo de lucha interna, regida por aquel  aforismo inglés: "hasta en las mejores familias existe un esqueleto escondido en el armario".

 

A la luz de todo lo expuesto, y a partir de la constatación del carácter embrionario que en este país tienen los servicios de inteligencia, cabe preguntarse lo siguiente: ¿quién proporciona la información sobre las actividades y conexiones del narcotráfico en Costa Rica?. Y, sobre todo: ¿Quién decide cuándo es oportuno hacer estallar el correspondiente escándalo?

 

Los nombres de Alem y Villalobos –jóvenes y ambiciosos políticos de Liberación Nacional– han estado en el centro del escándalo durante los últimos 10 años, primero como "lavanderos" de dólares y luego como traficantes de cocaína. Entre 1987 y 1997, ambos son la manifestación más evidente de que también la narcopolítica se ha instalado en Costa Rica. Siguiendo sus movimientos, la DEA y otros servicios de inteligencia norteamericanos se han empeñado en reconstituir las conexiones del narcotráfico con cada uno de los tres poderes del Estado costarricense. Como resultado de sus "hallazgos" y de la forma y oportunidad de presentarlos, cada uno de esos poderes pierde credibilidad a los ojos de los costarricenses, al mismo tiempo que se debilita la confianza en los partidos, en la clase política, y en la misma democracia.

 

Las confesiones de Alem en Miami afectan al poder legislativo al implicar a los exdiputados Villalobos y Benavides, y a los diputados Víctor Julio Brenes y Edelberto Castiblanco, todos del Partido Liberación Nacional; e indirectamente también afectan al poder ejecutivo, ya que tanto Villalobos como Brenes ocuparon vice-ministerios en administraciones anteriores de su partido.

 

Llama la atención en este último escándalo la forma cómo se destaca las alusiones hechas por Alem al magistrado de la Corte Suprema Rodolfo Piza Escalante, a quien los medios de comunicación asocian con círculos dirigentes del Partido Unidad Social Cristiana y quien es, uno de los más influyentes funcionarios de la Sala Constitucional. En lo inmediato el interés del gobierno norteamericano por implicar a este magistrado parece derivar del papel que se le atribuye en la anulación, por inconstitucionalidad, de la primera sentencia pronunciada en contra de Alem por el Tribunal Superior Penal de Costa Rica. En segundo lugar, se le reprocha haber sido el abogado defensor de un compañero de prisión de Alem, el delincuente italiano Plinio. Y, en tercer lugar, el gobierno norteamericano no parece haber olvidado que en la década de los años 70, el abogado de Richard Vesco lo vinculó con una supuesta petición de dinero a su cliente, para financiar su candidatura a diputado. Pero las denuncias hechas ahora por Alem en contra de este magistrado cobran importancia político-electoral, básicamente por los vínculos que se le atribuyen con la cúpula del Partido Unidad Social Cristiana. Pruebas de tales vínculos serían el apoyo que le prestó la fracción parlamentaria del PUSC para ser elegido magistrado de la Sala Cuarta, y el papel jugado por Piza en la elección como magistrada, de esa misma Sala, de la esposa del diputado Bernal Aragón, asesor de Miguel Angel Rodríguez, –entonces candidato a la Presidencia de la República del Partido Unidad Social Cristiana–.

 

 

 

 

Caso: Rafael Caro Quintero.

 

El capo mexicano de la llamada “Guerra contra las drogas, que se hizo famoso por su frase fue fácil ingresar a Costa Rica".

 

 

Fuente: http://www.aldia.co.cr/ad_ee/2005/abril/04/sucesos0.html

 

 

Noviembre de 1984: el agente Enrique Camarena, de la DEA, malogró una operación de Rafael Caro Quintero. La policía mexicana decomisó más de 10 mil toneladas de marihuana.

 

7 de febrero de 1985: Camarena es secuestrado en compañía del piloto Alfredo Zavala.

 

5 de marzo de 1985: aparecen en Michoacán los cuerpos de Camarena y Zavala. Caro Quintero los habría matado él mismo.

 

9 de marzo de 1985: Caro Quintero huye de Guadalajara.

 

17 de marzo de 1985: Caro Quintero ingresa a Costa Rica.

 

3 de abril de 1985: las autoridades mexicanas alertan a Costa Rica sobre la posible presencia de Sara Cossío en nuestro país.

 

5 a.m.: Agentes del OIJ hacen dos sobrevuelos sobre la quinta La California.

 

4 de abril de 1985

 

5:45 a.m.: autoridades costarricenses rodean la casa, e ingresan y "rescatan" a Cossío.

 

6 p.m.: las autoridades se enteran de que arrestaron a un importante capo mexicano.

 

5 de abril de 1985

 

11 a.m.: agentes judiciales trasladan a Cossío a la embajada de México.

 

3 p.m.: los "narcos" son trasladados al aeropuerto Juan Santamaría y los deportan a México.

 

 

 

Teléfonos DEA Costa Rica: 220-2433 ó 220-2434.

 

 

Caso: “El Chapo Guzmán” en Costa Rica.

 

 

Fuente: Revista Vértigo, México, abril 2006.

 

Guatemala, Sinaloa y Costa Rica, refugios del Chapo.

 

Informes confidenciales de la PGR, DEA e Inteligencia Militar de la SEDENA (SECRETARIA DE LA DEFENSA NACIONAL DE MEXICO) advierten que Guzmán Loera se refugia en países como Guatemala, Costa Rica y en el estado de Sinaloa en México, pero al intentar detenerlo siempre se escapa.

 

 

Fuente: Televisa, México, marzo de 2006.

 

Este es Joaquín Guzmán Loera alias el chapo Guzmán. Desde enero del 2001, es uno de los hombres más buscados por las policías de México y Estados Unidos. En los dos países tiene procesos penales pendientes. Se le acusa de delincuencia organizada homicidio y narcotráfico, entre otros ilícitos.

 

Según la DEA y la PGR Joaquín Guzmán Loera es líder del cartel de Sinaloa, una de las más peligrosas de las que operan en México y la cual esta dedicada al tráfico de drogas hacia Estados Unidos. En esa organización criminal se desempeñan como lugartenientes, además del chapo Guzmán, Héctor Luis "el güero" Palma y los hermanos Arellano Félix quienes son sobrinos de Miguel Ángel Félix Gallardo. En 1989 fue detenido y procesado Miguel Ángel Félix Gallardo. Tras su captura el cartel de Guadalajara se dividió.

 

"El chapo Guzmán" y "el güero Palma" se fueron a Culiacán y fundaron el cartel de Sinaloa. Los hermanos Arellano Félix se fueron a Baja California y crearon el cartel de Tijuana. Con los años ambos carteles desarrollaron una profunda rivalidad, la cual alcanzo uno de sus puntos más violentos el 24 de mayo de 1993.

 

Ese día organizaciones criminales protagonizaron una mortal balacera en el aeropuerto internacional de Guadalajara. Una de las victimas fue el cardenal Posadas Ocampo. Según las investigaciones, los Arellano Félix le tendieron una trampa al "chapo" Guzmán; del cual logro escapar ileso.

 

El 9 de junio de 1993 Joaquín Guzmán Loera y cinco de sus cómplices fueron detenidos en Guatemala. En 1995 fue trasladado al penal de puente grande en Jalisco, donde cumplía una condena por delitos contra la salud. Su carrera criminal perecía haber terminado.

 

No fue así. El 19 de enero del 2001 Joaquín Guzmán Loera sobornó a autoridades y custodios del penal de puente grande para fugarse. Se dedico entonces a recomponer sus alianzas y a recuperar lo que considera sus territorios. Inicio así una nueva y mas violenta etapa de ejecuciones entre los carteles de la drogas en México. Las emboscadas, secuestros, y asesinatos se cuentan por cientos, no solo en Sinaloa y Baja California, también en Chihuahua y Tamaulipas.

 

Entre las víctimas de esta disputa por mantener o apoderarse de los puertos de entrada y salida de drogas a México y Estados Unidos se cuentan también familiares de los líderes de los carteles Mexicanos. Entre otros: Ramón Arellano Félix y Arturo Guzmán Loera, hermano de Joaquín Guzmán Loera, asesinado el 31 de diciembre del 2004 en el interior del Penal Federal la Palma. Actualmente otro de sus hermanos esta preso, se llama Miguel Ángel Guzmán Loera le dicen el mudo. También el hijo del líder del cartel de Sinaloa está encarcelado en la Palma, se llama Archivaldo Iván Guzmán Salazar y le apodan "el chapito".

 

Esta es la historia delictiva del hombre que hasta hoy sigue siendo considerado como el narcotraficante mas violento y peligroso de México: Joaquín Guzmán Loera alias "el chapo Guzmán".

 

 

 

 

 

 

Caso: “Se exportan piñas” en Costa Rica.

 

 

Diario del Norte de México

 

Escribe José Martínez, escritor y periodista que le ha seguido la pista, paso a paso a la mafia de la familia Hank González, ahora infiltrada con el zar anticorrupción.

 

Esta es la historia:

 

"Cuando Vicente Fox emprendió su campaña presidencial enarboló la bandera del cambio", pero una vez que se instaló en Los Pinos recurrió a los viejos oficios de conspicuos personajes del resquebrajado sistema priista. Hay tantos priistas en el gobierno de Fox, que algunos se "pierden". No es ese el caso de Ernesto Enríquez Rubio, uno de los hombres de mayor confianza del profesor Carlos Hank González.

 

En el sexenio del presidente Carlos Salinas, el profesor alcanzó la cúspide de su carrera y Enríquez Rubio fue siempre su segundo de abordo. Era como la sombra de Hank, tanto así que cuando el poderoso político de Santiago Tianguistenco buscó nuevos derroteros en Costa Rica envió como su embajador personal, nada más ni nada menos, ya adivinó usted: a Ernesto Enríquez Rubio.

 

Enríquez fue uno de los artífices de aquella reunión "secreta" efectuada en el rancho Don Catarino del profesor Hank, en mayo de 1997. Encuentro que desató el escándalo porque allí se habló de negocios y, por supuesto, de política. En esa ocasión el invitado especial fue el entonces candidato presidencial del Partido Unidad Social Cristiana, Miguel Angel Rodríguez, quien buscó el apoyo del profesor en su campaña por el gobierno de Costa Rica. Tampoco pudo faltar el expresidente de ese país centroamericano, Rafael Angel Calderón Fournier, conocido como El Mexicano, esposo de la hija del exgobernador de Morelos, Armando León Bejarano, quien no encontró mayor refugio en la llamada Suiza de América cuando fue perseguido por la justicia en el gobierno de la renovación moral de Miguel de la Madrid, cuyos tentáculos lo intentaron poner tras las rejas por diversos delitos.

 

Pero, en fin, el caso es que Ernesto Enríquez Rubio llegó a Costa Rica bajo una nueva personalidad: la de magnate. Por aquel país, el número dos de Hank en el sexenio de Salinas se hacía pasar como un generoso hombre de negocios. Tal vez esos hechos los ignore el zar anticorrupción del gobierno foxista, Francisco Barrios Terrazas, quien tuvo a bien nombrarlo su coordinador de asesores.

 

Cuando Enríquez abandonó Costa Rica encontró acomodo en el gobierno de Ernesto Zedillo como procurador federal del Trabajo. Contó mucho para ello su amistad con el exlíder del PRI, José Antonio González Fernández. Pepe Toño después lo jaló a su lado como responsable de combatir las adicciones desde la Secretaría de Salud. Derrotado el régimen priista por el PAN, muchos hombres del añejo sistema encontraron un lugar en el "gobierno del cambio". Enríquez Rubio dio uno de esos brincos extraños que pegan los políticos con mucho oficio. Tan es así que cayó bien parado en la Secretaría de la Contraloría y Desarrollo Administrativo.

 

No se sabe si ante la Secodam Enríquez Rubio reportó sus propiedades, o las que aparecen en los registros oficiales del gobierno de Costa Rica. O bien, si acaso el zar anticorrupción conoce quién es realmente su jefe de asesores y cuáles son los intereses que representa.

 

Cuando en Costa Rica se detectó la presencia de Ernesto Enríquez Rubio, la prensa reveló inversiones vinculadas con un grupo de empresas relacionadas con el profesor Hank.

 

Así salieron a relucir tres firmas presididas por Ernesto Enríquez Rubio.

 

Esas empresas, capitaneadas por Enríquez, forman parte de las inversiones del grupo Hank, las cuales, de acuerdo con registros oficiales, son las siguientes:

 

-- Hacienda Ganadera Las Cuatro Marías, SA. Fundada el 6 de agosto de 1996 por la sociedad Richter Investmets Inc. --con domicilio en las Islas Vírgenes Británicas--, que adquirió la totalidad de las acciones de la empresa de Alfredo Peralta Volio.

 

Carlos Zamora Guardia, socio del bufete del expresidente Rafael Angel Calderón, protocolizó la compra.

 

Los directivos de la empresa que aparecían en los registros eran los mexicanos Ernesto Enríquez Rubio, presidente; José María Covián Mimenza, secretario; Agustín López Morales, secretario, y el costarricense José Antonio Zúñiga Taborda. El diputado Carlos Vargas Pagán fungía como agente residente de la firma.

 

-- Productora y Comercializadora Agroindustrial La Trinchera, SA. Fue registrada el 9 de agosto de 1996 por Richter Investments Inc., que adquirió la totalidad de las acciones de la empresa. Antes de esa fecha, la sociedad se denominaba Granja Young An, SA, y era propiedad del surcoreano Danny Tang Lan. Los directivos, el notario y el agente residente son los mismos de la empresa anterior.

 

-- Inversiones y Procesadora Tropical Inprotsa, SA. Fue registrada el 17 de octubre de 1995. El canadiense Peter Schibil traspasó las acciones de la firma a nombre de Richter Investments Inc. Actuó como notario Alejandro Montealegre. Los directivos y el agente residente son los mismos de la firma anterior.

 

En ninguna de las juntas directivas de las compañías aparece el nombre de Carlos Hank o los de sus hijos, aunque el presidente de las empresas que sí aparecía era Ernesto Enríquez Rubio, calificado por el expresidente Calderón como uno de los socios y amigos más cercanos de Hank González.

 

El 29 de julio de 1996, el abogado Carlos Zamora Guardia protocolizó un poder que le otorgó Enríquez a José María Covián para que, en nombre de Richter Investments, Inc., adquiriese las acciones de las compañías costarricenses Hacienda Ganadera Cuatro Marías, SA y Granja Young An, SA.

 

El documento de registro también faculta a Covián para que, en nombre de la empresa Inversiones y Procesadora Tropical Inprotsa, SA, otorgue un poder general a los costarricenses José Rodolfo Chavarría Gamboa y Marta Vargas Piedra.

 

Marta Vargas -contadora-- y José Chavarría -gerente-- aseguraron que la firma Richter Investments, Inc. es la propietaria legal de mil 37 hectáreas dedicadas a la producción de piña en Pital de San Carlos.

 

Los funcionarios aseguran no estar enterados si en esa inversión participan Hank o su familia, pero confirmaron que el profesor visitó las fincas en dos oportunidades.

 

Según los registros del gobierno costarricense, las tres compañías tienen vigente el contrato de exportación número 543 suscrito en el Centro para la Producción de las Exportaciones e Inversiones (Cenpro) y son beneficiarias de Certificados de Abono Tributario (CAT).

 

Todos estos antecedentes seguramente no le preocupan al zar anticorrupción del gobierno de Fox, porque lo mismo ha ocurrido en Chihuahua, en donde el hermano de Francisco Barrios Terrazas también hizo de las suyas.

 

Pero la del Tomato es otra historia."

 

 

 

La situación actual de las "empresas"

 

Inversiones y Procesadora Tropical, SA Teléfonos: (506)4733192 (506)4733498 ... Pital, San Carlos Alajuela, Costa Rica [email protected]

 

Solicitó la siguiente licitación para hacer rutas de autobuses.

 

2)-Expediente: 02-07-119 DING-04-0826

Transporte de Trabajadores por primera vez.

Solicitante: Inversiones y Procesadora Tropical Inprotsa Sociedad Anónima representante Fernando Baeza Meléndez.

Centro Laboral: Inversiones y Procesadora Tropical Inprotsa Sociedad Anónima.

 

Recorrido:

o Fincas Inprotsa- Las Delicias, Aguas Zarcas y viceversa

o Las Delicias - Cuatro Esquinas y viceversa

o Cuatro Esquinas-Pital y viceversa

o Pital-Fincas Inprotsa y viceversa

o Fincas Inprotsa -Veracruz y viceversa>

o Fincas Inprotsa-Pital y viceversa

 

Horarios:

 

DE LUNES A DOMINGO

Hora de salida De Hora de llegada A

04:00 a.m. Finca Inprotsa en Pital 04:30 a.m. Las Delicias, Aguas Zarcas

04:45 a.m. Las Delicias 05:30 a.m. Cuatro Esquinas

05:00 a.m. Cuatro Esquinas 05:10 a.m. Pital

05:15 a.m. Pital 05:25 a.m. Fincas Inprotsa

05:25 a.m. Fincas Inprotsa 05:30 a.m. Veracruz

05:30 a.m. Veracruz 05:40 a.m. Fincas Inprotsa

08:00 a.m. Pital 08:15 a.m. Fincas Inprotsa

09:00 a.m. Fincas Inprotsa 09:15 a.m. Pital

09:30 a.m. Pital 09:40 a.m. Fincas Inprotsa

09:40 a.m. Veracruz 10:00 a.m. Fincas Inprotsa

02:00 p.m. Fincas Inprotsa 02:45 p.m. Pital

04:30 p.m. Fincas Inprotsa 04:45 p.m. Pital

06:00 p.m. Fincas Inprotsa 06:15 p.m. Pital

08:00 p.m Fincas Inprotsa 08:15 p.m. Pital

 

Unidad Propuesta

Placa Modelo Capacidad

AB-3240 1996 53 Pasajeros

Lic. Roberto Garita Navarro, Director Ejecutivo a. í.-(Solicitud Nº 4231).-C-113925.-(4642).

 

Exp. 12027.-El Banco Crédito Agrícola de Cartago, solicita concesión de aguas del río Toro en su propiedad en coordenadas 273.185 / 510.611 Hoja Aguas Zarcas, en Pital de San Carlos, para riego, en cantidad de 51 litros por segundo. Propietarios de predios inferiores: Compañía  Inversiones y Procesadora Tropical Inprotsa S. A. Quienes se consideren  lesionados con esta solicitud, deben manifestarlo, dentro del mes contado a partir de la primera publicación.-San José, 5 de enero de 2006.-  Departamento de Aguas.-J. M. Zeledón Calderón, Jefe.-Nº 77853.- (1649).

 

 

Y luego se ampara en contra de los reglamentos fiscales.

 

0-13157-0007-CO

 

Voto 2004-04404

 28-04-04

 A las quince horas con siete minutos. Acción de Inconstitucionalidad. Inversiones y Procesadora Tropical INPROTSA, y otros, en contra del artículo 15 de la Ley número 8343 del 18 de diciembre del 2002 y Sección Primera del Decreto Ejecutivo número 31033-H del 16 de enero de 2003.

 

 

 

 

 

INICIO

 

 

 

 

 

 

INICIO DE WEB:   1 DE ENERO DE 2001.

 

ACTUALIZACIÓN:   1 DE SEPTIEMBRE DE 2006.

 

 

 

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