Por Sandra Russo

En un papel amarillento, rescatado de los archivos del CELS, se lee lo siguiente:
Comisión Municipal de la Vivienda
Departamento de Vigilancia Interna
INTIMACION ULTIMO AVISO
Villa: 1-11-14
Casa Nº: 222
Sector 1.
Se intima al ocupante de la vivienda a presentarse (con tarjeta de censo y documento de identidad) el día 4 del corriente, en el horario de 14 a 19 horas en la oficina “Erradicación” de la Comisión, instalada en la calle Varela 1950, Capital Federal, de esta villa. De no presentarse en el plazo fijado, la vivienda será demolida.
Buenos Aires, 4 de junio de 1979.
Quien quiera que fuese el ocupante de la casa 222 del sector 1 de la villa del Bajo Flores, lo cierto es que se negó a firmar la intimación. Esa persona anónima fue probablemente uno de los 87 villeros que presentaron un recurso de amparo junto a Emilio Mignone, como una forma incipiente de resistencia frente al plan de erradicación de villas de la dictadura militar. Pero fueron muy pocos los que lograron tomar aire y recuperar oxígeno para organizarse en medio del huracán de terror y violencia con la que el gobierno militar se deshizo, en cuatro años, de 200.000 indeseables de esta ciudad. La sangre fría y el trasfondo racista de aquella política de erradicación salen a flote ahora, palabra por palabra, en El Libro Azul de Cacciatore, que las actuales autoridades de la Comisión Municipal de la Vivienda encontraron en sus oficinas y que refleja cómo, cuándo y por qué miles de personas fueron cargadas en camiones junto a sus pobres pertenencias y trasladadas hacia oscuros rincones más allá de la General Paz.
El brigadier Osvaldo Cacciatore, a la sazón intendente de Buenos Aires tras un reparto de poderes entre las tres Fuerzas Armadas, sancionó el 13 de julio de 1977 la ordenanza 33.652, por la cual la Comisión Municipal de la Vivienda (CMV) quedaba a cargo del “plan integral de erradicación” de villas. El titular de ese organismo, Guillermo del Cioppo, hizo una síntesis del espíritu de su trabajo erradicador tres años más tarde: “Hay que hacer un trabajo efectivo para mejorar el hábitat, las condiciones de salubridad e higiene. Concretamente: vivir en Buenos Aires no es para cualquiera sino para el que la merezca, para el que acepte las pautas de una vida comunitaria agradable y eficiente. Debemos tener una ciudad mejor para la mejor gente”.
A esa altura, el plan gestado en 1977 estaba teniendo éxito y Del Cioppo tenía de qué jactarse. En un mamotreto que data de ese año, llamado El Libro Azul..., Cacciatore y sus funcionarios dejaron constancia de cómo articularon el éxodo forzado de villeros. Fue fascistamente simple: dividieron el plan en cuatro pasos, que ejecutaron puntillosamente. “Congelamiento/Desaliento/Erradicación/Ordenamiento Social y Edilicio”, reza un burdo cuadro sinóptico. En el segundo y en el tercero de los items, los funcionarios de la dictadura descargaron el terrible peso de sus políticas. En materia de “Desaliento”, se encargaron de hacer imposible la vida en las villas, impidiendo abrir comercios, abastecerse, organizarse, distraerse, circular. Cuando llegó la hora de la “Erradicación”, sin embargo, se encontraron con gente obstinada que estaba acostumbrada al desaliento y que persistía en ocupar sus casas. Recurrieron entonces a un no-argumento: los borraron del mapa por la fuerza.
El punto uno del plan era el “Congelamiento”, lo que supuso impedirles la entrada a las villas a nuevos migrantes y relevar exhaustivamente a la población existente hasta entonces. Cuando los militares llegaron al poder, en Buenos Aires vivían 224.885 villeros, cifra proporcionada por las autoridades incluyendo inexplicablemente en ella a los más de 9000 habitantes de seis núcleos habitacionales transitorios y a otros 7000 que habitaban los barrios Rivadavia, García y Mitre, construidos por el Banco Hipotecario, que pagaban religiosamente las cuotas. Ya estaba claro que el gobierno no quería solamente erradicar villas, sino erradicar a los pobres.
Hicieron aerofotografías para realizar planos cartográficos de cada villa y se dedicaron a identificar una por una a las respectivas casas, que luego “marcaron”: les pintaron a cada una un recuadro de fondo negro con el número correspondiente. Paralelamente, se hizo un censo que les permitió conocer la filiación de cada uno de los habitantes, sus condiciones de convivencia, su nivel de ingresos, sus lugares de origen. Con esa información, se confeccionaron “Certificados de Asentamiento Precario” que, según reza la ordenanza, “deberá ser exhibido por el villero ante cualquier Autoridad Municipal, Policial o de Seguridad que así lo requiera”. Cada uno de esos certificados fue a parar, a su vez, a un legajo, “que será utilizado por el personal afectado a las etapas de Desaliento y Erradicación”.
El “Desaliento” puede interpretarse así: como los villeros no se habían integrado a la ciudad, era conveniente que regresaran a sus lugares de origen. Pero como el fin buscado era que volvieran a sus lugares de origen, los militares se ocuparon de que los villeros no se integraran a la ciudad. Así, dispusieron “el control del comercio ilegal, industrias, talleres, depósitos, etc. Con ese fin se procede a la clausura de los mismos, llegándose ante la reincidencia al decomiso de los productos que se fabrican o se comercializan”. Se prohibió “vender, comprar, ceder o alquilar las viviendas existentes, como así también la ampliación o nuevas construcciones”. Se prohibió “circular o estacionar dentro del radio de la villa” tanto a vehículos particulares como a aquellos destinados a la carga y descarga de productos comerciales”. Se dispuso “la presencia constante del Personal del Departamento de Vigilancia Interna, motivando a la población villera a encontrar solución a su problema habitacional”.
En el libro Prohibido vivir aquí, de Eduardo Blaustein (ver recuadro), aparecen los testimonios de líderes villeros que con militancia previa o sin ella hicieron frente a las topadoras y los camiones militares. Muchos de ellos murieron. Otros, como Juan Cymes, Teófilo Tapia o Magtara Feres, todavía están aquí para contarlo. Magtara Feres tiene hoy 69 años. De ascendencia libanesa y niñez en Paso de los Libres, Magtara vino a Buenos Aires ya casada con un maestro de escuela y la simple esperanza de algo mejor. La primera vivienda fue un chalecito en Claypole. El matrimonio Feres se anotó en un plan de viviendas en Avellaneda. Resultó una estafa.
El marido maestro enfermó. Comenzó a hacer changas y Magtara era catequista. En 1960, los Feres por fin fueron beneficiados con una casa en un complejo de Cobo y Curapaligüe, el Barrio Rivadavia, construido por el Banco Hipotecario. Fueron de a poco pagando esa casa, que unos años después el gobierno militar incluiría entre “las villas a erradicar”. La trampa era que los raleaban por pobres, pero les prohibían mejorar sus condiciones de vida. No podían, por ejemplo, reemplazar el alambre tejido por una medianera. Un día, después de 1977, una vecina llegó agitada a la casa de Magtara.
–¿A vos también te llegó el papel este? Ay, Magtara, tengamos cuidado, se viene la erradicación.
–¿Erradicación? ¿Y eso qué es? –preguntó la catequista y luego, al comprender, gritó:
–Pero, ¿cómo? ¡Si esto lo hemos estado pagando toda la vida!
El papel era una intimación como la que se reproduce al principio de esta nota. Magtara se presentó en la Comisión Municipal de la Vivienda.
–Dígame qué precisa –le dijo al funcionario que la atendió.
–Necesito que me entregue su casa.
La vecina que acompañaba a Magtara se puso a llorar. Ella no. Preguntó cuándo le iban a dar las llaves de la nueva casa. “¿O se cree que me voy a ir a la calle después de haber pagado tantos años por la casa en la que vivo?”. La dignidad de Magtara le resultó incomprensible al funcionario: se encolerizó, levantó el puño y amenazó con pegarle. “Pegue, pegue, que no soy manca”, le dijo ella.
Mientras Magtara resistía a su modo, en otras villas y otros barrios empezaban a llegar las topadoras, los camiones nocturnos; se escuchaban tiroteos intimidatorios; eran secuestrados los líderes y los curas villeros, aparecían cadáveres que se dejaban a la vista para convencer a los empecinados. En el Barrio Rivadavia, las demoliciones duraron más de un año. Las casas en pie comenzaron a inundarse porque las topadoras destruían los caños. Magtara consiguió, a través de un amigo de la Acción Católica, una entrevista con Del Cioppo, que al ver la firmeza de esos vecinos terminó ofreciendo treinta casas en Claypole para calmar a los más virulentos. Pero los más virulentos le contestaron:
–¿Y los demás?
Y no aceptaron.