ARGENTINA 1997: REPRESIÓN EN DEMOCRACIA
Información recogida de CORREPI
El retorno al estado de derecho en 1983 significó una enorme esperanza para el pueblo argentino. Dejábamos atrás la más sangrienta dictadura de nuestra historia y aspirábamos a construir una democracia con participación popular y equidad social.
Sin embargo, la fortaleza de los factores de poder que dieran sustento al régimen militar les permitió seguir incidiendo fuertemente en el nuevo contexto de la democracia.
El juicio a las Juntas Militares responsables del genocidio sacudió a nuestra sociedad y suscitó la atención de sectores democráticos de todo el mundo. La sanción de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y de los decretos que consagraron el Indulto -cerrando los procesos contra los militares genocidas- modificaron profundamente el escenario de la transición democrática imponiendo un clima de impunidad que ha signado la vida del país durante estos años.
Hoy resulta indiscutible el avance represivo en la Argentina. Las policías -federal y de las provincias- son noticia cotidiana por las torturas que se ejecutan en comisarías, por las detenciones arbitrarias de que son objeto diariamente miles de jóvenes y personas humildes y por los numerosos muertos del "gatillo fácil" . Las crecientes luchas sociales son reprimidas mediante el envío de "tropas especiales" -las muertes de Víctor Choque y Teresa Rodríguez son las evidencias más irritantes de la brutalidad- y los "servicios de inteligencia" -intocados desde 1976- continúan con su labor de espionaje y hostigamiento a adversarios políticos del gobierno. La administración de justicia goza de un creciente desprestigio, originado en su cada vez más abierta complacencia con los postulados políticos del gobierno. En las cámaras legislativas sólo prosperan los proyectos restrictivos en materia de libertades individuales. Recurrentemente se pone en evidencia una extendida preocupación popular, no sólo por el presente sino también por el futuro de las libertades democráticas, en un país con desocupación y reclamos sociales en ascenso y un gobierno con fuertes tendencias autoritarias.
LA APLICACIÓN DE RENOVADOS MÉTODOS REPRESIVOS
Si bien en la CORREPI concebimos a la represión policial e institucional como parte de un fenómeno integral, entendemos que en la actualidad los sectores populares padecemos la combinación de dos metodologías relativamente diferentes. Aunque existen entre ambas zonas grises que impiden una diferenciación absoluta y tajante, lo cierto es que el distingo resulta ilustrativo para comprender que tenemos por delante nuevas formas de control social.
Por un lado, avanza en nuestro país la aplicación de lo que podemos llamar "viejos" o tradicionales métodos represivos. Cada vez es más amenazante y masiva la presencia policial en movilizaciones sociales; se incrementa el hostigamiento de las fuerzas de seguridad a dirigentes o militantes sindicales o sociales; se impone en el gobierno un discurso intolerante y amedrentador hacia los que demandan por salario, empleo o educación; se inician múltiples causas judiciales a protagonistas de demandas sociales por delitos supuestamente cometidos en razón de las protestas; ha ido en aumento el encarcelamiento de militantes por razones políticas, etc. Se trata de un accionar dirigido a sectores populares organizados, por lo general protagonistas de reclamos sociales, muchas veces politizados.
La CORREPI actúa fundamentalmente sobre lo que llamamos los "renovados" métodos de represión social, como las detenciones policiales arbitrarias, las torturas y maltratos en dependencias policiales o los homicidios del "gatillo fácil" y las desapariciones forzadas de personas. Se trata de prácticas que se descargan en forma indiscriminada en los barrios pobres, sobre los sectores juveniles y sobre minorías marginadas -homosexuales, extranjeros de países limítrofes, etc- buscando infundir el temor a la "autoridad", el disciplinamiento social. Se trata de violaciones a los más elementales derechos humanos de las que son víctimas actuales o potenciales millones de personas.
COMO NACIÓ LA CORREPI Y QUE TAREAS DESARROLLA
La CORREPI se constituyó formalmente en mayo de 1992, confluyendo en su formación abogados con trayectoria en el tema antirrepresivo, familias de víctimas del "gatillo fácil" y grupos de militantes por los derechos humanos.
Esta convergencia fue el fruto de la síntesis entre diversas experiencias realizadas con anterioridad a la conformación de la Coordinadora, en particular las respuestas populares frente al asesinato del joven militante cristiano Agustín Ramírez en Solano (1988, Pcia. de Buenos Aires), a la "masacre de Budge" (donde la policía bonaerense acribilló a tres jóvenes desarmados que bebían cerveza en una esquina de esa localidad humilde en 1987) y al homicidio en la Capital Federal de Walter Bulacio (1991) a manos de la policía, que lo detuvo ilegalmente en las puertas de un recital de rock, para luego golpearlo en sede policial ocasionándole la muerte.
A lo largo de estos cuatro años y medio de labor, la CORREPI ha sido protagonista fundamental de la creciente movilización popular contra la represión policial e institucional, a partir del desarrollo de diferentes tareas:
La CORREPI viene desarrollando una intensa labor de denuncia frente a cada hecho nuevo de violencia institucional -por lo general homicidios o torturas efectuadas por la policía-. En este sentido debemos destacar los importantes logros que hemos obtenido en cuanto a respuestas en los medios masivos de difusión, contribuyendo a abrir un debate social sobre un tema que con anterioridad parecía "tabú": los objetivos y modos de intervención de las fuerzas de seguridad, en particular de la policía.
Nuestro organismo efectúa una importante tarea educativa en relación a los derechos de los ciudadanos frente a las detenciones, en las comisarías, ante los juzgados, etc. Hay un material de la CORREPI -"El manual del pequeño detenido" - que es un claro ejemplo de lo que decimos: el mismo ha sido tomado como propio por diferentes organizaciones sociales, culturales, religiosas, juveniles o políticas y lo han hecho llegar a miles y miles de personas con una muy positiva receptividad.
Los tímidos avances democráticos consagrados en la letra del Estatuto de la Ciudad de Buenos Aires -que el gobierno municipal aún no pone en vigencia- reflejan, más que un repentino convencimiento de los representantes sobre la arbitrariedad de las detenciones por contravenciones o averiguación de antecedentes, un fuerte presión social en un sentido libertario, tendencia a la que la CORREPI ha aportado trascendentemente.
Otra de las prioridades que nos hemos impuesto ha sido la de impulsar la organización popular en torno a la lucha contra la represión, tarea que se desarrolla en distintos planos: el de los compañeros organizados en torno a la CORREPI, el de las comisiones de familiares y vecinos de las víctimas del "gatillo fácil", el de la articulación de planes y acciones comunes antirrepresivas con un amplio espectro de agrupaciones estudiantiles, sociales o culturales.
Con la idea del trabajo antirrepresivo en red con otras organizaciones convocamos a un Primer Encuentro Nacional en marzo del 95', que encontró su continuidad en el Segundo de diciembre del mismo año y en el Tercero de agosto de 1996. En este último participaron 650 representantes de 20 provincias del país.
La labor que más trascendencia y prestigio ha dado a la CORREPI ha sido la del asesoramiento y representación jurídica a víctimas y familiares de víctimas de la represión policial. Por un lado, se evacuan decenas de consultas semanales relacionadas con detenciones policiales arbitrarias. Por el otro, se participa como querellantes o representando a los particulares damnificados en conocidas causas por homicidios de la policía como los de Walter Bulacio, la "masacre de Budge", Sergio Durán, Javier Rojas Perez y otros. Finalmente, se brinda asesoramiento y defensa jurídica a dirigentes de organizaciones sociales, como los pobladores del asentamiento "La Sarita" de Quilmes o los vecinos del Barrio Ramón Carrillo de la ciudad de Buenos Aires.
PRINCIPALES ACTIVIDADES EN LAS QUE HA PARTICIPADO LA CORREPI
1- LA LUCHA CONTRA LA REPRESIÓN POLICIAL: Desde 1991 a la fecha hemos tomado intervención directa en los principales casos de represión policial ocurridos en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense, y nos hemos vinculado con los del interior del país. Con el criterio de rodear cada caso de activa solidaridad y lucha, hemos organizado y promovido en cada oportunidad marchas, festivales, radios abiertas y otras manifestaciones masivas.
Cada año en el mes de abril convocamos junto a organizaciones estudiantiles, sociales, de Derechos Humanos y corrientes políticas a la ya tradicional MARCHA POR WALTER Y POR TODOS, en el aniversario de la detención ilegal en un recital de rock del adolescente Walter Bulacio, quien murió días después como consecuencia del trato recibido en la comisaría 35ª. Estas marchas, que recorren el centro de la ciudad desde el Congreso Nacional hasta la Casa Rosada (sede del Poder Ejecutivo) suelen tener una concurrencia especialmente juvenil de varios miles de personas, habiendo llegado en ocasiones a reunir 10.000 manifestantes.
Los familiares de víctimas del gatillo fácil que forman la Comisión integrante de nuestra Coordinadora, codo a codo con la Madres de Plaza de Mayo, encabezan estas movilizaciones, como forma de sintetizar la clásica consigna común, BASTA DE REPRESIÓN Y DE IMPUNIDAD - CASTIGO A LOS ASESINOS DE HOY Y DE AYER.
En la semana posterior a la marcha, cerca de la fecha de la muerte de Walter, todos los meses de abril organizamos festivales de rock gracias al aporte solidario de las bandas más populares vinculadas a la cultura juvenil. El más masivo, en el quinto aniversario del homicidio, convocó a 40.000 jóvenes en un parque público de Buenos Aires.
Desde 1995 encaramos decididamente la conformación de un movimiento nacional antirrepresivo, intensificando los vínculos con las nuevas organizaciones que se conformaron en todo el territorio argentino. Organizamos tres encuentros nacionales, el último en la ciudad de Córdoba en agosto de 1996, con la participación de 650 delegados representando distintos organismos provinciales. Se estableció un mecanismo permanente de consulta, intercambio de información, actualización y seguimiento de casos y una agenda de actividades comunes entre todos nosotros. En 1997, y como fruto de esta coordinación, se realizó en todo el país la PRIMERA JORNADA NACIONAL CONTRA LA REPRESIÓN Y LA IMPUNIDAD. Con consignas y un documento conjunto, entre el 19 y el 26 de abril se realizaron actividades diversas en todo el país, como movilizaciones, recitales, mesas de debate, jornadas de ayuno, exposiciones, etc. El 22 de noviembre de 1997 está previsto el Cuarto Encuentro Nacional, esta vez en la provincia de Santa Fe.
2- LA LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD DE LOS GENOCIDAS: La CORREPI ha sostenido siempre que existe una relación directa entre la represión de hoy y la impunidad de los genocidas de la dictadura, institucionalizada a través de las leyes de obediencia debida y punto final y los decretos de indulto. Con ese criterio participamos activamente junto a los Organismos de Derechos Humanos tradicionales en todas las actividades vinculadas al reclamo de juicio y castigo, tratando de difundir el concepto de que no se trata solamente de un sano ejercicio de la memoria, sino que ambas peleas, la de hoy y la de ayer, tienen caracteres y protagonistas comunes.
Así tuvimos un decisivo papel en el ámbito que definió las características de la masiva demostración al cumplirse 20 años del inicio de la dictadura militar, el 24 de marzo de 1996. Conformamos entonces un polo de especial dinamismo y duras definiciones junto a otros organismos "nuevos" como los H.I.J.O.S. (Hijos por la Identidad y la Justicia, contra el Olvido y el Silencio, agrupación de los hijos de desaparecidos), otros tradicionales como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre y la Asociación de Ex Detenidos-Desaparecidos, y grupos estudiantiles, sociales y políticos. Desde ese sector contribuimos fundamentalmente a gestar una jornada de lucha que, reclamando la anulación de las leyes y decretos de impunidad y el castigo a los represores de la dictadura, incorporó definitivamente como problema actual de los Derechos Humanos la represión policial e institucional. Más de 50.000 personas, en la Plaza de Mayo, corearon junto con los Familiares que encabezaban nuestra columna consignas como "No hubo errores, no hay excesos, la yuta de Duhalde es igual que el Proceso", aludiendo a la tristemente célebre policía de la provincia de Buenos Aires, gobernada por Eduardo Duhalde, que acapara el 55 % del total de muertes civiles a manos de las fuerzas de seguridad del país, y renegando del discurso oficial que atribuye los 30.000 desaparecidos y los centenares de casos de gatillo fácil a "errores" o "excesos" de la represión.
Cada año, en el mes de septiembre, el movimiento estudiantil secundario y universitario y los partidos de izquierda se movilizan en el aniversario del secuestro de un grupo de estudiantes en La Plata ocurrido durante la dictadura. Sólo uno de los adolescentes sobrevivió para contar lo que conocemos como LA NOCHE DE LOS LÁPICES. Nuestra privilegiada relación con los jóvenes, en especial el segmento estudiantil, nos ha impuesto un rol de coordinación de estas manifestaciones, que cada vez son más masivas, al tiempo que nuestros integrantes son convocados en ese mes a recorrer colegios y universidades para integrar paneles vinculando la represión de ayer con la de hoy.
3- LA LUCHA POR LA LIBERTAD DE LOS PRESOS POLÍTICOS: Si bien en Argentina existen organismos de larguísima trayectoria en la defensa de los presos políticos, como la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, fundada en 1937, la CORREPI ha aportado también en esta área con nuestras herramientas y criterios renovadores.
La Comisión Argentina por la Libertad de los Presos Políticos es uno de los organismos con quienes trabajamos más cotidianamente, especialmente a partir de la creciente utilización del aparato judicial para reprimir los conflictos sociales. A medida que crece la resistencia popular a las políticas socio-económicas de exclusión, aumenta la necesidad del sistema de ejercer el disciplinamiento a través de nuevas formas represivas. Así, en los últimos tiempos se ha generalizado lo que llamamos la "judicialización de la protesta", a medida que más y más militantes opositores, activistas barriales, desocupados, estudiantes o dirigentes de los trabajadores son detenidos y procesados por delitos penales en ocasión de manifestaciones, marchas o movilizaciones públicas.
Fuimos punta de lanza en la gran campaña que se generó en solidaridad con los dirigentes de la Coordinadora de Desocupados de Neuquén, encarcelados luego de participar en una protesta en reclamo de pan y trabajo. De manera inédita la campaña por la libertad de los compañeros Horacio Panario, Alcides Christiansen y Basilio Estrada fue sustentada por todos los sectores del campo popular, sin distinción de banderas partidarias, y a ello no fue ajena nuestra labor de coordinación, ni nuestra prédica antirrepresiva.
La experiencia adquirida permitió que fuera cada vez más fácil encarar de modo conjunto la defensa de los centenares de procesados que hoy suman los conflictos sociales en todo el país, en la que la CORREPI participa activamente tanto desde el aspecto jurídico como en la difusión, denuncia y movilización públicas. Uno de los temas que hoy concita nuestra permanente atención es la situación del dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica de Río Grande (Tierra del Fuego) Oscar Martínez, quien será juzgado en el mes de febrero junto a los policías que reprimieron en abril de 1995 la movilización en la que fuera asesinado Víctor Choque, el primer muerto en una manifestación desde 1983. La acusación contra Martínez se basa en que "si no hubiera sido convocada la marcha no hubiese sido necesario reprimirla, y Choque no hubiera muerto".
Estamos promoviendo una campaña para exigir al Congreso Nacional el dictado de una norma que permita el desprocesamiento de todos los luchadores sociales, mientras reclamamos al Poder Judicial que las figuras penales no sean usadas con intencionalidad política para reprimir las protestas.
4- LA LUCHA POR LA CONCIENCIA POPULAR: La desinformación y los "discursos oficiales" impuestos por el poder a través de los medios de comunicación dificultan que la sociedad tenga elementos para hacer un análisis válido de la realidad. Por eso nuestros militantes dedican todo el tiempo necesario para responder las inquietudes de quienes nos convocan desde colegios, universidades, barrios o instituciones intermedias. Participamos en un promedio de diez charlas, debates, conferencias y mesas redondas por mes. En especial cerca de los aniversarios de la muerte de Walter Bulacio y de la Noche de los Lápices son las escuelas secundarias de la ciudad y provincia de Buenos Aires las que nos invitan.
Nuestros profesionales son requeridos a menudo como expositores en congresos, simposios y seminarios en los que se debaten temas vinculados a la represión, los derechos de los jóvenes, las políticas de seguridad, etc. Sin dejar el ánimo militante, hemos expuesto en universidades de todo el país nuestra doctrina, aunando a la teoría la práctica de la experiencia cotidiana.
Del mismo modo somos consultados con inusual frecuencia, para un organismo de Derechos Humanos, por periodistas del país y del extranjero, hecho que ha contribuido enormemente a la difusión de nuestro trabajo.
LA BATALLA EN LOS TRIBUNALES
Una de las áreas en las que desarrollamos una importante y sostenida tarea es el ámbito judicial. La asistencia jurídica a víctimas y a sus familiares, y su representación procesal en las causas seguidas contra los represores fue incluso el germen a partir del cual se formó la CORREPI. A partir del trabajo individual de algunos abogados que se remonta a mucho tiempo antes de nuestra organización formal empezamos a comprender que, pese a la enorme diversidad entre los distintos casos, había en todos elementos comunes que nos dieron las primeras pautas para conceptualizar el fenómeno de la represión policial.
Por otra parte, convencidos desde el primer momento que la lucha en los Tribunales debe ir acompañada del reclamo y la denuncia pública, aun en aquellos primeros casos fundacionales los compañeros que llevaban adelante las causas judiciales impulsaron y promovieron la organización de las familias y los barrios, buscando en la solidaridad y el compromiso social la herramienta para contrarrestar la evidente desigualdad de oportunidades frente a adversarios procesales amparados por el Poder.
A fines de la década del 80, cuando agonizaba definitivamente la "primavera democrática" iniciada en 1983, el caso de la Masacre de Budge inició el camino de lo que desarrollaríamos más adelante como método de lucha. El 8 de mayo de 1987 tres jóvenes desocupados del muy humilde barrio de Ingeniero Budge, en la periferia del Gran Buenos Aires, fueron fusilados por otros tantos policías. Su delito, estar sentados en una esquina tomando cerveza. El asesinato conmovió a la popular barriada, e impulsada por el abogado León "Toto" Zimerman se formó una Comisión de Amigos y Vecinos para sostener el reclamo de justicia. La Masacre de Budge es el típico ejemplo de estas ejecuciones policiales que gráficamente llamamos "gatillo fácil". A la aplicación de la pena de muerte extrajudicial se sumó el descarado encubrimiento policial, las armas "plantadas" para enmascarar el crimen como un "enfrentamiento" y la complicidad más o menos manifiesta de los distintos jueces intervinientes. El poder político intentó desacreditar el movimiento popular imputando al abogado "ideologías foráneas" con las que "subvertía a los vecinos", se sucedieron las amenazas, los atentados y las presiones a los testigos, familiares y activistas del barrio. El propio abogado sufrió la persecución, que alcanzó su mayor gravedad cuando su auto fue incendiado.
Si bien los medios de comunicación reflejaron parcialmente el hecho, lo hicieron dentro de las crónicas policiales, sin darle la relevancia que tenía como violación a los Derechos Humanos. Harían falta varios años para que se modificara la percepción social del problema.
En abril de 1991 se produjo la detención y muerte de Walter Bulacio, un adolescente de 17 años, en un recital de rock. El hecho fue inmediatamente tomado como propio por el movimiento estudiantil, pues Walter cursaba el ultimo año de la enseñanza secundaria en un colegio nacional de Buenos Aires. La familia encargó la causa judicial a los abogados Daniel Stragá y María del Carmen Verdú, quienes encararon la querella con el mismo criterio aplicado en Budge, poniéndose al frente de las movilizaciones y coordinando las acciones con los grupos juveniles.
La experiencia acumulada en esos últimos años de los 80 nos había persuadido de que era necesario conformar una organización pluralista, asamblearia y horizontal que intentara coordinar los esfuerzos en torno de los distintos casos en todo el país, y que profundizara el estudio de las características comunes a todos. Así comenzamos a trabajar en una permanente dialéctica que articula el trabajo de base en las causas concretas, tanto en lo judicial como en la movilización, con la elaboración de una doctrina caracterizando el fenómeno represivo, sus causas y sus objetivos.
Desde aquellos casos anteriores a la conformación de la CORREPI hasta la actualidad, nuestros abogados han batallado ante los Tribunales con suerte diversa, con la convicción de que la concientización popular vale mil condenas formales. Sin embargo, han logrado en muchos casos arrancar al sistema judicial importantes sentencias que consolidaron nuestra labor. Sumando las penas obtenidas, y computando las condenas a prisión perpetua como 20 años de cumplimiento efectivo, el total de sentencias supera los 350 años de prisión o reclusión para distintos funcionarios de las fuerzas de seguridad encontrados culpables.
Las distintas sentencias obtenidas muestran en algunos casos una interesante evolución de los jueces a la hora de evaluar los hechos. Algunos fallos, como el caso Torres, incursionan en la caracterización del encubrimiento bajo la forma del "espíritu de cuerpo" y se pronuncian enérgicamente contra el ánimo represor (sic) encarnado en los uniformados. Otros, en cambio, omiten considerar la condición de funcionario público como agravante a la hora de fijar la pena. En general, podemos afirmar que la labor tribunalicia, aun con todos los obstáculos que derivan de enfrentar el poder organizado, es uno de nuestros capitales más importantes y nos ha otorgado un amplio reconocimiento de la opinión pública, de los organismos de DDHH tradicionales, de las corrientes políticas, e incluso de los medios de comunicación, para quienes nuestros abogados son permanente fuente de consulta cuando el tema es la represión policial.
Paradójicamente (o con gran lógica del sistema), las causas más conocidas y con mayor trascendencia pública son la que resultaron más complejas en términos de resultado procesal. En la masacre de Budge, la sentencia se ha hecho esperar más de 10 años. Luego de dos juicios orales (el primero fue declarado nulo) los policías fueron condenados a 11 años de prisión en 1994, pero siguieron en libertad mientras se resolvía el recurso que interpusieron ante la Corte Provincial. Confirmada la sentencia por ese Tribunal en 1997, recurrieron a la Corte Suprema, sin que se revocara su excarcelación.
El caso Bulacio, que generó movilizaciones de hasta 40.000 jóvenes, no tiene todavía, luego de casi siete años, resolución judicial. El sólo hecho de haber mantenido la causa abierta es un triunfo, pues desde 1991 hasta 1994 sólo la querella la impulsó, mientras la fiscalía solicitaba reiteradamente su cierre y archivo. La investigación del caso Bulacio nos permitió descubrir y poner en evidencia un complejo sistema de normas policiales secretas que amparaba las detenciones ilegales de menores de edad, llegando al punto más importante cuando el 5 de abril de 1994 la Corte Suprema de Justicia de la Nación debió admitir que se trataba de un procedimiento absolutamente ilegal. Intervinieron en la causa 36 jueces distintos, hasta que finalmente el comisario Miguel Angel Espósito, jefe del ilegal operativo, fue procesado y se le dictó prisión preventiva por el delito de privación ilegal de la libertad calificada, reiterado en 73 oportunidades. Esta resolución de la Jueza María Cecilia Maiza y la posterior acusación de la Fiscal Mónica Cuñarro solicitando una pena ejemplar de 15 años de prisión y 30 de inhabilitación absoluta constituyen el logro más importante en materia de detenciones arbitrarias, ya que es el primer caso de posible penalización de una "razzia". Desde que se produjera la acusación fiscal en 1996, sin embargo, las actuaciones han vuelto a estancarse merced a las interminables dilaciones que promueve –en ejercicio de su legítimo derecho de defensa- el comisario. Hemos calculado que más de la mitad del tiempo que lleva el expediente se ha perdido en devaneos inconducentes con el único objetivo de demorar la sentencia, y por ello hemos denunciado formalmente al Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La denuncia, presentada en mayo de 1997, plantea el incumplimiento por parte del Estado de las obligaciones emanadas del Pacto de San José de Costa Rica (Convención Interamericana de Derechos Humanos), pues no se ha investigado, pese a nuestros esfuerzos, la violación de los derechos a la vida y a la integridad física conculcados, ni se ha garantizado a la familia el acceso a un recurso judicial sencillo, rápido y eficiente.
En la Argentina hay permanentemente denuncias de tormentos aplicados a detenidos, pese a lo cual desde 1983 a la fecha sólo hubo cinco sentencias aplicando la figura de la tortura seguida de muerte. Uno de esos fallos corresponde al Caso Durán, que permite comprender cómo funcionan los mecanismos de represión y de impunidad en nuestro país.
Sergio Gustavo Durán (17) fue detenido "en averiguación de antecedentes" por personal de la comisaría 1ª de Morón, en el oeste del Gran Buenos Aires. Fue sometido a atroces torturas durante un lapso que los peritos estimaron de seis a ocho horas de duración, y murió. De inmediato se puso en funcionamiento el aparato encubridor. La autopsia que los abogados de la CORREPI vieron en el expediente sólo tres días después establecía que la muerte se debía "a una intoxicación por sustancias que hubiere ingerido", sin que se contara aún con pericias de laboratorio sobre tóxicos en su sistema. Las extrañas marcas puntiformes que exhibían sus hinchados testículos eran, para el médico legista, "señales de rascado". No había información alguna sobre el mecanismo de producción de las múltiples marcas de golpes que incluían un corte en la lengua y un diente roto.
Poco a poco, y presionando permanentemente con marchas, movilizaciones y hasta una huelga de hambre de la madre de Sergio en la puerta del Juzgado de Morón, se fue develando la verdad. Nuevos informes médicos –esta vez no policiales- comprobaron que los pulmones del joven tenían pequeñas hemorragias intraalveolares, típicas de quien ha sufrido una dificultación mecánica de la respiración. En el lenguaje popular, "le dieron bolsita", o "submarino seco", una forma de tortura que consiste en colocar una bolsa de polietileno sobre la cabeza de la víctima, quien experimenta el terror de la asfixia. Fue golpeado y pateado en distintas partes del cuerpo, destacándose un gran hematoma en los tejidos conectivos que rodean los testículos. Finalmente fueron halladas las lesiones electroespecíficas que probaron la aplicación de corriente eléctrica en su zona genital, es decir, la vieja "picana", que no por casualidad fue un invento de la policía bonaerense. Agotado su sistema de respuesta al dolor, Sergio murió por un mecanismo reflejo que causó un paro cardio-respiratorio.
Mientras se cerraba con lentitud el círculo, sólo un policía estaba detenido. Era Jorge Ramón Fernández, oficial subinspector de servicio la noche del crimen. Fernández guardó silencio –amparado en la garantía constitucional- hasta que se comprobó el uso de la picana. Decidió entonces prestar declaración. Curiosamente, al mismo tiempo que Fernández daba los nombres y grados de quienes acusaba de torturadores, los cuatro se fugaron. Nunca pudieron ser hallados, y Fernández fue el único acusado en el juicio oral que se desarrolló en los primeros días de octubre de 1995.
Quedó probado entonces que su participación fue necesaria para la comisión del delito, y la Sala Tercera de Morón lo condenó a prisión perpetua. El fallo reviste la particular importancia de ser el primero en Argentina, desde 1983, en el que se considera probado que funcionarios policiales, dentro de una comisaría, utilizaron una picana eléctrica en un detenido.
Pero el Caso Durán no se agotó en esa sentencia. Restaba encontrar a los prófugos. Los operativos montados por el Juzgado y la Fiscalía fracasaron en su totalidad, a veces con ribetes tragicómicos producto de la desembozada protección que la policía brindaba a los camaradas en apuros. Al tiempo, ya nadie los buscaba, salvo la familia Durán con el apoyo de la CORREPI. A principios de 1995 los rumores de que por lo menos dos de los prófugos se "escondían" en sus propias casas, continuando con su vida normal, era un secreto a voces en distintos ámbitos de la provincia de Buenos Aires. Por eso cuando un equipo de investigación televisiva propuso intentar ubicarlos, los abogados Verdú y Stragá, en total secreto, les brindaron todos los datos que poseíamos.
Bastó colocar una cámara escondida frente a los domicilios que figuraban en el expediente para localizar a quienes, acusados del más horrendo delito de nuestro ordenamiento legal, habían eludido con éxito a los pesquisas oficiales durante tres años. El video grabado desde una camioneta estacionada en la Avenida Jara de Mar del Plata mostraba al subcomisario Miguel Angel Rogido entrando y saliendo tranquilamente de su casa, o despidiendo afectuosamente a un policía de uniforme que concurrió a visitarlo. Por otra parte, en Moreno, se pudo filmar al cabo Raúl Gastelú llevando sus hijos al colegio, o manejando hacia su trabajo, escoltado a corta distancia por un patrullero.
Los abogados entregaron las grabaciones al Juez Jorge Carreras, quien para lograr las detenciones tuvo que comprometer personalmente al flamante Jefe de la Policía Bonaerense, Comisario Vitelli. El Día de la Madre del año 1996 fueron simultáneamente detenidos Rogido y Gastelú, quienes serán sometidos a juicio oral y público en 1998. Como apunte anecdótico que ilustra la situación, digamos que el Jefe de la Unidad Regional de Mar del Plata, donde fue alojado Rogido la tarde de su detención, solicitó al Juzgado que lo enviaran de inmediato a Buenos Aires, pues la familiaridad y respeto con que todos sus subordinados lo trataban no le permitía garantizar que, de permanecer el subcomisario allí toda la noche, estuviera preso a la mañana.
En octubre de 1997 fue detenido el tercer prófugo, Luis Alberto Farese, ubicado por el Juzgado mediante la intercepción del teléfono de la madre. Está documentalmente probado en la causa que, mientras estaba prófugo, se presentaba personalmente a cobrar su sueldo de policía, a su nombre y exhibiendo su documento de identidad, sin que sus camaradas lo arrestaran.
El caso Durán es paradigmático en muchos aspectos. La víctima era un joven de baja extracción socio-económica, prototipo del "sospechoso" a los ojos policiales. Toda la causa muestra el enorme esfuerzo realizado para encubrir a los torturadores, incluyendo la autopsia falsa por la que se encuentra procesado el médico Carlos A. Rossi Alvarez. Los principales testigos, obviamente detenidos que estaban esa noche en la comisaría, fueron presionados de mil modos, y hasta se fabricó una causa contra ellos imputándoles un motín y una tentativa de fuga para desacreditar sus dichos. Los abogados de la familia estuvieron permanentemente vigilados y fueron amenazados varias veces, mientras que el propio juez denunció a uno de ellos, Daniel Stragá, por el delito de desacato, a raíz de declaraciones públicas en las que hizo referencia a una "suerte de pacto policial-judicial". La madre y hermanos de Sergio Durán vivieron años soportando amenazas, agresiones y seguimientos. Durante las audiencias del juicio oral, acompañando a los Durán, se mezclaban en las primeras filas madres, hermanos y viudas de distintos casos que se nuclean en la Comisión de Familiares de la CORREPI con las Madres de Plaza de Mayo y jóvenes vecinos del barrio, mientras que del otro lado del salón se agolpaban, circunspectos, policías de uniforme y de civil. El día que el comisario Vitelli asumió con promesas de "autodepuración" la Jefatura de la Policía Bonaerense, su rostro anguloso y sus ojos claros nos resultaron conocidos. Es que, rigurosamente vestido de civil, había presenciando en silencio todas las audiencias del juicio, sentado cerca de los acusados.
PRINCIPALES CASOS JUDICIALES DE ABOGADOS DE LA CORREPI:
1- Masacre de BUDGE: 8 de marzo de 1987. OSCAR AREDES, ROBERTO ARGAÑARAZ y AGUSTIN OLIVEIRA fueron fusilados por los policías Balmaceda, Miño y Romero. Después de dos juicios orales están condenados a 11 años por homicidio, aunque como recurrieron a la Corte Suprema siguen en libertad.
2- Barrio FIORITO: Condena a prisión perpetua para el policía Rajoy y el vigilante particular Galeano por el homicidio de dos chicos del barrio.
3- Caso MENN: Villa Galicia, Temperley. Condena a 8 años de prisión por homicidio para el policía Pilu.
4- Juan Carlos Avalos: Golpeado y asesinado por los policías Luis Troncoso, Miguel Feminella y Juan Pedro Mujica de Avellaneda. Condenados a 10, 4 y 2 años de prisión.
5- Caso Gómez: joven asesinado por el policía Verón, condenado a 2 años y medio de prisión y 8 años de inhabilitación para el uso de armas.
6- Javier Horacio Meza: Asesinado por el policía José Francisco Marcovich. Condenado a 2 años y 8 meses de prisión y 8 años de inhabilitación para el uso de armas.
7- Caso FONSECA: Muerto por el policía Gómez en Almirante Brown. Condenado a 12 años de prisión.
8- Caso LUPIZ: El sospechoso de las muerte de Nair Mustafá, Jorge Alberto Meglia, fue condenado a 11 años de prisión por violación.
9- Félix Ramón Morinigo: Asesinado a golpes el 8 de marzo de 1992 dentro de la Cria. de Villa Diamante por el policía Faustino Daniel Moya, condenado a 10 años de prisión.
10- Osvaldo Daniel Murtari: Asesinado por el ex-policía Alonso en 1991. Condenado a 16 años de prisión.
11- Ciudad Oculta: Un grupo comando de la policía secuestra, tortura y asesina a tres jóvenes. Cinco policías condenados a prisión perpetua.
12- Norberto Montes: Víctima del policía Juan Antonio Torres, condenado a 10 años de prisión.
13- Walter Bulacio: Detenido el 19 de abril de 1991 en un recital de rock, murió una semana después por los golpes recibidos. El comisario Miguel Angel Espósito está procesado y con prisión preventiva (excarcelado) por el delito de privación ilegal de la libertad calificada, reiterado en 73 oportunidades y la fiscalía pide la pena de 15 años de prisión y 30 de inhabilitación. La lentitud del proceso y la ausencia de investigación de la muerte fueron motivo para denunciar al Estado Argentino ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
14- Benigno Antonio Ponce Gómez: Homicidio ocurrido el 17-8-86 en la Unidad 1, Lisandro Olmos del Servicio Penitenciario de la Pcia. de Buenos Aires. Con la sentencia se sentó jurisprudencia acerca de los deberes de vigilancia y seguridad que le debe el Estado a todo aquél recluído en cárceles a disposición de los organos jurisdiccionales.
15- Luis Alberto Sandez: En una esquina de la Villa de Emergencia San Alberto, Isidro Casanova, a las 6 de la mañana del 17 de marzo de 1990 el policía Horacio Rivarola, desde un automóvil en movimiento, le disparó a la cabeza, sufriendo desprendimiento de masa encefálica. El policía está condenado por lesiones graves a 3 años de prisión.
16- Omar Andrés Lencina: 24 años, armado con una bolsa de bombitas de agua para jugar al Carnaval, fue fusilado en la Isla Maciel el 19 de febrero de 1992. Su compañero menor de edad (16 años) fue herido en una pierna. El policía Bonifacio Garay fue sobreseido pese a que el balazo entró por la nuca. La Cámara de Apelaciones recientemente el sobreseimiento, pero no se ha podido realizar el juicio oral porque Garay está prófugo desde el 16 de enero de 1996.
17- Fernando Ruiz: 32 años, el 9 de septiembre de 1991 fue a la Cria. 3ª de San Isidro a presentar una queja y fue salvajemente golpeado, pateado y encerrado en un calabozo. El juez de San Isidro lo procesó a él por las lesiones en los nudillos de los policías. Cuatro años más tarde fue sobreseido.
18- Diego Damian Aguilera: 20 años. El día 13-2-94 a las 6:00 en la Estación Constitución del Ferrocarril Roca el Sargento 1º de la Policía bonaerense Jorge Daniel Maciel, en estado de ebriedad le disparó un tiro a la cabeza. Fue condenado a 9 años de prisión.
19- Marcio Gabriel Cornú: 19 años, el día 8 de abril de 1994 se encontraba esperando a su novia en la esquina de Av. Gaona y Tres de Febrero, en Ramos Mejía, Pdo. de La Matanza. Desde un móvil de las patrullas bonaerenses que perseguía a un supuesto delincuente, abrieron fuego y resultó herido en la pierna. Los policías están acusados de lesiones graves y abandono de persona.
20- Crimen de Batán: En la Cárcel de Batán, el 15 de febrero de 1995, el interno (procesado) Cristian Domínguez Domenichetti fue encadenado a la reja con dos juegos de esposas y desnudado. Cristian murió una hora después de la salvaje tortura por estallido hepático triple y estallido de bazo. Fueron procesados por tortura seguida de muerte como autores materiales los oficiales Laino y De Benedetti, el ex jefe de Tratamiento Oficial Melián como partícipe primario y el oficial Troche como partícipe secundario. El ex jefe del Penal, Prefecto Mayor Macía, fue procesado y con prisión preventiva (excarcelado) por omisión de la debida vigilancia, abandono de persona y negligencia funcional. En un escandaloso fallo, la Cámara de Mar del Plata condenó a los dos primeros a 11 y 13 años de prisión por torturas, a un año y medio a Melián y absolvió a Macía. Hicimos la denuncia ante la CIDH.
21- Jorge Torres: (21), en Villa Dorrego, González Catán, el 22 de octubre de 1994, tuvo una discusión con un vecino, Roberto Cruz, policía bonaerense. Un amigo del policía fue a buscar a los hermanos de Cruz, también efectivos de la bonaerense (igual que el padre). Uno de los hermanos, Gustavo Javier Cruz, terminó la discusión con un balazo en la sien de Torres. Fue condenado a 11 años de prisión por homicidio simple.
22- Caso Berazategui: (19-4-95) Sergio Bazán y Néstor Bauche, dos jóvenes de Berazategui fueron asesinados por policías en la calle. Hay un policía con prisión preventiva y juicio oral en breve.
23- Sergio Gustavo Durán: 17 años, fue detenido el 6 de agosto de 1992 a las 18:00 en la estación de ferrocarril de Morón. En la Comisaría 1ª de Morón fue torturado (picana en los testículos y submarino seco). El Oficial Jorge Ramón Fernández fue procesado por el delito de tortura seguida de muerte, y el Subcomisario Ocampo procesado por omisión de la vigilancia. También se procesó por falso testimonio al médico Rossi Alvarez. El Subcomisario Rogido, el suboficial principal Farese, los cabos Gastelú y Nicolosi están procesados por tortura seguida de muerte y prófugos desde 1993. El 14 de octubre de 1995, en juicio oral y público, Fernández fue condenado a prisión perpetua. Dos de los prófugos (Rogido y Gastelú) fueron detectados por la CORREPI y un equipo periodístico en sus domicilios, y fueron arrestados en octubre de 1996. En 1998 se celebrará un nuevo juicio oral contra ellos.
24- Javier Rojas Pérez: El 23 de julio de 1995, a las 3 de la mañana, el agente Diego Centurión le disparó un tiro a menos de 5 cm. de la cara durante un operativo de rutina. El policía fue detenido y procesado por homicidio simple, pero la Cámara de Lomas de Zamora lo condenó por homicidio culposo a 3 años de prisión y fue excarcelado.
25- Juan Antonio Vázquez: Asesinado en el Mercado Central por el policía Alberto Argentino Ramírez el 26 de marzo de 1993. El juez Lorenzo de Morón lo sobreseyó, la Cámara de Apelaciones revocó por prematuro el sobreseimiento y fue procesado por homicidio culposo, declarándose prescripta la acción en 1997 por el largo tiempo transcurrido.
26- Javier Omar Alderete: El 25 de agosto de 1995 Javier (16) volvía de una fiesta estudiantil con amigos. Los detuvo y dispersó un patrullero. El auto siguió a Javier, quien asustado se escondió en el jardín de unos vecinos, a dos cuadras de su casa. Lo llevaron detenido antes de las 5:00 y recién pasado el mediodía avisaron a sus padres que murió de un "coma alcohólico".
27- Raúl Roldán: En marzo de 1996, el Sr. Roldán llevaba a su hijita de 3 años con convulsiones al Hospital Fiorito, en el auto de un vecino. El policía Zalazar consideró que la velocidad del auto era excesiva, y disparó, matando en el acto a Roldán. Fue condenado a 11 años de prisión por homicidio simple.
28- César Samaniego: Mientras un grupo de amigos escuchaba música en la casa de Samaniego, el vecino, policía federal Zalasar, los increpó por el alto volumen. En la discusión, el policía disparó varias veces su arma reglamentaria contra Samaniego, hiriendo a la adolescente Verónica Tolosa. Está procesado por lesiones y excarcelado.
29- Gumercindo Ramoa Paredes: Obrero paraguayo de 32 años, cayó baleado en el jardín de su casa en la Villa 21 de la ciudad de Buenos Aires el 5 de agosto de 1996. El subcomisario Osvaldo Cutri alegó en su defensa que "podría haber sido un ladrón", pues él perseguía a dos asaltantes de colectivos. Cutri fue procesado por homicidio culposo. Hemos apelado a la Cámara, así como el fiscal, reclamando la detención por homicidio simple.
30- Guillermo Gianinni: 16 años. En Los Polvorines (Bs. As.) el 10/08/97 sustrajo un juguete de un auto estacionado. El cabo Walter Alvarez, pariente del dueño del auto, lo persiguió y baleó en el gluteo. Guillermo murió desangrado cuatro horas después. El policía está procesado por homicidio simple.
31- Juan Domingo Robles: 21 años. El 23/06/95, en José L. Suarez (Bs. As.) el policía bonaerense Walter Rodríguez lo mató de un balazo al bajar de un colectivo acusado de querer robar monedas al colectivero. El juez sobreseyó dos veces. Dos veces la Cámara ordenó continuar investigando, y la segunda caratuló como homicidio culposo que se debatirá en juicio oral.
32- Juan José Segura: 33 años. El 24/10/96, en Lanús (Buenos Aires) fue fusilado por Agente Gabriel G. Segovia. La causa está en instrucción, caratulada "homicidio y abuso de armas".
33- Carlos Ibarra: 19 años. Estaba detenido (procesado) en la Unidad de Menores de la Cárcel de Caseros. La víspera de Navidad de 1996, luego de recibir la visita de su familia, fue llevado a una celda de castigo ("buzón" o aislamiento) en la que murió quemado. La versión oficial pretende que se suicidó porque estaba deprimido. Hemos podido probar que el personal penitenciario mintió y falsificó registros sobre el hecho, por lo que el juzgado continúa la investigación suponiendo que hubo un homicidio o abandono de persona.
34- Caso Brasil: En 1992 tres argentinos, Luis Goni, Carlos Fontecillas Bustos y Horacio Alfaro fueron detenidos en Belo Horizonte (Brasil) acusados de un robo. Los tres sufrieron tormentos, en especial el "pau de arara". Fontecilla Bustos murió en prisión como consecuencia de las torturas. Alfaro fue liberado con graves secuelas físicas y psíquicas y logró volver a la Argentina. Se desconoce la suerte de Goñi, pues las autoridades brasileñas y argentinas han dicho alternativamente que fue indultado y liberado, o que murió. Técnicamente, es un desaparecido. Otro argentino que ayudó a Alfaro a regresar al país, y que promovió las denuncias ante organismos de DDHH en Brasil gracias a las cuales hoy hay un proceso en trámite con siete policías detenidos, fue perseguido y hostigado. Ambos viven actualmente en Argentina y han denunciado ante la Justicia Federal a las autoridades consulares argentinas que no intervinieron para ayudarlos. Es altamente probable que el caso tenga que ser presentado ante la CIDH a fin de determinar las responsabilidades del Estado Argentino y del Estado Brasileño.
35- Barrio Ramón Carrillo: En julio de 1997 los vecinos del barrio carenciado Ramón Carrillo realizaron una protesta reclamando mejoras esenciales en su condición de vida. Fueron brutalmente reprimidos por la policía en presencia de funcionarios municipales, y ocho vecinos (entre ellos la presidenta de la Cooperadora de la escuela) quedaron detenidos y procesados por Atentado y Resistencia a la Autoridad. En defensa conjunta con la Liga Argentina por los Derechos del Hombre logramos en poco tiempo que fueran sobreseidos, al tiempo que promovimos una denuncia contra los funcionarios policiales por los apremios y lesiones sufridos por los vecinos, causa que está en pleno trámite.
36- Luis E. Molina: 21 años. Fue fusilado en San Francisco Solano el 15 de julio de 1997 por el policía Carlos Sangalí, ya sobreseido. Estamos intentando la reapertura de la causa.
37- Orlando Andrés Rodríguez: En julio de 1997, en Rafael Castillo, el sargento bonaerense Páez lo ultimó a balazos en la espalda como represalia por una pelea que el joven había tenido con un amigo del uniformado. La causa está caratulada "Homicidio Simple" y el policía está detenido y procesado. El amigo está imputado como partícipe.
38- Gabriel Alejandro GUTIERREZ: Fue detenido el 5 de Enero de 1997, aproximadamente a las 16:30 por personal perteneciente al Comando de Patrullas Bonaerenses en el Barrio "1.000 Viviendas", conocido como Barrio PEPSI, de la localidad de HUDSON, Florencio VARELA, Provincia de Buenos Aires. El motivo oficial de su detención, fue como contraventor por estar armado. Ningún testigo confirma esta aseveración policial. Fue llevado con urgencia al Hospital MI PUEBLO de F. VARELA a las 18:45, bajo indicaciones perentorias de la médico policial quien dice "creo que se va a morir". A las 20:00 fallece por la paliza brutal que recibió, descripta en la segunda autopsia. Los testigos refieren haber oído esa tarde en la comisaría "gemidos, aullidos y gritos aterradores". La autopsia reveló (como ocurre casi siempre con los torturados) la pérdida del control de esfínteres, habiéndose producido antes de morir la micción, defecación y eyaculación. El Juez que interviene en la Causa con fecha 17/7/97, resolvió sobreseer provisoriamente la misma por entender que no se avistaba la comisión de delito alguno. Hemos apelado.
39- Rodolfo Ríos Garcilazo: 24 años. Estaba detenido en la cárcel de Caseros 1992. Como castigo por una falta disciplinaria fue golpeado ferozmente por el Cuerpo de Requisa. Murió con el cráneo destrozado. Luego de casi 5 años se logró el procesamiento por homicidio "en riña" de los jefes de la requisa, Oficiales Tocayuk, Mir y Galarza. El tercero está prófugo, los otros dos fueron excarcelados. No se los imputó del delito de aplicación de tormento.
40- Sebastián Bordón: 18 años. Junto a otros alumnos de su curso viajó a Mendoza. Por problemas de conducta fue dejado por los docentes a cargo del contingente en un destacamento policial (El Nihuil) el día 1º de octubre de 1997. Al día siguiente, cuando llegó desde Moreno (pcia. de Buenos Aires) su padre a buscarlo, le dijeron que "se había escapado luego de pegarle a un policía de 42 años". Los esfuerzos oficiales fueron dirigidos a la hipótesis de que había salido de Mendoza. Diez días después su cuerpo brutalmente golpeado fue encontrado a 2 kilómetros del destacamento policial, en un lugar que tres días antes había sido revisado. Se trató de simular que cayó por un barranco, pero las pericias médicas ya lo desmintieron. Murió por los golpes, en especial uno en la cabeza. Tenía más de cinco días de muerto al ser encontrado. La conmoción causada exigió la renuncia del ministro de gobierno de Mendoza.
41- Mario Abella (19) fue detenido en averiguación de antecedentes por la policía de Baradero. Tres horas después, apareció muerto en su celda, supuestamente ahorcado con un cordón de zapato. El comisario ha declarado que se retiró al joven la totalidad de sus efectos personales, incluyendo los cordones y el cinturón, por lo que no se explica de dónde obtuvo el que usó para "suicidarse". El muchacho había manifestado a sus amigos y familiares, meses antes del hecho, que temía por su vida porque la policía "se la tenía jurada".
Estos son algunos de los más resonantes casos en los que intervienen actualmente los abogados de la CORREPI (León Zimerman, Daniel Stragá, María del Carmen Verdú, Gabriel Lerner, Mª Fernanda Doldán, Rubén Tripi, Luis Valenga, Sergio Slomiansky, etc.). Contando las prisiones perpetuas (7) como 20 años de prisión, en total hemos logrado condenas de más de 350 años para funcionarios policiales y de otras fuerzas de seguridad por hechos de violencia institucional. Lamentablemente ello apenas alcanza, promediado, a un año de prisión por cada caso en nuestros archivos.