Por Horacio Verbitsky

 La propuesta del ministro de Defensa Horacio Jaunarena de fusionar la Armada y la Prefectura Naval en una sola fuerza y el fulminante rechazo del Congreso ha reabierto una vieja polémica. Para algunos sectores del gobierno y para casi toda la oposición, constituye la enésima escaramuza en la constante pugna castrense por volver a ocuparse de la seguridad interior como ya ocurrió hasta 1983, con los resultados conocidos. Para los autores de la iniciativa sólo se trata de introducir un mínimo de racionalidad en la asignación de recursos cada día más escasos, reformulando fuerzas que, de otro modo, se extinguirían en un futuro no muy lejano por la ineludible desinversión en material y mantenimiento. La Cámara de Senadores ordenó al ministro abstenerse de nuevos pasos en esa dirección y lo citó para informar al respecto, por el voto unánime de sus miembros, sin excluir ni siquiera al ex interventor militar en Salta, capitán de navío Roberto Ulloa. Según Jaunarena, la nueva fuerza pasaría a llamarse Marina Argentina. El especialista en el Ser Nacional Roberto Fontanarrosa la bautizó con un nombre más adecuado al anacronismo que sus objetores atribuyen al proyecto: “La Armadura”.

De ayer a hoy

Según el ministerio de Defensa el presidente Fernando De la Rúa, el jefe de gabinete Chrystian Colombo, el ministro del Interior, Ramón Mestre y el ex secretario de seguridad del gobierno menemista, Miguel Toma habrían prestado su conformidad antes de la reunión de gabinete. Jaunarena habría expuesto durante 40 minutos ante los demás ministros sobre las cuestiones de su cartera. Allí habría dicho que con el 1,27 por ciento del Producto Interno Bruto, el presupuesto de Defensa está por debajo del 1,6 por ciento aceptado para los países miembros del Tratado de Maastricht y sería el menor de América Latina. Un tercio de esa suma corresponde a jubilaciones, de modo que el gasto real ni siquiera llegaría al 1 por ciento. Como no es previsible que esa situación se revierta, sería necesario invertir los esquemas intelectuales que rigieron hasta hoy. En vez de mantener las viejas grandes estructuras con un presupuesto raquítico, habría que partir de los recursos disponibles y diseñar con ellos el mejor servicio posible. El 19 y 20 de julio en una reunión conjunta de generales de división, vicealmirantes y brigadieres mayores se habría planteado ese nuevo enfoque y se habrían creado comisiones tripartitas encargadas de expedir sus dictámenes de racionalización antes de fin de año. Como presidente de la comisión de Defensa de la Cámara de Diputados, Jaunarena creía posible mejorar la asignación presupuestaria de las Fuerzas Armadas, tal como consta en la ley de reestructuración de su autoría, que contemplaba un presupuesto plurianual con incrementos del 3 por ciento cada año durante un lustro. Quien entonces se opuso fue el entonces diputado y hoy ministro de Desarrollo Social, Juan Pablo Cafiero, quien señaló que las Fuerzas Armadas eran obsoletas y que la prioridad debía ponerse en los maestros.

La metáfora del incendio

La versión oficiosa de Defensa es que luego del informe sobre su competencia, Jaunarena dijo que también deseaba plantear una cuestión de interés general para el gobierno. Durante apenas siete minutos adicionales habría explicado que el país gasta en Defensa y Seguridad más de 8.000 millones de dólares al año, por los que recibe un pobre servicio. Esto incluye a las tres Fuerzas Armadas, las cuatro fuerzas federales de seguridad y las veintitrés policías provinciales, cuyo personal está mal pago y quejoso y cuyas estructuras “se caen a pedazos”. A esto todavía debe sumarse la seguridad privada. “Para un gasto que no es productivo sino preventivo, carece de racionalidad. Porque si el seguro es muy caro,conviene el incendio”, habrían sido sus palabras. Si se atiende a la percepción de Defensa, nadie se alteró por la propuesta de la Armadura. “Sólo Mario Losada hizo una referencia a lo que llamó el espíritu del ‘83. Mestre dijo que no estaba de acuerdo y que debía formarse una comisión con participación parlamentaria para tratarlo. Cafiero dijo que le parecía interesante y le preguntó si con su experiencia parlamentaria Jaunarena creía que pudiera pasar por el Congreso. En todo caso, pusimos el tema sobre la mesa. Sólo queremos instalarlo para que se discuta”, añaden los allegados a Jaunarena.
Las visiones de los aludidos difieren. El segundo de Mestre para asuntos de seguridad, Enrique Mathov, se declaró indignado por la posibilidad de que la Marina intervenga en asuntos de seguridad interior. En una demostración por el absurdo que no todos comprendieron sugirió que más se ahorraría fusionando las tres Fuerzas Armadas, o suprimiéndolas. En Desarrollo Social niegan que Cafiero haya considerado interesante la hipótesis y señalan que recordó la tajante separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior establecida por las leyes respectivas, de 1988 y 1992. Cafiero habría dicho que la fusión de una fuerza armada y otra de seguridad no puede hacerse por decreto presidencial. “No pretendemos que hagan tareas policiales. Ese es un exceso interpretativo y, además, ofensivo. Nunca se habló de ningún decreto” se defienden en Defensa.

Power Point

Este diario tuvo acceso a un diskette con las cuatro carillas que Jaunarena utilizó para su exposición y con los cuadros en el programa Power Point que proyectó para sus colegas. Su primer punto, Consideraciones Generales, considera como un “aspecto liminar” la vigencia de la ley 25414, por la que “el Congreso de la Nación delega facultades al Poder Ejecutivo que permiten la modificación de la ley de ministerios”. Recuerda, además, que esa ley expira el 1º de marzo próximo. Es decir que la elusión del Congreso ha sido contemplada como requisito imprescindible para la fusión de Armada y Prefectura.
El documento afirma que entre ambas instituciones totalizan más de 33.000 “hombres en uniforme” y postula una reducción del 15 por ciento “de personal en condición de retiro o cercana a ello”. Se trataría de 5.000 efectivos, pero esto no incrementaría la desocupación sino la nómina de retirados, que cobran menos que los activos y conservan la obra social. Esos 5.000 sueldos ahorrarían 100 millones de pesos anuales, lo cual equivale a una reducción del 13,5 por ciento sobre la nómina salarial presente, de 750 millones. El Estado debería pagar a los nuevos retirados jubilaciones por 40 millones anuales, con lo cual el “ahorro genuino” sería de 60 millones. La Armadura se concentraría en el edificio “Libertad” y permitiría vender el “Guardacostas”, en el paraíso inmobiliario de Puerto Madero. La mitad de ese ahorro, y los recursos que se obtendrían por la concentración y unificación de bases, prefecturas, escuelas y destacamentos, se reasignarían al funcionamiento. El problema de los sistemas de Defensa y Seguridad no sería de recursos sino de organización “para lograr un sustancial incremento en su eficiencia y eficacia”.
En el capítulo de los inconvenientes Jaunarena argumenta que no es lógico que los guardacostas dirijan el tránsito en Puerto Madero, custodien los boliches de la Costanera y los clubes y countries náuticos. Esas tareas de seguridad interior serían derivadas a la Policía Federal y la Gendarmería Nacional. Pero añade que la mayoría de las tareas que realiza la Prefectura no son de seguridad interior, aunque la Prefectura haya hecho todo lo posible para instarlas como tales. Entre ellas menciona “el control de la pesca furtiva, las comunicaciones costeras, elordenamiento de la navegación en canales y puertos, el despacho de buques, la seguridad de la navegación desde el punto de vista náutico, las habilitaciones como piloto de yates y en buceo, las tareas de búsqueda y rescate en ríos y el mar”. Las recomendaciones tácticas para desarmar la resistencia de los prefectos es la huella de la mano naval que guía todo el texto. Los esfuerzos por demostrar que la Prefectura no realiza tareas policiales se desmoronan en las últimas líneas del documento. Una vez adoptada la decisión política debería ordenarse que “las dos instituciones, ahora razonando como una sola, determinen cuáles son las tareas de Seguridad Interior que deberán desarrollarse en el futuro”, confiesa. Las conclusiones de los cuadros no son menos reveladoras. Recomiendan el modelo chileno ya que en ese país “la integración de la administración, educación, instrucción, mantenimiento y uso dual de los medios redunda en una menor necesidad de personal con un menor gasto”. Que el país americano que más ha avanzado hacia un esquema moderno y democrático de subordinación castrense al poder político y de división estricta de esferas entre la Defensa Nacional y la Seguridad Interior, al estilo de la Constitución española de 1977, mire ahora como ejemplo, así sea en un aspecto parcial, al Chile de la transición interminable, que aún no ha logrado emanciparse de la tutela de Pinochet y sus leyes de amarre, los senadores biónicos y el fraude electoral institucionalizado, marca la profundidad del revés democrático en ciernes.

Frío antártico

Pero los 18 años transcurridos desde la finalización de la dictadura militar no han pasado en vano. En cuanto trascendió el proyecto de fusión, comenzaron los contactos entre los distintos bloques del Senado cuyo saldo fue una declaración votada por unanimidad. El último de sus cuatro puntos solicita al Poder Ejecutivo “que se abstenga de avanzar” con su “propuesta disociadora” en una cuestión institucional de fondo en la que antes que “improcedentes y descalificados criterios de ahorro” se debe procurar .un mayor profesionalismo de estas fuerzas de naturaleza diferente, cada una en su ámbito de acción”. La declaración considera “un lamentable retroceso confundir fuerzas de defensa nacional con policía de seguridad interior, otorgándose así poder de policía y autorización para realizar tareas de inteligencia a una ‘Nueva Marina’, lo cual se contrapone con las leyes vigentes, poniendo en riesgo a las instituciones democráticas, ya que se podrían revivir hechos del pasado que causaron tanto daño”. También inquiere si el Ejecutivo ha recibido algún “comentario o sugerencia” del gobierno de los Estados Unidos “para el rastreo de satélites en nuestra Patagonia”. Otra declaración, también unánime, votada en la misma sesión reclama al Poder Ejecutivo que no restrinja ni limite “las actividades de las bases argentinas en la Antártida”, todas ellas necesarias para consolidar la presencia en ese territorio. Luego de preguntar si Gran Bretaña condicionó al cierre de las bases su apoyo a que la secretaría permanente del Tratado Antártico tenga sede en la Argentina, la declaración cuestiona el aducido motivo presupuestario y recomienda otras alternativas, como compartir el uso y los costos de las bases “con nuestros socios en el Mercosur”. El senador justicialista Jorge Villaverde anunció, además, que estudiaba la presentación de un proyecto modificatorio de la ley de delegación de poderes para impedir que sean utilizadas para avanzar, por decreto, sobre los consensos democráticos que establecieron “la nítida distinción necesaria entre las actividades de defensa nacional y las de seguridad interior”. El proyecto, de apenas un par de artículos, ya había circulado por los distintos bloques. Prohíbe usar la ley de delegación para alterar las competencias de las Fuerzas Armadas y de seguridad y tomará estado parlamentario si Jaunarena no promete en forma explícita archivar la iniciativa que en el Congreso seatribuye a su secretario de Asuntos Militares, el licenciado Angel Tello, quien lavó su pasado militante en las aguas del Jordán naval.