El poder de la burguesía sustentado en el robo, la corrupción, y la explotación de la clase obrera, desde su inicio necesito formar una estructura que proteja todos sus bienes mal habidos. Esta estructura, formada con Leyes que votan en sus parlamentos, para luego adiestrar a sus "perros" de todas las Fuerzas represivas del Estado, Ejercito, Policías, Cárceles todos ellos muy OBEDIENTES, todo para preservar ..

impunidad de clase   

Las comisarías son una bomba de tiempo

La ratonera La investigación del fiscal de San Martín encontró perturbadoras similitudes entre la masacre de Polvorines del 25 de agosto y las de Andreani y Ramallo, de 1996 y 1999. Verdaderas ratoneras, procuran transmitir una imagen policial de decisión y eficiencia, como respuesta escenográfica a las denuncias por brutalidad, corrupción o inoperancia contra sus jefes. Otra causa judicial, de 1998, pone de relieve el desprecio por la ley y los derechos y garantías constitucionales del actual Superintendente de Coordinación de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. ¿Esa sentencia tampoco figura en el legajo del comisario Martínez o fue el fundamento oculto de su designación como reconstructor de la mejor maldita policía del mundo? Bienes: “Se desató un reparto de los bienes entre funcionarios policiales, judiciales y hasta penitenciarios que resulta, cuanto menos, de una ligereza y apresuramiento llamativos”. Males: “No puede convalidarse tamaña violación constitucional. Nada es peor para el cuerpo social que el desprecio a la ley, y si viene de la mano del encargado de aplicarla, tanto peor”.

Por Raúl Kollmann y Laura Vales

El comisario retirado Mario "Chorizo" Rodríguez se convirtió ayer en el vocero de otros ex poderosos, y riquísimos, comisarios de la Maldita Policía. Intentó cuestionar la información de Página/12 sobre un arreglo entre el ministro de Seguridad y los capos de la ex Bonaerense y terminó confirmándola: Rodríguez apoyó la reincorporación de unos mil oficiales que están en disponibilidad, embistió contra la reforma policial alegando que los hombres exonerados o puestos en disponibilidad "son excelentes padres de familia" y coincidió con el vicepresidente Carlos Ruckauf en que "hay que meterles bala a los delincuentes". No dijo nada de su propia historia, salvo que tuvo la suerte de casarse con una mujer muy rica y que gracias a ello tiene fortuna. A continuación, entonces, lo que Rodríguez no contó.
El Chorizo, quien ayer quiso atribuir su a la anatomía, cuando antes lo relacionaba con el nombre de un negocio suyo en Villa Gesell, se retiró de la fuerza hace poco más de dos años, acorralado por las sospechas sobre el rol que desempeñó en un operativo policial que terminó en tragedia: la masacre de Andreani. El episodio ocurrió el 6 de noviembre de 1996. Esa mañana, bajo un verdadero diluvio, unos 15 delincuentes intentaron robar un minibanco ubicado dentro de la sucursal Andreani de Avellaneda. Llegaron a un lugar convertido en una trampa mortal. Más de 40 efectivos bonaerenses los estaban esperando. Lo que siguió fue un feroz tiroteo que dejó 9 muertos, uno de ellos el suboficial bonaerense Roberto Félix.
"Fue el hecho más sangriento de la historia policial argentina", dijo entonces Rodríguez, cerebro del operativo policial. Pero también el más oscuro, porque desde el primer momento se sospechó que el intento de asalto había sido una operación impulsada desde un sector de la Bonaerense. La emboscada se había tendido justo cuando se multiplicaban los rumores sobre su próximo pase a retiro. El comisario que había soñado con convertirse en jefe de la fuerza se encontraba en esos días con un pie afuera de la Bonaerense, seriamente cuestionado por graves acusaciones de corrupción y violencia policial. Por eso no fueron pocos los que deslizaron que tras el espectacular operativo se ocultaba un planeado golpe de efecto para que Rodríguez quedara en mejor posición de la fuerza. Una maniobra que se le escapó de las manos para terminar de la peor manera.
El tiempo se encargó de fortalecer las peores conjeturas. La Justicia investiga ahora si el comisario proveyó de armas a los delincuentes. Se basa para esto en el testimonio de dos ex uniformados que apuntaron contra él. Uno de ellos, el sargento Domingo Schiliase, lo inculpó con nombre y apellido.
Schiliase declaró ante la Justicia que poco antes de la masacre de Andreani él había participado en una reunión entre el oficial Arturo Alvarez, un viejo conocido de Rodríguez, y uno de sus soplones.
El informante, contó Schiliase, les reveló que se preparaba un plan para asaltar Andreani y que había sido reclutado por los delincuentes para conseguirles "fierros grandes y ropa de trabajo", es decir uniformes de la empresa que se preparaban a robar. El oficial Alvarez evaluó que los datos brindados por el buchón eran los suficientemente importantes como para llevarlo ante Rodríguez.
La reunión con el Chorizo –continuó relatando el ex policía– se realizó en la Unidad Regional de Lanús. La sospecha es que en ese encuentro el informante cerró trato con el comisario y le dio los nombres de las personas que planeaban el atraco. A cambio, sostienen oficiales de la policía, Rodríguez le habría facilitado las armas que el infiltrado se había comprometido a suministrar a los asaltantes.
Ante los investigadores, Schiliase se mostró convencido de que la entrega se concretó, porque días más tarde el informante le pasó el siguiente mensaje: "Decile a Alvarez (el oficial vinculado a MarioRodríguez) que los fierros están joya". Otro testigo, cuya identidad fue resguardada, corroboró sus dichos.
La jueza a cargo del caso, Silvia González, acaba de gestionar una pericia a Gendarmería sobre las 17 armas secuestradas tras el tiroteo. Sus hombres también siguen una pista que indica que el origen de los "fierros" destinados al frustrado asalto habría sido un procedimiento realizado por un grupo operativo manejado por Rodríguez.
El avance de la investigación es uno de los temas que más preocupa al comisario retirado. Aunque no fue legalmente imputado en la causa, pidió –y consiguió– ser considerado en ella como parte, medida que le permite seguir de cerca las novedades del caso. Reclama que su abogado presencie cada nueva declaración y llegó incluso a presentar un hábeas corpus para impedir que su teléfono fuera intervenido, un pedido que la Justicia rechazó tras aclarar su línea nunca había sido objeto de ninguna escucha judicial por este tema.
Rodríguez siempre fue considerado por sus pares como un duro con vinculaciones suficientes para esquivar judicialmente las peores acusaciones. Fue denunciado, por ejemplo, por encubrir el asesinato del primer desaparecido en democracia, el albañil Andrés Núñez. Núñez murió el 28 de setiembre de 1990 en la Brigada de Investigaciones de La Plata, en una sesión de torturas para que confesara el robo de una bicicleta. Su cuerpo se encontró cinco años después.
"Estaba en un campo de la zona de General Belgrano donde vivía un primo de Mario Rodríguez de apellido Gerez, quien a su vez era hermano de uno de los policías que mataron a Núñez", recordó a este diario la abogada Elba Témpera. En el lugar quedó una comisión del juzgado trabajando junto a un antropólogo. Al día siguiente se presentó ante ellos un desconocido que se presentó como abogado y preguntó qué estaban haciendo "en la casa de Mario Rodríguez". Cuando le mostraron la orden de allanamiento, el supuesto abogado se esfumó y nunca volvió a saberse de él.
La Justicia ubicó luego a una mujer que figuraba en los papeles como dueña del lugar, pero que nunca pudo justificar cómo lo había comprado ni por qué vivían allí los parientes de Rodríguez. La abogada Témpera denunció legalmente al Chorizo por encubrimiento, luego de que el ex jefe de la Brigada de Investigaciones de La Plata, Pedro Costilla, asegurara que el comisario había protegido a los tres oficiales acusados del homicidio de Núñez. Otros testimonios ratificaron sus dichos.
Poco tiempo antes, en 1994, Rodríguez había sido señalado como instigador de los dos atentados que sufrió el periodista Hernán López Echagüe, quien investigaba una mafia policial que operaba en el Mercado Central. Los legisladores radicales Federico Storani y Héctor Bertoncello hicieron público un anónimo que lo acusaba de haber encargado la golpiza a tres de sus hombres de confianza: Daniel "Tribilín" Leguizamón, del Servicio Penitenciario; Luis "Lagarto" Venancio Vargas, suboficial de la Brigada de La Matanza, y un tercer suboficial. López Echagüe dijo que Leguizamón vigiló su domicilio poco antes de la primera agresión. También aseguró haberlo visto merodeando, pocos minutos antes de la segunda paliza, en el Bingo de Avellaneda.
En el caso Cabezas el nombre del Chorizo apareció porque su primo hermano no es otro que Alberto "La Liebre" Gómez, justamente el jefe de policía de Pinamar en el momento del crimen del fotógrafo.
Ayer, tras leer la nota de Página/12 que lo señaló como mentor de los ascensos de policías vinculados a la Maldita Policía, Rodríguez admitió que mantiene un antiguo vínculo con el ministro de Justicia Osvaldo Lorenzo, porque el funcionario era juez, y aprovechó para reclamar mano dura. "La policía hace lo que puede" dijo en el programa radial de Oscar Gómez Castañón y Jorge Jacobson. "Tiene las manos atadas, le limitaron toda posibilidad de interrogar", se quejó.
–Yo soy un escucha de ustedes y veo que siempre tratan de llegar a la verdad –dijo–. Traten de darle a la sociedad todos los días un poquitomás para que esté protegida. Que el doctor Lorenzo pueda iluminar sus horas y sus días para que pueda darnos seguridad a todos.
Por su parte, él solo iluminó un punto. Aunque integra una lista de policías retirados investigados por presunto enriquecimiento ilícito, adujo que no tiene la culpa de haberse casado con una mujer adinerada.

"Yo no integré ninguna Maldita Policía. Es la mentira que está a la orden del día y nunca se investigó nada", adujo sorpresivamente Mario "El Chorizo" Rodríguez. En el diálogo con Néstor Ibarra, Marcelo Bonelli y Fernando Carnota, a través de Radio Mitre, el comisario retirado negó hasta los delitos más claramente comprobados cometidos por los ex jefes policiales.
"Son periodistas que comúnmente acostumbran a comer bastante pesado de noche y después tienen pesadillas y escriben lo que soñaron", alegó sin decir nada el comisario. Cuando los periodistas de Mitre le insistieron, el Chorizo perdió los estribos y empezó con agresiones de todo tipo, incluso reclamándoles que no lo llamen nunca más.
En Radio Continental, Rodríguez aprovechó la oportunidad para coincidir con Carlos Ruckauf y respaldó la idea de "meterles bala a los delincuentes". El comisario retirado sí reconoció que conoce a Osvaldo Lorenzo aunque sostuvo que no habló con él después de la asunción. "Lo conozco como a muchos otros jueces", argumentó. En verdad, Lorenzo y Rodríguez jugaban juntos al fútbol en una cancha ubicada a una cuadra de la estación de San Justo, donde también solían comer asados varias veces por semana.
–Si la policía andaba tan bien, ¿por qué Duhalde hizo los cambios? –le preguntaron Oscar Gómez Castañón y Jorge Jacobson.
–Y, en la vida nos equivocamos muchas veces. Por ahí dijimos que era la mejor policía del mundo y no era la mejor. Era buena, pero no era la mejor –remató el ex jefe policial.

Volver

El procurador general de la Nación, Nicolás Becerra, recibió ayer una comisión de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. La reunión, en la que participaron Alfredo Bravo, Simón Lázara, Sergio Di Gioioia y Juan José Prado, fue clave para el futuro de Osvaldo Lorenzo, actual ministro de Justicia y Seguridad bonaerense. Como anticipó ayer Página/12, la APDH solicitó al jefe de los fiscales que continuara con una investigación por presuntos delitos penales cometidos por Lorenzo cuando ocupaba el cargo de juez federal de Zárate-Campana. El expediente había sido iniciado por unanimidad por la Cámara Federal de San Martín y remitido al Consejo de la Magistratura, para definir si correspondía despojarlo del cargo. Pero Lorenzo zafó del juicio político, renunciando como juez para asumir como ministro. Ayer, Becerra dio el visto bueno al pedido de la APDH.
"Nos presentamos ante el procurador general teniendo en cuenta que la Cámara Federal de San Martín acusó por unanimidad a Lorenzo por delitos de acción pública", dijo Lázara a este diario. "Se corría el riesgo de que la investigación quedara detenida después de que el Consejo de la Magistratura perdiera jurisdicción cuando Lorenzo renunció como juez."
El 10 de junio pasado, los cinco miembros de la Cámara Federal reseñaron una serie de violaciones a la ley que habrían sido cometidas en una causa que llevaba el juzgado federal de Lorenzo, por contrabando y evasión fiscal contra la petrolera Rhasa. La Cámara calificaba como "harto defectuoso el control de legalidad llevado a cabo por dicho funcionario", o sea, Lorenzo. Entre las violaciones de que lo acusaban figuraba haber afectado "la presunción de inocencia y la garantía de defensa en juicio que les asiste a los imputados", impedir el acceso al expediente a los abogados que debían formular el alegato, disponer el secreto de sumario "sin una debida lógica" mientras desparramaba la causa entre los medios de prensa. También lo acusaba de ordenar capturas de personas "que carecieron en los hechos de vinculación alguna con las actuaciones" y que "muestran a las claras la falta de mesura con la que actuó el magistrado instructor".
Cinco días después, los camaristas firmaron una acordada por la cual elevaban el informe al Consejo de la Magistratura, "a los efectos que estime corresponder". Teniendo en cuenta la gravedad de las acusaciones, el expediente no parecía tener otro fin que el juicio político. Pero Lorenzo esquivó el asunto renunciando para asumir como ministro de Justicia y Seguridad de Eduardo Duhalde.
"Acompañamos el pedido con el análisis y la resolución de la Cámara, y la nota de remisión al Consejo de la Magistratura", dijo Lázara. "A nuestro entender, el Consejo debería haber enviado el expediente de oficio al procurador general. Hay acusaciones muy graves que no se pueden dejar pasar por alto. Como no lo hicieron ellos, lo hicimos nosotros."
Becerra se comprometió a iniciar una investigación preliminar de inmediato y dispuso que recayera en los fiscales de Zárate-Campana. "Le recordamos que la Cámara había cuestionado en el mismo expediente a uno de los fiscales, así que aceptó derivárselo al otro", contó Lázara. El trámite no parece ser demasiado extenso. Toda la acusación aparece debidamente fundamentada en la resolución de la Cámara, y en caso de que los delitos sean comprobados, correspondería el inicio de un juicio en una sede federal, probablemente la misma en la que actuaba Lorenzo.
También ayer la APDH presentó una Carta Abierta al gobernador bonaerense, en la que señalaban lo "contradictorio de haber designado a la misma persona acusada de flagrantes violaciones a la ley como ministro de la misma área que imparte justicia y seguridad".

Volver

La confirmación llegó por boca del propio gobernador Eduardo Duhalde: serán reincorporados a la Policía Bonaerense centenares de efectivos separados de sus cargos en los últimos meses. El candidato presidencial del PJ aclaró, sin embargo, que sólo se tendrá en cuenta a aquellos que cometieron "faltas menores". "Supongo que para tomarlos nuevamente tendrán que revisar sumario por sumario", conjeturó Duhalde. Y agregó: "Tengo plena confianza en que el ministro lo va a manejar seriamente". El ministro es Osvaldo Lorenzo, quien intentó desmentir la información sobre el acuerdo con ex jefes de la Maldita Policía, publicado por este diario: "Falso, falso, falso", vociferó, al rechazar un encuentro con el ex subjefe de la Bonaerense, Domingo Lugos. Por lo pronto, en la Legislatura bonaerense comenzaron a ingresar pedidos de informes para determinar con qué criterio se reincorporará a los efectivos separados de la fuerza.
La reincorporación de unos 400 efectivos que viene anunciando Lorenzo desde la semana dio pie a la desconfianza: si se había avanzado algo en la depuración de la fuerza, con la gestión de León Arslanian, el retorno de personal sumariado podría significar un retroceso para la reforma policial. La operación, se supo, forma parte de un acuerdo entre los viejos caudillos de la Bonaerense y el nuevo ministro, para frenar los hechos delictivos más graves antes de las elecciones, a cambio de la devolución de una buena cuota de poder.
Duhalde no pudo aportar demasiada claridad sobre el acuerdo: "No tengo constancia (sobre la incorporación de ex jefes) pero sí del personal policial que fue pasado a disponibilidad y a aquellos que tenían sanciones por causas menores se los va a invitar a reintegrarse", dijo. Y aclaró: "Los exonerados no volverán".
Lorenzo intentó poner ejemplos: "Se están estudiando los casos de gente que perdió un handy, que se le hizo sumario por haber perdido la gorra". Allegados a la gestión de Arslanian –el antecesor de Lorenzo– aseguraron que no recuerdan que se hubiera separado a un funcionario policial por haber perdido una gorra.
"No hago pactos con nadie", afirmó Lorenzo. "Si lo hiciera, sería un delincuente y delincuente no soy", aseguró. Admitió que lo conoce a Mario "Chorizo" Rodríguez desde cuando el ex comisario trabajaba en la Brigada de La Matanza y él era juez de Morón. Y cuando un periodista le preguntó si conocía las irregularidades cometidas en la policía antes de la intervención, respondió lacónico: "Lo que se hizo antes no lo conozco".
"Lo desmiento, sabe por qué vivo encerrado en el ministerio, no tengo tiempo, y no me interesa hacer un pacto con nadie. Hay dos causales para poner a un efectivo en disponibilidad preventiva: una, cuando se cometen faltas graves, como los casos de coimas y tormentos; la otra, en los casos de abandono de servicio, pérdida o sustracción del arma", explicó una fuente cercana al ex ministro. "La disponibilidad sólo está prevista para casos de faltas graves", aclaró el vocero.
Asimismo, la Comisión Bicameral para el seguimiento de la Reforma Policial, que se reúne hoy, citará al ministro Lorenzo para que informe sobre la continuidad del proceso iniciado por el interventor Luis Lugones. Por su parte, el presidente del bloque de diputados nacionales de la UCR, Federico Storani, advirtió que la Alianza "no bien se haga cargo del gobierno de la provincia, investigará exhaustivamente las vinculaciones del poder político duhaldista con todos los focos de corrupción, para castigar a sus responsables con el máximo rigor de la ley".

Volver a Justicia