Por Diego Schurman y
Susana Viau
La Administración de Programas Especiales (APE) se encontraría
entre las hipótesis de quienes investigan los presuntos sobornos en el
Senado. Fuentes judiciales analizan la posibilidad de que desde allí
haya salido el dinero para los supuestos pagos realizados a cambio de
votos favorables a la ley laboral. Otros datos dan cuerpo a esa
conjetura. Entre ellos, las dudas que invadieron al Ministerio de Economía
al recibir la repentina orden de pagar, por cuenta de la APE, una
desusada suma a un grupo de obras sociales. El reembolso se habría
hecho efectivo poco antes de la sanción de la norma. La APE es un
organismo descentralizado que actúa en la esfera del Ministerio de
Salud. De afianzarse en esa dirección, la sospecha pondría en
dificultades a otro funcionario del riñón presidencial: el médico Héctor
Lombardo.
La APE recibe su presupuesto del Fondo Solidario de Redistribución,
que concentra el 10 por ciento de la recaudación de las obras sociales.
Es decir, unos 360 millones de pesos que incluyen el 5 por ciento de la
recaudación de PAMI. El Fondo Solidario es, en síntesis, una suerte de
ente compensador que equilibra los desniveles de potencial de las obras
sociales, así como los de los afiliados cuyo aporte no llega a cubrir
los 30 pesos de costo de la prestación básica. Una de las obligaciones
del Fondo Solidario de Redistribución es la financiación de la APE,
encargada de cubrir o reintegrar los gastos realizados por las obras
sociales en prestaciones de alta complejidad (sida, estudios
computarizados, prótesis, transplantes).
Los reintegros de la APE jugaron –tal como reveló Página/12 en
febrero de este año– un rol primordial en la discusión de la ley
laboral. El ministro Héctor Lombardo, por aquellos días, respondió a
la obcecación de los dirigentes sindicales con la inmovilización de
unos seis millones de pesos que el Estado había comprometido a las
obras sociales. Uno de los gremialistas dijo entonces a este diario:
“El pastor y Nosiglia nos están traicionando, no cumplen con lo que
acordaron”. Entre los iniciados, “El pastor” era Lombardo, pastor
evangelista. Tampoco era un secreto que la distribución de los fondos
de la APE fue desde 1998, fecha de su creación, y bajo el gobierno de
Carlos Menem absolutamente discrecional. Carlos “el gato” Lapadula
abdicó ante la nueva administración para ser reemplazado en la dirección
de la APE por el radical Antonio Berduc quien a su vez es monitoreado
desde la Superintendencia de Salud por Rubén Cano, amigo de Lombardo y
gran conocedor del ambiente sindical.
Tan drásticamente como había sido retaceada, una importantísima
partida de la APE quedó liberada en favor de un puñado de obras
sociales que fuentes del Ministerio de Economía identificaron como
administradas por “los gordos”. En el ministerio, al principio,
vacilaron. Luego procedieron a cumplir con la orden de pagar. En medios
vinculados con el área de salud llamó la atención que la cifra fuera
inusualmente desproporcionada respecto de las demandas habituales. De
acuerdo con las estadísticas, estaban esta vez muy por encima de lo que
se acostumbraba a cubrir. La tramitación se habría concretado poco
antes de que el Senado aprobara la ley laboral, el 26 de abril último.
El telo por asalto
Después de que las sospechas de soborno involucraran a la
CGT oficial y al tanto de las versiones sobre la repentina liberación
de fondos de la APE hacia las obras sociales, Página/12 habló
con Rodolfo Daer. Su respuesta volvió a poner la pelota en el tejado
del Gobierno: los autores de esos rumores, dijo, “son los mismos que
se encargaron de hacer esos spots publicitarios contra la conducción
del movimiento obrero y que ahora buscan distraer el curso de las
investigaciones”. Sin embargo, los fiscales de la causa ya comenzaban
a mirar en dirección a los cotos sindicales y sus últimos ingresos de
fuste. Lo cierto es que esta hipótesis difundida ayer por Joaquín
Morales Solá es, apenas, una de las líneas de trabajo de una
investigación enmarañada. Tan embrollada como la secuencia de los
hechos, que nadie acaba de reconstruir. Hay quienes sostienen que los
primeros avances del tema no habrían partido del Senado, o mejor de uno
de los senadores, Antonio Cafiero, sino del ex jefe de la SIDE, Hugo
Anzorreguy, que habría explicado el mecanismo de “favores” (no habría
hablado de recompensas en metálico) que incentiva a la cámara; también
se menciona al ex ministro del Interior Julio Mera Figueroa, quien se
apresta a relanzar una fracción menemista de rostro potable con
feligreses de Guardia de Hierro. Esas intervenciones serían las que
abonan el pálpito presidencial (comentado por algún íntimo de
Fernando de la Rúa) de que su antecesor en la Casa Rosada no es ajeno a
la propalación de los acontecimientos del Senado.
En la enrarecida atmósfera de estas semanas, todas las especies tienen
relieve. Incluso la que adosa a la historia de los sobornos un hecho
preocupante. Sostiene que un mes y medio atrás se produjo un violento
choque de facciones en el Hotel Presidente. En la balacera habría
quedado herido un custodio del hotel y levemente lesionada la hija del
propietario, Aldo Elías, amigo de Carlos Menem, anfitrión del PJ y ex
titular de Aduanas. Los atacantes, siempre según la versión, serían
tropa de un sindicalista de doble llave: unido al peronismo y a un jefe
radical de bajo perfil, pero considerado un poder detrás del trono.
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INSTRUCCIONES
DEL GOBIERNO PARA RESPONDER A LOS MEDIOS
No quieren
hablar de eso
Por José
Natanson
“En las declaraciones radiales o de televisión los
funcionarios podrán remarcar el carácter provisorio del actual
interinato y que las acciones importantes están sujetas para
cuando regrese (Fernando) de la Rúa”, sostiene un memo
secreto que la Secretaría de Comunicación giró a los
ministros el miércoles pasado. El objetivo es concentrar la
información para evitar “la difusión indebida de rumores”
sobre eventuales cambios en el Gabinete. El informe –al que
accedió Página/12– asegura que durante la ausencia
del Presidente “se buscará hacer ver que el gobierno está
inmerso en un curso de contradicciones sin límite”. Y, aunque
no aclara cómo más allá de la obvia lectura de los diarios,
explica que ha detectado “una ofensiva mediática con rumores
de renuncias de ministros” para cuando De la Rúa vuelva de
China.
El memo fue girado el 6 de setiembre vía e-mail a los diez
ministros, al jefe de Gabinete y a un puñado de secretarios de
Estado. Comienza diciendo que “en los diez días de ausencia
del Presidente los funcionarios deberán coordinar acciones
vinculadas a la atención de los medios con la Secretaría de
Cultura y Comunicación”. Y agrega, “sin ánimo de
imposiciones”, una serie de “consideraciones sobre el
comportamiento de los medios en escenarios como los que se
presentan”.
Todo gira en torno a la necesidad de concentrar la información
para eludir las versiones sobre cambios en el gabinete. En
primer lugar, el memo sostiene que “se buscarán
contradicciones entre miembros del gabinete para hacer ver que
el gobierno, en ausencia del Presidente, está inmerso en un
curso de contradicciones sin límite”. La estrategia
comunicacional que propone para enfrentar esa situación sería:
“En las declaraciones radiales o televisivas los funcionarios
podrán remarcar el carácter provisorio del actual interinato y
que las acciones importantes están sujetas para cuando regrese
De la Rúa”.
El memo sostiene que “hay indicios de una ofensiva mediática
hacia el fin de semana del diez de setiembre con rumores de
renuncias de ministros, cuyos responsables de prensa deberán
estar atentos a esas especies y comunicarlas en forma urgente a
los contactos” de la secretaría. La concentración de la
información es entonces la clave. “Para la semana que
comienza el lunes 11 de setiembre los coordinadores de la
Secretaría de Cultura y Comunicación estarán en contacto con
todos los ministerios para evaluar los pasos a seguir ante cada
caso que se presente.” Por las dudas, la secretaría
recomienda que “ante cualquiera de los casos mencionados
solicitamos, antes de generar comunicados, declaraciones o
conferencias de prensa, consultar en forma urgente a los
responsables señalados”.
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