ACUERDOS CON EL FMI

El modelo sigue en pie

Los acuerdos firmados por el gobierno de Kirchner con el Fondo Monetario Internacional incluyeron, entre otras cosas, la sanción de la Ley de Superpoderes para renegociar las concesiones de servicios públicos. A continuación publicamos un resumen de la intervención de la diputada por Izquierda Unida, Patricia Walsh, en rechazo a la citada ley

Me parece que hoy vuelve a ser un día verdaderamente lamentable para la historia de este Congreso nacional porque una vez más vamos a aprobar un proyecto cipayo.

Como conozco la Constitución Nacional -la tengo aquí- puedo sostener que este proyecto tiene al menos dos artículos que son francamente inconstitucionales. Sin embargo creo que hay cuestiones más graves, que no están vinculadas con los temas constitucionales sino con las cuestiones políticas. Tengo en mi banca la copia del acuerdo entre la Argentina y el FMI, que es una publicación oficial del Ministerio de Economía y Producción de la República Argentina.

Creo que es bueno que nos vayamos entendiendo. Un título dice: "Garantizar la viabilidad de los servicios públicos", en los artículos 44 y 45.

En este entendimiento entre el gobierno y el FMI suscripto en septiembre de este año se incluye este título que habla de garantizar la viabilidad de los servicios públicos y aquí vale la pena hacer una reflexión: ¿Cómo habremos llegado a esta historia de que con el Fondo Monetario Internacional tenemos que entendernos para supuestamente garantizar la viabilidad de los servicios públicos? Porque es exactamente al revés: si quisiéramos garantizar los servicios públicos a la mayoría de la población deberíamos desentendernos con urgencia del FMI. Lo primero que pongo en tela de juicio es la posibilidad de que con esta firma entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional estemos garantizando la viabilidad de los servicios públicos.

El punto 44 del acuerdo entre el gobierno y FMI dice lo siguiente: "El gobierno actuará de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 9 de la ley 25.561, que establece los siguientes principios para la renegociación de las concesiones de servicios públicos y de infraestructura: los contratos de servicios públicos tendrán en cuenta los siguientes criterios: "1) el impacto de las tarifas en la competitividad de la economía y la distribución del ingreso; 2) la calidad del servicio..." pero sólo por considerar la calidad del servicio deberíamos estar discutiendo la nulidad de todos estos contratos y no su renegociación: en realidad las 63 renegociaciones propuestas son nulas. Para el bloque de Izquierda Unida estos contratos son nulos, por lo que deberíamos avanzar parlamentariamente con rapidez en resolver su nulidad.

Estamos hablando del agua, de la energía eléctrica, de cuestiones relativas a lo más importante en la vida de los seres humanos. "...63 contratos en las áreas de energía, transporte, telecomunicaciones, agua y servicios postales. Las autoridades trabajarán en este tema en colaboración con el Banco Mundial" termina diciendo este punto. ¿Acaso el Banco Mundial ha colaborado con nosotros, los argentinos, para permitir la viabilidad de los servicios públicos? Nosotros sostenemos, que ha hecho todo lo contrario, al igual que el FMI.

Pero lo que más me interesa señalar es el artículo 45 del Acuerdo con el FMI. Esto me parece digno de ser escuchado porque explica lo que estamos haciendo aquí esta noche. ¿Estamos debatiendo un proyecto? ¿Estamos escuchándonos y vamos a cambiar de posición si algún argumento nos parece que tiene entidad, peso, y puede ser considerado? ¿O vamos a decir que como viene del Senado y es urgente lo tenemos que aprobar hoy? ¿Por qué lo tenemos que aprobar hoy?. Porque el artículo 45 del Acuerdo dice textualmente: "En julio..." –de este año, 2003- "...el gobierno presentó ante el Congreso legislación que: 1) extiende el período de renegociación hasta fines del 2004; 2) devuelve al Poder Ejecutivo la facultad de renegociar las concesiones por vía rápida."

Cuando como gobierno se firma un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional hay que prestar atención a los verbos. ¿Qué quiere decir que devuelve al Poder Ejecutivo la facultad de renegociar las concesiones por vía rápida?¿Qué quiere decir "devuelve"? ¿Devuelve porque le pertenecían? ¿Devuelve porque es lo lógico, porque es lo natural, porque es lo que le corresponde, porque es lo que debe ser, porque es lo que hay que hacer. Es exactamente al revés: lo que no tenemos que permitir es que quiten al Congreso las facultades para resolver sobre estas cuestiones. Es exactamente al revés y por eso me parece grave.

Continúa: "3) permite al Poder Ejecutivo implementar acuerdos de renegociación que cubran aspectos parciales de los contratos de concesión o licencia...". ¿Cuáles son los aspectos parciales? Las tarifas. Hasta un tonto se da cuenta de que los aspectos parciales son las tarifas.

Aquí sí pido su atención porque el texto del Acuerdo entre el gobierno y el Fondo Monetario Internacional dice: "Se espera que la aprobación de esta ley por el Congreso se produzca para diciembre de 2003 (criterio de performance estructural)." Habla de diciembre de 2003 y hoy es 1° de octubre.

Colectivamente comenzamos a elaborar hipótesis tratando de determinar el significado del criterio de performance estructural. Pensamos que quizá se haya considerado que, a veces, en este Congreso somos lentos y no siempre resolvemos las cuestiones por la vía rápida o por la vía ultrarrápida porque en ciertas oportunidades demoramos o sencillamente no resolvemos.

Un diputado dijo que toma clases de izquierda con los libros. Quiero decirle que las clases de izquierda se toman no sólo en los libros; esas clases se toman y se ganan participando en las luchas, y este pueblo sigue luchando para recuperar el derecho de acceder a los servicios públicos, que en muchos de esos sesenta y tres temas que debemos resolver hay derechos humanos fundamentales, como el agua.

Se habló acerca de si este capitalismo es serio. El capitalismo para la Argentina es tan serio que pretende que la renegociación de los contratos con sesenta y tres empresas sea decidida por dos superministros del súper Poder Ejecutivo, a través de la vía ultrarrápida -miren qué serio que es-, con los amigos del FMI y del Banco Mundial.

Nosotros vamos a votar por la negativa, recordando que este es un proyecto relacionado con el artículo 9° de la ley 25.561, que se aprobó en este recinto el 5 de enero de 2002, víspera de Reyes y aniversario de la llamada Semana Trágica.

Trataba de recordar cómo nos habíamos desempeñado en ese debate parlamentario. De acuerdo con la versión taquigráfica, dije lo siguiente: "Señor presidente: yo le estoy hablando a la gente que me votó para ser oposición. Entonces, sepan quienes me han votado que estamos planteando que la cuestión pasa por no pagar la deuda externa, que la cuestión pasa por reestatizar los servicios privatizados y no por delegarle facultades al Poder Ejecutivo para renegociar los contratos. Entendemos que tenemos que recuperar para el Estado los servicios privatizados y que debemos reestatizar el sistema de previsión social, es decir, el de las AFJP."

Esto lo sigo afirmando el 1° de octubre de 2003 porque continúo absolutamente convencida de que hay que finalizar con la impunidad, con los negociados, con la corrupción y, por supuesto, con el Fondo Monetario Internacional, porque es verdad que –como dijo Perón- si nos relacionamos con delincuentes, terminaremos perjudicados. Por eso votamos por la negativa.