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Por Cristian
Alarcón
Sólo en 1999 y 2000 fueron “al menos” sesenta los niños y
adolescentes –bajo la tutela del Estado gobernado por Carlos Ruckauf–
que murieron acribillados por las balas de la Bonaerense. Así lo
denunció ayer la Suprema Corte de Justicia provincial en una resolución
firmada por todos sus ministros. En ella dan cuenta de que muchos de
esos chicos asesinados habían “expuesto con anterioridad amenazas y/o
tratos lesivos” por parte de personal de las comisarías bajo cuya
misma jurisdicción terminaron muriendo. Esa información fue
interpretada ayer por varias fuentes judiciales consultadas por Página/12
como la comprobación institucional de que la Policía Bonaerense
ejecuta a menores y simula que mueren en tiroteos. A tal punto es dura
la resolución que Irma Lima, la presidenta del Consejo del Menor, opinó
que “esto podría tratarse de 60 casos Bru o de un escuadrón de la
muerte”. La figura de los escuadrones reaparece después de que este
diario publicara varias investigaciones sobre cómo fueron fusilados dos
chicos de 14 y 16 años en Don Torcuato, en el mes de marzo, por un
presunto escuadrón integrado por integrantes de la maldita policía. El
documento elevado por la Corte es un fuerte llamado de atención a las
políticas de Seguridad del gobierno. Sin embargo, el ministro Ramón
Verón apeló ayer a la soberbia para responder al reclamo de la
Justicia: es “casi un deporte de los menores denunciar apremios
ilegales”, dijo.
Si hay alguna certeza con la que se sale de una villa miseria después
de hablar con los chicos que sobreviven robando paupérrimos botines es
que es imposible saber si se volverá a verlos, más cuando recibieron
amenazas. Así ocurrió en el caso de Gastón “Monito” Galván y de
Miguel “Piti” Burgos, cuyos amigos le dijeron a este cronista en su
propio funeral que estaban en una lista negra y que no serían ellos los
últimos (ver aparte). Así ocurrió también con el ladrón Víctor
Manuel “Frente” Vital, que a los 17 años había llegado a ser el
chico más popular de la Villa San Francisco, en San Fernando. La policía
se la había jurado, dicen decenas de testigos. Y como la mayoría, había
sido golpeado en comisarías. En un intento de robo lo persiguieron por
los pasillos de la villa hasta un rancho en el que se escondió junto a
su compañero, bajo una mesa. Gritó: “¡No disparen! ¡Nos
entregamos!”, pero el cabo Héctor Sosa disparó cuatro tiros con su
reglamentaria. Las pericias demostraron que el “Frente” tenía
cuatro orificios de bala porque una de ellas antes de entrar en pómulo,
le cruzó la mano con la que intentó cubrirse del fuego.
Esa misma manera de morir, cubriéndose la cara con un escudo inútil,
es la que ayer una alta fuente de la Corte le describió a Página/12
como la misma en que terminaron las vidas de varios adolescentes de la
lista. En un comunicado de la SCJB se recordó ayer lo que en las
recientes jornadas sobre “Servicio de Justicia, Niñez y Derechos
Humanos”, el presidente de la Corte, Elías Laborde, dijo: “La niñez
se ve obligada a caminar al borde del precipicio, a incurrir en delitos,
a robar, a caer en drogas y adicciones”. Y se preguntó: “¿Qué
hacemos con ese chico? ¿Le enseñamos lo que le falta para que se
perfeccione? ¿Los lanzamos a la calle y lo terminamos matando?”. Esas
declaraciones precedían el informe que ya estaba en manos de los jueces
Juan Carlos Hitters –presidente entrante de la Corte–, Eduardo
Petiggiani, Juan Manuel Salas, Eduardo de Lázari, Ernesto Ghione,
Alberto Pisano, Héctor Negri y Guillermo San Martín. Todos ellos, más
el procurador general Matías De la Cruz, firman el acuerdo elevado al
Ejecutivo que fue elaborado en base al Registro de Denuncias y apremios
y malos tratos físicos o psíquicos en perjuicio de menores tutelados.
Esto –que los menores que cuentan en las estadísticas de la corte
sean tutelados– hace más flagrante la posibilidad de que los hayan
fusilado agentes del aparato de seguridad del Estado, ya que es el
Estado el que, o por la ausencia de familia y contención o porque el
chico está acusado de un delito, es responsable de su integridad.
Ante la contundencia de la resolución, la interventora del Consejo del
Menor hizo una apuesta fuerte al decir que “si esto se comprueba
estamos en 60 casos Bru o en un modus operandi más que perverso que es
el de los escuadrones de la muerte. La policía es un cuerpo corporativo
y con muchas mentes perversas adentro”. Y enseguida defendió: “La
policía actúa con poco profesionalismo, asustada y con espíritu de
venganza por la muerte de los compañeros”. Lima le dijo a este diario
que no logró hablar con Verón, pero en ese punto sus dichos
coincidieron. El ministro se enojó otra vez con la Corte y respondió
descalificando las denuncias de los menores. “Para ellos es un
deporte”, dijo. “Yo también me podría preguntar por la infinidad
de policías muertos en manos de menores.”
En la Corte sus declaraciones cayeron con el peso de los cadáveres.
“El ministro es el que debería dar explicaciones”, dijo una fuente
sobre el pedido de Verón de que la Corte dé precisiones sobre las
denuncias. Anoche este diario no pudo confirmar los enésimos rumores
sobre el alejamiento de Verón, y el nombre de un sucesor ya elegido.
Pero el humor del máximo órgano de justicia se oscureció también
hacia sus propias filas. Por un lado decidieron pedir a los jueces de
menores que informen “al instante” a la Corte cada vez que un menor
muera en un presunto enfrentamiento. Por otro, el procurador redactaría
un “instructivo” para los fiscales que no investigan con suficiente
dedicación las causas por apremios o presuntos fusilamientos.
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Las muertes del
Monito y Piti
Gastón “Monito” Galván, de 14 años, apareció con once
balazos en el cuerpo en un descampado de José León Suárez. A
su lado, su amigo, Miguel “Piti” Burgos, de 16, tenía seis
disparos en la espalda. Ambos estaban atados y al “Monito”
le habían colocado, ya muerto, una bolsa de nylon en la cabeza.
Sucedió el 24 de abril y nunca se conoció el nombre de los
asesinos. A partir de ese caso, Página/12 publicó una serie de
notas de investigación que sacaron a la luz las huellas de un
escuadrón de la muerte y las oscuras relaciones de la
Bonaerense con los chicos marginales del Conurbano, relaciones
donde los enfrentamientos alternan con negociaciones y robos
“a pedido”. “Si arreglás con la gorra –explicó un
chico a este diario–, no morís.”
Los dos chicos, Galván y Burgos, tenían antecedentes por robo.
En el barrio Bancalari, todos los testimonios que recogió este
diario hablaban de un enfrentamiento cotidiano con la
Bonaerense. “Desde los 12 años hasta ahora él fue maltratado
por la policía –dijo Zunilda, la madre de Galván–. Una vez
estuvo parado desde las 12 de la noche hasta el mediodía,
cuando lo fui a buscar en la 3ª y me lo entregaron con las
ampollas así de grandes en los pies. Aunque nunca quería hacer
la denuncia, porque decía que “si los mando al frente me
matan, mami”. “Era el que más odiaban los de la Patrulla de
calle de la Tercera”.
El Chino, un amigo de los chicos muertos, lo explicaba así:
“Nos fueron liquidando. Ya cayeron dos pibitos hace seis
meses, el Kity y otro más. No tenían caños, se los pusieron.
Mandaron a decir que quedamos seis, que nos toca a nosotros”.
Fuentes judiciales informaron en esos días a este diario que
efectivamente había cinco policías sospechados. Sin embargo,
nunca hubo detenciones. Carlos Bigalli, defensor de menores de
San Isidro, decía entonces: “En este caso, si participaron
policías, estamos ante un escuadrón de la muerte”.
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¿La despedida
de Verón?
Ramón Verón sintió ayer el temblor en su silla de ministro
de Seguridad y decidió salir al cruce de lo que parece un
despido anunciado. “Oficialmente no tengo ningún tipo de
comunicación”, les dijo a los periodistas que lo consultaron,
para aclarar de inmediato que “si lo dispuso el gobernador, o
si lo tiene pensado, me parece una medida acertada y la
comparto”.
En este caso, agregó, se iría “insatisfecho”, porque a su
entender le quedarían cosas por hacer, aunque no aclaró cuáles.
“No soy eterno ni tengo contrato ilimitado. Además, supongo
que el gobierno de la provincia evaluará una estrategia
distinta en materia de seguridad, así que habrá pensado en
otro funcionario.”
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Fugas y malos
tratos
Por C. A.
Las muertes en supuestos enfrentamientos son apenas el
comienzo más estremecedor del planteo que los ministros de la
Corte le hicieron al gobierno de Carlos Ruckauf. En el mismo
documento consigna que sólo en los primeros nueve meses de este
año se registraron 1300 fugas de adolescentes con causas
penales de institutos que están superpoblados.
Esto “indica un déficit sustancial en la contención, como así
también incorrectas y en cierto modo desaprensivas
derivaciones”, sostienen los jueces. En el documento se
subrayan las irregularidades de varios institutos y la
existencia de 99 chicos que esperan sin ningún tipo de
actividad recreativa ser derivados a centros de detención en el
Registro de Ubicación de La Plata.
Sumados a las mil denuncias de malos tratos en comisarías, de
las cuales 800 ya fueron enunciadas por el cuerpo en una
resolución anterior, la Corte sostiene que al ser sistemático
“el rechazo a las órdenes de internación impartidas por los
jueces de menores” se crea “un círculo vicioso que permite,
como último eslabón en la cadena de desprotecciones, incluso
la muerte en la calle de quienes paradójicamente debieron
encontrarse amparados por el Estado”. Para los ministros del máximo
órgano de justicia bonaerense los jueces “si bien dan
intervención al fuero penal no obtienen en tiempo y forma
plazas para sus tutelados, lo que provoca el retorno a las
comisarías, la deserción o los egresos sin tratamiento ni
rehabilitación”.
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PERICIAS
EN EL CASO DE LA COMISARIA DE LOMAS
Ocho detenidos por las torturas
Sólo uno de los ocho policías que siguen detenidos, acusados de
torturar a un detenido con corriente eléctrica, aceptó declarar ayer
ante el fiscal Oscar Acevedo y se declaró inocente. Otros tres fueron
liberados por no encontrarse en el lugar –la comisaría 7ª de Villa
Centenario, Lomas de Zamora– en el momento del hecho. El fiscal busca
determinar las responsabilidades de cada uno en las torturas que sufrió
Javier Villanueva. Por ello, se realizarán estudios al cable que se
habría utilizado, y al propio Villanueva “con el fin de corroborar la
presencia de síntomas patológicos por el paso de corrientes eléctricas
anormales”.
Acevedo detalló que “el análisis del cable no es determinante. Podría
detectarse material biológico o no. Lo más importante será la biopsia
a los dedos de Villanueva”. Lo cierto es que en la Defensoría General
están seguros de que los resultados darán positivo; el siguiente paso
sería determinar quiénes utilizaron el siniestro cable. El caso saltó
cuando Villanueva, acusado por un robo, fue llevado a declarar y las
marcas que presentaba en su cuerpo y manos llamaron la atención del
fiscal. El cable apareció en un allanamiento posterior.
“Lo que el análisis va a decirnos es si hubo modificación del tejido
y si ésta es producto del paso de corriente eléctrica”, explicó a
este diario el fiscal. De los ocho policías que permanecen detenidos,
se conocen los nombres de seis: el subcomisario Oscar Djurazek, el
oficial inspector Eduardo castillo, el cabo primero Walter Fidel Franco,
el cabo primero José Melchor Hidalgo y los agentes Víctor Pérez y
Gustavo Pereyra.
IRMA LIMA
“No
creo en la mano dura”
Por
C. A.
“Verón tiene la mejor intención”, asegura en una entrevista con
este diario la interventora del Consejo del Menor bonaerense, Irma Lima.
Y vuelve de esa manera a defender al otro funcionario que queda en medio
de la tormenta institucional que desató ayer el informe de la Suprema
Corte de Justicia Bonaerense. Entrevistada por este cronista a propósito
de las peligrosas relaciones de los menores con la policía, hace tres
semanas Lima había dicho sobre el aumento de los chicos acribillados:
“No sé si se dibujan los enfrentamientos policiales, como se sabe que
puede ocurrir”.
–Usted ya tenía información sobre posibles fusilamientos –le
planteó este diario.
–Pero todo a nivel chimentos, no tenía denuncias concretas. Eran
cosas que circulaban.
–¿Y qué debería hacerse ahora que sí está la información
oficial?
–Quiero aclarar que siempre vi en Verón una intención de investigar.
Ahora me llamó, porque lo estuve buscando y él estaba en la gobernación.
Me dejó un mensaje en el contestador. Mañana nos reuniremos con él y
con el Procurador (Matías de la Cruz) porque esto amerita que hagamos
una investigación seria. He visto casos en los que la justicia cierra
las causas por malos tratos y apremios muy rápidamente.
–Usted defiende a Verón pero la Corte está diciendo que ya envió 23
resoluciones sin respuesta al Ministerio de Seguridad. Y Verón declara
que los chicos denuncian por deporte.
–Le voy a decir una cosa, como jueza yo a los menores míos los conocía,
no a todos, pero sí a los que se llaman pesados. Personalmente como
jueza me daba cuenta, hacía todas las denuncias pero sabía qué casos
ameritaban investigar a fondo porque el chico estaba diciendo la verdad:
pibes que han venido golpeados de la cabeza a los pies, y eso que no
tengo puesta la camiseta contra la policía. Pero hay tipos que tienen
el cachetazo libre, que se creen que tienen una impunidad total.
–Deben tenerla... Usted está en un gobierno que tiene un discurso así.
–Públicamente he dicho que no creo en la mano dura y no creo que
solucionen ningún problema de seguridad, que es una trampa cazabobos.
–Sin embargo usted es criticada porque si bien se dice a favor de las
garantías sigue en el gobierno que propuso “meter bala a los
delincuentes”
–Mire, respecto a los menores no lo he escuchado. No puedo decir que
de los pibes se diga eso y siempre encontré apoyo. Verón habla de
rehabilitarlos, tiene la idea fija de la escuela granja, que no es tan
buena, pero creo que son buenas intenciones. Pero lo que sí digo es que
si comprobara que esto que denuncia la Corte es así por una bajada de línea
del gobernador, agarro mis cosas y me voy.
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Qué
hay que hacer después de la denuncia
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Gustavo Palmieri*.
“Investigar rápidamente”
“La Corte tiene que tomar medidas para que no se repita y
debe monitorear que se investigue esto para desincentivar a los
policías que realizan estos hechos. Hay que destacar el
accionar de la Corte en el sentido de recolectar los datos para
esta resolución pero el segundo paso es hacer frente a esta
cuestión. Por un lado, la Justicia debe condenar a los
responsables. Por otro, el máximo tribunal tiene que reclamar
al Poder Ejecutivo que se cumpla con la ley. También la Corte
debe revisar la suspensión de la ley de menores, que ofrecía
mayores garantías. La política activa de victimización de los
menores se complementa con una política poco activa del Consejo
Provincial. No hubo ningún resultado positivo en esa gestión y
la situación se sigue agravando. Más allá de las intenciones
progresistas de los funcionarios, se necesitan resultados. Es
una posibilidad bastante cierta que se trate de escuadrones de
la muerte, y éstos no son ajenos a las políticas de seguridad
pública que los toleran. Lo que describe la Corte remite a los
escuadrones. Se necesita una investigación para
esclarecerlo.”
* Director del Programa de Violencia Institucional y
Seguridad Ciudadana del CELS.
Silvia Stuchlik*.
“Antesala de
escuadrones”
“Es una situación gravísima, más habiéndose sancionado
una ley provincial de menores que fue suspendida por esa misma
Corte. La ley no es la panacea pero ayudaría a que estas
situaciones no ocurrieran. Las comisarías están abarrotadas de
chicos; ofrecemos recursos y capacitación para poner en marcha
un programa de desjudicialización, pero no hay voluntad por
parte de la Provincia. Parece que la comisaría es el lugar que
se ha elegido para los chicos, y obviamente no es el lugar
adecuado. Vamos a seguir apoyando financieramente y esperando la
respuesta afirmativa de la Provincia, no sólo de Irma Lima,
sino también de todos los actores involucrados. Pediremos que
se investigue este tema porque es muy grave. Además,
trabajaremos en conjunto con las oficinas de derecho y el
Consejo Provincial sobre esta denuncia específica. Si fuera
necesario, llegaríamos a una instancia internacional. Quiero
conocer en profundidad la presentación pero si esto no es el
accionar de escuadrones de la muerte, puede ser una antesala.
Hay elementos que nos encaminan a una situación así si no se
le pone un límite.”
*Consejo Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia
M. Del Carmen Verdu*.
“La punta del
iceberg”
“La primera reflexión que tenemos que hacer en torno a la
resolución de la Corte es que los chicos que pueden realizar
denuncias de malos tratos en comisarías son los que están
sometidos a proceso y pueden hablar con undefensor de menores.
Hay una enorme cantidad de chicos que son detenidos, torturados,
golpeados y fusilados, que no están sujetos a proceso y ni
siquiera pueden denunciarlo. Esto es apenas la punta del
iceberg. La existencia de estos datos no es un mérito de (Irma)
Lima, sino de los defensores. Más allá de la difusión de
algunos casos, yo tenía una expectativa mucho mayor en cuanto a
su gestión administrativa (en el Consejo provincial del Menor).
Hace tiempo que venimos denunciando como una hipótesis por demás
probable que haya escuadrones de la muerte. Hay muchos casos de
chicos amenazados por determinado personal policial que luego
resultan fusilados. Este tipo de acciones directas sólo son
posibles en el marco de un discurso oficial que habla de
seguridad ciudadana, que implica eliminar a los delincuentes y
en particular a los menores.”
* Integrante de Correpi.
Mabel Lopez Oliva*.
“Las cartas sobre
la mesa”
“No es un dato menor que la Corte se entere de estos casos
y actúe en consecuencia. Pero en la provincia de Buenos Aires
están vigentes las leyes de patronato que habilitan al Estado a
intervenir en caso de chicos en estado de abandono, que terminan
encerrados en un instituto. Esto hay que revisarlo. Una de las
soluciones es la nueva ley del menor, pero está suspendida
hasta que la Corte se pronuncie sobre la cuestión de fondo. Por
un lado, el tribunal muestra preocupación pero por otro no
habilita la norma que podría evitar este tipo de situaciones.
Por primera vez, la Corte ofrece datos concretos. Esto es
mayormente preocupante, la Policía cumple una función pública
y todo el sistema está inmerso en un contexto de ilegalidad.
Estos presuntos enfrentamientos policiales tienen que ser
debidamente investigados, al igual que hay que investigar la
situación de los chicos que están detenidos para ver si lo están
legalmente y en qué condiciones. De todos modos, esta resolución
es importante. La Corte marca que esto es irregular y está
poniendo las cartas sobre la mesa.”
* A cargo del área de Reforma Legal de Unicef.
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