Por Horacio Verbitsky
 Gracias
a las medidas adoptadas por el gobierno de la Alianza, el 10 por ciento más
rico de la población aumentó su participación en el ingreso en un 0,9 por
ciento, esto es un ritmo de crecimiento de la concentración 12,5 veces mayor
que el promedio de la década menemista, que fue del 0,088 por ciento anual.
Como quien dice, a 180 por hora en 4 x 4. Estos datos oficiales de mayo de
2000 (*) desmienten la idea generalizada de que el presidente Fernando De la
Rúa, el vicepresidente Carlos Alvarez y el ministro José Machinea sólo
continúan la obra del ex presidente Carlos Menem y su superministro Domingo
Cavallo. El progresismo que Alvarez y el ex presidente Raúl Alfonsín
atribuyen a Machinea y su jefe de gabinete Pablo Gerchunoff tampoco resiste
el cotejo con sus actos en la renegociación de los contratos con las
empresas transportistas y distribuidoras de gas. Además de aceptar la ilegal
indexación de acuerdo con el índice de precios mayoristas de los Estados
Unidos, el decreto 669 firmado por De la Rúa, Machinea y el jefe de gabinete
Rodolfo Terragno, implica una nueva estatización de deuda dolarizada por 300
millones de dólares en dos años, similar a la que hace dos décadas produjo
Cavallo desde el Banco Central de la dictadura militar. Al margen de la
caracterización ideológica y ética que merecen, estas bochornosas decisiones
tornan ilusorio el mantenimiento a largo plazo de la convertibilidad, porque
deterioran aún más la competitividad de la economía argentina. Sólo el
Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino, quien denunció este
ajuste ilegal, y la jueza federal en lo contencioso administrativo Clara Do
Pico, que lo dejó cautelarmente en suspenso, impidieron por ahora la
consumación de esta nueva escalada en la marcha forzosa hacia Guatepeor.
La peor de todas
En el mismo lapso (mayo 1999/mayo 2000, a caballo de los dos gobiernos)
cayó la participación en el ingreso de los sectores medios en general y de
los medios/bajos en particular, es decir la propia base electoral de la
Alianza. Sólo quedaron a salvo los últimos orejones del tarro. Gracias a los
programas nacionales y provinciales de empleo precario, becas y ayuda
alimentaria, la población con ingresos menores a 150 pesos mensuales mantuvo
su desmedrada situación anterior: 1,5 por ciento del ingreso, la peor desde
que se mide. Como resultado, la brecha de ingresos entre la base y la cúpula
de la estructura social es hoy la mayor del último cuarto de siglo: 24,8
veces, aún peor que la del hiperinflacionario 1989, cuando fue de 23,1
veces, y más del doble que en 1974, el último año de gobierno y de vida de
Juan D. Perón, cuando fue de 12,3 veces. Los datos mencionados del INDEC se
refieren a los 12 millones de personas que viven en la Ciudad de Buenos
Aires y el conurbano bonaerense. Ese universo abarca un tercio de la
población y la mitad del ingreso del país, lo cual le confiere una
abrumadora representatividad nacional.
El único logro que el gobierno de la Alianza puede mostrar es una ligera
disminución de la cantidad de hogares y de personas que quedan por debajo de
la línea de pobreza. Eran el 25,1 por ciento de los hogares en mayo de 1999
y descendieron al 24,4 por ciento en mayo de este año. O dicho en
porcentajes de población, disminuyó del 33 al 32,2 por ciento. “Esta
situación no debe llamar a equívocos. La caída leve en la pobreza que se
proyecta no es producto de una redistribución progresiva del ingreso”,
señala Artemio López, quien ha sido consultado sobre estos temas tanto por
De la Rúa como por Alvarez y por Graciela Fernández Meijide. Como se ve, las
cifras son menos severas con la ministra de Desarrollo Social que sus
compañeros en el gobierno y que el humor social, donde su imagen se ha ido a
pique de un modo que torna improbable cualquier regreso, no por su gestión
sino merced al indefendible caso Tonietto.
Santos abstenerse
Es cualquier cosa menos casual que el vicepresidente Alvarez, que apoyó
sin dudas ni murmuraciones las medidas económico-sociales, haya elegido el
momento en que sus efectos se reflejaban por primera vez en estadísticas
oficiales para desencadenar su ofensiva sobre la clase política. La
corrupción de los representantes es un dato estructural del sistema. Lo que
la ha tornado intolerable es la extensión y profundidad de la crisis. No es
un hecho menor que la ley cuya aprobación se sospecha obtenida mediante el
pago de favores personales haya sido la reforma laboral. Su aspecto positivo
era la simplificación de trámites para el registro de cada trabajador nuevo
por parte de las empresas, lo cual tendía a reducir el negreo, pero aún no
ha sido reglamentado. La cuestión fue puesta por el gobierno en manos de
Osvaldo Giordano, el candidato al sillón de Alberto Flamarique si Domingo
Cavallo hubiera sido electo presidente. Tampoco se reglamentó la
convocatoria a paritarias, por temor al conflicto social. Lo que sí se
reglamentó y está funcionando a pleno es la extensión del período de prueba
dentro del que puede despedirse a un trabajador sin costos, a doce meses en
las empresas pequeñas y a seis en las restantes. Cuando el gobierno se anime
a someter a discusión los convenios colectivos vigentes se habilitará además
la baja de los salarios nominales.
El trabajo en negro en el promedio del conurbano bonaerense llegó en mayo
último al 40,6 por ciento y se acerca al 45 por ciento en los partidos más
castigados. La cifra exacta del INDEC para Florencio Varela, Esteban
Echeverría, Ezeiza, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, JosÉ C. Paz, San
Miguel, Matanza (2º cordón), San Fernando y Tigre, donde habitan 3,3
millones de personas, es de 43,7 por ciento de trabajadores con empleos en
negro.
Las prácticas corruptas aparecen entonces como un componente necesario para
la aprobación de políticas que contradicen las posiciones históricas de los
partidos de lejano origen popular que hoy se reparten el gobierno y la
oposición. Aunque en público mantiene un aire circunspecto, en la intimidad
el licenciado Alvarez está exultante. Ha vuelto a caminar por la calle y
tomar café en los bares sin temor a confrontaciones con ciudadanos
iracundos. Siente que ha recuperado las viejas banderas con las que el
Frepaso llegó hasta donde está. La diferencia es que desde el llano no
impugnaba sólo la corrupción, sino la política económica a la que aquella es
funcional. Este modelo no necesita ni admite santos. Cualquier denuncia de
sus bordes corruptos que no ponga al mismo tiempo en cuestión el núcleo duro
regresivo y concentrador es frívola y marketinera. La renuncia de Alvarez a
la vicepresidencia que ya insinúan sus allegados, explicitaría el
oportunismo electoralista de su estrepitoso despegue respecto de lo que
había descripto como “el sistema de corrupción delarruista”. Ello ocurrió en
1998, en vísperas de otra elección, por la candidatura presidencial de la
Alianza. Sólo que ahora se trata de un área cuya responsabilidad corresponde
a un ministro del Frepaso, el segundo (sobre un total de dos) cuyos actos no
acreditan la tan pregonada transparencia. “En aquel momento denunciamos el
Plan Canje: a cambio de la sanción de la ley laboral, se aprobó en el Senado
una partida de más de cien millones de dólares de Planes Trabajar para las
provincias. Después, la Cámara de Diputados cajoneó ese proyecto y nadie
protestó. Ahora entendemos por qué”, afirma el abogado laboralista Héctor
Pedro Recalde.
La presencia de Alvarez junto a Flamarique en una reunión de la mesa de
conducción del Frepaso ilustra el inconsistente chisporroteo de la jugada
vicepresidencial: si existieron las prácticas turbias que Alvarez denuncia
para la sanción de aquella ley, es impensable que el ministro de Trabajo no
haya sido uno de sus protagonistas. De allí el improbable diálogo entre
cómplices que propuso en el Congreso, al pedir que le dijeran en la cara”si
hay algún senador de este cuerpo que haya hablado conmigo o con algún
funcionario de este gobierno de alguna transacción horrorosa para aprobar
una ley”. La carrera de Flamarique ha sido fulminante. Principal colaborador
de José Luis Manzano, se arrojó en brazos de José Octavio Bordón cuando éste
enfrentó a su jefe. Táctico insustituible de Bordón, lo abandonó por Alvarez
cuando ambos se separaron. Mano derecha del vicepresidente, que lo promovió
al gabinete nacional, se convirtió en consejero privilegiado de De la Rúa.
El drama del Operador es que llegó al último casillero y, sin vida política
propia, no le queda adonde saltar. Game over.
Los progresistas
La defensa de las medidas económicas adoptadas por la Alianza se basó en
el carácter supuestamente progresista del esquema impositivo, que no gravó a
los sectores de menores ingresos. Un semestre más tarde es posible medir el
impacto real de esas decisiones políticas sobre los ingresos de la
población, tal como se aprecia en el cuadro 1. La población que percibe
ingresos se ordena en diez casilleros, según el nivel de esos ingresos. En
el primer casillero están todos los que ganan hasta 149 pesos mensuales, y
así sucesivamente hasta el décimo casillero, donde se ubican todas las
personas físicas que perciben ingresos superiores a 1300 pesos mensuales. El
cuadro incluye el ingreso mensual máximo, mínimo y promedio de cada decil. A
su vez, los deciles están agrupados según estratos sociales: bajo, medio
bajo, medio pleno, alto, lo que brinda una radiografía detallada de la
situación social respecto de ingresos.
Los dos deciles inferiores, aquellos cuyos integrantes perciben menos de 200
pesos mensuales, no han variado su participación en el ingreso total. Carne
de planes Trabajar, constituyen el estrato social bajo, en el que se han
concentrado todos los programas de asistencia del Estado, tanto de la Nación
cuanto de la provincia de Buenos Aires. La pérdida de ingresos comienza en
el estrato medio bajo, formado por el tercero y el cuarto decil, es decir
personas que perciben entre 200 y 349 pesos mensuales. Cada uno de esos
deciles perdió 0,1 por ciento de su participación en el ingreso total, o un
0,2 por ciento para el estrato. La caída fue del doble (0,4 por ciento) en
el estrato medio pleno, correspondiente a los deciles 5, 6, 7 y 8,
integrados por personas cuyos ingresos van de 350 a 839 pesos mensuales. En
cambio en el estrato social alto la participación en el ingreso total se
incrementó en un 0,7 por ciento. El efecto concentrador es aún más acentuado
si se discrimina por deciles dentro del estrato alto: los que perciben de
840 a 1299 pesos mensuales retrocedieron en su participación del ingreso
total, del 16 al 15,8 por ciento. En cambio, aquellos del último decil,
cuyos ingresos van de 1.300 a 14.000 pesos mensuales incrementaron su
participación en el ingreso total en el 0,9 por ciento, del 36,3 al 37,2 por
ciento.
El cuadro 2 compara este incremento del decil más alto, con el desempeño
durante la década menemista. Sus conclusiones son desoladoras. En el primer
semestre de gobierno de la Alianza el vértice de la pirámide mejoró su
participación en el ingreso casi tanto como en toda la denostada década
menemista.
Por último, el cuadro 3 muestra cómo evolucionó la brecha entre el 10 por
ciento más rico y el 10 por ciento más pobre desde 1974. En el largo plazo,
la caída del primer decil es tan constante como el ascenso del décimo. En el
corto, la brecha entre ambos ha pegado un nuevo salto en el primer año de
gobierno de la Alianza.
Dicho en otros términos, el proceso de concentración se aceleró en forma
espectacular desde que los oropeles fueron reemplazados por sobrios ocres y
tonos pastel en el ex Polideportivo de Olivos. La diferencia es que, antes,
ello ocurría a expensas de la participación en el ingreso del estrato más
bajo, y ahora a costillas de los sectores medios. Que cada gobierno golpee
sobre su propia base social es un buen tema de reflexión para politólogos
interesados en la correlación entre el consenso deWashington y el descrédito
del sistema político. Este es el único contexto política, social, económica
y éticamente aceptable para considerar los episodios de corrupción. Las
mismas políticas reaccionarias que en un pasado trágico se imponían a punta
de bayoneta, hoy requieren de los untos apropiados en las partes
convenientes.
(*) Todos los datos sobre distribución de ingreso provienen de la onda de
mayo de la Encuesta Permanente de Hogares del INDEC. La elaboración de esos
datos según deciles de ingresos pertenece al sociólogo Artemio López, de la
consultora Equis. Las conclusiones son del autor de la nota.
Abrir el gas y cerrar la
ventana
Por H.V.
El ajuste de las tarifas del gas por la inflación importada de los Estados
Unidos condena a muerte por asfixia a la convertibilidad. Aprobado por el
decreto 669/00, el incremento fue suspendido por la jueza Clara Do Pico a
solicitud del Defensor del Pueblo de la Nación, Eduardo Mondino. La ley de
Convertibilidad prohíbe toda actualización monetaria, indexación de precios,
variación de costos o repotenciación de deudas. Al violar ese mandato el
gobierno privilegia las ganancias extraordinarias de los consorcios
prestadores por sobre la competitividad de la economía, torna insostenible
la paridad cambiaria y se obliga a seguir ajustando sobre el empleo y el
salario. También reanuda la perversa práctica iniciada por Domingo Cavallo
hace dos décadas, de ofrecer seguros de cambio gratuitos y endosar deuda
privada al conjunto de la sociedad.
La desprolija publicación en el Boletín Oficial del martes 8 supera hasta
las marcas de la década menemista. Junto con el decreto se publican:
* como Anexo I, el Acta de la negociación.
* como Anexo II, el borrador del mismo decreto.
* como Anexo II (sic, el decreto incluye dos Anexos II), la estatización de
deuda privada por unos 300 millones de dólares en dos años.
No se priva ni siquiera de un lapsus antológico, cuando menciona al
instrumento que otorgó la indexación por el Indice de Precios Mayoristas
estadounidense (PPI) como “reverenciado”. El fundamento de este acuerdo se
encuentra en un artículo de Pablo Gerchunoff, que absuelve como positivas
las privatizaciones del menemismo y compara cualquier opción distinta con
una “vendetta”. El jefe de asesores condujo las negociaciones con las
compañías, de lo cual quedó huella en el proyecto de decreto, pero tuvo la
astucia de borrarla en el texto final. Quien figura es el ex Secretario de
Energía Daniel Montamat: hace 48 horas fue eyaculado del gabinete a
solicitud de legisladores de la Alianza.
El decreto, suscripto por De la Rúa, Rodolfo Terragno y Machinea, fue una
exigencia de las licenciatarias para robustecer su endeble posición. Sus
considerandos pretenden que el ajuste por el PPI “importa un derecho
legítimamente adquirido” por las concesionarias; el Acta añade que no
constituye la indexación prohibida por la ley de Convertibilidad. Se
previene así contra la eventual sanción de alguno de los proyectos de ley
que ratifican la prohibición indexatoria o reemplazan el PPI por un mix de
indicadores locales. También alega que el ajuste y su diferimiento parcial
que aceptan las licenciatarias, no modifica las reglas previstas en el
“marco legal”. Si ello fuera así, hubiera bastado con una resolución
ministerial.
El decreto describe un confuso “marco legal aplicable”, en el que incluye
como si formaran una “integridad jurídica” tanto la ley 24.076, que fijó el
marco regulatorio para la privatización del gas, como los decretos de 1992
que dolarizaron las tarifas y autorizaron a su ajuste semestral por el
Producer Price Index norteamericano. El decreto sostiene que ese mecanismo
de ajuste por el PPI ya estaba previsto en el artículo 41 de aquella ley, lo
cual constituye una falsedad ideológica que podría llevar a sus firmantes
ante la justicia. El ajuste previsto por ese artículo se basaba en “una
metodología elaborada en base a indicadores de mercado internacional, que
reflejen los cambios de valor de bienes y servicios representativos de las
actividades de los prestadores”. A su vez, tales indicadores “serán
ajustados en más o en menos, por un factor destinado a estimular la
eficiencia y, al mismo tiempo, las inversiones”. Según el diputado nacional
del Frepaso Alejandro Peyrou, algo tan específico “como los precios de los
bienes y servicios del transporte o distribución de gas” fue sustituido por
los precios mayoristas estadounidenses por “arte de prestidigitación”. De
este modo se verifica la perfecta complementación entre el anterior
gobierno, que firmó eldecreto autorizando ese disparatado mecanismo pero que
luego no permitió su aplicación, y el actual, que lo lleva a la práctica
envuelto en sofocante retórica sobre la pretendidamente unidireccional
seguridad jurídica. Sólo para el año 1998, el impacto de la dolarización e
indexación de las tarifas del gas sobre los usuarios es de 140 millones de
dólares, según cálculos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
(FLACSO).
El artículo 6 del Acta obliga al Estado a garantizar que el diferimiento “no
altere ni se constituya en una contingencia en los estados contables de las
licenciatarias”, lo cual las protege contra eventuales condenas en causas
judiciales iniciadas por los usuarios. El artículo 7 afirma que los montos
diferidos y devengados “constituyen una deuda legítima” que “deben
recuperar”. El artículo 9 del Fondo de Estabilización del PPI afirma que
podrán hacer figurar esos montos en sus balances “como compromiso de pago y
cobro avalado por el Poder Ejecutivo”, lo cual encubre el seguro de cambio y
la nueva estatización de deuda privada. El 10 deja en manos de las propias
empresas el cálculo de esos montos. El 3 garantiza que el dinero depositado
en el Fondo les rendirá un interés anual del 8,2 por ciento. Aunque los
ajustes tarifarios son semestrales, estos intereses se computarán en forma
mensual, con lo cual la tasa efectiva será del 9 por ciento anual, cuando
Repsol consiguió financiamiento internacional para comprar YPF a poco más
del 3 por ciento. Por último, el artículo 3 del Fondo asegura a las empresas
“el efecto financiero” de los impuestos exigibles, es decir una utilidad
sobre ganancias no efectivizadas. Suerte que el gobierno y las
licenciatarias declaran en los fundamentos su preocupación por la “delicada
crisis” que atraviesa el país”.
Un estudio aprobado por el Consejo Académico de la Unión Industrial, sobre
la base de un informe del economista Jorge A. Gaggero, asesorado por el
investigador Daniel Azpiazu, señala que en el último lustro la deflación de
los precios minoristas fue del 0,2 por ciento acumulado y el crecimiento de
los mayoristas de apenas el 1,6 por ciento, mientras los indicadores
equivalentes en los Estados Unidos se incrementaron un 13,9 y un 8,2 por
ciento. Estas cláusulas indexatorias (en algunos servicios incluyen además
un seguro de cambio, por la previa dolarización de las tarifas) contradicen
los fines de la Ley de Convertibilidad al trasladar “la inflación externa a
los precios locales y tienden a desincentivar, mediante la concesión de
indebidos ingresos rentísticos, la búsqueda de mayor eficiencia a través de
la inversión”. La Junta Directiva de la UIA todavía no asumió el estudio,
que reclama la suspensión de “los ajustes ilegítimos”, la revisión de la
legalidad de lo actuado por el anterior Poder Ejecutivo, y la sanción de
leyes que compensen “la asimétrica distribución de costos y beneficios,
privados y sociales, en el marco de una equilibrada y sustentable seguridad
jurídica”. Este sería “un modo practicable de lograr la deflación de precios
de los bienes y servicios no transables”. Se opusieron a su aprobación los
representantes de la trasnacional italiana Techint, la misma que acaba de
ubicar a Javier Tizado en la secretaría de Industria. |
