El caos no ha permanecido dentro de Colombia y afecta profundamente a Estados Unidos. Además, compartimos un buen grado de responsabilidad por la violencia—nuestros ciudadanos han creado una demanda enorme por las drogas. Los grandes intereses internacionales financieros se benefician del narcotráfico y lo protegen.⁸

En este artículo se propone una estrategia para darle fin al terror difundido que se apodera de Colombia, donde el término sociedad civil ya no se entiende como algo que sus ciudadanos disfrutarían ahora o en futuro cercano. Una suposición clave es que el reto a la seguridad colombiana es complejo y abarca mucho más que una lucha en contra de narcotraficantes, guerrillas y paramilitares. La sociedad civil está más débil a causa de las distorsiones notorias creadas por desafíos graves (deficiencias) a la legitimidad del régimen: circulación de la élite, representación, justicia, desarrollo económico, distribución de ingresos, separación geográfica y fragmentación política. Sin una identidad nacional leal y consensual, el gobierno colombiano podría establecer una seguridad a corto plazo. Crear una paz duradera que conserve la seguridad de sus ciudadanos es una meta a largo plazo que aún es muy evasiva.

Aquellos que buscan ganar esta guerra dentro de valores democráticos, necesitarán un enfoque completo que incorpore programas políticos (ejecutivo, legislativo, judicial, administrativo y militar), económicos (inversión, infraestructura, comercio, fabricación y agricultura) y sociales (educación, salud, religión, comunidad) para llevar a cabo reformas y renovaciones. Será necesario contar con un apoyo internacional más extenso para fomentar la inversión, establecer instituciones democráticas, desarrollar la infraestructura y combatir los criminales multinacionales en el negocio mundial de las drogas. Antes de que estos programas se puedan implementar eficazmente, "la guerra sucia" tiene que terminar. La solución es obligar a las guerrillas (y luego a los paramilitares) a negociar una paz. Aún no han negociado con sinceridad—tienen mucho que perder y muy poco que ganar. El consejo sabio de Clausewitz es pertinente: "La guerra... es un acto de fuerza para obligar al enemigo a que haga nuestra voluntad".⁹ A menos que uno pueda destruir la voluntad del enemigo para resistir, éste continuará trabando guerras en contra de sus militares.¹⁰ Esto exige algo más que operaciones antidrogas, pero la contrainsurgencia evoca reacciones negativas en el hemisferio.

Esta es una guerra muy compleja. Hay dos organizaciones principales de la guerrilla, al igual que fuerzas paramilitares. Para complicar aún más esta ecuación, tanto las guerrillas como los paramilitares reciben fondos provenientes de varias "mafias" del narcotráfico a cambio de proveer protección y contratar asesinos para los proveedores internacionales de cocaína, heroína y marihuana. Pero esto es, indudablemente, una verdadera guerra, aunque sea interna y poco convencional. Puede que suene discrepante (sin mencionar que parece contra intuitivo) pero se necesitarán operaciones militares eficaces—con apoyo internacional—para lograr la paz, pero esa es precisamente la situación tal como está. Esta evaluación no es popular en Washington. Algunos confían que el enemigo negociará de buena fe. Otros opinan que, en vista de que la situación no afecta el equilibrio de poder, potencias extranjeras tales como Estados Unidos deben mantenerse alejados de este conflicto o, a lo sumo, continuar con un planteamiento antidroga. Ambos grupos están equivocados. Al enemigo se le debe obligar a aceptar la paz y detener las matanzas y la destrucción.

Una vez se lleve a cabo un acuerdo de paz, se podría enviar una fuerza internacional de mantenimiento de la paz, suponiendo que todas las partes colombianas estén de acuerdo con aceptar ayuda multinacional militar. Una fuerza internacional de mantenimiento de la paz podría asistir en garantizar que se conserve la paz, que se demuestre la determinación de los estados del Hemisferio Occidental y que se le aplique presión a los narcotraficantes y a los paramilitares para que se retiren u obedezcan los preceptos de la ley. Además, dicha fuerza internacional es un actor imparcial y legítimo que fomenta el mejoramiento de las relaciones entre las distintas facciones. Su misión es actuar en calidad de observadores imparciales y no intervenir a la fuerza que se consideraría una afrenta a la soberanía colombiana. Ahora, concentrémonos en la situación de Colombia, los participantes y su impacto, y el remedio estratégico.

El clima contencioso de Colombia

Colombia ha sobrepasado los récords de Chile, Argentina y Perú como la tierra más sangrienta de América del Sur durante este siglo. La Violencia, que inició en 1948 con el asesinato del candidato presidencial por el partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán, provocó más de 200.000 muertos (muchos de ellos espectadores inocentes) y duró 15 años. La élite colombiana llegó a un acuerdo de poder compartido para reavivar un sentido de cultura cívica y administración de conflicto. Esto sólo sirvió para posponer el conflicto por un tiempo. Los Liberales y los Conservadores establecieron el Frente Nacional—un acuerdo para alternar la presidencia entre ambos partidos y compartir los puestos administrativos dentro del gobierno. Durante el conflicto, surgieron "repúblicas campesinas" en calidad de "zonas cuasi-independientes para la autodefensa y la auto administración en asuntos agrarios".¹¹ Mientras los Conservadores y Liberales llegaban a acuerdos, una minoría desilusionada y mayormente rural del país los ignoraba y tornaba su vista hacia el marxismo. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas (FARC) surgió de dichas repúblicas campesinas, al igual que el Ejército de Liberación Nacional (ELN), y encontraron apoyo en La Habana y Moscú. Los campesinos en las zonas rurales estaban frustrados a causa de su falta de representación dentro de los dos partidos políticos más poderosos, que representaban, en gran medida, los intereses de los negociantes urbanos adinerados y los terratenientes rurales.

En el transcurso de los años, Colombia gozó de elecciones democráticas, salvo durante la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-57). La política colombiana giraba en torno a dos partidos políticos principales, que perpetuaban legados familiares de poder político, pese al desdén de muchos ciudadanos de la clase trabajadora y los pobres. Según David Jordan, "En Colombia el régimen se basa en el dominio de la élite reforzado por una alianza sutilmente disimulada con los sumamente ricos y poderosos carteles de las drogas".¹² Analizándolo desde el exterior, la situación o condición de Colombia en calidad de estado es paradójica. Es una de las democracias más antiguas en el Hemisferio Occidental. Ha estado libre de dictaduras militares y no está sujeta al alto nivel de divisiones étnicas que constituyen un desafío para otros estados andinos tales como Perú y Bolivia. Sin embargo, también es el país con la guerra civil que más ha durado.

¿Cuán democrática es Colombia? El país tiene en vigencia un proceso democrático ya que cuenta con una historia de elecciones pluralistas—los partidos por las posiciones electas. Pero esto no va mucho más allá. Los partidos políticos no representan todos los grupos dentro de la sociedad. Entre los distintos poderes del gobierno no hay suficientes frenos y equilibrios. No hay una burocracia profesional que se encargue de los recursos de manera eficiente y eficaz. El gobierno tiene que responder al pueblo. Según nos explica Jordan, Colombia tiene un proceso democrático.

A los grupos de la insurgencia comunista no les fue bien sino hasta la última mitad de la década de los años 1970 cuando comenzaron a asociarse con una gigante agroindustria emergente—los narcotraficantes. En vista de su efecto en la democracia y los derechos humanos, fue una unión desastrosa. Las guerrillas proporcionaban seguridad para los narcotraficantes, permitiéndole a los barones de la cocaína sembrar, cosechar, elaborar y transportar productos ilícitos a su mercado principal—Estados Unidos. A cambio, los narcotraficantes les proporcionaban a las guerrillas fondos que les permitía aprovisionar a sus "soldados" y comprar armas automáticas de alta calidad. Dicho arreglo creó el narcoterrorismo, "el uso del tráfico de drogas para fomentar los objetivos de ciertos gobiernos y organizaciones terroristas".¹⁴ Las guerrillas y los traficantes de drogas se aprovechan de la corrupción del gobierno y de su soberanía y democracia superficial, basados en los negocios entre las élites adineradas, y no en los intereses de la mayoría del pueblo.

Esta unión a la fuerza entre las guerrillas y los narcotraficantes se convirtió en una poligamia rara cuando los grupos paramilitares entablaron una relación de seguridad con los narcotraficantes para proveer fondos para sus campañas en contra de las guerrillas. Las raíces de los paramilitares radican en los "grupos de defensa propia, que por lo regular son campesinos, que pelean solos en contra de las guerrillas, los narcotraficantes y los criminales comunes. No es de sorprenderse que estos vigilantes también cometen sus atrocidades".¹⁵ Originalmente apoyados económicamente por los terratenientes, los paramilitares encontraron en los narcotraficantes un apoyo económico que les permitió comprar armas pequeñas complejas, pagar a sus "soldados" mejores salarios que el ejército, y librar guerras más intensas en contra de las guerrillas. Los verdaderos perdedores en esta intensificación de violencia han sido los campesinos que han estado atrapados entre las facciones en pugna y han sido sometidos a los peores abusos de derechos humanos. A este escenario, agréguenle las fuerzas armadas y, a menor escala, la policía nacional que, hasta hace poco, cometían su porción de violencia extrajudicial, exacerbando aún más el temor del público.¹⁶ Sin embargo, la policía y los militares también son víctimas en este conflicto.¹⁷ Para añadir ofensa al daño, la policía y los militares no han podido proteger a los ciudadanos, ya que las autoridades gubernamentales han sido desplazadas de muchos precintos y están patrullando zonas rodeadas por las guerrillas.

Los costos humanos de esta guerra civil son enormes—más de 35.000 personas han muerto durante la última década. Además de la policía, militares, otros funcionarios del gobierno, paramilitares, guerrillas y narcotraficantes, civiles inocentes han sido asesinados porque están en el lugar equivocado en el momento equivocado. Los colombianos viven un estado de temor constante y nadie está protegido de la violencia. Los negociantes ricos son secuestrados por recompensas. Los campesinos pobres son forzados a apoyar las guerrillas o los paramilitares, a menos que se les obligue a huir de sus aldeas como refugiados de guerra. Ciudadanos importantes que participan en el proceso de paz son asesinados.¹⁸ Los profesores de universidad, jueces y periodistas sirven de blancos.

La FARC cuenta con un ejército de por lo menos 15.000 soldados, muchos de ellos endurecidos por la batalla y expertos en el arte de la guerra de guerrillas. La mayoría de los líderes claves cuentan con 20 a 30 años de experiencia en dichas operaciones. Si bien el Ejército Colombiano es más numeroso, las guerrillas están bien capacitadas, equipadas y, a menudo, logran mayores resultados en combate con menos efectivos. Por años, gran parte de los militares avanzaban lentamente a través de operaciones de defensa estáticas que ni eran eficaces en crear soldados capaces de luchar ni constituían una gran amenaza para las guerrillas. Las columnas de la FARC tienen más armas automáticas que muchos de los batallones de infantería.¹⁹ El dinero de la droga—que ascienden a US$500 millones por año—se ha convertido, a nivel estratégico, en un multiplicador de fuerza de la guerrilla. Sin el dinero de la droga, que es su fuente de ingresos más grande, la FARC no puede desafiar de manera eficaz ni a los militares ni a la policía. Desde luego, esto da por sentado que las guerrillas pueden separarse de su dinero de la droga, una suposición que yo también comparto. No obstante, aunque nosotros les neguemos acceso al dinero de las drogas, esa no es la manera de lograr que ellos hagan la paz. La FARC podría intensificar sus acciones de secuestros y de extorsión para llenar sus arcas de la guerra.

El segundo grupo de insurgentes más grande, el ELN, cuenta con 5.000 efectivos. Gran parte de su apoyo económico proviene de secuestros por recompensa, robos a bancos y sirviendo de seguridad para los narcotraficantes. Son tan crueles como la FARC. Una de sus tácticas favoritas es dinamitar los oleoductos. En octubre de 1998, destruyeron un oleoducto causando desolación en la comunidad de Machuca. Cincuenta personas murieron y 60 fueron heridas. Según Amnistía Internacional, "La aparente negligencia total hacia la vida de los civiles con la que este incidente fue llevado a cabo, viola los principios fundamentales de las leyes del conflicto armado, que prohíben ataques directos o sin distinción en los civiles".²⁰ Cabe destacar que cuando la FARC intentó unir los movimientos de las guerrillas en 1978, fue criticada por el ELN de "dividir las masas de otros movimientos revolucionarios intimidándolos mediante los sacrificios de cientos de campesinos".²¹ Si bien eso puede haber sido cierto, las campañas de terror sangrientas del ELN causaron graves daños a los campesinos, tan sólo a un grado menor que sus rivales de la FARC.

Las organizaciones paramilitares sirven, hasta cierto punto, en calidad de fuerzas por poder del gobierno, o al menos así parece. En vista de que los paramilitares no tienen que darle cuentas al gobierno ni reaccionan ante las críticas de los grupos defensores de los derechos humanos, se percibe que su desempeño en el campo es hacer el trabajo sucio. Carlos Castaño es el líder de una alianza de grupos paramilitares conocidos como Unidades de Autodefensa de Colombia (AUC). La visión de Castaño para la AUC es convertirla de participante regional a uno nacional en la lucha contra las guerrillas, y algunos opinan que ya lo ha logrado. Para lograr un nivel nacional, los paramilitares se han destacado como agentes de seguridad para los narcotraficantes y en calidad de "tasadores de aranceles", a menudo reemplazando a las guerrillas que llevaban a cabo estas misiones lucrativas. Pero los métodos de los paramilitares son dudosos. En lugar de luchar directamente en contra de las guerrillas, también convierte en blanco a la población civil. Según Mark Chernick, "Las ciudades son "purificadas" de cualquiera considerado sospechoso de apoyar a las guerrillas—o a cualquier partido izquierdista, sindicato, movimiento social u organización progresiva eclesiástica—para mostrarle a la población en general qué les espera si comienzan a participar en dichas actividades".²²

Los años 1996 hasta el 2000 han establecido una tendencia nueva. Los militares solían ser los primeros agresores en contra de la FARC, pero ya eso no es cierto. Ahora, los paramilitares son los principales violadores de los derechos humanos. Sus ataques armados son el doble de lo que los militares y la FARC logran juntos.²³ La intensificación de la guerra paramilitar, combinada con el ataque generalizado a los civiles, ha establecido un nuevo y terrible récord. Las organizaciones de derechos humanos informan que las fuerzas paramilitares son ahora los responsables de alrededor del 75 al 80% de todos los abusos a los derechos humanos,²⁴ aunque gran parte de la violencia cometida por las organizaciones de las guerrillas no están clasificadas como violaciones a los derechos humanos. La mayoría de los refugiados nacionales de Colombia son el producto secundario de las acciones de los paramilitares para destituir a la FARC, al ELN y a sus simpatizantes en las aldeas y pueblos rurales. La conexión de los militares a los paramilitares ha sido reforzada mediante la participación de antiguos soldados y oficiales, e incluso algunos oficiales militares jubilados, en los grupos paramilitares. Las organizaciones de derechos humanos afirman que hay un entendimiento tácito que los paramilitares luchan la campaña del norte—la zona de combate más intensa—y el ejército lucha la campaña del sur—la zona de combate menos volátil.²⁵ Pero no hay una prueba definitiva de ello.

El gobierno ha tenido un historial mixto desde que el candidato al Partido Conservador, Andrés Pastrana, fue elegido presidente en agosto de 1998. Después de distanciarse de la presidencia anterior de Ernesto Samper, que fue contaminada por una influencia de la corrupción de la droga, Estados Unidos estaba ansioso de apoyar al Presidente Pastrana porque era limpio, enérgico y estaba comprometido a hacer la paz con las guerrillas. Dicho optimismo se desvaneció significativamente cuando Pastrana decidió ceder una porción de la región sur central de Colombia a la FARC como una zona autónoma o desmilitarizada—una porción de tierra igual en tamaño a Suiza. El racionamiento de Pastrana fue que si él actuaba de buena fe con los rebeldes, la FARC acordaría hacer la paz.

El plan de Pastrana no ha funcionado hasta el momento. Por el contrario, realzó la legitimidad de la FARC como el mandatario de facto de su propio estado.²⁶ La FARC utilizó la zona conocida como Despeje (zona desmilitarizada) para lanzar una ofensiva importante al Ejército Colombiano en noviembre de 1999, acción que el Presidente Pastrana criticó de que "Mostró que las guerrillas no estaban interesadas en lograr un acuerdo de paz".²⁷ El Ejército pudo repeler la ofensiva de la guerrilla y, según el General Fernando Tapias (Comandante de las Fuerzas Armadas), mató a más de cien guerrilleros—todo esto ocurriendo mientras la FARC y funcionarios del gobierno continuaban con sus conversaciones de paz dentro del Despeje.²⁸

En contra de este proceso de paz surrealista, el Estado ha mostrado algunas mejoras en la eficacia de la policía y de los militares, no obstante, no hay un incremento correspondiente en la seguridad de los ciudadanos colombianos. Aunque la policía ha progresado en reducir la infiltración de los narcotraficantes, aún son considerados como una institución corrupta. Esto explica por qué a los militares se les han otorgado las misiones de apoyo más importantes de acatamiento a la ley, tales como la formación de un batallón antinarcóticos en 1999 que fue apoyado económicamente por los Estados Unidos. Cada soldado en la unidad tuvo que investigarse—por posibles violaciones a los derechos humanos y corrupción—y dársele el visto bueno antes de integrarse a esta unidad especial. En este proceso a los militares les fue mejor que a la policía.²⁹ Además, las fuerzas armadas están mejor capacitadas para la misión de combatir la violencia "militar" de las guerrillas que protegen las operaciones del narcotráfico. Estados Unidos y Colombia comparten la opinión de que la misión de esta unidad es apoyar a la policía en la lucha contra los narcotraficantes. Si por casualidad en ese momento las guerrillas estuviesen proporcionando seguridad, entonces son consideradas blancos legítimos.³⁰ Los batallones antidrogas trabajan en combinación con las unidades de la policía. Varios batallones de antidrogas adicionales fueron adiestrados e iniciaron sus operaciones en el 2000. Los militares contarán con una brigada élite para mediados del año 2001, la suma de varios batallones.

Durante el transcurso de los últimos años, el Ejército Colombiano ha mejorado significativamente su historial de derechos humanos. Entre 1998 y 1999, los militares redujeron el número de cargos por violación a los derechos humanos de 310 a 103; por primera vez la cifra de soldados y oficiales considerados culpable de abusos a los derechos humanos llegó a dos dígitos—22 en noviembre de 1999.³¹ No obstante, la disminución de abusos a los derechos humanos por parte del Ejército no se puede tomar en cuenta sin, además, tomar en cuenta la correlación del incremento significativo en abusos a los derechos humanos por parte de los paramilitares. Mientras haya una relación verosímil entre los militares (y la policía nacional) y su "fuerza por poder" el pueblo colombiano no podrá confiar totalmente en las instituciones que son encomendadas con la tarea de proveer seguridad. Por otra parte, si las violaciones a los derechos humanos se combinan con las violaciones al Derecho Internacional Humanitario,³² entonces emerge otra imagen. Según el Consejo de Juristas Colombianos, la "reducción en el número de violaciones a los derechos humanos y al Derecho Internacional que se le atribuyen a las Fuerzas Públicas ha disminuido de 15,68% en 1996 a 3,72% en 1998 y 2% en 1999.³³

El sistema judicial de Colombia está en ruinas. Su desplome comenzó hace más de una década cuando los narcotraficantes les dieron a los jueces y a los fiscales varias opciones: aceptar un soborno, renunciar a su cargo, irse del país o ser asesinados. Algunos valientes, como Carlos Mauro Hoyos, el procurador general de Colombia en 1988, se enfrentó a los traficantes de drogas y fue matado a tiros.³⁴ Al no contar con un sistema judicial sólido, algunos criminales se han vanagloriado de vivir al margen de la ley. Evitar los impuestos o pasar artículos de contrabando de por sí estuvo mal, pero ahora se enfrentan a un sistema que está abrumado y teme actuar. El sistema judicial se caracteriza por "impunidad penal para no ser enjuiciados, ineficacia en el gobierno, niveles altos de crimen, corrupción desenfrenada y falta de seguridad y protección para los funcionarios judiciales, muchos de los cuales han sido asesinados".³⁵ Para llenar el vacío de un precepto de la ley débil, otros grupos han adoptado sus propias formas de justicia, tales como la administrada por las fuerzas paramilitares que a menudo operan donde no hay jueces, ni abogados ni policías.³⁶ La misma FARC provee justicia revolucionaria para los residentes en la zona de Despeje y otras más.

Hasta hace poco y a pesar de la violencia, Colombia podía mantener una economía vibrante que era la envidia de muchos de sus vecinos sudamericanos. Rica en recursos naturales tales como el petróleo, reforzada por productos agrícolas tales como el café y complementada por la economía clandestina de las drogas, mantenía una calidad de vida buena para la mitad superior de la sociedad, que estaba concentrada en Bogotá y otras pocas ciudades. Sin embargo, Colombia tenía su tiempo contado ya que el dinero de la droga distorsionó los patrones de consumo en la economía y socavó la sociedad civil. La enorme violencia perpetrada por la trinidad Hobbesiana finalmente ha disminuido la inversión extranjera internacional, y ahora el país se encuentra en medio de la peor depresión económica del siglo pasado.³⁷ Las corporaciones internacionales están renuentes a formar o aumentar las operaciones en Colombia, porque se sienten inseguras de si pueden o no llevar a cabo las operaciones de manera segura y con ganancias. Este remolino ha ido más allá de la trinidad Hobbesiana; hay un gran incremento en el crimen en las calles que ha sacudido aún más la confianza de los inversionistas y ha paralizado negocios internos legítimos tales como la industria de la construcción.³⁸ Además ha agregado a la "fuga de intelectuales" de algunos de los mejores y más inteligentes del país, la mayoría jóvenes que ya no ven un futuro prometedor en su patria sino la sombra de la muerte en derredor.³⁹

Dilemas en la estrategia

Algunos analistas políticos han estudiado la posibilidad que Estados Unidos, junto con otros integrantes de la OEA, tendría que intervenir en Colombia con una fuerza militar. El razonamiento es que el país por sí solo no puede derrotar a las guerrillas, ni los narcotraficantes ni a los paramilitares, incluso si tuviesen apoyo adicional de los militares y la policía. En lugar de permitir que recaiga en una violencia interminable o una guerra civil total, algo se debe hacer para salvar a Colombia de la aceleración de este monstruo anárquico y destructivo. No hay muchos defensores de esta opción que no tiene ninguna oportunidad de tener éxito, empeoraría las cosas en Colombia y cosecharía grandes críticas por parte de nuestros vecinos en el hemisferio. Como ya se ha destacado, después que se logre un acuerdo de paz, sería positivo que Colombia le diera la bienvenida a los mantenedores internacionales de la paz, pero una intervención militar para crear la paz es una locura.

¿Por qué la intervención es una mala estrategia? Stanley Hoffman describió los retos que muchos estados débiles confrontan hoy en día: "Muchos están atormentados y destrozados por conflictos de tribus, religiosos y étnicos; muchos nunca pudieron edificar estructuras estatales eficaces y estables y se han convertido en el teatro de pandillas en pugna que compiten por el poder; otros cuentan con autócratas... listos a usar las peores formas de represión para mantenerse en el poder".⁴⁰ El análisis de Hoffmann es una repetición de la realidad de Colombia cuando él escribe acerca de las debilidades de las instituciones gubernamentales y los grupos peleando por el control político. Pero Colombia, de hecho, no es un estado fracasado como Somalia y Liberia; ni un estado sanguinario como Haití o Irak bajo regímenes militares, ni un estado disturbado como Sudán, Sri Lanka o Ruanda.⁴¹ Sí, hay demasiados políticos en Colombia como para que la comunidad de países (los demócratas para estar seguros) los ignore o los acepte. Colombia podrá dar muestras de muchas de las características de fracasos políticos, económicos y sociales, sin embargo, aún no ha fracasado. Va encaminada hacia un despeñadero pero aún no ha caído—sigue hundiendo sus talones para detenerse y está clamando ayuda. Si bien enfrenta muchos problemas, aún permanece bajo un gobierno elegido democráticamente que intenta seriamente hacer la paz, respetar los derechos humanos y brindarle seguridad a sus ciudadanos. No cumple con la definición de un estado disturbado, si bien se podría alegar que su débil y frágil gobierno no está fuera de peligro de convertirse en uno.

Colombia es un estado en fracaso que intenta desesperadamente cambiarse a sí misma. Está fracasando porque ha sido "fragmentada como resultado de su falta de capacidad de poder establecer la legitimidad con cierto grado de seguridad".⁴² La administración del Presidente Pastrana lo reconoce.

La intervención humanitaria en Colombia por parte de una fuerza multinacional es una situación que se debe evitar a como de lugar. Ni las Naciones Unidas (ONU) ni la OEA tienen la autoridad legítima para intervenir.⁴⁴ La administración del Presidente aún tiene la soberanía. Es un gobierno legítimo con categoría internacional. Hoffmann explica la relación importante entre intervención y soberanía.

La intervención no es buena por un segundo motivo. El pueblo colombiano está completamente opuesto a que potencias extranjeras ejerzan autoridad militar dentro de su país, si bien una encuesta arrojó que la mayoría de la clase industrial favorece la intervención militar de Estados Unidos. La voluntad del pueblo es hacer la paz. Millones de ciudadanos se arrojaron a las calles para apoyar al gobierno y expresar su repugnancia con la enorme pérdida de vidas y su deseo de una solución colombiana.⁴⁶

El tercer motivo es que la OEA y la ONU repudiarían a cualquier parte que llevara a cabo este tipo de acción. Si bien ambas organizaciones han expresado una crítica cada vez mayor acerca de la falta de capacidad de Colombia para salvaguardar los derechos humanos, ninguna está lista a autorizar la introducción de tropas extranjeras en suelo colombiano. Ambas están utilizando los medios diplomáticos para exhortar al país para que logre que su Plan Colombia sea una realidad, especialmente desde que el Presidente Pastrana se ha expresado con vehemencia en contra de la intervención y a favor de más cooperación internacional en el proceso de paz.⁴⁷

El último motivo por el que debemos estar dudosos de una intervención es que la FARC y el ELN podrían, de hecho, beneficiarse de una invasión multinacional. Tal como se mencionó anteriormente, se requiere una fuerza enorme para pacificar a Colombia, más grande de la que muchos países están dispuestos a comprometer. Una fuerza menor que lo normal y de capacidad convencional no es un contendor para las unidades de la guerrilla que operan en terrenos escabrosos y están al mando de comandantes que por décadas han efectuado emboscadas con éxito. Una vez que esta fuerza multinacional sufriera bajas significativas—tan sólo unas pocas bajas estadounidenses dada la preocupación actual de los militares con la protección de las fuerzas—dejaría de ser eficaz. Incluso, los rebeldes saldrían ganando al reclutar bajo el estandarte del nacionalismo. Desde luego, esto ni siquiera toma en cuenta los papeles que desempeñarían los narcotraficantes y los paramilitares. Una fuerza multinacional no podría salvaguardar los derechos humanos en este ambiente sumamente desafiante.

Incluso si uno está de acuerdo con una versión comunitaria del liberalismo que valora los derechos humanos sobre la soberanía, la intervención de Colombia aún no tiene sentido.⁴⁸ Si bien nunca es buena idea valorizar demasiado a un líder, el Presidente Pastrana ha demostrado que su administración está comprometida con proteger los derechos humanos, mejorar la justicia y brindarle oportunidades a todos los colombianos. Está claro que él entiende que "la reputación moral de una sociedad depende de su capacidad de respetar y proteger los derechos de sus integrantes y, con su consentimiento explícito o implícito, sus reglas e instituciones".⁴⁹ Pastrana ilustra muchas de las virtudes de liderazgo alabadas por Laurence Whitehead, pero le faltó "poder desviar su atención de los obstáculos intratables".⁵⁰ Para resolver esto, él tiene que ejercer más control sobre las guerrillas y avanzar el proceso de paz. No obstante, mientras que el gobierno colombiano continúe mejorando su récord, ¿qué mejor solución pueden ofrecer las potencias extranjeras?

Si la intervención no es una estrategia viable, Estados Unidos podría intentar escabullirse con su apoyo a la guerra contra las drogas. Los narcotraficantes son el motivo principal de por qué las guerrillas y los paramilitares son tan poderosos. El dinero de la droga constituye una gran porción de las arcas de la guerra. La pregunta que hay que responder es si la estrategia antidroga puede o no ser eficaz en detener el cultivo, cosecha, preparación y transporte de las drogas. El General (jubilado) Barry McCaffrey, Director de la Oficina de Política Nacional par el Control de Drogas (ONDCP) nos señala la respuesta.

Solamente luchar contra las drogas no fomentará la democracia en Colombia, incluso si aquellos que protegen a los narcotraficantes son presas fáciles. Una reacción democrática a largo plazo sólo se puede implementar si el país está seguro y estable. La seguridad viene antes que la democracia. Luchar contra las drogas y contra aquellos que protegen a los narcotraficantes no va a establecer la paz. Las guerrillas y los paramilitares continuarán luchando porque el gobierno no puede defender a sus ciudadanos en los pueblos y aldeas de las montañas y las junglas. Los militares y la policía no pueden imponer una autoridad omnipresente y permanente a lo largo del país. Nuestro gobierno padece de bloqueo político a causa de visiones de Colombia, que están en competencia y que agravan aún más la situación.

Luchar contra las drogas no resuelve el enigma alarmante de los derechos humanos. No evitará ni que los paramilitares ni las guerrillas continúen una guerra sucia. Incluso si se pudiese ejercer gran presión sobre los narcotraficantes, reaccionarían como lo han hecho en el pasado—trasladarían las operaciones a otro lugar en Colombia o al Perú o Bolivia y esperarían a que la tormenta pase. Hasta podrían considerar como blancos a otros países fronterizos. Esto sólo crearía la inestabilidad en otro lugar, como hacer presión sobre un globo en un lugar y hacer que estalle en otro. Colombia está comenzando a adoptar una posición más sólida con respecto al apoyo a los derechos humanos, incluso haría caer el peso de la justicia sobre los paramilitares asesinos.⁵² A pesar del cambio en la política del gobierno, el historial de los derechos humanos aún no es satisfactorio. Por muchos años, los abusos estaban limitados en gran medida a las fuerzas armadas y a la guerrilla. De hecho, muchos de los asesinatos eran "ataques por contrato" sufragados por los narcotraficantes y efectuados por los sicarios—asesinos profesionales. La guerra es aún más sucia porque los paramilitares están fuera de control e incrementando sus operaciones. El estado no se puede distanciar de los paramilitares—la evidencia muestra los lazos imperecederos.⁵³

No es un secreto que entre los grupos de derechos humanos las guerrillas han sido más favorecidas que los paramilitares. Si hay alguna predilección entre los grupos de derechos humanos, tanto en el ámbito nacional como internacional, es hacia la izquierda y no la derecha. Esto explica las situaciones en las que los paramilitares han aclamado que han matado a un guerrillero, mientras que otros aclaman que el individuo era un integrante de un grupo de derechos humanos y no de la guerrilla.⁵⁴ A menudo, funcionarios del gobierno se quejan que los grupos de derechos humanos están ansiosos por destacar los abusos cometidos por la policía, los militares y los paramilitares, pero que son muy lentos en criticar a las guerrillas.⁵⁵ Estas son las zonas grises de la guerra sucia.

Los niños son las víctimas más inocentes del conflicto. Las guerrillas son los peores transgresores cuando se trata de reclutar niños en calidad de combatientes. Los paramilitares también tienen niños dentro de sus filas, pero a un grado menor. Los paramilitares utilizan niños como sus "ojos y oídos"—ellos les proveen la mejor información de inteligencia ya que nunca son sospechosos de colaborar por su puerilidad. Por otra parte, la FARC no siente remordimiento con respecto a utilizar niños como combatientes. Algunos de los niños son de tan sólo 9 años de edad.⁵⁶

Una nueva estrategia
para Colombia

Hasta tanto el Presidente Pastrana fue elegido, Colombia ejemplificaba lo que David Jordan llama un estado anocrático—"las características del proceso democrático mientras que conserva las características de una autocracia, donde la élite gobernante no son responsables".⁵⁷ Pastrana no está obligado a los intereses de la droga, ni tampoco defiende el planteamiento status quo de los elitistas. Su meta es hacer la paz y mejorar las oportunidades para los colombianos.⁵⁸ No obstante, a Colombia le queda mucho por recorrer para convertirse en un estado verdaderamente democrático. Estados Unidos puede ayudar, pero necesitará una estrategia completamente nueva que sea original, completa, que apoye la democracia y que utilice un recurso importante y aún por descubrir—el pueblo.

La mejor solución es adoptar un planteamiento integrado para restaurar una seguridad que mantenga al gobierno responsable de la seguridad de su pueblo.⁵⁹ Esto requiere aplicar ideas antiguas a una situación nueva—las circunstancias complejas de Colombia. Para derrotar esta trinidad Hobbesiana, la voluntad del pueblo tiene que movilizarse, representarse y utilizarse para crear una paz democrática en su tierra socavada por la guerra. Se debe crear una Colombia nueva, una ciudad tras otra. La única manera de derrotar las fuerzas de desintegración y la anarquía es estableciendo la seguridad progresivamente—una ciudad tras otra, y así sucesivamente. Esta constelación nueva de entrelazar los centros de poblaciones tiene el potencial de lograr la seguridad a través de la defensa, respeto por los derechos humanos, soberanía política y un nuevo lazo con el gobierno nacional. Si bien es una misión difícil de lograr, la voluntad del pueblo colombiano pueda hacer una diferencia estratégica.

En pocas palabras, la defensa interna de Colombia se debe colocar en las manos del pueblo, al igual que el sistema de milicia que apoyó la creación de los Estados Unidos a través de sus números y tácticas poco convencionales. El gobierno en Bogotá ya está estudiando el establecimiento de una fuerza policial voluntaria, algo muy diferente de las iniciativas de autodefensa anteriores que fracasaron.⁶⁰ Un componente esencial que aumenta la probabilidad del éxito es la integración del apoyo nacional a los pueblos. Para que la seguridad sea una realidad, el sistema judicial, la policía y los militares tienen que establecer una relación duradera con cada comunidad. En la actualidad, las guerrillas controlan (tienen más influencia que el gobierno) aproximadamente el 40% del terreno colombiano. Más allá del Despeje (que es menos del 10% del país), los rebeldes controlan muchas aldeas y pueblos, destituyendo a jueces, policías y militares. Sólo los paramilitares han logrado algún éxito duradero en reclamar las zonas pobladas, pero sus métodos ilegales y asociaciones con los narcotraficantes son inaceptables.

Ni la policía nacional ni las fuerzas armadas pueden derrotar a las guerrillas, al menos en la actualidad. Cuanto más, han podido ahuyentar los ataques de la FARC. Pueden que disminuyan la velocidad de los narcotraficantes—nadie cree seriamente que pueden ser derrotados, incluso con el apoyo de los Estados Unidos. Ni la policía nacional ni las fuerzas armadas están comprometidas con derrotar a los paramilitares. Si bien dichos ejércitos privados han podido lograr lo que la policía y los militares no han podido lograr, ellos representan una amenaza fuerte para la soberanía del estado y los derechos humanos de los ciudadanos. Estas fuerzas irresponsables tienen que ser obligadas a entregar la lucha a la policía nacional, las fuerzas armadas y la nueva milicia.

Hay un caso andino reciente que trata sobre la utilización de una milicia o una fuerza de defensa civil. A fines de la década de los años 1980 y a inicios de los años 1990, Perú experimentó éxito y fracaso con un sistema de milicia de campesinos conocidos como rondas campesinas. Estas organizaciones de autodefensa fueron marginalmente exitosas antes de que el gobierno adiestrara, equipara y apoyara un sistema de defensa basado en la aldea en contra del Sendero Luminoso y las fuerzas de las guerrillas Tupac Amaru. En los pocos casos en que el gobierno le enseñó al pueblo destrezas básicas de defensa, y les proporcionó armamento de defensa y asesores militares (que estaban conectados a las fuerzas militares de reacción), es que los campesinos pudieron proveer seguridad a sus comunidades de manera eficaz.⁶¹ Al evaluar las rondas campesinas, David Scott Palmer destacó que cumplían con papeles políticos al igual que de defensa militar al fortalecer la organización de las comunidades locales. También destacó que parte de su éxito fue porque "podían cumplir más con las necesidades inmediatas de los campesinos que lo que el Sendero (Luminoso) estaba dispuesta a ofrecer".⁶²

Las milicias son una excelente demostración de la voluntad del pueblo. No consideradas una fuerza militar permanente, primero son civiles y luego soldados ciudadanos. Su primera responsabilidad es la comunidad. Los derechos humanos tienen una mejor oportunidad de ser protegidos porque los líderes cívicos proveen control inmediato de las milicias. El siguiente nivel de mando es la autoridad nacional militar. Las fuerzas de autodefensa excluyen a los soldados y líderes paramilitares, a menos que hayan sido investigados en busca de violaciones a los derechos humanos y luego hayan sido aprobados para ingresar a la milicia. Toda persona en la comunidad que sirve de manera voluntaria no sólo jura defender a su comunidad en contra de las guerrillas, los narcotraficantes y los paramilitares; sino además juran acatar las leyes de guerra terrestre y proteger los derechos de los ciudadanos de su aldea, pueblo o ciudad. La milicia o la fuerza policial es la cola que une a la comunidad ya que une a los militares, la policía, los tribunales, el gobierno local, los servicios sociales, la educación, el comercio, las iglesias y las organizaciones cívicas. Los soldados ciudadanos también cuentan con el potencial de poder reunir a Colombia como país, fomentando lazos con el gobierno nacional y estableciendo una cultura cívica aliada.

La misión más importante de la fuerza policial es librar a la comunidad del temor. Sólo cuando se haya logrado esto es que habrá alguna esperanza de cambio positivo. Por lo tanto, una estrategia eficaz tiene que incorporar medidas sólidas para reconstruir un sentido de seguridad bajo los preceptos de la ley. Antes de que los cambios políticos, económicos y sociales puedan construir una Colombia más democrática, los ciudadanos tienen que sentirse seguros que "sus vidas, libertades y propiedad y todo lo relacionado con ellos están protegidos".⁶³ Para muchas personas resulta difícil entenderlo ya que nunca han experimentado el temor de la manera como lo describe Judith Shklar que lo experimentó en otro tiempo y lugar.

Cuando se agregan las guerrillas y los narcotraficantes al reino del temor de Shklar, el nivel de terror personal se multiplica. La violencia viene de todas las direcciones. No hay cómo saber cuándo o quién será asesinado. La muerte puede venir de aquellos cuya aldea está cerca de un oleoducto que estalla porque el ELN lo consideró un blanco provechoso para debilitar el estado. Los paramilitares eliminan a personas por negociar con los que apoyan a las guerrillas. Aquellos que tratan de defender la ley son blancos para los narcotraficantes. El carácter accidental de la violencia surte un efecto aterrador en la vida cotidiana de los individuos. Francisco de Roux entiende muy bien este fenómeno colombiano.

Henry Shue también trata la importancia de combatir el temor colocando la seguridad en su lista breve de derechos básicos. Para los colombianos la lógica de Shue es apremiante. Él entiende claramente que, especialmente en un mundo en vías de desarrollo, no se puede hacer mucho a menos que primero se garantice la seguridad para todos los ciudadanos.

Para luchar contra el temor y fomentar la seguridad, Colombia tiene que crear lazos que unan a su sociedad. Apoyar una fuerza policial o milicia sólida y responsable constituye parte importante de crear la unidad y fortalecer la legitimidad del régimen. ¿Qué tomaría lograr que los ciudadanos se conviertan en guardianes competentes de sus comunidades? Primero, un cuadro de oficiales y soldados militares tienen que estar dedicados a capacitar a la milicia voluntaria del pueblo. Dicho cuadro debe pasar por lo menos un mes enseñándole a los voluntarios los conceptos básicos: mantener y disparar un rifle (arma defensiva), posiciones defensivas para pelear (emplazamiento táctico), movimiento táctico bajo fuego, cobertura y encubrimiento, prácticas de la unidad (unión y coordinación), comunicaciones (internas y externas), técnicas de primeros auxilios, acondicionamiento físico, cadena de mando y ética militar (derechos humanos). El líder civil superior que muestre capacidades militares se colocará a cargo de la unidad, junto con varios líderes subordinados que asistan al comandante. A las milicias de la comunidad se les proveerá un oficial militar (en calidad de voluntario) como asesor. Dicho asesor apoya al comandante de la milicia proporcionando asesoramiento táctico, pero no está en la cadena de mando. A los civiles voluntarios que pasen el adiestramiento de la milicia se les entregarán escopetas, municiones, estuches de limpieza y uniformes. Ellos juran defenderse entre sí, a su comunidad y a la República de Colombia.

Una vez establecida, el gobierno apoya a la milicia de cada comunidad, directa e indirectamente. Dentro de cada municipalidad, la policía nacional coordina a diario con los líderes de la milicia para intercambiar información, actualizar los requisitos de defensa, planificar adiestramiento y estar disponibles para aquellos ciudadanos que quieran expresarles sus inquietudes con respecto a la seguridad. Dichas reuniones podrían incluir otros representantes (funcionarios eclesiásticos, trabajadores de derechos humanos, jueces, etc.). El líder de la milicia tiene una oficina en la estación de policía que está equipada con un radio militar para contactar a las unidades militares y otras unidades de la milicia en la zona. La milicia de cada comunidad puede solicitar la ayuda de los militares para proveer una fuerza de reacción de soldados para ayudarlos a evitar un ataque en contra de su pueblo o aldea. Si están cerca, dichos soldados pueden transportarse rápidamente en vehículos militares a la comunidad disturbada y reforzar los esfuerzos de la milicia. Si están lejos, dicha fuerza puede efectuar un asalto aéreo por helicóptero. Dependiendo del nivel de amenaza, una fuerza de reacción podría ser del tamaño desde un pelotón (40 soldados) hasta una brigada (1.500 soldados o más). Una red entrelazada de seguridad es efectiva y eficaz; es el mejor método para combatir el temor y fomentar el respeto por la autoridad civil.⁶⁷

Las milicias necesitan otro apoyo del gobierno nacional. Deben ser remuneradas por los periodos de adiestramiento y cuando se activan para defender sus comunidades. El ejército necesita establecer grupos móviles que periódicamente evalúen el rendimiento de la milicia, concentrándose en asuntos tales como la competencia táctica, el estado de ánimo de la unidad, el apresto del equipo y el cumplimiento con las leyes de guerra terrestre (protección de los derechos humanos). Además, el ejército debe establecer una comisión jurídica para investigar, enjuiciar y sancionar a los integrantes de la milicia que violen las leyes militares. Esto no se recalca lo suficiente. Las milicias deben ser responsables, no sólo dentro de una estructura de mando, sino a un código de justicia que sanciona a los ciudadanos soldados por violar los derechos de los integrantes de la comunidad. Los integrantes de la milicia tienen que entender claramente que deben desempeñar sus deberes dentro de los preceptos de la ley, a diferencia de los paramilitares brutales, que quebrantan la ley tomando la "justicia" en sus propias manos y violan los derechos humanos en nombre de la seguridad.

Una vez que las comunidades estén más seguras, la estrategia cambia. El gobierno nacional está obligado a cumplir con las demás necesidades básicas del pueblo. Si bien el ingreso promedio de Colombia está dentro de la mitad superior de los países sudamericanos, la distribución de los ingresos en Colombia se tergiversó más durante la década de los años 1990—los ricos se enriquecen más y los pobres son más pobres.⁶⁸ Esta gran diferencia entre el rico y el pobre contribuye en gran medida al crecimiento de la base de apoyo de la guerrilla, sin mencionar los narcotraficantes y los paramilitares. A menos que se pueda crear una oportunidad económica y el gobierno pueda actuar para ayudar a los de condiciones económicas bajas, Colombia permanecerá atascada en la anarquía.

Las iniciativas del gobierno para crear un mejor ambiente para la expansión de las actividades económicas pueden tomar muchas formas. Los militares pueden aceptar proyectos de acción cívica que han probado ser beneficiosos para la estabilidad y el crecimiento en América del Sur.⁶⁹ Mejorar carreteras, construir puentes, apoyar las clínicas médicas, transportar comida, mejorar los recursos de agua, ayudar a las escuelas y crear programas para la juventud son algunas de las cosas que los militares pueden hacer para ayudar a que las comunidades rurales crezcan. El gobierno nacional también tiene que mejorar la eficacia de sus empleados civiles quienes tienen encomendadas responsabilidades burocráticas para apoyar a la infraestructura. La corrupción penetra todo, provocando que las comunidades rurales no puedan obtener los proyectos que fueron prometidos, que fueron apoyados y pagados pero que nunca se efectuaron.⁷⁰ En un ambiente seguro, la ayuda internacional para el desarrollo puede pasar por el gobierno nacional a comunidades remotas proporcionándole préstamos a las pequeñas empresas, adiestramiento para trabajos y ayuda agrícola. Colombia puede reavivar sus relaciones con el pueblo ofreciéndoles ayuda económica a millones de ciudadanos que, en la actualidad, viven en la pobreza.

Para que Colombia pueda comenzar a reclamar sus tierras y pueblo, se necesita del apoyo del exterior, especialmente porque se encuentra en medio de una recesión económica. Considerado el tercer recibidor más grande de la ayuda de los Estados Unidos, tomará mucho más para salvar a Colombia de los demonios que la persiguen y proteger los derechos de sus ciudadanos. La actual política estadounidense hacia Colombia está, a lo más, incompleta.⁷¹ Estamos muy ansiosos de luchar contra las drogas, demasiado temerosos de las operaciones de contrainsurgencia y, evidentemente, colocando a la administración Pastrana en la posición envidiable de tener que apoyar una estrategia que el pueblo colombiano no considera convincente. Los recuerdos erróneos de las operaciones en América Central y Vietnam han creado una reacción de reflejo rotuliano hacia la lucha contra la insurgencia. Empeorando aún más la situación hay una fuerte inclinación por parte de las organizaciones de derechos humanos, miembros del Congreso y la élite de los medios de comunicación de protestar en contra de todo tipo de apoyo a la contrainsurgencia porque los abusos a los derechos humanos que la policía, los militares y las fuerzas paramilitares han cometido alrededor del mundo.⁷²

Es urgente que Estados Unidos apoye esta nueva estrategia de milicia ya que moviliza la voluntad del pueblo, los pone en control de su seguridad, los ayuda a reclamar sus comunidades, mejora la sociedad civil y los protege en contra de abusos a los derechos humanos. La milicia tiene el potencial de destituir a las guerrillas y exhortarlos a hacer la paz y ponerle fin a la guerra civil. Para lograr que esta milicia sea una realidad y un éxito, Washington tiene que ayudar apoyando económicamente esta propuesta. Está en nuestro interés nacional fomentar la democracia, conservar la tranquilidad en el país, crear un ambiente seguro para el comercio y proteger los derechos humanos.

Estados Unidos ha prometido su apoyo total al proceso de paz de Colombia. Sin embargo, dicho proceso no ha logrado mucho hasta el momento. Las guerrillas se están burlando de las negociaciones. Estaban contentos de aceptar el Despeje pero detestan conceder nada que disminuya su poder. Harán la paz cuando se les obligue a aceptar las condiciones de paz. La situación es demasiado poderosa, lucrativa y segura. Su apoyo por parte del público ya se está desvaneciendo.⁷³ Su estrategia de violencia ha convencido a la gran mayoría del pueblo que ya es hora de obtener la paz. Las estrategias actuales están comenzando a convertir a la guerrilla en algo menos provechoso, especialmente cuando las fuerzas de la élite han convertido a los narcotraficantes y a su seguridad en blancos. El eslabón perdido estratégico es cómo tornarlos más inseguros de manera que pudiese desear un acuerdo pacífico. Ninguna acción actual está lográndolo, por lo tanto es hora de considerar una nueva estrategia.

Los intereses nacionales estadounidenses en estos asuntos van mucho más allá de las fronteras de Colombia y tienen mayores consecuencias para nuestra seguridad nacional. Dichos problemas cuentan con un gran impacto regional. La guerra civil de Colombia ha desplazado a más de un millón de personas, algunos de los cuales han emigrado a países vecinos. Las guerrillas y los narcotraficantes han penetrado los países fronterizos de Venezuela, Brasil, Perú, Ecuador y Panamá.⁷⁴ Los efectos del tráfico de drogas también se sienten en México, Canadá y Estados Unidos. Indistintamente si es apoyo al tráfico o el consumo de drogas, la corrupción y las pérdidas humanas son muy significativas. Además, Colombia es de una importancia económica enorme para Estados Unidos y el resto del hemisferio, más allá de los recursos naturales. Si México es la entrada a la Zona del Libre Comercio de las Américas (FTAA—propuesta para 2005), entonces Colombia es la pieza clave.⁷⁵ Si Colombia no se estabiliza, no habrá una comunidad hemisférica económica. Será una proposición de todo o nada cuando se trata de América del Sur, por lo tanto Colombia es de mucha importancia para nuestra capacidad de extender el libre comercio a lo largo de las Américas. Tenemos que proteger nuestros intereses hemisféricos apoyando la democracia. Además, ya es hora que Estados Unidos desarrolle una nueva estrategia político-militar para las Américas, una que cambie la estructura, orientación, actitudes y técnicas. Al hacerlo, tendremos una mayor capacidad para fomentar la democracia, proteger los derechos humanos, reaccionar rápidamente para brindar ayuda humanitaria, extender el libre comercio y fortalecer relaciones duraderas que crean un mejor entendimiento y cooperación.⁷⁶

En rumbo al camino equivocado

Los acontecimientos del año 2000 no son buenos pronósticos para el futuro de Colombia. Bogotá está al borde de conceder otro despeje al ELN. Larry Rohter describe un cuadro inquietante en The New York Times.

Esta estrategia de concesión para fomentar las negociaciones de paz no ha funcionado muy bien. Políticamente, la FARC es ahora más fuerte. Es un gobierno de facto en el proceso de imponer un "arancel de la paz" en los ciudadanos y las empresas en la zona. Para que nadie los supere, el ELN utilizó actos terroristas (sabotaje y secuestros) para forzar al Presidente Pastrana a conceder otra zona.⁷⁸ Al aplacar las guerrillas, Colombia se aleja cada vez más de la paz. Sólo demostraciones de fuerza y determinación por parte del gobierno pueden disuadir a las guerrillas de más violencia y hacer que la paz sea algo que ellos deseen.⁷⁹ Enrique Santos Calderón, codirector del periódico colombiano El Tiempo, reflejó la frustración cada vez mayor del pueblo; "El Presidente Pastrana es un rehén del proceso de paz con la FARC".⁸⁰ No hay ningún progreso en el proceso de paz; las guerrillas no conceden nada. Su razonamiento es que ellos no negociarán hasta tanto el gobierno detenga lo que ellos afirman es una alianza del gobierno con las fuerzas paramilitares. Además, la FARC se opone a cualquier diálogo con las fuerzas paramilitares. Fabián Marulanda, arzobispo de Florencia, criticó esta resistencia de la FARC declarando, "Esto es como el comportamiento de un niño pequeño que se enoja y no quiere hablar más".⁸¹

Los resultados de las operaciones en el campo de batalla están mezclados. Desde noviembre de 1999 hasta mayo de 2000, los militares tuvieron éxito en el combate en contra de las fuerzas rebeldes.⁸² El apoyo mejorado de Estados Unidos jugó un papel importante en los beneficios militares en su lucha en contra de los rebeldes, pero igual de importante fue la transición dentro de los líderes militares superiores—desde veteranos burocráticos hasta de combate con experiencia en brigadas móviles. Para octubre de 2000, la situación cambió significativamente. La ofensiva militar para recuperar la región Putumayo al sur fue enfrentada por una resistencia fuerte por parte de la guerrilla, indudablemente a causa del hecho que esta es una zona importante de producción de drogas y una fuente para apoyar económicamente a los rebeldes. Las fuerzas paramilitares también están luchando para proteger sus intereses financieros—dinero por proteger a los narcotraficantes—y proveer una medida de seguridad que ni los militares ni la policía han podido lograr.

Tanto los militares como las guerrillas han sufrido bajas cada vez mayores.⁸³ Los militares estaban particularmente desconcertados cuando, además de perder 56 soldados durante una campaña de la FARC, perdieron uno de sus preciados helicópteros Black Hawk. Sin embargo, el comandante militar superior en la zona consideró la batalla una victoria para las fuerzas colombianas.⁸⁴ De hecho, el estado de ánimo ha mejorado entre los soldados. Pero la FARC está, discutiblemente, ganando la guerra más grande de tres maneras importantes. Primero, están ocasionando más inestabilidad entre los civiles en la región y socavando las iniciativas de los militares y la policía.⁸⁵ Esta inestabilidad está arraigada a la falta de capacidad de los militares de mantener control del territorio reclamado, a causa, en gran medida, de que las unidades más grandes han sido asignadas el control de más territorio que el que ellos pueden ocupar eficazmente.⁸⁶ Segundo, han logrado exitosamente poner más de relieve a los paramilitares por sus atrocidades que a ellos. Tercero, los rebeldes están participando en más operaciones fronterizas y transfronterizas, sin mencionar el provocar que los campesinos huyeran a las fronteras.⁸⁷ El resultado es que los estados en la región están escépticos con respecto a la porción militar del Plan Colombia y la participación de los Estados Unidos.⁸⁸ Además, está ocasionando un efecto en un partidario clave del Plan Colombia, el Representante republicano de Nueva York, Benjamín Gilman, quien está retirando su apoyo por inquietudes acerca del incremento en la violencia y la posibilidad de violaciones a los derechos humanos en vista de que los militares están desempeñando un papel más importante.⁸⁹ Gilman está a favor de la policía. En juego están helicópteros que se necesitan para aumentar la movilidad y el factor sorpresa.⁹⁰

El apoyo presupuestario de Estados Unidos para Colombia enfrentó seria resistencia en el Congreso durante la primera mitad del año 2000. Los críticos afirman que brindarle más apoyo económico a los militares dará como resultado más abusos de los derechos humanos a medida que las operaciones se expanden más allá de la lucha contra las drogas. Según el Senador demócrata de Vermont, Patrick Leahy, "Lo que estamos presenciando es el incremento de una política de contrainsurgencia en nombre de la política antidroga".⁹¹ Si Leahy está en lo correcto, se debe a una "atadura de manos" por un Congreso perturbado por los fantasmas de la contrainsurgencia.⁹² La única esperanza de lograr un enfoque más equilibrado es una nueva administración que pueda persuadir al público y al Congreso a adoptar una nueva estrategia para ayudar a lograr la paz en Colombia. El Diálogo Interamericano—suena casi Clausewitziano—recomendó recientemente que Estados Unidos debe continuar "ayudando a convertir el ejército de Colombia en una fuerza mejor capacitada y más profesional", destacando que esto "nivelará el campo de juego en Colombia, cambiará los cálculos de las guerrillas y logrará que se inclinen más hacia una negociación seria".⁹³

¿Qué se debe cambiar para lograr la paz? Para comenzar, los militares y la policía no deben estar en pugna entre sí en un concurso por "meter sus narices en el comedero fiscal". Es posible que el Representante Gilman desee que Estados Unidos cambie su apoyo de los militares a la policía porque están menos contaminados por los abusos a los derechos humanos.⁹⁴ Por supuesto, que se ignoran dos puntos importantes. Primero, la policía es más corrupta que los militares.⁹⁵ Segundo, son menos capaces que los militares cuando se trata de luchar en contra de narcotraficantes protegidos por los ejércitos de las guerrillas. Cuando las fuerzas de las guerrillas participan, las unidades militares tiene que ser la respuesta apropiada. Trabajando mancomunadamente, los militares y la policía pueden restaurar la seguridad, especialmente si se unen con esta nueva milicia que es controlada por el gobierno.

Más importante aún, el gobierno tiene que crear una actitud de ganar y no de perder. Tal como Michael Radu destaca dolorosamente, la diferencia de la contrainsurgencia entre Perú y Colombia es que Perú decidió adoptar una actitud agresiva en contra de las guerrillas y Colombia ha tenido una voluntad muy débil y ha sido demasiado complaciente.⁹⁶ Perú tuvo éxito y Colombia no está cerca ni a la paz ni a la victoria. Una diferencia importante es que las guerrillas colombianas están mejor adiestradas, equipadas y guiadas que las de Perú. Por lo tanto, Colombia tiene que hacer más para lograr la seguridad que es la razón por la que Colombia ha buscado y asegurado la ayuda del exterior. Radu destaca que "el pueblo armado" en la forma de rondas campesinas hizo la diferencia en proporcionar la seguridad en las zonas remotas.⁹⁷ Los intentos anteriores de Colombia con respecto a la autodefensa han sido desastrosos, tales como CONVIVIR, a causa de la falta de control y apoyo por parte del gobierno. El resultado de esto ha sido el temor del pueblo y del gobierno de establecer otro programa de milicia.⁹⁸ Una respuesta común a esta recomendación de una nueva fuerza de milicia es que "Colombia ya tiene suficiente violencia con los paramilitares y las guerrillas; darle armas a los civiles sólo empeoraría las cosas".⁹⁹ Esta resistencia ante el desastre es frustrante, por lo menos.

Las dinámicas del conflicto en Colombia son intrincadas. Las guerrillas no cuentan con apoyo difundido, sin embargo se les permite expandir su poder. Ellos hablan de hacer la paz, pero no han hecho ningunas concesiones.¹⁰⁰ El estado ha fracasado en mantener el derecho humano más básico para los ciudadanos—la seguridad personal. La intensificación de las operaciones militares ha servido para desalojar a los ciudadanos y crear tensiones en los estados vecinos. Los narcotraficantes, supuestamente el blanco principal del Plan Colombia, no están perdiendo ganancias, ya que han adquirido el dominio sobre el "juego del globo" y han cambiado las rutas para embarcar las drogas. Los paramilitares insultados, condenados como los violadores de los derechos humanos y apoyados económicamente por el dinero de la droga, han sido los más eficaces en luchar contra las guerrillas. Los civiles se quejan de la falta de seguridad, pero por mucho tiempo aprobaron una política de conscripción que excluía a las clases medias y altas de servir a la causa de la libertad y la democracia. Las instituciones gubernamentales están débiles, y gran parte de ello se debe a la profundidad y alcance de la corrupción entre los legisladores en el Congreso.¹⁰¹ A menos que los colombianos se enfrenten a la violencia anárquica, su futuro es, de hecho, tétrico.

Conclusión

El pueblo colombiano ha padecido suficiente. Por más de medio siglo han tenido que soportar las injusticias de los políticos, los economistas y la sociedad, bajo una apariencia de democracia. Ellos han estado sujetos a una de las guerras civiles más sangrientas jamás vista en este hemisferio. Al carecer de representación, oportunidades y una verdadera sociedad civil, surgió un monstruo Hobbesiano para tratar la naturaleza paradójica de este país política, económica, social y geográficamente diverso. Dichas fuerzas representan las peores pasiones de la humanidad—violencia, avaricia, corrupción, anarquía e intimidación. Para ganar la paz que el pueblo tanto desea se necesitarán la voluntad del pueblo, el compromiso político, recursos financieros y mucha paciencia.

Hay una ventana de oportunidad para que Estados Unidos establezca una alianza sólida con la administración optimista y enérgica del Andrés Pastrana, un líder colombiano que está sumamente comprometido con la paz, la democracia, los derechos humanos y las oportunidades económicas. Washington no debe permanecer atado a estrategias antiguas y de poco éxito. Es hora de apoyar una nueva estrategia que resuelva los problemas colombianos complejos y trate las inquietudes de ayuda traídas a colación por varias facciones políticas en Washington. Los aspectos no militares del Plan Colombia no se pueden llevar a cabo hasta tanto el pueblo deje de vivir en un temor constante de morir violentamente. Washington no debe sucumbir a preferir la policía en lugar de los militares, o huir de integrar a los ciudadanos en una arquitectura de seguridad, siempre y cuando estén adiestrados, equipados y controlados por el gobierno.

La misión de las fuerzas armadas de Estados Unidos, y en particular del Ejército, es la de ayudar a Colombia en cuanto a adiestramiento, equipamiento y asesoramiento de sus fuerzas para reestablecer la seguridad humana, una condición esencial para la democratización y el desarrollo. Esto se debe llevar a cabo sin aumentar nuestra presencia o influencia—poder lograr un ambiente seguro para sus ciudadanos es la tarea de Colombia. Un planteamiento importante tiene que ser crear una milicia que esté integrada con la policía y el ejército, mientras que tienen que responder a la autoridad de gobierno. La clave es mantener la legitimidad y evitar los abusos a los derechos humanos. Si bien no es popular, esta misión de contrainsurgencia tiene mejores oportunidades de mejorar la seguridad humana que la actual estrategia antidroga, una lección que se aprendió en Perú. Luchar contra las drogas es una misión regional o hemisférica que requiere mayor coordinación y cooperación, sin mencionar la reducción de la demanda, para evitar el "efecto del globo".

Los derechos humanos se protegen mejor cuando los ciudadanos desempeñan un papel en el mantenimiento de su seguridad. La justicia, el desarrollo, un gobierno responsable, la oportunidad, todos señales de una sociedad civil, no se pueden alcanzar sin la seguridad. La paz no viene sin acción y las guerrillas se han burlado de los intentos del gobierno de extender su mano con una rama de olivo. Los esfuerzos para lograr la paz continuarán fracasando siempre que las prioridades de Colombia sean distintas a las necesidades del pueblo, sin mencionar los de la región, y estén obligados a intereses exteriores y estrategias que distorsionan la situación. Sin embargo, ya es hora que los colombianos luchen por la seguridad humana, la paz nacional y una democracia más profunda.

Notas

1. Gabriel García Márquez, El general y su laberinto, New York, NY: Knopf, 1990, Pág. 112–113.

2. David C. Jordan, Drug Politics: Dirty Money and Democracies (La política de las drogas: Dinero y democracias sucias), Norman, OK: University of Oklahoma Press, 1999, pág. 83.

3. Andrés Pastrana, “Colombian President Ridicules Rebel´s Claims to Help Poor” (Presidente colombiano ridiculiza alegaciones de los rebeldes de ayudar a los pobres), The Washington Post, 26 de noviembre de 1999, Pág. A19.

4. Colonel Joseph R. Núñez, “Where Do We Go From Here” (Hacia dónde vamos), artículo presentado en la conferencia “War and Peace in Colombia: Strategy for an Ambiguous Warfare” (Guerra y paz en Colombia: Estrategia para una guerra ambigua), U.S. Army War College (Colegio de Guerra del Ejército Estadounidense), Carlisle, Pennsylvania, 12 al 13 de noviembre de 1999.

5. Seyom Brown, Human Rights in World Politics (Los derechos humanos en la política mundial), New York, NY: Longman, 2000, Pág. 19. Pero consistente con la ideología de no-intervención y soberanía—protegiendo las tradiciones de los estados latinoamericanos, el régimen interamericano (OEA), a diferencia del sistema europeo, le permite a sus miembros que veten todo aquello que sepa a vigilancia supranacional, menos aún el cumplimiento supranacional.

6. Larry Rohter, "U.S. Anti-Drug Chief in Colombia, Speaks of Regional Crisis" (Jefe antidroga de Estados Unidos habla de una crisis regional), New York Times, 27 de julio de 1999, Pág. A4.

7. Sean D. Naylor, "U.S. Deployment Not Likely in Colombia" (Puede que no se lleve a cabo desplazamiento de Estados Unidos en Colombia), Army Times, 13 de septiembre de 1999, Pág. 16

8. Jordan, Pág. 99–116. Véase también Tim Weiner con Tim Golden, "Bill to Combat Drug Traffic Caught in Lobbying Battle" (Proyecto de ley para combatir tráfico de drogas atrapado en batalla de cabilderos), New York Times, 4 de noviembre de 1999, Pág. A8.

9. Carl von Clausewitz, On War (Sobre la guerra), Oxford, England: Oxford University Press, 1989, Pág. 49.

10. Michael Howard, Clausewitz, Oxford, England: Oxford University Press, 1983, Pág. 49.

11. Timothy P. Wickham-Crowley, Guerrillas & Revolution in Latin America (Las guerrillas y la revolución en América Latina), Princeton, NJ: Princeton University Press, 1992, Pág. 17–18.

12. Jordan, Pág. 168. Se debe destacar que las zonas con representación democrática más prometedoras son evidentes a los niveles de departamentos y municipalidades del gobierno. En vista de que están más cerca al pueblo que los funcionarios nacionales, estos funcionarios federales son más responsables en general.

13. Ibid, Pág. 19.

14. Racel Exhrenfeld, Narcoterrorism (El narcoterrorismo), New York, NY: Basic Books, 1990, Pág. xiii.

15. Ibid, Pág. 78.

16. Human Rights Watch (El centinela de los derechos humanos), War Without Quarter: Colombia and International Humanitarian Law (Guerra sin cuartel: Colombia y el derecho internacional humanitario), New York, NY: Human Rights Watch, 1998. Este libro ofrece una exposición detallada de los abusos a los derechos humanos cometidos por el estado, los paramilitares y las guerrillas.

17. Ministerio de Defensa Nacional, La fuerza pública y los derechos humanos en Colombia, Bogotá, Colombia: República de Colombia, 2000, Pág. 30. En 1999 ataques subversivos en contra de la fuerza pública mataron a 562 e hirieron a 809.

18. Edgar Torres, "¿Sentenciado por las FARC?", El Tiempo, 19 de septiembre de 1999, Pág. 1. El Dr. Jesús "Chucho" Antonio Bejarano, un profesor de universidad y negociador de la paz, fue asesinado en Bogotá el 15 de septiembre de 1999, mientras se dirigía a su salón de clases. Las autoridades opinan que fue ejecutado por la FARC en represalia al asesinato de un humorista, Jaime Garzón, por los paramilitares. Otros no están de acuerdo y alegan que los paramilitares no fueron los responsables.

19. Naylor, Pág. 16.

20. Amnistía Internacional, "Colombia: Amnistía Internacional condena ataque de la guerrilla al oleoducto dejando más muertos a más de 50 civiles", Informe de Prensa de Amnistía Internacional, 22 de octubre de 1998, Pág. 1.

21. Michael Radu y Vladimir Tismaneanu, Latin American Revolutionaries: Groups, Goals, Methods (Revolucionarios latinoamericanos: Grupos, Metas, Métodos), Pergamon-Brassey, Washington, DC: 1990, Pág. 153–154.

22. Marck Chernick, "The Paramilitarization of War in Colombia" (La paramilitarización de la guerra en Colombia), NACLA: Report on the Americas (Informe sobre las Américas), Vol. 31, marzo/abril de 1998, Pág. 29.

23. Ibid.

24. George Vickers, Washington Office on Latin America (WOLA) (Oficina de Washington sobre América Latina [WOLA] ), "Targeting de Guerrillas or the Traffickers?" (¿Atacando a las guerrillas o a los traficantes?), escrito presentado en la conferencia "Warm and Peace in Colombia: Strategy for Ambiguous War fare". U.S. Army War College, Carlisle, Pennsylvania, 12-13 de noviembre de 1999. Véase también Mark Fazlollah, "As Colombia Unravels, U.S. Searches for a Strategy" (A medida que Colombia se desenreda, Estados Unidos busca una estrategia), Philadelphia Inquirer Sunday Review, 28 de noviembre de 1999, Pág. D4. La expresión abuso a los derechos humanos es engañosa porque no incluye todos los tipos de violencia ilegal (véase nota 32).

25. Ibid.

26. Gabriel Marcella y Donald Schulz, Colombia´s Three Wars: U.S. Strategies at the Crossroads (Las tres guerras de Colombia: Estrategia de Estados Unidos en la encrucijada), Carlisle, Pennsylvania: Strategic Studies Institue (Instituto para Estudios Estratégicos), 1999, Pág. 4.

27. BBC News, "Colombian President Lambasts Rebels" (Presidente colombiano reprende a los rebeldes), 19 de noviembre de 1999, http://news.bbc.co.uk/ hi/english/world/americas/newsid_52900/529085.stm. Otras ofensivas importantes de la guerrilla se llevaron a cabo en julio de 1999 y julio de 2000.

28. BBC News, "Colombian Army Chief Says Rebels Defeated" (Jefe del Ejército Colombiano declara que los rebeldes han sido derrotados), 9 de noviembre de 1999, http://news.bbc.co.uk/hi/english/world/americas/newsid_52800/528760.stm.

29. Conversación confidencial del autor con un integrante de la plana mayor del Comando Sur de los Estados Unidos el 12 de abril de 1999.

30. Brigadier General Keith Huber, "U.S. Strategy for Colombia" (Estrategia de Estados Unidos para Colombia), artículo presentado en la conferencia "War and Peace in Colombia: Strategy for Ambiguous Warfare", U.S. Army War College, Carlisle, PA: 12–13 de noviembre de 1999. El General de Brigada Huber era Oficial de Operaciones, J-3, para el Comando Sur.

31. General de División Henry Medina, "The Military Strategy of the Colombian Armed Forces", (La estrategia militar de las Fuerzas Armadas de Colombia), artículo presentado en la conferencia "War and Peace in Colombia: Strategy for Ambiguous Warfare", U.S. Army War College, Carlisle, Pennsylvania: 12–13 de noviembre de 1999.

32. Ministerio de Defensa Nacional, Las fuerzas de seguridad y los derechos humanos en Colombia, Bogotá, Colombia: República de Colombia, 2000, Pág. 12. El Derecho Internacional Humanitario "exige a todos los combatientes de todas las partes que le den trato decente, ayuda y respeto a la vida de los adversarios que han sido destituidos del combate, que se han rendido o de cualquier persona indefensa y que eviten que la población civil no combatiente caiga víctima de las amenazas o el uso de la fuerza".

33. Ibid, Pág. 14.

34. Ehrenfeld, Pág. 74.

35. Germán Alfonso Palacio Castañeda, "Institutional Crisis, Parainstituionality, and Regime Flexibility in Colombia: The Place of Narcotraffic and Counterinsurgency" (Crisis institucional, parinstitucionalidad y flexibilidad en el regimen de Colombia: El lugar del narcotráfico y la contrainsurgencia), en Vigilantism and the State in Modern Latin America (Vigilantismo y el Estado en la América Latina Moderna), editado por Marth K. Huggins, New York, NY: Praeger, 1991, Pág. 105.

36. Ibid, Pág. 114.

37. Tim Golden, "Now, State of Siege, Colombia Style" (Ahora, estado de asedio al estilo de Colombia), New York Times, 10 de octubre de 1999. Véase también Report of an Independent Task Force (Informe de una fuerza de tarea independiente), Toward Greater Peace and Security in Colombia: Forging a Constructive U.S. Policy (Hacia mayor paz y seguridad en Colombia: Forjando una política estadounidense constructiva), New York, NY: Council on Foreign Relations (Consejo sobre Relaciones Exteriores), 2000, Pág. 8.

38. Carlos Lemos Simmonds, "El Nosferatu Institucional", El Tiempo, 20 de septiembre de 1999, wysiwyg://71://eltiempo.com/lunes/edi_n004tn0.html.

39. William Branigan, "Colombians Fleeing Homeland, U.S. Officials Worry About Tide of Immigration" (Colombianos huyen de su patria, funcionarios de Estados Unidos temen marea de inmigración), The Washington Post, 28 de julio de 1999, Pág. A14.

40. Stanley Hoffmann, "The Politics and Ethics of Military Intervention" (La política y la ética de la intervención militar), Survival, Vol. 37, invierno de 1995–96, Pág. 31.

41. Ibid.

42. Michael J. Smith, "Humanitarian Intervention: An Overview of the Ethical Issues" (Intervención humanitaria: Una reseña de los asuntos éticos), en Ethics & International Affairs, editado por Joel H. Rosenthal, Washington, DC: Georgetown University Press, 1999, Pág. 273.

43. Andrés Pastrana, Plan Colombia, Bogotá, Colombia: Gobierno de Colombia, 1999, Pág. 7–8.

44. Heraldo Muñoz, "The Right to Democracy in the Americas" (El derecho a la democracia en las Américas), Journal of Interamerican Studies and World Affairs, Vol. 40, primavera de 1998, Pág. 1–17.

45. Hoffmann, Pág. 34

46. Juanita Darling, "Colombians Take Bold Steps on Road to Peace" (Los colombianos toman pasos firmes en el camino hacia la paz), Los Angeles Times, 21 de noviembre de 1999, Pág. 1.

47. Javier Castaño, "Discurso ante la plenaria de la Asamblea de la ONU ayer, Cooperación, No Intervención: Pastrana, El Tiempo, 21 de septiembre de 1999, wysiwg://17://eltiempo.com/hoy/ppl_a000tn.html.

48. Smith, Pág. 287.

49. Ibid, Pág. 288.

50. Lawrence Whitehead, "The Drama of Democratization" (El drama de la democratización), Journal of Democracy, 10 de octubre de 1999, Pág. 87.

51. Jerry Seper, "Drug Czar Rips Clinton, Congress on Funding" (El zar de la droga destroza a Clinton y al Congreso con respecto a ayuda económica), The Washington Times, 2 de diciembre de 1999, Pág. 13.

52. BBC News, "Colombia Offers Reward in Human Rights Slayings" (Colombia ofrece recompensa por captura de asesinos de trabajadores de derechos humanos), 1 de febrero de 1999, file://C:\WIND...\BBC, News Americas. Las autoridades colombianas han ofrecido una recompensa de más de US$30,000 por información que conlleve a la captura de paramilitares derechistas sospechosos de asesinar a dos trabajadores de derechos humanos durante el fin de semana.

53. Human Rights Watch/Americas, Colombia´s Killer Networks: The Military-Paramilitary Partnership and the United States (Las redes de asesinos de Colombia: El consorcio entre militares y paramilitares y los Estados Unidos), New York, NY: Human Rights Watch, 1996, Pág. 2–3 y 105–150. Human Rights Watch/Americas consiguió un plan secreto de reorganización de la inteligencia militar conocido como Orden 200–05/91. Véase también a Scott Wilson, "Colombian General Convicted of Killings; Collaboration With Paramilitaries Seen" (General colombiano culpado de asesinatos, se sospecha colaboración con los paramilitares), Washington Post, 14 de febrero de 2001, Pág. A19.

54. Human Rights Watch, Washington Office on Latin America, Amnistía Internacional, "Colombianos defensores de derechos humanos en peligro", febrero de 1999, http://www.igc.org/colhrnet/newscont/monitorstatemente.htm.

55. Conversación confidencial con un alto funcionario colombiano durante la conferencia "War and peace in Colombia: Strategy for Ambiguous Warfare", Carlisle, Pennsylvania, 12–13 de noviembre de 1999.

56. Centro de Análisis Sociopolíticos, Juguetes de Guerra, Bogotá, Colombia: Centro de Análisis Sociopolíticos, 1999, Pág. 55–56.

57. Jordan, Pág. 21.

58. Andrés Pastrana, entrevista con Mike Wallace, C-SPAN, 7 de diciembre de 1999.

59. Andrew Hurrell, "Security and Inequality" (Seguridad y la desigualdad), en Inequality, Globalization and World Politics (Desigualdad, globalización y política mundial), editado por Andrew Hurrell y Ngaire Woods, Oxford, UK: Oxford University Press, 1999, Pág. 261. La capacidad en descenso del estado de imponer un orden legítimo ha logrado que en muchas partes del mundo se privatice la violencia a medida que diversos grupos sociales pueden cada vez más movilizar una fuerza armada; y la privatización de la seguridad a medida que los grupos sociales buscan protegerse a sí mismos, ya sea mediante el crecimiento del vigilantismo, la formación de grupos paramilitares o la compra de la seguridad dentro de un mercado comercial en expansión. En lugares donde la seguridad privatizada ha sido más visible como en Rusia y Colombia, los débiles y los pobres son los más vulnerables. En este caso, como en otros, el estado puede ser, de hecho, gran parte del problema, pero permanece como una parte inevitable de la solución.

60. General (jubilado) Álvaro Valencia Tovar, "The Military and the Peace Process" (Los militares y el proceso de paz), artículo presentado en la conferencia "War and Peace in Colombia: Strategy for Ambiguous Warfare", U.S. Army War College, Carlisle, Pennsylvania: 12–13 de noviembre de 1999.

61. Colonel Joseph R. Núñez, "Where Do We Go From Here" (Hacia dónde vamos), artículo presentado en la conferencia "War and Peace in Colombia: Strategy for Ambiguous Warfare", U.S. Army War College, Carlisle, Pennsylvania, 12 al 13 de noviembre de 1999. Véase también Mark Fazlollah, "As Colombia Unravels, U.S. Searches for a Strategy", Philadelphia Inquirer Sunday Review, 28 de noviembre de 1999, Pág. D4.

62. David Scott Palmer, ed., Shining Path of Peru (El Sendero Luminoso de Perú), New York, NY: St Martin’s Press, 1994, Pág. 262.264.

63. Judith N. Shklar, "The Liberalism of Fear" (El liberalismo del temor) en Political Thought and Political Thinkers, Stanley Hoffmann, ed., Chicago, IL: University of Chicago Press, 1998, Pág. 8.

64. Shklar, Pág. 9, 11.

65. Reverendo Francisco de Roux, "La sociedad civil en medio del Magdalena", artículo presentado en la conferencia "War and Peace in Colombia: Strategy for Ambiguous Warfare", U.S. Army War College, Carlisle, Pennsylvania, 12 al 13 de noviembre de 1999, Pág. 1.

66. Henry Shue, Basic Rights (Derechos básicos), Princeton, NJ: Princeton University Press, 1996, Pág. 21.

67. Thomas A. Marks, Maoist Insurgency Since Vietnam (Insurgencia maoista desde Vietnam), London, UK: Frank Cass, 1996, Pág. 278–279. Marks alega que el éxito de Perú al luchar contra la insurgencia fue ayudado al unir las milicias de campesinos a las unidades militares, estableciendo la presencia del gobierno y arrebatándole los campos a las guerrillas.

68. Frances Steward y Albert Berry, "Liberalization and Inequality", en Inequality, Globalization, and World Politics, Andrew Hurrell and Ngaire Woods, editors, Oxford, UK: Oxford University Press, 1999, Pág. 172.

69. Cynthia McClintock, "The Decimation of Peru´s Sendero Luminoso" (La muerte del Sendero Luminoso del Perú) en Comparative Peace Proceses in Latin America (Procesos de paz comparativos en América Latina), Washington, DC: Woodrow Wilson Center Press, 1999, pág. 230.

70. Martín Hodgson, "Corruption Highway" (Autopista de la corrupción), Christian Science Monitor, 22 de noviembre de 1999, Pág. 6. Según informes oficiales una autopista a Mogotes, Colombia, fue pavimentada cuatro veces. Aunque se pagó, el trabajo nunca se realizó.

71. General (jubilado) Frederick Woerner, panel presentado en la conferencia "War and Peace in Colombia: Strategy for Ambiguous Warfare", U.S. Army War College, Carlisle, Pennsylvania, 12 al 13 de noviembre de 1999. Véase también Marcela Sánchez, "Dardos al Plan Colombia desde Estados Unidos", El Espectador, 14 de noviembre de 1999, Pág. 5.

72. Editorial, "El papel que desempeñan las Américas en Colombia", New York Times, 31 de julio de 1999, Pág. 10.

73. Entrevista de Andrés Pastrana. El Presidente Pastrana mencionó una encuesta recientemente llevada a cabo en Colombia en la que sólo el 4% del pueblo apoya a las guerrillas.

74. Michael Shifter, "Colombia on the Brink" (Colombia al borde del abismo), Foreign Affairs, Vol. 78, julio/agosto 1999, Pág. 17. Véase también Betty Brannan Jaen, "Evitemos el Contagio", La Prensa, 14 de noviembre de 1999, Pág. 12.

75. Colonel Joseph R. Núñez, "Where Do We Go From Here" (Hacia dónde vamos), artículo presentado en la conferencia "War and Peace in Colombia: Strategy for Ambiguous Warfare", U.S. Army War College, Carlisle, Pennsylvania, 12 al 13 de noviembre de 1999.

76. Joseph R. Núñez, "A New U.S. Strategy for Mexico" (Una nueva estrategia de Estados Unidos para México), Low Intensity Conflict & Law Enforcement (Conflictos de baja intensidad y el cumplimiento de la ley), Vol. 8, Núm. 2, verano de 1999.

77. Larry Rohter, "Suddenly, Two Parts of a Nation That Aren’t There" (De repente, dos partes de un país que no están ahí), New York Times, 14 de mayo de 2000, Pág. 4.

78. Ibid.

79. Dennis M. Rempe, "Guerrillas, Bandits, and Independent Republics: US Counter-insurgency Efforts in Colombia 1959–1965" (Guerrillas, bandidos y las repúblicas independientes: Los esfuerzos de la contrainsurgencia de Estados Unidos en Colombia de 1959–1965), Small Wars and Insurgencies (Pequeñas guerras e insurgencias), Vol. 6, Núm. 3, invierno de 1995, Pág. 304–327. Este artículo es un excelente relato de los resultados positivos de la contrainsurgencia por Colombia con ayuda de los Estados Unidos.

80. Luz María Zapata, "El Presidente Pastrana es un Rehén del Proceso de Paz con las FARC", El Espectador, 31 de octubre de 2000, Pág. 1.

81. Ruth Morris, "Rebels Freeze Colombia Peace Talks" (Rebeldes congelan conversaciones de paz en Colombia), Los Angeles Times, 15 de noviembre de 2000, Pág. A13.

82. Entrevista del autor con un analista de Colombia en el Cuartel General del Comando Sur de los Estados Unidos, Miami, Florida, 19 de mayo de 2000.

83. Bogotá Caracol Televisión, "Ofensiva Militar Recuperará Putumayo", 19 de octubre de 2000, FBIS LAP20001019000093.

84. Juan Forero, "Colombia Says Rebels Have Killed 56 Troops" (Colombia alega que rebeldes han matado 56 soldados), New York Times, 21 de octubre de 2000, Pág. 6. El General (jubilado) Charles Wilhelm, ex Comandante en Jefe del Comando Sur, en una entrevista con el autor el 2 de diciembre de 2000, en Washington, D.C., también proporcionó una evaluación positiva de las operaciones actuales en Colombia en la región del Putumayo a pesar de la falta de capacidad de los los militares de retener el territorio. El General Wilhelm opina que con el tiempo, y contando con el profesionalismo y el apoyo logístico del Ejército, a las guerrillas se les negarán recursos y perderán su capacidad para controlar el territorio.

85. El autor recibió un correo electrónico de un periodista internacional en Colombia el 3 de noviembre de 2000. Este periodista informa desde zonas peligrosas, tales como la región del Putumayo.

86. Entrevista del autor con David Spencer, analista de Colombia para la CNA Corporation en Washington, D.C., el 30 de noviembre de 2000. Una división del Ejército fue designada a una zona de operaciones más grande que muchos países europeos. Básicamente, se le encomendó la misión que se le debió haber encomendado a varios cuerpos, una fuerza de cuatro a ocho veces más grande que una división.

87. Medellín, El Colombiano, "Ecuador presta ayuda a 500 refugiados colombianos" y Cali, El País, "FARC ataca aldea en Ecuador", 23 de octubre de 2000, FBIS LAP20001023000054.

88. Anthony Faiola, "Colombia’s Creeping War; Neighbors Now Fear Spillover of Violence" (La guerra progresiva de Colombia; Países vecinos temen proliferación de la violencia), The Washington Post, 1 de octubre de 2000, Pág. A1.

89. Christopher Marquis con Juan Forero, "Key House Leader Withdraws Support for Colombia Aid Plan" (Líder clave de la Cámara de Representantes retira apoyo al Plan Colombia), New York Times, 17 de noviembre de 2000, Pág. 10.

90. Según el Plan Colombia, tomaría dos años para preparar una flota de 75 helicópteros tanto para el Ejército como para la Policía Nacional. La mayoría de los helicópteros serían para el Ejército. El programa de emplazamiento de helicópteros está atrasado, las preocupaciones con respecto al mantenimiento son muchas, y se han convertido en el enfoque clave—opacando muchos otros aspectos del plan.

91. Anónima, "Colombia Conundrum" (La adivinanza de Colombia), Commonweal, 5 de mayo de 2000, Pág. 5.

92. Para un recuento crítico de la contrainsurgencia, véase Winifred Tate, "Repeating Past Mistakes: Aiding Counterinsurgency in Colombia" (Repitiendo los errores del pasado: Ayudando a la contrainsurgencia en Colombia), NACLA Report on the Americas, Vol. 34, septiembre/octubre de 2000, Pág. 16–19.

93. Informe del Foro Sol M. Linowitz, A Time for Decisions: U.S. Policy in Western Hemisphere (Tiempo para tomar decisiones: La política de Estados Unidos en el Hemisferio Occidental), Washington, DC: Inter-American Dialogue, 2000, Pág. 19.

94. Carta del Representante Ben Gilman al General (jubilado) Barry McCaffrey, jefe del ONDCP, 14 de noviembre de 2000. Resulta interesante destacar que si bien el Representante Gilman desea "cambiar toda nuestra ayuda para luchar contra las drogas a la Policía Nacional de Colombia", el también desea que Washington "comience un serio debate... para que estudie ayudar a los militares colombianos en su lucha contra los movimientos de la FARC y de las guerrerillas". El continúa opinando que nuestro país "se comprometería a ayudar a los militares colombianos en su lucha contra la contrainsurgencia, compatible con el respeto básico por los derechos humanos".

95. El índice de arrestos y destitución de la policía sobrepasan los de los militares. Sin duda, esto se debe en parte al hecho de que, tradicionalmente, la policía ha tenido la misión antidroga de más envergadura y han estado sujetos a más tentaciones de sobornos.

96. Michael Radu, "The Perilous Appeasement of Guerrillas" (La peligrosa pacificación de las guerrillas), Orbis, Vol. 44, verano de 2000, Pág. 378–379.

97. Ibid, Pág. 375.

98. Paz y Derechos Humanos, "Ministerio del Interior dice que armar a civiles aumentaría la violencia; No a milicias: Gobierno", El Colombiano, 25 de noviembre de 2000, Pág. 1.

99. Conversaciones del autor con colombianos civiles y funcionarios del gobierno entre noviembre de 1999 y junio de 2000. Véase también Marc Chernick, "Elusive Peace: Struggling Against the Logic of Violence" (Paz elusiva: Luchando en contra de la lógica de la violencia), NACLA Report on the Americas, Vol. 34, septiembre/octubre de 2000, Pág. 32–37.

100. Daily Brief, "Colombia: Renewed Turmoil" (Colombia: Disturbio renovado), Oxford Analytica, 10 de mayo de 2000. Durante los últimos dos años, varias encuestas en Colombia han revelado que el apoyo a la FARC ha sido tan bajo como un 4% y tan alto como un 6%.

101. Según Curtis Kamman, ex embajador de Estados Unidos en Colombia, por lo menos dos tercios del Congreso "es corrupto". Los comentarios fueron hechos en Carlisle Barracks, Pennsylvania, el 8 de diciembre de 2000.