Por Miguel Bonasso
Una
fuente de la inteligencia mexicana anticipó a Página/12 que la detención
de Ricardo Miguel Cavallo (alias “Sérpico” o “Marcelo”) “abre
un proceso de investigación que puede llegar muy alto y generar grandes
sacudones en nuestros dos países”. La realidad confirma el pronóstico:
ayer se rumoreó en la capital azteca que estaría por renunciar
Herminio Blanco, titular de la Secretario de Comercio y Fomento
industrial (SECOFI) y responsable de haberle concedido el registro de
vehículos a un conglomerado empresario donde hay un delincuente
extranjero como el detenido Cavallo. Por otra parte, una investigación
de este diario sobre la historia negra de la empresa Talsud, donde el ex
represor figuraba como director, también confirma que recién nos
asomamos a la punta de un ovillo que puede conducir al famoso botín de
la guerra sucia. Los nexos de la firma argentina que controla el
Registro Nacional de Vehículos (RENAVE) en México revelan que los
personajes más siniestros del Grupo de Tareas 33/2 de la Escuela de Mecánica
de la Armada siguen operando juntos, ahora en el plano de los negocios
turbios. Datos de la Inspección de Justicia confirman que Cavallo era
socio del célebre operativo de la ESMA Jorge Carlos Radice (alias “Ruger”)
en las operaciones de Talsud y su asociada Seal Lock en licitaciones de
Mendoza y La Rioja vinculadas también al otorgamiento de licencias para
conductores. En la Ciudad de Buenos Aires Seal Lock tiene a su cargo la
entrega de registros. Ambas empresas –con directivos
intercambiables– se conectan a través de Sérpico Cavallo con Martiel
SA, creada en 1988 por el empresario menemista Miguel Angel Egea,
vinculado a la extrema derecha peronista y la represión clandestina en
Córdoba y el mismísimo “Tigre” Jorge Acosta, ex jefe de
inteligencia del GT 3.3./2. En Mendoza se asociaron con el Grupo Vila,
uno de cuyos principales ejecutivos es José Luis Manzano, el ex
ministro del Interior de Menem, que abandonó el cargo sospechado de
“robar para la corona”. Y ésta es solo la punta del ovillo...
En 1997, cuando fue a renovar su pasaporte en la Policía Federal, el
capitán de corbeta retirado Ricardo Miguel Cavallo (alias “Sérpico”)
nombró entre las personas que podían dar referencias suyas al señor
Jorge Carlos Radice, ex operativo de la ESMA que participaba en los
secuestros y traficaba con los bienes de los secuestrados. También
denunció como lugar de trabajo Sarmiento 1820, que pertenecía en aquel
entonces a la empresa Martiel S.A., creada por Miguel Angel Egea y el
todavía capitán de fragata retirado Jorge “El Tigre” Acosta,
actualmente procesado y detenido por orden del juez federal Adolfo
Bagnasco en la causa por el robo de niños.
El Colorado Egea es un civil que fue secretario privado del brigadier Raúl
Lacabanne, interventor de Córdoba durante el gobierno de María Estela
Martínez de Perón y responsable del asesinato de Marcos Osatinsky,
entre otros crímenes ocurridos en la era de la Triple A. En esa época
se relacionó con el ex capitán Vergez (alias Vargas), que fue represor
en La Perla y a quien se acusa de haber traficado con bienes de los
desaparecidos. En 1987, Egea se vincula con otro dirigente peronista,
Julio César “Chiche” Aráoz, que luego sería funcionario de Menem
y uno de los responsables de la campaña proselitista de Eduardo Duhalde.
En el nacimiento del menemismo Egea se mudó a la Capital para trabajar
con Alberto Kohan en la Fundación de Estudios para la Argentina en
Crecimiento (FEPAC). Está procesado en dos causas judiciales por
estafa. En 1992 el juez Martín Irurzun le dictó la prisión preventiva
en relación con el astillero Astilsud, causa en la que también estuvo
procesado el Tigre Acosta. El juez Norberto Oyarbide declaró extinguida
la acción penal “por prescripción”.
En abril de 1999, al renovar la cédula y el pasaporte, Sérpico Cavallo
escribió en el formulario de la Federal “ocupación: empresario” y
fijó un nuevo domicilio: Moreno 794 2º Capital Federal. La sede de
Talsud S.A.,una empresa que haría pingües negocios en el país y en el
extranjero al calor de la benevolencia de los gobernantes democráticos,
que no solo perdonan la represión clandestina sino que otorgan
concesiones de actividades públicas a los torturadores del pasado.
Tal el caso del gobernador justicialista de Mendoza Rodolfo Gabrielli,
que en 1995, aparentemente influido por el empresario Luis María
Casero, privatizó el servicio de licencias de conducir otorgando la
concesión a la UTE (Unión Transitoria de Empresas), conformada por
Talsud, Sheuen SA y Seal Lock SRL. En la actualidad el señor Casero es
gerente general del Grupo Vila-Manzano y director ejecutivo del diario
La Capital de Rosario. Antes fue director del banco Mendoza durante la
gestión de Raúl Moneta y por tal motivo fue procesado por el juez
mendocino Luis Leiva y luego desprocesado por el juez federal Gustavo
Literas. Casero, casualmente, presidía una de las empresas de la UTE,
Sheuen S.A. Que, curiosamente, había nacido para las actividades
agropecuarias y la caza. Ramos alejados de la informatización de
licencias, salvo que también se entienda por “caza” una atractiva
facturación que, según algunas fuentes, rondaba el cuarto de millón
de dólares cada mes.
Shehuen, sin embargo, entraría más tarde en colisión con Talsud y
Seal Lock por presuntas maniobras en su perjuicio.
El hombre que fue arrestado en Cancún y espera la posibilidad cierta de
ser extraditado a España, donde lo requiere el juez Baltasar Garzón,
estuvo cuatro años radicado en Mendoza a cargo de la suculenta concesión
y como representante de la UTE ante el poder provincial. Aunque en México
algunos funcionarios de la SECOFI lo presentan como “empleado”, en
la última asamblea de la sociedad, realizada en octubre del año
pasado, figura como “director” (el número tres) debajo del
presidente Víctor Taiariol y el vice Diego José Ferrario. Según La
Nación de ayer, Talsud fue demandada por sus ex socios mendocinos
“por presuntas maniobras defraudatorias”. Además, la auditoría de
la provincia detectó irregularidades y finalmente intervino la Justicia
designando un veedor y suspendiendo la vigencia del contrato.
Curiosamente, cuando se conformó la UTE en 1995, Shehuen SA aportó el
50%; Talsud el 47% y Seal Lock, el 3. Por Talsud firmó su presidente
Taiariol, pero por Seal Lock lo hizo el hombre que hoy está entre rejas
en el reclusorio Oriente de la capital mexicana. Lo cual demuestra que
Radice y Cavallo eran socios en Seal Lock. Una empresa dedicada, entre
otros rubros, a la confección de credenciales y servicios de seguridad,
que se inició con un módico capital de 12 mil pesos.
Conviene detenerse un poco en el hombre clave de Seal Lock, el ex
teniente de fragata (contador) Jorge Carlos Radice (alias “Gabriel”
o “Ruger”), oficial de Logística y temible tirador, que en el
juicio a los Comandantes en 1985 declaró arrogante que él sólo
“apretaba el gatillo”.
Más creativo que un simple pistolero, fue el delincuente que se ocupó
de ir comercializando los bienes de los desaparecidos que se apilaban tétricamente
en el pañol del casino de oficiales de la Escuela de Mecánica de la
Armada durante los años del terror. A esos bienes robados a los
desaparecidos (televisores, heladeras, cocinas, ropa, etc.) pronto se
agregarían los inmuebles que fueron legalizados y comercializados a
través de diversos canales, entre ellos una inmobiliaria que regenteaba
un primo de Radice de apellido Barletta. Cuando Massera se retiró y
abrió su oficina en la calle Cerrito, donde manejaba su proyecto con
varios dirigentes políticos y sindicales del justicialismo y sus
negocios de compra y venta de armamento, se llevó a Ruger como
secretario. Allí Radice hizo diferencias que le permitieron convertirse
en empresario y también se vinculó con personajes de la derecha
peronista. Especialmente con algunos aliados estratégicos del grupo
derechista Guardia de Hierro que hicieron negocios con el masserismo y
hasta le sirvieron como cobertura paranegociar bienes arrebatados a
personas secuestradas, casualmente, en la provincia de Mendoza. Como
ocurrió con los célebres terrenos de Chacras de Coria de la familia
Cerutti. En 1989, Radice integraba orgánicamente Guardia de Hierro y
desde allí saltó al menemóvil de la mano de dos protectores: Miguel
Angel Egea y el geólogo Alberto Kohan, quien después sería secretario
general en la presidencia de Carlos Menem. A comienzos de los ‘90,
cuando el montonero arrepentido Rodolfo Galimberti protagonizó su
escandaloso casamiento en Punta del Este, Radice integró la selecta
concurrencia.
Igual que ocurre con Cavallo y otros represores de la ESMA que fueron
beneficiados en 1987 por la ley de Obediencia Debida, pesa sobre Radice
una orden de captura emitida por Garzón. A quien le interesan
sobremanera dos aspectos claves del terrorismo de Estado y sus secuelas:
la información secreta de la guerra sucia que los genocidas llevaron a
España y el botín de la guerra sucia que fue lavado por un misterioso
“Comandante Negro”. Hace tres años pensaba dialogar sobre estos
temas con el argentino Herberto Gut Beltramo, un ex empleado de
Juncadella que llegó a controlar la poderosa empresa de seguridad
Prosegur, pero no tuvo suerte: Gut se mató en un accidente de automóvil
una semana antes de concurrir al célebre juzgado número cinco de la
Audiencia Nacional de España. El mismo que solicitó y obtuvo la histórica
detención de Augusto Pinochet en Gran Bretaña.
Los socios de Radice en Seal Lock (además de su antiguo camarada Sérpico)
son los señores Guillermo Alfredo Mazaira y Osvaldo Hernando Figallo.
Lo que no puede negarse es que Talsud supo prosperar: de Mendoza saltó
a La Rioja, donde se le concesionó el control técnico (mecánico) del
parque automotor y la expedición de los registros de conductor. Luego,
al calor de algunos buenos amigos salvadoreños de los tiempos de la
contrainsurgencia, lograron que ex “camaradas” vinculados al
fallecido represor Roberto D’Aubuisson les abrieran las puertas del
registro automotor. Allí Cavallo dejó como virrey a su hermano Oscar,
el mismo que acaba de quejarse por una detención que calificó como
“secuestro judicial”, pero nada dijo cuando su hermano participó en
verdaderos secuestros, como el de Conrado Gómez, uno de los
desaparecidos cuyos bienes fueron a parar a las arcas del ex almirante
Emilio Eduardo Massera.
Aunque no es lo mismo La Rioja –con un parque automotor de 50 mil
unidades– o el propio El Salvador –con un registro que contabiliza
600 mil vehículos–, esas expansiones le alcanzaron a Talsud para
entrar a México, donde hay 15 millones de rodados. Y no de cualquier
manera, sino de la mano de Henry Davis, un megamillonario azteca hijo de
norteamericano que fue directivo del poderoso grupo Cifra. Una ambiciosa
operación que, a la postre, resultaría fatal para Ricardo Miguel
Cavallo. Uno de los tantos asesinos uniformados que al calor de una
democracia ciega se convirtieron en empresarios.
|
