Por Laura Vales

 La Legislatura bonaerense decidió poner fin a los cuestionados “fondos especiales” que le permitían a cada diputado disponer libremente de hasta 40 mil dólares por mes y a cada senador recibir ingresos “complementarios” por afuera del presupuesto. Tras la denuncia –formulada en Página/12 el 27 de agosto– de que en el Congreso de la provincia de Buenos Aires se usaban indiscriminadamente millonarios fondos negros con la cobertura de una ley (la 10.370), los senadores votaron su derogación. Los diputados hicieron lo mismo, pero con una modificación, por lo que ahora todo el paquete volverá al Senado. Pero en la Cámara de Diputados, sin embargo, no están dispuestos a decir públicamente en qué usaron el dinero de su caja negra. No son cifras menores: en el ‘98 gastaron 36 millones de dólares. En el ‘99 la suma trepó por encima de los 38 millones. Y en lo que va de este año, los diputados ya usaron cerca de 23. 
La decisión de terminar con la caja negra de la Legislatura bonaerense se tomó en la madrugada del miércoles, en una tormentosa reunión a puertas cerradas que se realizó en la residencia de Francisco Ferro, el presidente de la Cámara de Diputados. Allí, durante más de cuatro horas y en una discusión que se extendió hasta pasadas las tres de la mañana, diputados y senadores del PJ, la UCR y el Frepaso tuvieron un durísimo cruce sobre el camino a seguir. 
El acuerdo final fue que la difusión pública sobre la existencia de estos “fondos especiales” había hecho insostenible su continuidad. Así lo admitió anoche el presidente de Diputados minutos después votar una derogación que resistió durante casi dos semanas. “El hecho de derogar la ley se hace para salvar la honorabilidad de la Legislatura”, dijo Francisco Ferro en el recinto. El diputado no ocultó su malhumor por la trascendencia del tema en los medios: acusó al periodismo de “miserable” por haber “hablado de una caja secreta” y agregó que “conectar esto” con el escándalo por el supuesto pago de sobornos en el Senado nacional era “una canallada”. 
Ferro también dio su explicación de para qué se usó el dinero: “Para pagar la luz que nos ilumina y los teléfonos que usamos todos, que somos muchos”, enumeró entre otras cosas. Y juró que todo es fiscalizado por el Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires.
En realidad, tal como publicó este diario, es muy poco lo que el Tribunal puede controlar. Por un motivo sencillo: la propia ley que creó estos “fondos especiales” estableció que el dinero puede ser destinado a todo tipo de gastos, “cualquiera sea su naturaleza y ejercicio”. El Tribunal de Cuentas está tan limitado para hacer un control real que desde hace varios años se viene quejando, sin respuesta alguna. 
En su último fallo –el del año ‘98– le hizo un claro reproche a la Legislatura sobre el punto y subrayó que los diputados están “omitiendo la exposición y publicidad” de los gastos hechos a través de la ley 10.370. 
En el recinto de la Cámara de Diputados, Ferro también mostró su enojo porque este diario sostuvo que la caja negra de la Legislatura fue mantenida en secreto, durante años, por todas las administraciones. Y aseguró que de “acá para adelante va a ser todo transparente”. No hubo una sola mención, en cambio, sobre la revisión de los gastos que se hicieron en el pasado. 
Tal como publicó este diario, la Cámara de Diputados gastó a través de su caja negra 36.272.443 pesos en 1998, cuando Ferro era el responsable del manejo de esta cuenta. El año pasado el frepasista Alejandro Mosquera lo reemplazó en la presidencia de la Cámara; durante todo el ‘99 dio el visto bueno para usar una cifra aún mayor, de 38 millones de dólares. Para conocer en qué se usó ese dinero se necesita de una autorización expresa de la Cámara de Diputados. Ferro se comprometió ante este diario hace más de diez días a otorgarla. Ayer, a través de sus allegados, hizo saber a este diario que no la daría. Los “fondos especiales” fueron derogados primero por el Senado, por unanimidad. Con un pequeño detalle: incluyeron un artículo en la ley de derogación para poder seguir usando el dinero que les entró, hasta ayer, en su “cuenta especial”. Es decir que se comprometen a no recibir más fondos paralelos, pero no quieren devolver lo que la Gobernación ya les envió. 
Antes de la votación el vicegobernador Felipe Solá sostuvo que no estaba de acuerdo con la medida: consideró que la decisión fue tomada bajo presión y aunque admitió que la ley era “un mal instrumento”, porque podía prestarse a un uso discrecional, expresó que “podía mejorarse”. También dejó abierta una puerta para que los millonarios subsidios que hasta ayer se entregaban a través de esta ley puedan reciclarse, es decir que se sigan entregando a través de la elaboración de una nueva norma más transparente. 
Rápido de reflejos, Solá aprovechó para recordar que él ya publicó en Internet cómo la utilizó desde que asumió y que en cambio Diputados no había hecho lo mismo. Y volvió sobre el punto en una conferencia de prensa en la que directamente reclamó a las autoridades de la Cámara baja –es decir a los aliancistas Ferro y Mosquera– que “muestren cómo gastaron la plata, no sólo este año sino también los anteriores”. 
Los diputados trataron la eliminación de la caja negra por la noche y también la aprobaron por unanimidad. Con una diferencia: rechazaron el artículo por el cual Solá podría seguir utilizando los fondos ya depositados. Ahora, todo deberá volver al Senado para su tratamiento. 
Diputados y senadores coincidieron anoche, de todas maneras, en que la decisión política está tomada y que los fondos especiales de la Legislatura no tienen posibilidad de sobrevivencia. La medida fue calificada por todos como un gesto de transparencia hacia el futuro. Que deja afuera, por lo menos hasta ahora, cualquier revisión sobre el pasado.