INFORME ACERCA
DEL PROBLEMA
DE LA DEUDA
EXTERNA ARGENTINA
La magnitud de la deuda externa, su impacto en la economía y las consecuencias en el plano social y político, hacen que este sea el problema más grave que deba resolver la democracia Argentina.
Según fuentes
oficiales, la Deuda Externa Argentina (DEA), supera hacia mediados de
2000 los 155.000 millones de dólares. Los indicadores convencionales
utilizados por los Organismos Financieros Multilaterales permiten calificar a
Argentina como un país severamente endeudado.
Su condición de país de ingresos medios altos, lo excluye definitivamente de mecanismos de ayuda financiera, reducción o condonación de la DEA, como los diseñados para los Países Pobres Altamente Endeudados (PPAE) .
El Banco
Mundial califica a las naciones según su grado de endeudamiento en: severamente
endeudados, moderadamente endeudados y poco endeudados. Los criterios para
cada grupo se limitan a relaciones absolutamente económicas y el diseño de los
indicadores parece aproximarse más al interés por estimar el riesgo del crédito
que a la preocupación de contribuir a reducir la pobreza y la marginalidad.
A pesar de
su nivel de ingresos, el impacto de
la DEA se torna insostenible y las restricciones que le impone al progreso
económico y social de la Nación se pueden apreciar al considerar:
·
Representa más
del 55% del PBI (incluyendo la deuda externa de las provincias, u$s 20.000
millones, más del 62%),
·
Excede los 6
años de exportaciones. Solamente el pago de los intereses compromete la mitad de
las exportaciones de un año y los servicios de la deuda de corto plazo según el
B.M. alcanzan al 58,2%.
·
Los servicios de la DEA alcanzan al 7,4%
del PBI y solamente la atención de los intereses absorbe casi 1/4 de los
ingresos tributarios y de seguridad social de la Administración Nacional.
·
Al día de hoy
cada argentino nace con una deuda de u$s 4625.
LA INSUFICIENCIA DE LOS PROGRAMAS DE AJUSTE PARA
RESOLVER LA CUESTIÓN DEL DESARROLLO Y DEL ENDEUDAMIENTO.
A principios de
los noventa, luego de una década de retroceso del producto bruto y de crisis
hiperinflacionaria, Argentina inició un fuerte proceso de reforma y ajuste
estructural de su economía. La necesidad de recomponer el equilibrio
macroeconómico, combatir y exterminar la hiperinflación, no fueron causas
menores. Sin embargo, la influencia del endeudamiento y las condiciones
impuestas por los organismos multilaterales de crédito para honrarlo,
significaron:
·
una profunda
reforma del Estado;
·
la
privatización de Bancos y empresas estatales;
·
mayor apertura
de sus mercados a la competencia externa,
·
la
transformación del Sistema Nacional de Seguridad Social y
·
la
desregulación del sistema jurídico laboral.
El déficit
fiscal se redujo abruptamente, pasando del 6 % del PBI a superávit primario del
1,1% del PBI. La reforma monetaria impidió la monetización del déficit público,
liberalizándose el tipo de cambio bajo un régimen de convertibilidad que ancló
la paridad al dólar estadounidense. El comercio internacional se multiplicó por
tres.
Es posible que
la Argentina haya sido él "mejor y más disciplinado alumno" de los consejos y
recomendaciones de los Organismos Financieros Internacionales en materia de
Ajustes Estructurales y Liberación y Desregulación económica
Inicialmente
los resultados obtenidos lograron rápido crecimiento y estabilidad monetaria y
los ajustes producidos generaron respeto y consideración de la "Comunidad
Financiera Internacional". Argentina recuperó el Crédito .Es posible que haya
habido otras razones, pero seguramente el Talón de Aquiles o quizás el Caballo
de Troya del modelo se encontraba en esta última expresión. Los efectos de la
abultada, ilegítima y fraudulenta DEA, contraída a espaldas del pueblo y en
contra de sus propios intereses, por el gobierno militar de facto, se
prolongaron hasta nuestros días. Los ajustes para honrar la deuda, prioritando
sus servicios y para no irritar el humor histérico de los mercados financieros
se sucedieron progresivamente.
La nueva fase
del ciclo económico en Argentina, con estabilidad monetaria y crecimiento
económico, derivada de las profundas reformas estructurales, no consiguió
transformar el aumento del PBI en un verdadero Progreso Social. Pronto los
compromisos financieros externos sustituyeron los recursos destinados a los
programas sociales. El déficit acumulado de la Cuenta Corriente de la Balanza de
Pagos entre 1990 y 1999 alcanzó a u$s 70.200 millones, explicado
fundamentalmente por intereses crecientes de la DEA y su renovado ritmo de
expansión. En estos días el pago de intereses supera las asignaciones salariales
de la totalidad de la Administración Nacional, equivale al total de recaudación
del impuestos a las Ganancias y representa una vez y media el gasto en educación
y salud de la Nación.
Estos ajustes,
en los últimos años profundizaron la recesión y la concentración económica y
agudizaron los procesos de exclusión y marginación social, marcada por un
proceso de desempleo creciente del orden del 15% de la población económicamente
activa, más del 30% de los hogares debajo de la línea de pobreza y más de 8 % de
hogares indigentes.
En conclusión,
a pesar de haber realizado los ajustes y reformas estructurales que se exhiben
como modelo al resto del mundo, la Argentina no sólo no ha resuelto el problema
del desarrollo sostenido sino que además ha agravado el problema del
endeudamiento.
La magnitud del endeudamiento, su
estructura de vencimientos y su altísimo costo en intereses constituye un
sistema perverso que integra el origen de la DEA, su acrecentamiento y el
mecanismo de explosivo del aumento de sus intereses. Este
sistema se rige por la lógica de la Usura. Existe usura cuando el acreedor
impone al deudor condiciones tales que éste nunca puede dejar de ser deudor. En
consecuencia, la deuda se vuelve perpetua y los servicios de intereses inhiben
la posibilidad de cumplimiento de la amortización del capital de esa deuda.
La magnitud del endeudamiento, obliga a la Nación a contraer deuda
para el pago de los intereses y el eufemismo de "riesgo país" encubre
la perversidad del sistema.
Argentina
debe recurrir a nueva emisión de deuda pagando tasas de interés que duplican o
más las tasas de interés internacionales. Durante el primer semestre de 2000,
cuando las tasas de interés internacionales han oscilado entre el 6,6% y 6,2%
anuales (bonos del Tesoro de U.S. a 10 años) ha emitido obligaciones en dólares
por más de u$s 9.000 millones, con un spread de entre 541 y 715 puntos básicos
sobre aquellas tasas (entre el 11,275% y el 12% nominal anual). Esto significa
aproximadamente un plus usurario en el costo de los intereses de u$s 550
millones por año, solo para esta emisión de deuda.
El país se endeuda hoy – por renovación y por nueva deuda - a un
promedio de u$s 2.000 millones de dólares por mes: unos 70 millones diarios. El
pago de Intereses implica un promedio de gasto público de 27 millones de dólares
por día: más de un millón de dólares de intereses por hora que pasa de nuestra
vida. Estos intereses son crecientes para los próximos años, estimándose que
serán del orden de los 11.000 millones para el 2001 y de 13.000 para el
2002.
Obviamente, si apenas llegamos – a costa de sucesivos planes de
ajuste fiscal – a pagar estos Intereses, nunca vamos a lograr descontar pagos
por capital.
Por eso hablamos de lógica de la Usura: porque nuestro país, como
la gran mayoría de los Estados deudores del mundo, no puede cancelar su deuda y
está forzado a refinanciar permanentemente sus vencimientos de capital pagando
nuevos y más elevados intereses.
LA OPCION ES
DEUDA SOSTENIBLE O DESARROLLO SOSTENIBLE.
La incidencia
de la deuda fraudulenta y detestable se traslada hasta nuestros días y su
impacto condena a una gran parte de los argentinos a condiciones extremas e
insostenibles de marginalidad, pobreza y desempleo. No sólo es insostenible la
atención de los servicios de dicha deuda, sino que su ilegitimidad de origen
implica la ilegitimidad de sus servicios.
Juan Pablo II en la Encíclica “Solicitud Rei Socialis” señala: “Es
ciertamente justo el principio de que las deudas deben ser pagadas. No es lícito, en cambio, exigir o
pretender su pago cuando éste vendría a imponer de hecho opciones políticas
tales que llevarían al hambre y a la desesperación a poblaciones enteras. No se puede pretender que las deudas
sean pagadas con sacrificios insoportables. En estos casos es necesario
encontrar modalidades de reducción, de mora o extinción de la deuda, compatibles
con el derecho fundamental de los pueblos a la subsistencia y al progreso”.
Las únicas
condiciones de sostenibilidad de la deuda que reconoce, son aquellas en las que
los servicios financieros no signifiquen una restricción al Desarrollo y
Progreso Social de los argentinos y en consecuencia el servicio de la deuda
sólo debería atenderse con el superávit del balance comercial. Los esfuerzos
y sacrificios de los argentinos en la búsqueda de la consistencia macroeconómica
y la solvencia fiscal y financiera han sido más que elocuentes durante los
últimos años de vigencia de las instituciones y de procesos democráticos y
representativos. La apertura de la economía y los beneficios recíprocos del
comercio internacional han sido asimétricos, derivando en el agravamiento de la
situación de pagos ante la indiferencia de las naciones acreedoras. La
persistencia en políticas proteccionistas, subsidios y prácticas distorsivas,
ejercida por los países más ricos del mundo en los mercados internacionales, ha
sido la causal fundamental de los desequilibrios externos de Argentina y el
origen de sus necesidades adicionales de endeudamiento.
Los criterios
para salir del cepo del endeudamiento deben trocarse desde el criterio de DEUDA
SOSTENIBLE hacia el de DESARROLLO SOSTENIBLE, para que todos los hombres del mundo
puedan acceder al inicio del Tercer Milenio a las condiciones de bienestar y
progreso que su condición humana les reserva.
EL ROL DE LOS
ORGANISMOS DE CRÉDITO MULTILATERALES.
Los organismos
de Bretton Woods, tanto el FMI como la OMC, han tornado su rol desde su objetivo
original de asegurar un adecuado nivel de liquidez internacional para fomentar
el intercambio y asegurar que las ganancias del comercio se distribuyan entre
todas las naciones, hacia el de "auditores de la consistencia macroeconómica" e
"interventores" en las políticas públicas nacionales para asegurar
prioritariamente los intereses de los acreedores, por sobre las necesidades
sociales, de empleo y desarrollo de las naciones endeudadas. El dilema de hoy
pasa por la necesidad de una redefinición de la función de dichos organismos
para que los aportes del ahorro externo dejen de ser las causas de "ajustes"
dolorosos y socialmente insostenibles para convertirse en una verdadera
contribución a la causa de la erradicación de la pobreza, el desarrollo
económico y el progreso social, en el marco de la Declaración Universal de los
Derechos Humanos y de los compromisos asumidos e incumplidos en la Cumbre de la
ONU sobre Desarrollo Social, en Copenhague en 1995.
A pesar de los
esfuerzos realizados, en un marco de libertad y funcionamiento de las
instituciones republicanas, hoy la gobernabilidad democrática se encuentra
gravemente amenazada,
El abandono por parte del Estado Nacional de finalidades sociales, en la búsqueda de minimizar el déficit fiscal creciente por el impacto de los intereses de la DEA, ha encontrado su límite. No son posibles mayores reducciones del gasto ni incrementos en la presión tributaria indirecta. El estancamiento de la economía y los niveles de desempleo y subempleo, junto con la precarización laboral alcanzan magnitudes críticas. Paradójicamente la debilidad de la economía pone en jaque el poder del gobierno. Cuya capacidad de amortiguar la crisis se ha minimizado como consecuencia de la pérdida de instrumentos autónomos derivada de las reformas estructurales.
La idolatría
del mercado ha desplazado al Estado hasta el grado de minimizar su rol como
palanca de transformación social para mitigar la crisis.
En el centro
del problema se encuentra la enorme dependencia del poder financiero
internacional expresada en la magnitud de la deuda externa y sus efectos
condicionantes. A ello se agrega el riesgo de gobernabilidad, que ha
inmovilizado al Estado hasta el punto de dejar de hacer lo imprescindible para
gobernar a la economía e integrar a la sociedad y lo ha limitado a hacer los
"ajustes" necesarios para que los mercados financieros no se intranquilicen, en
aras de subsistir agónicamente en un sistema donde la exclusión social se
profundiza y la inequidad se enseñorea.
Este informe
fue elaborado por el Lic. Teófilo C. Gomila y el Ing. Mario A. H. Cafiero y
refleja sus puntos de vista personales.