Lunes 17 de septiembre de 2007
Ven gran impacto de IETU a empresas
La aplicación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), cuya vigencia iniciará el 1 de enero de 2008, traerá un impacto en muchos de los sectores productivos del país
Fernando Pedrero
La aplicación del Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), cuya vigencia iniciará el 1 de enero de 2008, traerá un impacto en muchos de los sectores productivos del país.
Entre los sectores que se mencionan podrían enfrentar dificultades a la hora de determinar y pagar una tasa de 16.5% del IETU destacan el manufacturero (maquila), de autotransporte, los agronegocios, las instituciones financieras como cajas de ahorro, Sofoles y sociedades financieras, las industrias textil, del calzado, muebles y alimentos preparados y hasta empresas extranjeras que operan en México, que no podrán acreditar este impuesto en sus países de origen.
En un sondeo, expertos económicos coinciden en que el impacto recaudatorio de la reforma fiscal está por debajo de la meta prevista respcto al Producto Interno Bruto, pues los ingresos no superarán 130 mil millones de pesos.
Rogelio Ramírez de la O, analista económico, afirmó que la recaudación fiscal prevista tal como está aprobada la reforma no superará 1% del PIB, en función de las deducciones que se permitieron a algunos sectores.
“Este indicador está por debajo de lo que se vendió a los banqueros internacionales y a las agencias calificadoras, por lo cual, pese a la aprobación de una reforma tan esperada, no hubo excitación en los mercados”, dijo.
Explicó que la aplicación de una tasa en niveles de 16.5% en el IETU es elevada para los bajos márgenes de utilidad de la mayoría de las pequeñas y medianas empresas, principalmente de aquellas dedicadas a la manufactura cuyo margen de utilidad oscila en 3%. “Los márgenes de utilidad de éstas no permiten pagar bajo una base gravable tan amplia como la que tiene el IETU”, comentó.
En tanto, mencionó, aquellas grandes empresas que hoy pagan impuestos no tendrán problemas porque la tasa del ISR que pagan está por encima del IETU, que a la hora de acreditarla quedaría prácticamente sin efecto.
Señaló que, si bien el espíritu del IETU es evitar la elusión fiscal, se está dejando fuera a la mayor parte de los pequeños agricultores.
“La peor amenaza es que estas empresas se muevan a economía subterránea, porque les será difícil cumplir con el IETU y las nuevas normas fiscalizadoras”, advirtió.
Entre otras industrias impactadas están la de muebles, calzado, textiles y alimentos preparados artesanalmente, que están amenazadas por la competencia china.
José Luis Calva, analista del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, comentó que los sectores que podrían verse más afectados son el autotransporte, que está bajo un régimen especial; los agronegocios, las cementeras y aquellos corporativos que aplican una consolidación fiscal, de aquellos que abusan de los mecanismos de planeación fiscal agresiva para eludir el fisco.
14 de septiembre de 2007
Estrictamente personal
Raymundo Riva Palacio
14 de septiembre de 2007
Congreso El lado oscuro de los ‘spots’
Los senadores están resistiendo una embestida de radio y televisión por la reforma electoral. El problema es que sigue siendo insuficiente
El martes pasado sucedió algo espectacular en las comisiones unidas del Senado. Durante más de tres horas en una cadena nacional voluntaria, las principales empresas de radio y televisión del país marcharon sobre los legisladores, los desafiaron, los ningunearon y hasta los insultaron. Los propietarios y los conductores que aportan 96% de la información a los mexicanos denunciaron que la nueva reforma electoral es una amenaza para la libertad de expresión y desde ese momento han escalado la cruzada mediática contra legisladores y partidos. Estamos en medio de una discusión muy ruidosa, muy tramposa y muy peligrosa. No le asiste la razón política a la industria de la radio y la televisión, pero en los insuficientes términos como está planteada esta reforma, los que se sienten hoy afectados podrían resultar ganadores en el largo plazo, y los que hoy no murieron a noticierazos podrían arrepentirse si la Cámara de Diputados y los congresos locales que se necesitan para que la reforma sea constitucional no la profundizan.
El terreno de la guerra que estamos viendo no es por la libertad de expresión o del pensamiento, sino por los spots políticos. La molestia de los patrones —que se entiende desde el punto de vista del negocio— es que dejarán de percibir 3 mil millones de pesos en las elecciones de 2009 y 2012 por ese concepto y, como agravante, tendrán que incorporar en sus horarios de seis de la tarde a 12 de la noche un total de 18 minutos diarios para la propaganda política, a razón de tres minutos cada hora. Como dijo Rogerio Azcárraga, propietario de Radio Fórmula, perderán 30% del tiempo comercializable en ese horario y, además, rating. No le falta razón, dado que la política no se encuentra entre los temas de mayor interés general. El planteamiento capitalista de los propietarios fue químicamente puro. Pero los conductores son otra cosa.
La impresión es que muchos de ellos confundieron la gimnasia con la magnesia cuando sintieron que sus espacios informativos y de opinión eran puestos en la guillotina si difundían temas que pudieran formar valoraciones sobre candidatos, y que hipotéticamente modificaran preferencias electorales. No es así. La reforma electoral refrasea el artículo sexto constitucional y establece que “la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado”. Impecable.
Nadie se puede sentir amenazado. Se amplían las garantías a la libertad de expresión, y en aquellos puntos subjetivos los delitos por difamación y libelo ya están reglamentados en una legislación moderna. En realidad, la defensa no era sobre la libertad de prensa, sino por la libertad de empresa. La reforma no les impedirá informar de nada, como lo han venido haciendo desde hace dos elecciones presidenciales, ni elimina los sondeos, o las encuestas, o frena el presentar un mosaico de opiniones de actores y de ciudadanos. La reforma se refiere específicamente a la propaganda política. Mezclar el artículo sexto con el 41 constitucionales es un poco extraño. ¿Por qué los comunicadores abogan por algo que no es de su competencia sino de los políticos? Aseguran que es por la libertad, pero giran en torno a la defensa mercantil del spot.
La reforma electoral que aprobó el Senado establece en su artículo 41 constitucional que “la propaganda política o electoral que difundan los partidos deberá abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios partidos, o que calumnien a las personas”. Los senadores están pavimentando el camino al infierno de buenas intenciones. Modificar la ley para mejorar la calidad del debate político, como dicen que sucederá con esta modificación, es irreal. Hoy en día no hay ninguna ley que regule las campañas, positivas o negativas, y en las últimas elecciones tampoco pensaron en esto. Las campañas negativas no fueron invento de los medios, sino de los mismos legisladores. Quieren actuar en lo políticamente correcto —por cierto, una línea de pensamiento de origen conservador—, pero van rumbo a la equivocación.
Las campañas negativas no sólo son parte de la vida política en el mundo, sino que éstas, llamadas también de contraste, son las que mayor información aportan a un electorado. Las campañas negativas son lo mejor que les podría suceder a los políticos, pues generan interés y atención de un electorado que por lo general se aburre con ellos. Censurar los spots sí es un atentado a la libertad de expresión, pero de los candidatos a puestos de elección popular, no de los medios. Son ellos quienes deberían condenar a muerte esa prohibición, si llegan a entender que, lejos de beneficiarlos, los afectará.
No es lo único pernicioso. Los senadores construyeron una trampa que podrá arrastrarnos a todos en ella. Si se quedan con sus spots en horario prime time, habrá consecuencias. La menor es que en una actitud revanchista —¿alguien lo duda tras observar la embestida de medios electrónicos contra partidos y legisladores?— desaparecieran a los políticos y sus campañas de los noticieros porque, con el argumento objetivo de que son solemnes y aburridos, no son un buen negocio para las empresas, subrayando su eterno desinterés en la responsabilidad social del medio. Además, como lo están demostrando, los medios electrónicos no reconocen que los senadores, por más objeciones que pueda uno tener a la reforma en lo general o en lo particular, son un poder de representación popular.
Lo peor, pero más probable, es la institucionalización de las gacetillas políticas en radio y televisión, en forma más sofisticada que en la actualidad, y por lo mismo más eficiente, y que ese mejor debate político al que se aspira se convierta en propaganda disfrazada de información.
¿Cómo probar que una noticia de un estado o en un municipio puede no ser de interés general si la jerarquización de la información es tan subjetiva? ¿Cómo probar ante la autoridad que la entrevista a un aspirante a un puesto de elección popular no tiene autoridad para hablar sobre determinado tema, si este es un gobernante estatal o una figura política reconocida? Hoy en día hay algunos conductores de medios electrónicos que exigen hasta 250 mil pesos por entrevistar a alguna persona importante, sin que quede claro cuánto de ello entra a la tesorería de sus empresas. Pero si esta es la manera de acceder a recursos políticos, nada evita que surjan políticas empresariales donde se establezcan convenios comerciales de palabra, imposible de rastrear. Los medios no van a perder. La equidad en competencias electorales, sí. ¿La democracia? Bien, gracias, se encuentra fuera de México.
Tengan su reforma!
César Cansino
14 de septiembre de 2007
Que México necesita con urgencia una reforma electoral profunda que apuntale a nuestra incipiente y muy cuestionada democracia electoral es una verdad aceptada por todos. Si algo mostraron los comicios federales del año pasado fue precisamente que nuestro sistema electoral hacía agua por todas partes; que bastaba una elección muy reñida para que estallaran las insuficiencias e inconsistencias de la normatividad electoral.
Si la reforma no procedió antes fue porque las elecciones en 2000 la vacunaron. Parecía entonces que habíamos encontrado la fórmula perfecta para organizar elecciones e incluso se creó la ficción de que nuestro modelo era exportable a otros países. ¡Nada más ridículo! La diferencia entre los comicios de 2000 y 2006 fueron simplemente algunos puntos de diferencia entre los dos candidatos presidenciales más votados. Aquí no hay héroes ni villanos, simplemente circunstancias, y en el trasfondo la misma e inútil ley electoral, la de 1996.
Pero nadie quería verlo. Los partidos parecían encandilados con las bondades de la reforma electoral de 1996 y fuimos muy pocos los observadores que insistimos en esos años en las muchas incongruencias de la misma y advertimos que tarde o temprano debía modificarse de manera integral si se aspiraba a fortalecer la democracia. El hecho es que los castillos que se pretendieron construir eran de arena y hoy los partidos han debido reconocer la fragilidad de origen de la legislación electoral.
La pregunta que surge ahora es si la reforma electoral aprobada por el Senado el miércoles pasado cumple con las necesidades y exigencias de una auténtica democracia electoral, es decir, si está a la altura de lo que el país requiere o si constituye una reforma insuficiente a la que le sucederán nuevas reformas en el futuro, tan pronto como unos comicios muestren sus puntos débiles.
Si bien la iniciativa tiene avances importantes, son tantas las omisiones que no hay más remedio que aceptar que nuestra clase política sigue enferma de gradualismo y resulta incapaz de mirar más allá de la inmediatez de sus intereses de partido. Tal y como los partidos han presentado la propuesta, a las reformas de “tercera generación”, como muchos despistados han llamado a esta reforma, le sucederán reformas de “cuarta”, “quinta” y “n” generación. Más aún, tienen mucha razón quienes argumentan que con estas reformas se da una vuelta de tuerca más hacia la afirmación de la partidocracia en México, concebida como una perversión de la democracia en la que no existen suficientes mecanismos formales para contrarrestar y limitar el poder de los partidos mayoritarios. En los hechos, más que los ciudadanos, quienes ganan con esta reforma son los propios partidos mayoritarios, los cuales no ven afectados en lo más mínimo sus muchas prerrogativas e intereses al amparo de la ley.
Que se restrinja la publicidad pagada para promover las campañas de partidos y candidatos es un avance indudable. Para eso existen los tiempos oficiales del Estado que concesiona las frecuencias a los medios privados. México adopta con esta decisión un principio básico de sana distancia entre los partidos y los medios que opera casi en todas las democracias consolidadas del mundo. Por eso, muy pocos ciudadanos se tragaron la embestida de los consorcios televisivos y radiofónicos que al ver afectados sus intereses pusieron el grito en el cielo, inventando toda clase de patrañas. Resultaba patético escuchar a “comunicadores” tan mediocres y sin ninguna autoridad moral defendiendo la libertad de expresión y erigiéndose en paladines de la democracia. ¡Qué absurdo! Como si los ciudadanos no supiéramos el origen de la concesión a TV Azteca o la complicidad que durante años tuvo Televisa con el viejo régimen priísta.
Con todo, el avance queda empañado en el momento en que la reforma deja de lado aspectos igualmente cruciales. El asunto de las candidaturas independientes quedó en el limbo, pues se omite el párrafo que las impedía pero no se reglamenta al respecto; la reelección de diputados y senadores simplemente no fue considerado, aunque algunos legisladores dicen que es parte de otra reforma en las previstas por la reforma del Estado; nada se avanzó sobre el voto de los mexicanos en el extranjero, que requiere de un régimen especial. El mecanismo de selección de los consejeros del IFE quedó intacto, siendo los partidos los que designan pese a que ese procedimiento vicia de origen la credibilidad del árbitro. Los mecanismos para la fiscalización de partidos siguen dándoles amplios márgenes de discrecionalidad en el manejo de sus recursos y actividades. El contralor del IFE designado por los partidos resulta un contrasentido a la autonomía de ese órgano. Por éstas y muchas otras omisiones, los partidos nos siguen debiendo. Con esta reforma se volvió a perder la posibilidad de ir al fondo de muchos de los problemas de nuestro sistema electoral. ¡Basta de simulaciones!