Consejo Nacional de Educación
EL CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN
A PROPÓSITO DE
LA HUELGA MAGISTERIAL
La
huelga del magisterio nacional, medida que los maestros no adoptan desde el año
1991 y que afecta a más de 6 millones de estudiantes, es una evidencia más de
la crisis crónica de la educación nacional y de su grave deterioro, de
consecuencias imprevisibles para el desarrollo del país. En ese contexto se
inscribe la dramática e inaceptable situación del magisterio, con bajos sueldos
y condiciones precarias para su ejercicio profesional.
Optar por la educación y el maestro
1) El Consejo
Nacional de Educación considera que mientras el país y la sociedad no tengan
una clara voluntad por dar prioridad a la educación en la perspectiva de una
política de Estado, el problema del magisterio no tendrá solución. Priorizar
significa optar, es decir, concentrar recursos en la educación, trasladarlos de
otros sectores, postergar o subordinar otros asuntos, reformar el esquema
actual de financiamiento del sector público, entre otras medidas. Es hora de actuar con verdad y definir
con claridad si existe una voluntad política y social de priorizar la educación
y dentro de ella la situación del magisterio nacional.
2) El país dio un paso importante
con la suscripción del Acuerdo Nacional por todas las organizaciones políticas
y de la sociedad civil. Hoy corresponde aplicar lo establecido en la doceava
política de Estado: incrementar anualmente el presupuesto destinado a educación
hasta llegar a un 6% del PBI y definir un pacto con compromisos recíprocos
entre Estado, magisterio y sociedad.
3) Si el país, desde su pobreza y escasez va a realizar un significativo y necesario esfuerzo por la educación y sus maestros, se necesitan cambios sustantivos tanto en el sistema como en el conjunto de actores educativos, incluido el magisterio para que con resultados concretos se justifique la inversión del Estado y las familias.
4) La agenda de este pacto social debe definir, en función de los objetivos de mejorar la calidad de la educación, aspectos tales como: el piso mínimo de la remuneración magisterial, aumentos diferenciados en base a una renovada carrera magisterial, la incorporación de criterios de responsabilidad, efectividad y desempeño para el ingreso, ascenso y permanencia en la carrera magisterial, mecanismos para una eficiente asignación de plazas docentes, políticas de formación inicial y continua, acreditación de instituciones de formación docente, definición de una política respecto a los directores de centro educativo.
Corresponsabilidad
en las soluciones
5) Este pacto debe precisar las responsabilidades de quienes están comprometidos en la construcción de los nuevos acuerdos entre Estado-sociedad-magisterio:
a) Es responsabilidad del gobierno ubicar el incremento a otorgarse este año en una política orientada hacia el objetivo de mejorar la calidad de la educación y, en ese marco, promover el desarrollo magisterial. Los Ministerios de Economía y Finanzas y de Educación deben diseñar un paquete de medidas conducentes al desarrollo magisterial sin sacrificar el presupuesto ya destinado a educación que atiende a los demás factores destinados a la calidad y equidad en educación.
b) Es responsabilidad del Ejecutivo proponer y del Congreso aprobar en la Ley de Presupuesto un incremento no inferior al 0.25% por año del PBI (0.50% para el 2004) y elaborar, con participación ciudadana, del gremio magisterial, los Ministerios de Educación y Economía y Finanzas, una ley de desarrollo magisterial que defina, en función de mejorar la calidad de la educación, los beneficios, incentivos y obligaciones del docente.
c) Es
responsabilidad del Foro del Acuerdo Nacional respaldar ambas iniciativas
(paquete de medidas y Ley Magisterial), definir cómo se va a priorizar la educación
y, con carácter de urgencia, convocar al pacto Estado-sociedad-magisterio.
d) Corresponde
al maestro y al gremio magisterial asumir compromisos concretos con el derecho
de los estudiantes a recibir una educación de calidad: capacitarse y ser
evaluado, responder por el resultado de su quehacer profesional, velar por la
ética de sus miembros, mostrar la calidad de su trabajo y ser evaluado e incentivado,
organizarse para que la huelga no perjudique a los estudiantes.
e) La
Defensoría del Pueblo, en coordinación con el Ministerio de Educación y los
Gobiernos Regionales deben crear una “defensoría de la educación” que promueva
el respeto a los derechos de estudiantes, maestros y comunidad en general.
f) Es
responsabilidad de los medios de comunicación darle un tratamiento profesional
al tema magisterial de modo que se
propicie la serenidad y la dignidad del magisterio.
g) Asumimos como responsabilidad del CNE
promover el proceso de concertación de una política de Estado de desarrollo
magisterial en el marco del Acuerdo Nacional, fomentar el debate público sobre
el tema y proporcionar insumos técnicos para llegar a soluciones satisfactorias.
Ante el pedido del sindicato por integrar el Consejo Nacional de Educación,
ésta como cualquier otra petición debe realizarse de acuerdo a los requisitos y
procedimientos para cubrir vacantes establecidos por el Decreto Supremo de su
creación y el reglamento respectivo.
Actuar con verdad, en
la perspectiva de una política de Estado y en un esquema de responsabilidades
compartidas constituiría una muestra de pedagogía política aleccionadora, que
devolvería la esperanza al desalentado sector magisterial y constituiría un
ejemplo en la consolidación de la democracia en el país. Esta sería una señal
clara de que el país aprecia la misión del maestro, de que él
tiene un lugar en la sociedad peruana y es respetado como profesional.
Lima, 16 de Mayo de
2003
Comité Directivo del Consejo
Nacional de Educación
Ricardo Morales S.J. (presidente);
Patricia Salas O’Brien (vicepresidenta)
José Rivero Herrera
(vocal); Idel Vexler Talledo (vocal);
Patricia Mc Lauchlan de Arregui (vocal suplente)