Consejo Nacional de Educación

 

EDUCACIÓN PERUANA: URGENCIAS Y PROPUESTA

A la opinión pública

El Perú vive desde hace una generación una larga y grave crisis: el deterioro de su educación. El sistema educativo se ha separado paulatinamente de las exigencias del desarrollo nacional. Ha dejado de ser para la mayoría de peruanos un instrumento de ascenso social y mejoría económica; es decir, un instrumento de igualdad y justicia. En los últimos años ha dejado de ser también una prioridad real de inversión y planeación del Estado, incumpliéndose el compromiso de incrementar, anualmente, la participación del presupuesto público de educación respecto del PBI hasta alcanzar un sostenido 6%.

Los diagnósticos elaborados desde perspectivas políticas y educacionales diferentes coinciden en señalar la inoperancia e irrelevancia de nuestro sistema educativo evidenciadas por pobres resultados académicos, altas tasas de deserción y fracaso escolar, frustración y desmotivación de un número creciente de docentes, y por una de las más bajas inversiones por alumno en América Latina. Esta situación no puede perdurar más y pone en riesgo el futuro del país y el de las nuevas generaciones. Sólo podrá ser superada con una clara y contundente decisión política al más alto nivel y con un compromiso de Estado y Sociedad que impulse y desarrolle el Proyecto Educativo Nacional.

El Consejo Nacional de Educación, en su obligación de ejercer permanente vigilancia del proceso educativo llama la atención sobre los asuntos siguientes:

1)      Se observa con expectativa, pero también con preocupación, el proceso de descentralización iniciado este año, ya que del éxito del mismo dependerá en buena parte el éxito de la ejecución de las políticas educativas. Si bien la descentralización es una promesa de mayor democratización y desarrollo de todos los pueblos del Perú, hay que alertar que el proceso se ha iniciado con un marco legal básico incompleto, sin un plan suficientemente claro de transferencia e implementación de competencias, con gobiernos regionales que en su mayoría nacen con presupuestos muy pobres y sin estrategias claras para los procesos de participación social.

2)      Un punto crítico es la necesaria continuidad en el desarrollo de la educación. No es dable que las alternancias de gobierno e incluso de ministros, lleven a rupturas y cambios traumáticos en el sistema educativo, se frenen programas en marcha, se descalifiquen métodos, se desestabilice al personal técnico, se angustie a los maestros y se desoriente a los padres de familia. Preocupan particularmente los cambios masivos de personal; el apresurado anuncio de un “nuevo modelo pedagógico” sin los estudios y debates necesarios y la escasa información sobre las características que tendrán los cambios curriculares durante el año escolar que se avecina; la ausencia de una respuesta sistemática a los graves problemas del magisterio nacional que se han agravado en los últimos años; la situación de los maestros contratados que han trabajado el año pasado sin haber cobrado sus sueldos y, la posibilidad de que esta situación vuelva a repetirse.

3)      Es indispensable que el Legislativo y el Ejecutivo, con sustento técnico, y teniendo como base la concertación plural definan el marco legal de la educación: la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley Orgánica del Sector, la normativa sobre el profesorado, la carrera y remuneración docente, las leyes que faltan sobre financiamiento de los gobiernos regionales, de incentivos para la fusión de Regiones, sobre el papel de los gobiernos locales en la educación. Esto debe ir acompañado de un plan de transferencia que asegure la asistencia técnica y capacitación necesarias a los Gobier­nos Regionales.

4)      El Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales de­ben establecer metas precisas para el año 2003 e informar trimestralmente sobre su consecución. Estas metas deben ser particularmente ambiciosas para programas de alta significación estratégica ligados a la lucha contra la pobreza, tales como la educación de la primera infancia, la educación inicial y la educación rural.

 

5)      Para que la administración educativa recobre el liderazgo que le corresponde, se requiere una conducción eficiente, respaldada por funcionarios altamente profesionales, com­pe­tentes, abiertos a las demandas y expectativas de la comunidad educativa nacional y de la sociedad en general. El Ministerio de Educación y los Gobiernos Regionales deben definir mecanismos transparentes, que tomen en cuenta factores como trayectoria, eficiencia y probidad profesional, en la designación de funcionarios del más alto nivel, tanto para la administración central como para las Gerencias de Desarrollo Social, las Direcciones Regionales de Educación y las Unidades de Gestión Educativa, desarro­llando una carrera administrativa bien remunerada, muy exigente, permanentemente evaluada en sus resul­tados y ajena a los vaivenes políticos.

6)      Es necesario llevar a cabo un proceso intenso, serio y planificado de evaluación, consulta y debate sobre la reforma curricular, la capacitación docente y la dotación de textos y material didáctico antes de ponerlos en vigencia. En consecuencia, el año 2003 debe dedicarse a preparar los cambios pedagógicos que empezarán a operar, en un contexto de descentralización, el año 2004. Se sugiere, asimismo, realizar los estudios orientados a crear el Instituto Nacional de Evaluación, Acreditación y Certi­ficación propuesto en los dictámenes de Ley de Educación.

7)      Los Gobiernos Regionales deben desde ahora imprimir su propio sello en cuestiones sustantivas relacionadas con el currículo, las políticas de equidad, las modalidades de organización escolar, los estilos de supervisión, recogiendo las experiencias e iniciativas generadas en sus propias comunidades,

desarrollando la capacidad de contraloría social de la población, fortaleciendo a los centros educa­tivos y apoyando e incentivando la iniciativa, creatividad y capacidad de decisión de los directores y equipos magisteriales.

8)      El gobierno debe respetar la condición profesional de los docentes y confiar en su disposición y capacidad para conformar equipos y ofrecer una educación de alta calidad a los niños, niñas y adolescentes del Perú. Deben hacerse públicas las estrategias para cumplir la promesa de duplicar el sueldo de los docentes, mejorar sus condiciones de vida y revalorar la profesión docente, incluyendo el control de calidad de las instituciones de formación pedagógica.

9)      Debe conformarse una comisión mixta de representantes de los Ministerios de Educación, Economía y Finanzas y congresistas de representación multipartidaria para ela­borar una ampliación presupuestaria que permita mejorar de inmediato las condiciones de vida de los docentes, así como preparar anteladamente el presupuesto del año 2004 para que recupere el aún no asignado adicional de 0.25% del PBI por año, acordado en la duodécima política de Estado del Acuerdo Nacional.

10)  La atención a las preocupaciones aquí planteadas requiere de una acción concertada por parte de muchos actores. Las organizaciones políticas e instituciones de la sociedad civil firmantes del Acuerdo Nacional, los medios de comunicación, las organizaciones de maestros, las universidades e instituciones educativas tienen el derecho y la responsabilidad de contribuir a enfrentar los graves proble­mas que aquejan a la educación.

 

En cumplimiento de las funciones que el país le ha encomendado,
el Consejo Nacional de Educación se ofrece a participar y monitorear 
la implementación de las acciones sugeridas.

 

Lima, 30 de enero de 2003

 

Miembros del Consejo Nacional de Educación del Perú, periodo 2001 – 2006: 

·            Comité Directivo: Padre Ricardo Morales (Presidente); Patricia Salas O´Brien (Vice-presidenta del Consejo); Manuel Bello Domínguez, Idel Vexler Talledo y Carlos Malpica Faustor (vocales).

·             Consejeros miembros: León Trahtemberg Siederer; César Barrera Bazán; Baldo Kresalja Roselló; Luisa Pinto Cueto; Luis Piscoya Hermosa; Walter Peñaloza Ramella; Heriberto Bustos Aparicio; Constantino Carvallo Rey; Sigfredo Chiroque Chunga; Aurora Marrou Roldan; Hugo Díaz Díaz; Elsa Fung Sánchez; Jesús Herrero Gómez; Gerardo Ayzanoa del Carpio (con licencia); José Barletti Pascuale; Patricia Mc Lauchlan de Arregui; Edmundo Murrugarra Florian; Grover Pango Vildoso y José Rivero Herrera.

Secretario Ejecutivo: José Martín Vegas Torres.