DISCURSO DE LA PRESIDENTA DEL CONSEJO DE MINISTROS BEATRIZ MERINO
ANTE EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA

18 de julio de 2003

 

Señor Presidente del Congreso de la República,
Señores Congresistas,
Compatriotas:

INTRODUCCIÓN

Sean mis primeras palabras portadoras de un saludo del Gabinete que presido al Congreso de la República, columna vertebral de nuestro sistema democrático.

Me complace volver a este soberano recinto en mi condición de Presidenta del Consejo de Ministros del régimen democrático que preside el doctor Alejandro Toledo, ya que anteriormente integré este Congreso como senadora y, luego, como congresista.

Al iniciar mi presentación, deseo rendir homenaje a ilustres parlamentarios que tuve la fortuna de conocer y escuchar en este ámbito, y que ya no están con nosotros. Vienen a mi memoria las imágenes de aquellos que se entregaron al Perú con inteligencia y coraje desde estas mismas curules. Me refiero a Roberto Ramírez del Villar, Luis Alberto Sánchez, Jorge del Prado, Manuel Ulloa, Manuel Moreyra, Carlos Malpica Silva Santisteban, Gustavo Mohme Llona y Daniel Estrada, entre otros. De ellos aprendí que el principal deber del congresista es servir a los ciudadanos, con valor y de acuerdo a principios. Los recuerdo con respeto porque lo sacrificaron todo, con su reconocida capacidad, al servicio de nuestra patria.

Vengo al Congreso en cumplimiento del Artículo 130° de la Constitución para exponer ante ustedes y, por su intermedio, a toda la ciudadanía, los lineamientos de la política general de gobierno que aplicará el Consejo de Ministros que presido.

Señor Presidente, señoras y señores congresistas: venimos en busca de la confianza del Congreso que implique su compromiso con los lineamientos que voy a exponer. Tengo una expectativa: no se trata de un voto de confianza sólo a un Gabinete. Con este respaldo está en juego la recuperación de la confianza de los peruanos en su Estado y en sus dirigentes.

Este Gabinete trabajará con honestidad, austeridad, eficiencia y transparencia. Es necesario que se sepa que no se atenderán pedidos de privilegios o favores políticos, y que no se aceptará ningún tipo de presiones. Que nadie se moleste, por tanto, en gestionar tratos preferentes.

Debemos revalorizar la política para que su sentido consista en equilibrar el ejercicio del poder y la capacidad de decisión. Ustedes coincidirán con nosotros en que la política no debe ser el instrumento de los grupos de poder económico. La política debe encarnar los intereses de todos los ciudadanos y fomentar nuestro espíritu solidario.
Mediante el diálogo tolerante y el pluralismo construiremos el futuro que queremos para nuestro país: una patria sin déspotas y sin siervos, la que soñaron los fundadores de nuestra República.

Las oportunidades perdidas a través de nuestra historia republicana han propiciado una sociedad con profundas desigualdades. La mayor parte de nuestros compatriotas vive en la pobreza, sin empleo digno y en la inseguridad, situaciones que requieren soluciones que no son fáciles ni inmediatas. Muchos son los que se sienten marginados y excluidos, y consideran que el porvenir es una puerta cerrada para sus hijos.

El Perú de hoy se caracteriza por el predominio de la desconfianza y la debilidad de su tejido social, y por el individualismo exacerbado. En el contexto de la globalización de la economía, de la cultura y de las comunicaciones, esta grave situación amenaza con arrebatarnos los rasgos de nuestra identidad nacional.

Por ello, del desempeño que alcancemos como país en los próximos años dependerá que los peruanos participemos de los beneficios y la prosperidad que ofrece la sociedad del conocimiento. No nos engañemos. Cada vez será menor nuestra viabilidad como país si continuamos dependiendo casi exclusivamente de la exportación de materias primas y no revaloramos nuestros recursos, sin considerar a la persona como fin supremo de todos nuestros esfuerzos y sacrificios.

Ello nos obliga a superar pasados desencuentros, evitar personalismos, buscando consensos que, al mismo tiempo que fomentan la ganancia individual, contribuyen al beneficio colectivo y establecen una paz social.

En este cometido no caben exclusiones. Es una tarea que corresponde a todos los peruanos, y más aún a quienes desempeñamos, ya sea en el Ejecutivo, el Congreso o en la sociedad civil, una función al servicio de la Nación.

Por estas razones, desde que fui nombrada Presidenta del Consejo de Ministros, he sostenido conversaciones con líderes políticos, congresistas, gremios empresariales y centrales sindicales. Necesitamos escuchar y compartir las preocupaciones que emergen de las demandas sociales de diferentes sectores y de los Gobiernos Regionales. Celebramos la generosa receptividad y la coincidencia de todos, cuando hemos aludido, sin protagonismos innecesarios, a los intereses superiores de la patria.

UNA VISIÓN PARA EL PERÚ

Si no sabemos de dónde venimos, qué somos y adónde vamos, siempre seremos un país sin rumbo. Por ello, como Presidenta del Consejo de Ministros, propongo una visión del país que nos oriente.

Veo al Perú del futuro como una sociedad cohesionada y orgullosa de la riqueza que le proporciona su diversidad cultural, en la que se haga realidad la igualdad de derechos y oportunidades, sin distinción de género o de raza, haciendo posible la realización espiritual y material de todos los peruanos.

En esa sociedad, la vigencia de los valores éticos determinará los modos de producción y las relaciones entre las personas e instituciones, haciendo del Perú un país próspero en donde el diálogo y la tolerancia habrán permitido que seamos eficaces en erradicar las desigualdades extremas y la violencia.

En ese Perú del futuro habremos eliminado la pobreza extrema y alcanzado una sociedad sin injusticias, desigualdades ni arbitrariedades.

El Estado será un eficaz conductor de los destinos de la Nación, creando las condiciones para el desarrollo de la creatividad y del empeño ciudadano y alentando el fortalecimiento del sector privado y la sociedad civil en la común tarea de alcanzar una vida digna y de calidad para todos, actores y beneficiarios del progreso y de su integración en el mundo globalizado.

Esta visión es ambiciosa, pero también realista. Si todos los peruanos, cada uno en su quehacer, hacemos bien lo que debemos hacer, inspirados en estos ideales, nada nos detendrá.

 

Compatriotas: Ahora pasaré a resumir las políticas de gobierno que, como Estado, nos conducirán hacia ese modelo de sociedad, advirtiéndoles que se trata de un proceso, y no de promesas, en el que tenemos que perseverar si queremos avanzar hacia el logro de ese bienestar futuro.

Veinte días después de haber asumido su gestión, este Gabinete les presenta estas políticas de gobierno, que se agrupan en tres rubros fundamentales: política económica, política social y políticas sectoriales.

POLÍTICA ECONÓMICA

HACIA UNA NUEVA POLÍTICA ECONÓMICA AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS

Desde el año 2002 y en lo que va del 2003, la economía nacional ha iniciado una importante recuperación del crecimiento económico con estabilidad, es decir, con una inflación baja y controlada. Las perspectivas de continuar creciendo en el 2004 serán reforzadas con el inicio de la explotación del gas de Camisea.

No obstante, debemos considerar que esta recuperación apenas nos coloca en los de por sí ya bajos niveles de actividad de la recuperación económica más reciente, la de 1997. Como el crecimiento poblacional prosigue, el nivel del crecimiento económico por habitante es aún insuficiente. Por ello existe un comprensible descontento con los resultados alcanzados hasta el momento. El Gobierno debe estar lejos de exhibir una actitud autocomplaciente. Por el contrario, los avances deben alentarnos a una mayor autoexigencia.

Algunos sostienen que el problema radica en que los beneficios del crecimiento tardan en llegar a la mayoría de la población, y que es cuestión de esperar. Lo cierto es que los beneficios son insuficientes, y aun así están mal distribuidos. Tampoco podemos esperar que, solamente con el avance de la recuperación de la economía, el empleo y los ingresos vayan mejorando gradualmente. Un Gobierno democrático responsable por el bienestar de los ciudadanos no puede darse por satisfecho con este nivel de avance, y no puede esperar.

Por estas consideraciones, las líneas centrales de nuestra propuesta de una nueva política económica al servicio de los ciudadanos establecen:

• Primero) El mercado y el Estado deben estar al servicio de los ciudadanos y no al revés. La seguridad o estabilidad jurídica deben corresponder y beneficiar a la mayoría de la población, y no a una minoría.

• Segundo) Se deben regular adecuadamente los mercados de bienes y servicios, y de capitales y de trabajo, de manera que se eliminen las ineficiencias y las rentas monopólicas; que no existan privilegios y que no se cometan abusos contra los agentes económicos.

El modelo de crecimiento con empleo

Las fuentes principales del crecimiento económico son: el aumento de la inversión privada, el incremento de la productividad y la promoción de la competitividad que genera aumento de las exportaciones y de una producción nacional que compita con eficiencia con los bienes importados.

Mi convicción es que la responsabilidad del desarrollo económico recae en el sector privado empresarial. Se generarán más y mejores empleos a través de la creación de más y mejores empresas. En concreto, se debe revisar la estructura actual de incentivos que fomentan la inversión privada, tendiendo a ofrecer condiciones cuando menos comparables a las de nuestros competidores. Todo ello en el entendido de que el cumplimiento de la Ley está garantizado.

Salvo en minería, pesca y petróleo, la productividad total de los factores en el país, en promedio, se encuentra estancada, lo que nos atrasa más respecto de nuestros competidores.

¿Cómo avanzar en productividad? En los sectores privado y público, los empresarios y trabajadores deben buscar la manera de contribuir, con sus conocimientos y experiencia, a aumentar la productividad y la competitividad de las empresas. Es necesario que se difundan las mejores y más modernas prácticas de gestión de la productividad y que los reajustes salariales respondan a acuerdos y metas de productividad entre empresas y trabajadores.

La promoción de exportaciones requiere del apoyo del Estado para aumentar la competitividad y para la búsqueda, penetración y posicionamiento en nuevos mercados externos.

Debemos reconocer que la responsabilidad central de generar empleos no ha sido asumida plenamente por el conjunto del Gobierno. Se han realizado importantes esfuerzos, pero no están articulados ni existe un plan específico ni una institucionalidad para responder a esta gran demanda. Pero aún estamos a tiempo de enmendar este importante déficit.

La generación de empleo e ingresos es, en primer término, un resultado del crecimiento económico. Por ello, siendo fundamental mantener el crecimiento con estabilidad, en segundo término, para asegurar la creación de empleos se debe promover que la composición de ese crecimiento no se concentre solamente, o en exceso, en sectores intensivos en recursos naturales no renovables –en los que se genera poco valor agregado– o en sectores intensivos en alta tecnología.

Por lo tanto, además de seguir promoviendo el crecimiento mediante la promoción de las exportaciones, también se debe promover a los sectores intensivos en empleo, como la agricultura, la manufactura, la agroindustria, el turismo y los servicios, y orientar parte de la inversión privada hacia ellos. En estos sectores, en los que se compite con productos importados, se puede acrecentar el valor agregado y es posible obtener ganancias de productividad y competitividad.

La política macroeconómica, en sus diversos componentes, y las políticas sectoriales también deben ser pilares fundamentales en este esfuerzo. Veamos de qué manera.

La política macroeconómica

Debemos insistir en que preservaremos a toda costa la continuidad en lo esencial: la estabilidad macroeconómica (es decir, la meta de inflación anual) y la estabilidad jurídica.

Política monetaria

Frente al bajo nivel de crédito bancario y la acumulación de liquidez en el sistema financiero, lo que constituye un freno a la reactivación de la economía, es necesario promover una profundización de la intermediación. Los Bancos deben recuperar su función esencial de captar y colocar fondos, de manera que los importantes servicios de caja que brindan como comisionistas, pierdan peso relativo y no resulten tan onerosos. Para ello será necesario, desde el Estado, fortalecer la regulación bancaria.

Política Fiscal

Se debe proseguir en el esfuerzo por reducir aún más el déficit consolidado. Para ello se deben eliminar, sin contemplaciones, los gastos superfluos y practicar una estricta austeridad: no más viajes innecesarios cubiertos con fondos públicos, en todo el Sector Público. Así se podrá orientar los siempre limitados recursos públicos a las grandes necesidades. En concreto, procederemos a revisar aún más el gasto público por sectores y por empresas.

Deuda externa

El servicio de la deuda externa va a significar, en los próximos años, una creciente proporción del gasto público anual, implicando una mayor restricción fiscal. Además, esta presión podría, eventualmente, poner en riesgo el equilibrio del sector externo. Al reafirmar nuestro más firme compromiso de cumplir con dicho servicio, debemos tratar, al mismo tiempo, que no afecte el crecimiento económico y la posibilidad de orientar el gasto público para atender apremiantes necesidades sociales.

En consecuencia, debemos tratar de modificar el calendario de pagos de la deuda externa.

 

Previsión social

La reforma del sistema de pensiones, esto es, la privatización de la administración de los fondos previsionales de los trabajadores que efectuó el Gobierno de la década de 1990, no ha resuelto los problemas de baja cobertura, efectos regresivos y problemas administrativos, según un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo.

En el Informe se indica que si bien se han reducido los déficits actuariales de largo plazo:

Primero) Ha aumentado el déficit fiscal generado por la transición al nuevo sistema, lo que incrementa la presión tributaria que recae sobre todos los contribuyentes.

Segundo) Para los afiliados, las comisiones y cargos por seguros son excesivamente elevados: en total se cobra 3.5% de la remuneración al mes, lo que implica un costo cercano al 44% sobre un aporte de 8% al fondo individual.

Tercero) No existe pensión mínima. Esta sólo existe en el Sistema Público.

Por estas consideraciones se hace necesario revisar la legislación que dio inicio al Sistema Privado y corregirlo para que no represente un costo excesivo, tanto a sus beneficiarios como a todos los contribuyentes.

En lo que hace al Sistema Público, siguiendo los debates alrededor del régimen denominado de cédula viva, es indispensable revisar los casos en los que se otorgó de manera indebida o ilegal y tender a reducir la enorme desigualdad en los montos de las pensiones.

En materia de seguridad social en Salud, la entidad responsable, EsSalud, se encuentra entre las más grandes instituciones del país. Comprendiendo el esfuerzo que representa la exigencia de atender a una población creciente, es un sentir indiscutible de un gran sector de los asegurados que la calidad de la atención y el trato que reciben son deficientes. Los usuarios se quejan pues las largas colas desde muy tempranas horas de la mañana, la insuficiente calidad de la atención y la carencia de medicamentos los agobian cuando se acercan a solicitar el servicio. Por ello, en nombre del Estado, les pido una disculpa. Pero, a la vez, les digo que este Gabinete exigirá un cambio radical de estas condiciones, lo que debe conducir a un trato digno a los aportantes. La autonomía no significa falta de control y fiscalización. Esperamos que no haya razones para que se repitan estas quejas ciudadanas.

Reforma Tributaria

Señores Congresistas: el actual sistema tributario requiere de normas legales que transformen nuestro esquema, básicamente regresivo, a uno progresivo, equitativo y justo. Esta Reforma se deberá encarar sin perder de vista la importancia de mantener los ingresos fiscales, ampliando aún más la base de contribuyentes y dotando a la Administración de los mecanismos necesarios para hacerla más eficiente en la lucha contra la evasión, la informalidad y el contrabando.

Por tanto, plantearemos una Reforma Tributaria estructurada en los siguientes principios:

Primero) La racionalización de incentivos o exoneraciones tributarias, a fin de distribuir la carga del impuesto sobre la base del principio de igualdad. Las actuales exoneraciones ascienden a casi el 2% del PBI, no guardan relación con el grado de desarrollo de las Regiones, perjudican a los productores agropecuarios, complican la labor de la Administración Tributaria y fomentan la evasión.

En el Gabinete, evaluaremos medidas complementarias a la eliminación de las exoneraciones, como subsidios directos, preferentemente en aquellos sectores que incentivan la demanda y la competencia entre productores.

Segundo) Proponemos una nueva Ley de Impuesto a la Renta a fin de corregir sus actuales distorsiones, transformándolo en un impuesto progresivo y que grave auténticamente la capacidad contributiva de las personas y empresas.

Tercero) Proponemos la formalización de la economía a través de incentivos a una mayor participación de los Bancos en las operaciones económicas. Esto convertirá a la Banca, señores congresistas, en impulsora de la economía, contribuyendo a su formalización, eliminando prácticas evasivas y delictivas, tales como el lavado de dinero y la simulación de operaciones. Complementariamente, la Administración Tributaria podrá contar con valiosa información para mejorar sus sistemas de fiscalización y detección de fraudes.

Cuarto) Proponemos un nuevo régimen tributario para pequeños contribuyentes. Se modificará el actual esquema de pago de impuestos para este sector, a fin de adaptar el RUS a las nuevas tendencias mundiales sobre el tema.

Como resultado de esta Reforma y debido a la importancia de la Administración Tributaria en el desarrollo del país, solicitamos que este honorable Congreso someta a debate, y apruebe, la autonomía constitucional de la SUNAT.

Al iniciar mi gestión como Presidenta de este Consejo de Ministros, encuentro que se ha dictado una serie de medidas relativas a la recaudación que requieren una mayor evaluación para ser consistentes con los postulados de la Reforma Tributaria que hemos planteado. En particular, me refiero al incremento de un punto porcentual en la tasa del Impuesto General a las Ventas. Por ello anuncio que regresaré a este Congreso, acompañada del Ministro de Economía y Finanzas, con las propuestas o medidas para garantizar que a la vez que se asegure la estabilidad de nuestras cuentas fiscales, la recaudación requerida se obtenga mediante tributos equitativos y progresivos.

Reforma del Estado

Nadie está satisfecho con la forma en que funciona el Estado en el Perú, ni el propio Estado. ¿Qué hacer para poner el Estado al servicio del ciudadano y que no siga siendo al revés?

A diferencia de lo que algunos opinan, el problema del Estado no radica en su excesivo tamaño. Por el contrario, la proporción del empleo público sobre el empleo urbano en el Perú en el 2001 fue, según estimados del Ministerio de Trabajo y de la OIT, de 9.8%. Esta cifra es la más baja de la región e inferior al promedio de los principales países de América Latina. El problema reside en que nuestro Estado es ineficaz y débil. No cumple de manera cabal sus funciones mientras que duplica esfuerzos en otras o se dispersa en muchas que no le corresponden.

La necesaria reforma del Estado abarca tres áreas principales: la racionalización de las funciones del Estado, la descentralización y las concesiones. Se ha avanzado en estas tres áreas, pero sin la continuidad o convicción necesarias.

La racionalización del Estado no significa reducir personal. Significa fusionar las entidades que dupliquen funciones, reducir el tamaño de las que estén sobredimensionadas, concentrar el gasto en los temas y problemas centrales, simplificar los procedimientos, proporcionar el mejor trato posible al público que se acerca a las dependencias, sabiendo que el público está conformado por los contribuyentes que son quienes pagan con sus impuestos las remuneraciones de los funcionarios. El Estado tiene la obligación de mostrar resultados, esto es, de ampliar la cobertura de su atención a la población y de mejorar la calidad de su gestión.

Para racionalizar el gasto público, utilizando el sistema actual de control del gasto, es necesario establecer normas adicionales para eliminar los gastos superfluos. Se suprimirá todo foco de despilfarro o corrupción que se detecte.

La descentralización en marcha es uno de los componentes más importantes de la reforma del Estado. En este sentido, estamos trabajando para que este proceso sea ordenado y progresivo, definiendo claramente las competencias, que correspondan con los recursos a transferir.

En tal sentido, además de la ley de Descentralización Fiscal enviada al Congreso, el Ejecutivo propondrá una Ley de Transferencias de Recursos Intergubernamentales, a fin de realizar un ordenamiento general de las actuales transferencias a los Gobiernos Regionales y Municipalidades.

Debemos asegurar que la descentralización, en coordinación estrecha con los Gobiernos Regionales, sea viable y sostenible en el largo plazo. Es una oportunidad que tenemos para fortalecer la democracia y acordar planes de desarrollo concertados y presupuestos participativos.

En lo que toca al régimen de concesiones, debemos empezar reconociendo que una parte de las privatizaciones y concesiones se llevó a cabo de manera incorrecta. Las altas tarifas, las prácticas monopólicas, la falta de calidad de algunos servicios y los abusos a los usuarios desacreditaron esta herramienta.

Estudios recientes indican que el déficit de infraestructura económica en el país, como en puertos, carreteras, fuentes de energía, etc., es de tal magnitud que se requerirían miles de millones de dólares para acercarse a los niveles de los países andinos más avanzados. No disponemos de esos fondos, pero sí de la necesidad de aumentar nuestra competitividad.

Es por ello que, superando los errores del pasado, proponemos relanzar las concesiones, sobre la base de un análisis costo–beneficio, privado y social, en cada caso. Por una parte, los contribuyentes no tienen por qué asumir los costos de las empresas y servicios ineficientes, sean públicas o privadas y, por otra parte, resulta indispensable hacer efectiva la defensa del consumidor, vigilando que los resultados de las concesiones representen un beneficio neto, especialmente en lo que se refiere a servicios públicos de consumo masivo.

La decisión de privatizar los bienes de todos los peruanos o de otorgarlos en concesión no se debe adoptar –y nunca se debió adoptar– sin respetar la opinión ciudadana y de las Regiones. La decisión de dar en concesión –insistimos, caso por caso– debe ser el resultado de un proceso racional y, por ende, lograrse mediante el consenso.

Comercio Exterior

Los retos que impone a nuestra economía la globalización nos obligan a buscar con más agresividad la ampliación de mercados y a intensificar las negociaciones de acuerdos comerciales, tanto como integrantes de la Comunidad Andina, como en el plano bilateral.

Para acrecentar nuestra participación en los mercados externos debemos asegurar el cumplimiento de los contratos y de las normas de calidad más exigentes. Al mismo tiempo se debe procurar el incremento de las exportaciones con mayor valor agregado.

Para contribuir al incremento de las exportaciones se requiere apoyar y fortalecer la organización de una alianza interministerial que se convierta en agencia especializada para la promoción de las exportaciones.

A fin de equilibrar las balanzas comerciales manufacturera y agropecuaria, y manteniendo la tendencia a la reducción de aranceles, se debe revisar la estructura arancelaria, comparándola con la de nuestros competidores. Además se debe explorar la posibilidad de reducir aún más los aranceles a los insumos y bienes de capital para la manufactura, la agricultura y, en general, para las actividades intensivas en empleo.

Promoción de empleo de calidad

La promoción de la generación de empleo en el Sector Privado y la que resulta como consecuencia de la acción del Sector Público es una responsabilidad del conjunto del Estado, no sólo del Ministerio de Trabajo.

La creación de empleos se genera en los diversos sectores productivos y de servicios por lo que esta responsabilidad del Gobierno debe ser asumida por una comisión interministerial de empleo. Esta comisión estará liderada por el Ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, y se encargará de diseñar y llevar adelante una política nacional de empleo, en consulta con los gremios empresariales y las centrales sindicales.

Entre los principales ejes de una política nacional de empleo se deberán considerar estas acciones:

Primero) Procurar que la inversión pública contribuya a crear empleo, en la medida en que esto sea técnicamente factible y se asegure su rentabilidad.

Segundo) Organizar sistemas de mantenimiento de la infraestructura pública, de carácter preventivo y periódico y por sectores, confiriendo carácter de urgencia a la evaluación y mantenimiento de las escuelas y colegios. No podemos seguir permitiendo que nuestros escolares estén expuestos a riesgos que se deben eliminar. Estos sistemas de mantenimiento, además de ser una fuente de empleo permanente, implicarán un importante ahorro, pues al evitar el deterioro de los bienes públicos ya no será necesario invertir en su rehabilitación o reconstrucción.

Tercero) Promover el crecimiento de las pequeñas y microempresas, pues ellas demandan un bajo requerimiento de capital por trabajador, y contribuyen a crear empleos. Para esto se apoyará la reglamentación de la nueva ley de MyPEs que se debe complementar con incentivos a la formalización y mecanismos que aseguren que no conduzca a la evasión de derechos laborales.

Cuarto) Reforzar los programas de compras estatales, tanto a pequeñas y medianas empresas (a través de PROMPYME) como a pequeños y medianos productores agropecuarios y pescadores artesanales (a través del PRONAA).

Para lograr que, en efecto, se promuevan empleos de calidad, es conveniente que la regulación de las relaciones laborales sea eficiente y justa. Por ello se buscará reestablecer las relaciones laborales directas, con una estricta supervisión de las empresas de servicios y las cooperativas de fomento del empleo a fin de evitar que sirvan para evadir o eludir normas laborales y aportes previsionales. Con este propósito se revisará el reglamento de la Ley de empresas especiales de intermediación laboral.

Además, se impulsará, desde el Ejecutivo, la revisión, el debate y la búsqueda del consenso en materia de legislación laboral a partir de la propuesta de la nueva Ley General de Trabajo que fue aprobada por la Comisión de Trabajo de este Congreso. Esperamos que el importante avance que significa la labor del Consejo Nacional de Trabajo empiece a rendir resultados en beneficio de la paz laboral.

Finalmente, es necesario que se dé término satisfactorio al proceso de compensación a los trabajadores cesados irregularmente a lo largo de la década de 1990.

POLÍTICA SOCIAL

En una propuesta de economía social de mercado, con actividad complementaria y reguladora del Estado, el papel de la política social resulta fundamental. En la medida en que los mercados no estén desarrollados ni el bienestar alcance a la mayoría de la población es indispensable el concurso de una sustantiva política social del Estado.

La política social que proponemos abarca varias áreas, dentro de las que destacan:

•Los servicios sociales como Educación, Cultura, Salud y Nutrición.

•Los proyectos y programas del conjunto del Estado, incluyendo los de los Gobiernos locales, que contienen de manera implícita la generación de empleos e ingresos.

•Los programas de alivio a la pobreza con distintos grados de cobertura de población beneficiaria.

Los dos principales servicios sociales básicos que debe brindar el Estado, por su importante cobertura y efectos en el tiempo, son la Educación y la Salud.

Educación

Recientes estudios sobre la calidad de la educación en el país señalan que si bien la cobertura en términos de matrícula es elevada, el rendimiento de los alumnos en lo que hace a lenguaje y matemáticas es muy bajo. Sin duda, la crisis fiscal y las remuneraciones insuficientes han afectado la enseñanza. Debemos declarar a la Educación en estado de emergencia.

El Gobierno, según su compromiso, irá mejorando, gradualmente, las remuneraciones de los maestros. Ya se han dispuesto dos aumentos generales en el 2002 y el 2003: el segundo duplicó al primero. Las medidas tributarias aprobadas y las que se adoptarán en la Reforma Tributaria permitirán cubrir el mayor desembolso requerido.

En el mediano y largo plazo, los objetivos a lograr en Educación deben ser:

Primero.- Frenar el deterioro en la calidad de la educación y revertirlo.

Segundo.- En este proceso, dar prioridad a la educación básica, por su cobertura universal y por ser pilar del resto de la educación, amén de tener la mayor tasa de retorno.

Tercero.- Poner el énfasis en la formación continua y actualización de los maestros.

Cuarto.- Como ya se indicó, efectuar con carácter urgente la evaluación y reparación de aulas y colegios.

Las metas y sus plazos serán consecuentes con los recursos asignados y evitarán falsas expectativas para avanzar con realismo.

Cultura

Desde hace décadas, la promoción de la cultura en nuestro país ha sido objeto de descuido por parte del Estado. Esto debe cambiar. La Comisión Nacional de Cultura, que creó este Gobierno, ha elaborado una propuesta de política cultural que busca fortalecer la identidad nacional, eliminar los factores de discriminación y exclusión y estimular la producción cultural. Nos comprometemos a respaldar su importante labor y, en particular, como lo propone la Comisión, a contribuir a que los creadores, investigadores, intérpretes y sus organizaciones profesionales o gremiales ocupen un lugar central en la sociedad, reconociendo y defendiendo el derecho a la propiedad intelectual.

Estimulemos a los jóvenes a que elijan libremente su camino profesional y a que no abandonen su vocación artística, tan válida como todas las demás. Ha llegado la hora de reivindicar estas aspiraciones, como las que han animado a tantos creadores de nuestro país, cuya producción nos enorgullece. Además, anuncio que este Gabinete dará atención prioritaria a los proyectos de la Ley del Artista y la Ley del Libro.

Salud

César Vallejo escribió:

¡Cómo, hermanos humanos,
no deciros que ya no puedo y
ya no puedo con tánto cajón,
tánto minuto, tánta
lagartija y tánta inversión, tánto lejos y tánta sed de sed!

Señor Ministro de Salud: ¿qué hacer?

La contradicción principal en el campo de la Salud se origina en que, mientras se ha ofrecido aumentar la cobertura de los servicios de Salud a cada vez más amplios sectores de la población, las limitaciones fiscales no han permitido cumplir con esta finalidad, y más bien la ciudadanía siente que se ha deteriorado la calidad de las prestaciones.

Frente a este difícil panorama, el énfasis en el sector Salud debe estar en las políticas de prevención e información, que son menos costosas, en buscar el acceso a medicamentos genéricos y en promover el mejor trato posible a los pacientes. En una palabra, mejorar la calidad de los servicios. A medida en que la disponibilidad de recursos fiscales lo permita se deberá asegurar el cumplimiento del objetivo de universalidad efectiva de la atención.

El Ministerio de Salud establecerá metas específicas para estas políticas, con indicadores de avance, lo que nos permitirá evaluar permanentemente la gestión en esta área con objetividad y espíritu crítico.

En materia de políticas de población, lo razonable y moderno es que las mujeres y las parejas tengan derecho a tomar una decisión informada, así como a acceder a los métodos de su elección.

 

 

Lucha contra la pobreza

La tasa de pobreza del país, según los estimados del Instituto Nacional de Estadística, alcanza al 53% de la población, concentrándose la pobreza extrema en las áreas rurales de la Sierra y la Selva. Entre las causas del gran empobrecimiento de los peruanos se cuentan la hiperinflación que nos agobió y la forma en que se ajustó o redujo la actividad económica a inicios de la década de los 90. Además, durante esta última década se impidió que las remuneraciones se recuperaran. El enorme peso de la deuda externa y de la deuda previsional limitan la capacidad del fisco para incrementar el gasto social hasta lograr una reducción sustancial de la pobreza.

La magnitud del esfuerzo que el Estado y el mercado deben llevar a cabo para erradicar la pobreza extrema y reducir la pobreza es de una proporción tal que la solución no será inmediata y sólo se resolverá si se logra mantener una tasa de crecimiento alta y continua que, además, aumente el empleo y los ingresos.

El Estado ha asumido la lucha por reducir la pobreza desde diversos sectores. Siendo ello positivo por la cobertura lograda, el carácter multisectorial de la estrategia ha conducido en algunos casos a la duplicación de entidades y a la superposición de programas y de su cobertura geográfica. Estableceremos metas específicas para revertir esta situación.

Persistiremos en la necesaria fusión de las entidades redundantes, mejorando la calidad de los programas y reduciendo al mínimo indispensable el gasto administrativo.

Mujer y Desarrollo Social

La situación de las mujeres en el Perú, si bien ha tenido un avance destacado, aún es sumamente difícil en comparación con la de los hombres. Las mujeres tienen todavía una menor participación en la fuerza laboral, una mayor tasa de analfabetismo en el área rural, una más alta tasa de desempleo y un predominio en el sector informal urbano, en comparación con los hombres.

Sigue existiendo una marcada discriminación que se traduce en inaceptables diferencias salariales, en la estructura de ocupaciones y en una injusta desigualdad de oportunidades para las mujeres con relación a los hombres.

Para implementar esta política social del Estado y, tras convocar al conjunto del sector público, el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social se compromete a promover la eliminación de toda forma de discriminación y a reducir drásticamente la desigualdad de género.

Yo convoco a las mujeres de mi país de todos los niveles sociales y de todas las regiones, de los sectores público y privado, a las empleadoras y trabajadoras, y en especial a las jóvenes, a no discriminar y a no permitir que se les discrimine, a luchar organizadamente por la mejora de sus condiciones de vida y de trabajo, y a defender y reafirmar sus derechos.

 

POLÍTICAS SECTORIALES

FUNCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO

Relaciones Exteriores

La integración con la Comunidad Andina, las políticas de asociación preferencial con los países vecinos y el desarrollo de una alianza estratégica con el Brasil son nuestras metas específicas.
Las relaciones con los Estados Unidos, Europa y el Asia-Pacífico continuarán concentrando nuestras acciones prioritarias con la finalidad de llegar a acuerdos permanentes que aseguren el libre acceso de nuestros productos a sus mercados y se incremente sustantivamente el flujo de inversiones.

Defensa

No es posible el desarrollo sin seguridad. Es por eso que la política general del Gobierno pone un énfasis muy especial en la seguridad y otorga la más alta prioridad a la lucha frontal que hemos emprendido para derrotar en forma definitiva a los remanentes de Sendero Luminoso que permanecen tanto en el Huallaga como en los valles delos ríos Ene y Apurímac, aquellos que tanta preocupación han generado en la población desde que tomaron 71 rehenes, trabajadores de la empresa Techint, en Toccate.

Los mejores Comandos del Ejército, Infantes de Marina y Fuerzas Especiales, están ahí, en las alturas, ofreciendo su vida por la seguridad de nuestra Patria. Les rindo mi homenaje y creo que interpreto el sentir de ustedes, y el de todos nuestros compatriotas, a esos ocho valerosos ciudadanos con y sin uniforme que han muerto en Pampa Aurora y Matucana Alta para conquistar la paz y la tranquilidad de los peruanos.

En materia de seguridad contamos con un equipo que está trabajando a tiempo completo. Lo integran nuestros ministros de Defensa e Interior, el Jefe del Comando Conjunto y los tres comandantes generales de nuestras Fuerzas Armadas, el Director General de nuestra Policía Nacional y el Jefe del Consejo Nacional de Inteligencia. Ese equipo ha diseñado una estrategia integral para vencer a Sendero Luminoso en la zona declarada en emergencia, es decir, en los departamentos de Junín, Ayacucho y Apurímac, así como en la provincia de La Convención en el Cusco.

Para ser eficaz, dicha estrategia no puede ceñirse únicamente al ámbito militar. Incluye todos los aspectos relacionados con la inteligencia, los comités de autodefensa y el desarrollo económico y social. Para ello, el Consejo Nacional de Descentralización ha elaborado un sólido plan que debe integrar tanto a los Presidentes Regionales como a los alcaldes provinciales y distritales.

No menospreciamos al enemigo, no minimizamos la amenaza, pero tampoco debemos magnificarla. En su derrota debemos comprometernos todos, unidos, sin distinciones de partido. La democracia debe vencer clara y francamente –con las herramientas que le proveen la Constitución y la Ley– a quienes no creen en la democracia y pretenden imponernos su violencia. Tendremos, por ende, una tolerancia cero con el terrorismo.

Esta tarea fundamental, por cierto, no distraerá o suspenderá la importante reforma militar que está en marcha. Una reforma que hacemos con los militares y no contra ellos, una reforma orientada a contar con unas Fuerzas Armadas modernas, flexibles, eficientes y eficaces, regidas por valores éticos propios de una democracia.

Interior

La estrategia integral del Ministerio del Interior para enfrentar el terrorismo abarca una respuesta política mediante una activa participación con los comisionados por la paz y desarrollo, las autoridades locales, los comités de autodefensa y todos los actores sociales involucrados. En la respuesta operativa se intensificarán las coordinaciones con la Fuerza Armada, tendientes a ejercer un adecuado control territorial, en el marco de un irrestricto respeto de los derechos humanos.

La falta de seguridad ciudadana es un grave problema. El sector Interior ha diseñado un Plan Nacional de Seguridad Ciudadana. Sus metas son: (i) intensificar el funcionamiento de los comités locales de seguridad ciudadana, en los planos regional, provincial y distrital, con la participación activa de los gobiernos locales, la comunidad organizada y la Policía Nacional, (ii) proseguir con la racionalización de recursos humanos y logísticos de la Policía Nacional que implique una mayor presencia policial en las calles, (iii) Implementar comisarías policiales para mejorar la calidad de su atención. En el campo operativo, la Policía Nacional intensificará su accionar contra el narcotráfico, el contrabando y la delincuencia.

Justicia

El Ministerio de Justicia viene trabajando para proponer las modificaciones y mecanismos legales para la implementación del Código Procesal Penal. Esto implicará un cambio sustancial en el proceso penal que redundará en una mejor y más eficiente administración de justicia.

También se promoverá la tutela y vigencia de los Derechos Humanos, cumpliendo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con el respeto debido a la autonomía de un Poder del Estado, no podemos dejar de emplazar al Poder Judicial a constituirse en la organización moderna, eficiente y honesta que la ciudadanía reclama. Sólo así podremos alcanzar nuestra visión de sociedad, con una justicia oportuna y transparente en la que todos cumplan las leyes.

 

SECTORES DE LA PRODUCCIÓN

Agricultura

Por su contribución al empleo, al abastecimiento de las ciudades, la provisión de insumos y la exportación, el Estado no puede descuidar al sector agropecuario. Durante la década de los 90’ se eliminó el Banco Agrario, motivando que un número importante de productores no tuviese una financiación adicional a su ya difícil situación.

En un país como el nuestro, el mercado de crédito se caracteriza por la carencia de información para los prestatarios y la falta de seguridad en el cumplimiento de contratos. El mercado acusa imperfecciones y el Estado está obligado a regularlo. Es por ello que el actual Gobierno se comprometió a restituir el funcionamiento de un banco agrario (AGROBANCO), cuyo capital viene siendo incrementado de manera significativa.

Industria

Como consecuencia de la apertura a las importaciones a inicios de la década del 90’, y al atraso cambiario, nuestro país vivió una fase de desindustrialización. Debemos reconocerlo: se perdió competitividad en varias ramas industriales y somos testigos de la inundación de una gran variedad de productos importados. Ello ha conducido a una pérdida de empleos productivos y a una reducción del mercado interno.

A diferencia de otros países, el nuestro no ha tenido una política de promoción de la industria, especialmente en lo que se refiere a las ramas que compiten con productos importados.

Sin proponer la vuelta a esquemas proteccionistas del pasado, desde el Estado aseguraremos que los productores nacionales tengan, cuando menos, las mismas condiciones que nuestros competidores. Nuestra política industrial contemplará medidas estrictas de erradicación del contrabando, de combate a la subvaluación en las importaciones y extinción de la piratería. La institución responsable de llevar a cabo estas medidas es la Aduana, recientemente fusionada con la SUNAT. Por su importante misión por el bien del país, esta entidad tiene que ser fortalecida y, desde ya, nos comprometemos a brindarle nuestro apoyo y respaldo.

En materia de contrabando, debemos distinguir entre los grupos económicos que lucran con esta actividad, a quienes debemos erradicar y, de otro lado, la población que, por necesidad, participa en muy pequeña escala, a la que se debe disuadir y orientar hacia actividades legales.

La política industrial de este Gabinete también contemplará el impulso a la integración y las negociaciones comerciales bilaterales, así como proveer a nuestra industria con mecanismos elementales para garantizar el comercio justo. Nos referimos a la necesidad de establecer cláusulas de salvaguardia que impidan que nuestro mercado sea objeto de prácticas de dumping y subvaluación de importaciones.

Pesca

Nuestra política de promoción del sector pesquero apuntará hacia la mayor diversificación de la actividad pesquera. En lo que toca a la pesca industrial de consumo humano, tanto para la exportación como para el mercado interno, aseguraremos estándares de calidad para poder competir. Para ello evaluaremos las condiciones actuales de competitividad que aseguren que la producción se haga en el país. En lo que respecta a la producción artesanal para el consumo se debe mejorar la regulación con un carácter promocional, buscando su diversificación.

Esta actividad será apoyada con la construcción de terminales pesqueros, asesoramiento a su administración y programas de capacitación.

Turismo

Nuestro país, como es bien sabido, cuenta con un enorme potencial turístico. Sin embargo, esta importante fuente de divisas, de empleo y de vínculo con el resto del mundo, no está siendo totalmente aprovechada.

Para poder desarrollar este potencial, nuestras metas consistirán en mejorar sustancialmente nuestra política aerocomercial, el desarrollo de la infraestructura turística y la urgente capacitación de los trabajadores del sector. Asociado al desarrollo turístico se encuentra, además, el desarrollo de regiones apartadas y la promoción de la producción artesanal. Los Gobiernos Regionales y Locales deben ser directos partícipes en la promoción de circuitos turísticos adecuadamente establecidos.

Energía y Minas

El Proyecto Camisea no solamente es el de mayor envergadura que se ejecuta actualmente en el país por la magnitud de su inversión, sino también el proyecto de mayor complejidad técnica. Después de muchos intentos en el pasado, debido a la gestión del actual Gobierno en los dos años transcurridos, puedo ratificar que la puesta en operación de este proyecto será el 9 de agosto del 2004.

Finalmente, el gas de Camisea llegará a Lima y a nuestras principales ciudades. Ello constituirá un hito en el desarrollo energético del país.

Además de su impacto macroeconómico, estimado en 1% de crecimiento del PBI en el 2003, Camisea generará un crecimiento de 0.8% anual del PBI durante la vida del proyecto. Por otro lado, el desarrollo del Gas Natural permitirá reducir en el 2004, en un 50%, el déficit en la Balanza Comercial de Hidrocarburos que viene registrando el país a lo largo de la última década. Camisea permitirá una reducción de las tarifas eléctricas del orden de 15% al 20%, haciendo más competitiva a nuestra economía.

La Electrificación Rural es un importante componente en la estrategia de lucha contra la pobreza. El país ha invertido más de 500 millones de dólares para elevar el coeficiente de electrificación de 49% a 75%, entre 1993 y el 2001. No obstante el avance registrado, el coeficiente de electrificación con que la actual administración inició su gestión seguía siendo el penúltimo más bajo en América del Sur. En ese sentido, se continuará con este programa de alta prioridad sentando las bases para llegar a un 90% de electrificación a lo largo de la próxima década. Esta meta demandará una inversión anual de, cuando menos, 350 millones de soles.

Para tal efecto, nuestra meta es trabajar en un marco normativo que incentive la participación del capital privado, recursos provenientes del Gobierno Nacional, los Gobiernos Regionales y Locales y recursos del exterior. Electrificar las poblaciones alejadas del interior del país es una tarea que no solamente compromete al Gobierno, sino a la sociedad en su conjunto.

La actual política de otorgar concesiones mineras sin ninguna condición, salvo la de pagar sus impuestos y respetar las normas laborales y ambientales vigentes, no maximiza en todos los casos los beneficios sociales y el desarrollo local que debería generar la gran y mediana minería. En otras palabras, no se garantiza el cumplimiento de la responsabilidad social que deberían asumir las empresas mineras y el propio Estado en el desarrollo de estas comunidades. Si bien los recursos mineros pertenecen a la Nación, según la Constitución, criterios no ya legales, pero sí de legitimidad, indican que éstos pertenecen en especial a las comunidades circundantes.

En tal sentido se establecerá el principio de que todo proyecto minero debe relacionarse con la comunidad desde su inicio, incluso antes de la presentación del estudio de impacto ambiental.

Es decir, promoveremos una alianza entre las empresas mineras y la comunidad, bajo lineamientos que incluirán el requerimiento de que la empresa compre la producción agropecuaria local, contrate la mano de obra local no calificada y capacite a ésta para los puestos que requieran de alguna calificación, y ejecuten obras de beneficio local.

Transportes y Comunicaciones

La integración del territorio nacional requiere de un sistema vial y del resto de vías de comunicación que, además de cubrirlo, se encuentre en buenas condiciones de transitabilidad. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones viene llevando a cabo un importante esfuerzo de conclusión e inicio de obras de asfaltado, afirmado, rehabilitación y mejoramiento de carreteras y caminos.

Los servicios de transporte se han caracterizado por el predominio de empresas informales. La falta de seguridad en su funcionamiento ha tenido como consecuencia innumerables accidentes con víctimas fatales. En defensa de la vida y de una mejor calidad de esos servicios, el Estado hará más eficaz su regulación y combatirá la informalidad.

Las comunicaciones son, asimismo, fundamentales para la integración nacional. La privatización en el caso de los servicios de telefonía fija, ha significado que los usuarios manifiesten su descontento por las altas tarifas y la calidad del servicio y el trato recibido.

El elevado costo de los servicios limita severamente el uso de Internet y las posibilidades de expansión de negocios que ello implica. ¿Cómo lograr que se reduzcan las tarifas, que se mejoren la calidad de los servicios y el trato a los clientes? La promoción de la libre competencia en un sector controlado mediante contratos de concesión con una sola empresa no es viable. Ello obliga a que el Estado, en defensa de los usuarios de ese servicio, deba fortalecer su papel regulador.

 

 

Vivienda

El déficit habitacional en el país se estima en 1.2 millones de viviendas, al que se agregan 90 mil nuevos hogares cada año.

Frente a este enorme desafío, el Ministerio de Vivienda ha impulsado la reactivación del sector, en particular con los programas de tipo social, tales como Techo Propio y Mivivienda, y la promoción de la construcción de viviendas por parte del sector privado. Próximamente se iniciarán los programas de mejoramiento integral de barrios y la urbanización y subasta de predios subutilizados de propiedad del Estado.

Señores Congresistas, compatriotas.

El camino de los peruanos hacia su visión de esa sociedad cohesionada en su diversidad cultural, con personas que tienen iguales oportunidades y realizadas espiritual y materialmente, sólo será posible si nos mantenemos alineados en las políticas propuestas, si perseveramos unidos en las metas, si garantizamos una paz social como escenario de este proceso.

De esta manera tendremos un rumbo claro, una conducción decidida y firme y, con seguridad, alcanzaremos, en democracia, nuestros objetivos.

 

CONCLUSIÓN

No debo concluir sin subrayar algunas precisiones que, en mi opinión, son importantes porque se basan en una reflexión sobre nuestra historia.

Nuestra República emergió a la libertad a costa de la sangre y sacrificio de sus mejores hijos, emergió a la libertad a costa de la vida de hombres y mujeres que no vacilaron ante el peligro para garantizar nuestra supervivencia.

Ellos combatieron para que hoy mantengamos vivo un bien preciado, la libertad. Además, los peruanos que nos precedieron nos enseñaron que las dificultades se pueden vencer. Conquistaron una adversa geografía y supieron sacarle provecho. Endurecieron su espíritu en las guerras que libraron con tesón inquebrantable. Esos peruanos resurgieron de las tinieblas de la anarquía, del desorden económico y de los torpes desaciertos de las dictaduras. En los más aciagos momentos, su fortaleza espiritual creció y vencieron penurias y salvaron obstáculos aún más difíciles que los que hoy acometemos.

La República que hemos heredado necesita ahora el esfuerzo de todos, la participación creadora de todos, porque se debe a todos, sin excepción. Por ello debemos rescatar de nuestro pasado la pasión y el coraje, y aunarlos a la razón y la reflexión para ser dignos depositarios de nuestra cultura y convertirnos en ciudadanos que luchan por su destino.

Hablamos en nombre de la enorme multitud que puebla este territorio, en nombre de millones de peruanos que demandan de nosotros, en esta hora, que atendamos sus requerimientos y sus necesidades.

Esa enorme multitud constituye el cuerpo social que confiere sentido a la República, con los mismos derechos y con las mismas obligaciones para todos. Porque todos sueñan un futuro promisorio para sus hijos, todos cifran sus esperanzas en quienes los representan, en el Estado, con ideas y proyectos con los que se deben generar el progreso y el bienestar.

Quiero convocar esa capacidad de enfrentar las derrotas, la desazón y el infortunio, y decir a nuestros compatriotas que, para avanzar, para construirnos ahora como un país moderno, sin exclusiones y sin privilegios, debemos acopiar todas las energías y todas las inteligencias y ponerlas al servicio de la Nación.

Si avanzamos hacia el futuro orientados por una visión, construiremos un país viable, con ciudadanos dispuestos a hacer que la modernidad no afecte nuestras tradiciones, a lograr que el adelanto tecnológico no desestime nuestra invalorable experiencia cultural.

Hace algunos años, un hombre ilustre nacido en este país, un hombre de nuestra sangre, Jorge Basadre, escribió estas terribles palabras:

“El transcurso de unas y otras generaciones no ha creado una integración nacional, pero sí, muy imperfectamente, tiende a formarla. El Perú se va haciendo en su historia. Guerras, a veces largas y muy cruentas, ocupaciones territoriales efectuadas por tropas de otros Estados, contrastes sociales, raciales o culturales muy hondos o implacables choques internos, no lo deshicieron”.

Estoy segura, señores congresistas, de que, parafraseando a Basadre, la integración del Perú la estamos haciendo en la historia. Nuestro deber es abrazar esa noble causa.

Este Gabinete solicita a la Representación Nacional y al país que le otorgue un voto de confianza.

Muchas Gracias