América Latina y el Mejor Compañero

Revista Mensaje (Santiago), Julio 2005

por Claudio Fuentes

Cuesta pensar e imaginar la convulsión que vive América Latina desde el promisorio lugar que ocupa Chile en la actualidad. Sin embargo, nos es necesario entender los factores que explican el estado de crisis que viven varias naciones de la región, para así establecer un vínculo de nuevo tipo con América Latina.

Mientras en Chile se produjo una impresionante reducción de la pobreza en los últimos quince años, los indicadores para el resto de la región muestran un no menor incremento del número de pobres en términos absolutos y relativos. Hoy más del 40 % de los latinoamericanos vive bajo la línea de pobreza. Por otra parte, en pocos lugares como en Chile se han efectuado relevantes reformas al Estado para garantizar mayor eficiencia, transparencia y rendimiento de cuentas. Pese a que en Chile se observan importantes desafíos relativos a la equidad y la justicia social, los indicadores de desarrollo humano para el período 1975-2002 advierten de una creciente brecha entre países que mantienen un ritmo de desarrollo humano alto (Chile, México y Costa Rica), aquellos donde se han producido avances menos significativos, producto de una contracción en los últimos años (Argentina, Uruguay, Perú) y otros donde su ritmo de crecimiento tiende a ser marginal (Haití, Bolivia, Honduras y Nicaragua).
 

Los éxitos de Chile reflejados en los ranking internacionales tienden a obnubilarnos y a llevarnos a —tal como el Financial Times lo describía— que Chile es “una buena casa en un mal barrio”. Re-emerge entonces esta antigua tradición de sentirnos los ingleses de América Latina, es decir, seríamos algo así como una excepción a la regla. El principal problema es que seamos o no la excepción, el actual contexto de interdependencia nos hace cada vez más dependientes de lo que suceda en nuestro vecindario.
 

Tampoco hacemos muchos esfuerzos por entender la naturaleza de estos conflictos y por reflexionar seriamente si nos corresponde jugar algún papel en este contexto. Los discursos anuncian que América Latina es una prioridad y que nuestro espacio natural de desarrollo se encuentra en la región y, sin embargo, parece no existir mucha claridad sobre cómo hacer efectiva esta voluntad de involucrarnos con y en la región. Más importante que demostrar si somos buenos alumnos, debemos esforzarnos por ser mejores compañeros.
 

Se plantea así una paradoja: el modelo de desarrollo económico y de política exterior están fuertemente determinados por una creciente interdependencia con la región, pero seguimos anclados en una visión unilateral o, en el mejor de los casos, bilateral. Requerimos entonces entender qué está pasando en el barrio para, de ahí, aventurarnos a establecer un vínculo de nuevo tipo con América Latina.
 

Los conflictos principales de la región no han variado significativamente. Lo que ha cambiado es la forma en que dichos conflictos son resueltos. Cuando nos detenemos a observar las más recientes crisis en Ecuador y Bolivia, existe una recurrente constatación de factores explicativos comunes: el problema de las condiciones de vida, la legitimidad de las instituciones y la forma en que se canalizan las demandas sociales.

Condiciones de vida y percepción de injusticia

El problema de la pobreza estructural es sin duda el primer catalizador de conflictos sociales en América Latina. Existe una fuerte correlación entre altos niveles de pobreza e inestabilidad política y social, siendo los mejores ejemplos los casos de Haití, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Guatemala. La situación más dramática es por cierto Haití donde la expectativa de vida de la población no supera los 50 años de edad. El resto de los países mencionados ha manifestado avances en su política social incrementando los niveles de educación y condiciones de salud de la población, pero todavía el producto geográfico bruto es relativamente bajo.
 

A la constatación objetiva de las condiciones de vida de la población debe agregársele un segundo aspecto y que tiene que ver con la percepción de la población sobre las posibilidades de acceder a una mejor calidad de vida. En muchos de los países de la región predomina una percepción mayoritaria de la población de que el sistema económico predominante no la beneficia directamente. Entonces, aunque en algunos países incluso se observen mejoras objetivas en sus niveles de vida, la percepción de la población sobre la distribución desigual de las ganancias del sistema provoca altos niveles de frustración.
 

El caso de Bolivia es paradigmático. Durante gran parte de la década de los 90, el vecino país manifestó altos niveles de crecimiento económico, responsabilidad en el manejo de las arcas fiscales y bajísimos niveles de inflación. Sin embargo, los niveles de conflictividad social aumentaron en la medida en que existía una percepción generalizada de que los beneficios del modelo de libre mercado sólo llegaban a “unos pocos”.

Legitimidad de las instituciones

Lo anterior nos lleva a un segundo factor explicativo de las crisis: el rol de las instituciones y en particular del Estado. Uno de los argumentos más recurrentes sobre el actual estado de convulsión en América Latina es crisis del Estado. Las agencias internacionales y estados de países desarrollados, entonces, han invertido altas sumas de dinero en tratar de fortalecer los estados nacionales en temas vinculados a reforma judicial, reforma de las policías y de distintas reparticiones estatales.
 

Sin embargo, tiendo a entender la crisis del Estado más como un efecto que como una causa. Pero al mismo tiempo, parece ser que en América Latina el problema no es la debilidad del Estado sino su legitimidad —esto es, el grado de adhesión consensuada que una comunidad tiene respecto de las instituciones que los representan.
En los casos de Ecuador y Bolivia se dan crisis recurrentes porque un importante y mayoritario segmento de la población considera que el Estado representa a un grupo de poder que no es exrpesivo de sus intereses. Los campesinos e indígenas bolivianos, por ejemplo, tienen como agenda principal la refundación del Estado por cuanto consideran que es fruto de un pacto oligárquico del cual un vasto segmento de la población fue excluido.

De esta forma, el problema que se plantea allí no es la debilidad del Estado sino más bien su ilegitimidad. El llamado a una “asamblea constituyente” es precisamente la demanda por refundar las bases del estado nacional a partir de un pacto social inclusivo y no excluyente.
 

En la variante de Argentina, existió en la crisis del 2000-2001 un fuerte llamado a “que se vayan todos”. En este caso, la población percibía que si bien el pacto de origen estaba bien constituido a partir de la Constitución de 1994, la clase política había utilizado al Estado para su propio beneficio. En este caso, se trata del control de la legalidad de las acciones de los políticos. La rutinización de prácticas corrupción en instancias del Estado como la policía, el sistema judicial, empresas del estado y los propios ministerios, plantean un serio dilema a las sociedades latinoamericanas dado que tales prácticas ilegales podrían llegar a convertirse en una norma informal aceptada incluso por la ciudadanía y las autoridades. Cuando las empresas aceptan como un hecho de la causa el tener que pagar coimas para acceder a mercados o cuando un automovilista tiene la expectativa cierta de que tendrá que pagarle al policía que lo detenga, se genera una acelerada transición desde lo ilegal a lo ilegítimo.
El sentido de la impunidad por parte de los que se encuentran en la cima del poder los lleva a rutinizar prácticas de corrupción y clientelismo. Sin embargo, la particularidad de la actual coyuntura latinoamericana es que la sociedad se encuentra más sensible frente a actos de corrupción. En Argentina, Ecuador, Bolivia, Perú y Chile la opinión pública y los medios de comunicaciones están más alertas frente a los abusos de poder por parte de la autoridad. En Ecuador, la clase media de Quito salió en masa a protestar contra los reiterados abusos de poder cometidos por la elite gobernante, demandando la salida de todos.

Canalización de demandas sociales

Un tercer factor que explica la recurrencia de crisis y que se relaciona con el anterior punto es el progresivo deterioro de los partidos políticos como articuladores de demandas sociales. Argentina avanza a un sistema unipartidista con divisiones internas dentro del justicialismo; en Bolivia se fragmenta el sistema político en más de 19 agrupaciones que tampoco llegan a representar al conjunto de intereses sociales presentes en dicha sociedad; en Venezuela la oposición no se convierte en un legítimo contrapeso al movimiento encabezado por el presidente Chávez; en Colombia, el presidente Uribe establece relaciones directas con las distintas localidades del país y tampoco los partidos articulan demandas sociales; en Perú, el colapso de los partidos tradicionales en la década de los 90 genera condiciones de gobernabilidad muy precarias y donde un presidente electo puede perder el apoyo institucional rápidamente.
 

En la mayoría de los casos se genera lo que Guillermo O’Donnell denominó “democracias delegativas”, esto es, un sistema político donde el presidente gobierna basado en redes clientelares y con fuertes alianzas a nivel local dirigidas por funcionarios públicos que distribuyen beneficios entre los actores sociales. La combinación de un Ejecutivo fuerte, un poder legislativo debilitado y redes clientelares temporales marcan la impronta de un sistema político que basa su éxito en su capacidad de anticipar y controlar conflictos.

Nuevas soluciones: democracias de baja calidad

Los problemas de redistribución, pobreza, ilegitimidad del Estado y clientelismo han sido parte de la historia de América Latina. En el pasado, en muchos de los países de la región la solución a los conflictos de poder se daba por el uso de la fuerza militar para mediar cambios de alianzas o detener eventuales cambios en las reglas del juego. En Bolivia, la elite política estableció una alianza estratégica con los militares para detener estallidos sociales. En Argentina, la solución al conflicto entre terratenientes, industrialistas y obreros se basó en alianzas circunstanciales con los militares. El contexto de la guerra fría estructuró el debate en torno al dilema capitalismo versus socialismo comunista, lo que ideologizó aún más a los actores políticos.
Finalizada la guerra fría y declarada la victoria de la democracia, en la casi totalidad de los países de América Latina se establecieron democracias de baja calidad, pero democracias al fin. Las mediciones de calidad de la democracia en la región advierten de un general respeto de los derechos políticos (elecciones regulares y limpias) pero un muy bajo respeto de las libertades o derechos civiles (libertad de prensa, asociación, etc.). La buena noticia para la región es que pese a las serias crisis económicas y convulsiones políticas, las fuerzas armadas y la policía se retiraron del escenario político y no son consideradas como una salida al conflicto.
Así, uno de los hechos más notables de las crisis de Perú, Argentina, Ecuador y Bolivia ha sido el reducido número de muertos en enfrentamientos en las calles. En otro contexto, estas crisis seguramente hubiesen derivado en gran número de víctimas fatales.

Regionalización de los problemas

En el actual contexto de interdependencia no podemos escapar a los problemas de la región. Si durante la década de los 90 los grandes problemas de política exterior eran bilaterales (la controversia limítrofe con Argentina, las diferencias con Bolivia, los problemas con Perú), en la próxima década los grandes problemas de Chile tendrán una dimensión esencialmente regional. La crisis energética requiere del concurso de Brasil, Argentina, Perú, Venezuela y Bolivia; el aumento del consumo de drogas, una mirada integral al Plan Colombia y a lo que sucede en Perú y Bolivia; las presiones migratorias hacia Chile implican una mirada conjunta con los países vecinos; el aumento de la violencia delictiva requiere de una mirada comprehensiva del tráfico internacional de armas livianas; los problemas del medio ambiente, de una mirada hemisférica y global; el justo acceso a mercados implica una influencia colectiva en la Organización Mundial de Comercio.
 

Asistimos a una acelerada regionalización y, en algunos casos, globalización de la agenda de política exterior. Pocos serán los temas que podrán resolverse bilateralmente. Esta circunstancia implica necesariamente tener que renovar nuestras forma de mirar a nuestro entorno: primero, Chile necesita fortalecer los organismos internacionales para desde allí establecer un pacto de gobernabilidad regional. Segundo, nuestro país requiere profundizar un diálogo horizontal con actores de la sociedad civil (empresarios, académicos, medios de comunicación) en los países vecinos con el fin conocer y producir medidas de confianza social. Finalmente, urge una iniciativa de transparencia en torno a adquisiciones militares en Sudamérica para reducir la percepción de amenaza en un medio ambiente de alta inestabilidad. El alumno aplicado debe demostrar que no sólo es un buen alumno, sino que por sobre todo es un buen compañero.