TPI: Chile ante el interés de EEUU
Felipe Aguero y Claudio Fuentes
La Tercera 29 de diciembre de 2005
Al mismo tiempo que México se convertía en el
país número 100 en ratificar el Estatuto de Roma, que crea el Tribunal Penal
Internacional (TPI), el Senado chileno dio el gran paso, en octubre pasado, de
aprobar una propuesta de reforma constitucional para poder sumarse a ese
tratado. Chile aceptaría así la jurisdicción del TPI, el primer tribunal
permanente para juzgar crímenes de genocidio, guerra y lesa humanidad. Como dijo
el senador Espina, "nos sumamos al grupo de países que no está dispuesto a
aceptar que dictadores que violan los derechos humanos queden en impunidad".
No obstante, la discusión y eventual aprobación final del tratado por el Senado
ha sido pospuesta para el verano o después. Según informaciones de prensa, el
gobierno estadounidense, que se ha opuesto tenazmente al tratado, busca
garantías de excepción mediante un acuerdo no recíproco que excluya a tropas e
individuos de esa nacionalidad de aquella jurisdicción internacional. Ya lo ha
hecho con varios países y ahora le tocaría a Chile.
Para exceptuarse, EEUU ha desarrollado una compleja trama de disposiciones
legales aprobadas por su Congreso. Por ejemplo, el Acta de Protección de los
Miembros de las Fuerzas Armadas (Aspa) prohíbe al gobierno otorgar ayuda militar
a los países que han ratificado el tratado. Una cláusula, incluso, autoriza al
presidente a utilizar la fuerza para rescatar a algún estadounidense retenido
por la Corte en La Haya. Y la enmienda Nethercutt a la Ley de Ayuda Exterior
permite suspender la ayuda a los que, habiendo firmado el Estatuto, no han
llegado a acuerdos de inmunidad con EEUU. Teniendo en cuenta la pretensión de
EEUU, quienes finalmente tomen la decisión en Chile respecto de la mejor forma
de proceder debieran, al menos, tener presente las siguientes consideraciones.
En primer lugar, una gran fortaleza de la política exterior de Chile es la
solidez de su apego al derecho internacional y los principios multilaterales en
que se apoya. El TPI representa un sólido avance del derecho internacional. El
desprecio que el gobierno estadounidense ha mostrado por el multilateralismo no
debiera ser refrendado por una concesión de Chile en esta materia. Chile ha
podido manejar tanto la continuidad de sus principios de política exterior como
el pragmatismo en sus relaciones con EEUU. Un logro histórico del gobierno de
Ricardo Lagos fue precisamente la negativa a la aprobación de acciones bélicas
en Irak a través del Consejo de Seguridad al mismo tiempo que se finalizaba el
TLC con EEUU. Además, los extremos de las posiciones unilateralistas de EEUU
deberán debilitarse en los próximos años.
Segundo, son muchos los países que antecedieron a Chile en la ratificación del
Estatuto de Roma que no cedieron a la presión de acordar con EEUU dicha
inmunidad. Entre ellos están Brasil, Costa Rica, Perú, Venezuela, Ecuador,
Sudáfrica y otros países de América Latina y Africa. México, el último país en
ratificar, también se ha negado a conceder un estatus especial a EEUU. Una rama
del Parlamento jordano ha intentado bloquear un acuerdo de inmunidad y el de
Nigeria se propone deshacer el acuerdo. Chile querrá estar en la compañía de
aquellos países, especialmente los latinoamericanos.
Finalmente, las represalias son menores. Se trata del cese de ayuda por montos
que bordean los US$ 15 millones y que se refieren a ayuda en antiterrorismo,
narcotráfico, lucha contra el sida e intercambios en educación militar. Quien
más pierde con ellas son los propios intereses norteamericanos. El propio jefe
del Comando Sur, general Craddock, reconoció que con esta política, EEUU
arriesgaba perder contacto e interoperabilidad con toda una generación de
oficiales, en momentos en que China ingresa a la región en este campo.
Al rechazar una demanda norteamericana de inmunidad, Chile seguirá reforzando su
estatura internacional y la fuerza de su política exterior. Por su parte, la
Casa Blanca deberá comprender que al respetar las posturas de su socio del sur,
también ellos se eximen de las consecuencias negativas de las represalias con
que amenazan.
Claudio Fuentes S. Director de
FLACSO-Chile.
Felipe Agüero, U. de Miami y Wilson Center.