"Que se vayan todos" era la consigna más repetida en Quito. Llegué a esa ciudad el domingo 17 por la noche en medio de protestas sociales que pedían la salida del Presidente Lucio Gutiérrez. Allí presencié el derrumbe en poco más de 48 horas de un gobierno. Las características de este nuevo intento de escape de un jefe de Estado por el aeropuerto, nos debieran advertir de fuertes tendencias que se repiten en la región.
Se trata, ante todo, de un movimiento anti-sistema político. A los ecuatorianos no les bastaba y no les bastará ver a Lucio Gutiérrez fuera del palacio de gobierno. Querrán que se disuelva el Congreso, que se haga justicia a los ex presidentes por delitos de corrupción y que nuevas figuras asuman la conducción de la nación. La mayor dificultad es que tampoco existe en Ecuador un movimiento organizado en torno a algún líder que esté ofreciendo alternativas de gobernabilidad. El cansancio de la gente con partidos políticos de elite y que gobiernan de espaldas a la población es algo que permea a muchas naciones del continente.
Otra cuestión que llama la atención es que se trata de fenómenos políticos donde los medios de comunicación adquieren un papel crucial. En Ecuador, los comunicadores asumieron un rol protagónico en la organización de actos de protesta social y en la conducción de un discurso claramente democrático pero, al mismo tiempo, fuertemente escéptico de los políticos tradicionales. Esto ya lo habíamos visto en Perú y Venezuela.
Una tercera cuestión, no menor, es el papel que adoptaron las Fuerzas Armadas y las de orden público. Los niveles de tensión social han sido altísimos y, sin embargo, no hay el número de heridos y muertos que se podría esperar en una situación como ésta. El director de la policía ecuatoriana renunció un día antes de la caída de Gutiérrez porque no estaba dispuesto a asumir el costo político de reprimir a la gente en las calles. El jefe de las Fuerzas Armadas hizo lo mismo argumentando que no dispararía contra el pueblo. En Ecuador y quizás también en Bolivia estamos frente a instituciones armadas que han asumido un rol muy distinto a lo que se conoció hasta la década de los 70.
Finalmente, se trata de crisis de gobernabilidad desatadas por la frustración ciudadana frente a la existencia de muy pocos "ganadores" y demasiados "perdedores" del sistema. La ciudadanía percibe que los políticos gobiernan en beneficio propio y que las medidas redistributivas no existen. La esperanza que los ecuatorianos colocaron en Lucio Gutiérrez se vinculaba precisamente a ese punto. La frustración se desencadenó cuando se observó que el Presidente no llevaba a cabo su programa y promovía el beneficio de los intereses de la minoría por sobre los de la mayoría.
El desborde ecuatoriano plantea un serio dilema a la comunidad internacional. Desde el punto de vista de la legalidad, ciertamente existió una alteración de las reglas constitucionales porque no había un mecanismo que anticipara una crisis como la vivida. 62 de los 100 congresistas se reunieron en precarias condiciones para anunciar la destitución del presidente por serio abandono de deberes. Desde el punto de vista de la legitimidad, Ecuador vivía una situación de derrumbe institucional donde uno de los poderes del Estado no funcionaba (el Judicial); el Ejecutivo era incapaz de tomar decisiones, y el Legislativo ya casi no podía operar. Existe una tenue línea entre legalidad y legitimidad y el problema es que en América Latina se vuelve cada vez más borrosa esa distinción. Pensemos en Haití, Bolivia, Venezuela, y ahora Ecuador.
El principal desafío para el continente será adaptarse a situaciones donde lo legal y lo legítimo no siempre van de la mano. En el trabajo de la OEA, por ejemplo, se requerirá anticipar espacios de diálogo que faciliten la búsqueda de soluciones a este tipo de crisis. En lo inmediato, el tema de la gobernabilidad planteado por el candidato Insulza debiera convertirse en el eje de la discusión en torno a la elección de mayo. La gran pregunta será si la OEA continuará asumiendo un rol pasivo-declarativo cuando estas crisis la golpean en la cara o, más bien, invertiremos en mecanismos de resolución de conflictos proactivos que tengan por objetivo prevenir crisis institucionales.