Lecciones del Gasto Electoral

Por, Claudio Fuentes

La Tercera, 23 de enero, 2006

Deberemos esperar, al menos, tres meses para conocer el esfuerzo financiero que los partidos y candidaturas declararon ante el Servicio Electoral. No obstante, desde ya podemos sacar importantes lecciones de la Ley 19.884 sobre "transparencia, límite y control del gasto electoral" en su segunda oportunidad de aplicación.

Una impresión no comprobada empíricamente es que, a nivel presidencial, el esfuerzo de los comandos, en esta ocasión, pareció ser inferior a elecciones anteriores. Esto puede explicarse por varios factores: la competencia entre las principales coaliciones en ambas vueltas fue más estrecha en 1999 que en esta oportunidad; la existencia de elecciones simultáneas al Congreso y la Presidencia dispersó el gasto electoral entre un mayor número de candidatos; y la ley de financiamiento electoral introdujo mayores obstáculos para gastar en campañas.

No obstante, el número de problemas de la actual normativa supera con creces los efectos positivos e indirectos que está teniendo en la democracia chilena. En primer lugar, regular el período electoral (11 de septiembre a 15 de enero) es obviamente insuficiente. La campaña presidencial comenzó con el proceso de primarias de la Concertación al menos seis meses antes de la inscripción de candidaturas. Como la ley de financiamiento electoral no aborda el período anterior a dicha inscripción, estamos frente a un vacío legal que es necesario resolver. El comando de Bachelet seguramente sufrió grandes dolores de cabeza cuando intentó buscar alguna fórmula legal para justificar la recolección de dineros antes del 11 de septiembre de 2005. Se requiere, por lo tanto, una ley que regule el conjunto de la actividad política, antes, durante y después del período electoral.

Es insólito que la ciudadanía no pueda informarse sobre el origen de los fondos de las candidaturas antes de emitir su voto, a fin de ejercer un "voto informado". La ley es, por decir lo menos, engorrosa y poco transparente, ya que la ciudadanía debe esperar al menos tres meses después de la elección para conocer los montos declarados por las candidaturas. Transcurrido aquel período, tampoco se conoce la totalidad de los fondos y menos se sabe si lo declarado se acerca a lo gastado por una candidatura por razones que explico a continuación.

El Servicio Electoral sólo ejerce un control administrativo, dado que su labor se limita a verificar que el monto declarado por las candidaturas se ajusta a los recibos y comprobantes entregados por los mismos comandos a dicho servicio, después de verificada una elección. Ningún partido o comando querrá informar gastos superiores a lo que sus recibos lo indican. Por lo anterior, se requiere fortalecer el rol del Servicio Electoral como ente fiscalizador estableciendo, por ejemplo, mecanismos de control aleatorios e in situ durante el proceso electoral.

Un problema fundamental de la ley es que genera fuertes estímulos para que sean las empresas, y no las personas naturales, las que entreguen donaciones a las candidaturas toda vez que sólo las primeras obtienen beneficios tributarios si realizan tales donaciones. Corresponde discutir hasta qué punto las empresas pueden manifestar una "preferencia" cuando su fin último es el lucro.

El potencial intervencionismo de los órganos de la administración del Estado fue abordado por la ley en sus artículos 25, 26 y 27. Sin embargo, parece ser necesario explicitar todavía más lo que es y no es permitido a un funcionario público. Asimismo, es relevante explicar con más detalle las prohibiciones y funciones de los municipios durante el proceso electoral. Por ejemplo, el municipio debiera sancionar la colocación de publicidad indebida por igual, y no discriminatoriamente, como ha ocurrido en muchos casos.

Finalmente, esperemos que los municipios cumplan con el artículo 55 de la ley retirando u ordenando el retiro de la propaganda electoral a costa de las candidaturas o partidos. Nos merecemos ciudades limpias.